Número: 158
- No podemos prestarnos a ningún tipo de simulación: Consejera Claudia Zavala
- Se otorga el registro a las candidaturas indígenas que habían sido negadas
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por unanimidad registrar las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones, al verificar que cumplieron con la paridad y acciones afirmativas en favor de personas indígenas, discapacitadas, afromexicanas, de la diversidad sexual y migrantes con el fin de participar en el proceso electoral federal 2020-2021.
En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala Pérez, explicó que es la primera vez que el Consejo General tiene un proceso tan complejo de registro de candidaturas, pues luego de la aprobación realizada el pasado 3 abril quedaron pendientes algunas de ellas para verificar que se cumpliera con los requerimientos de comprobar su pertenencia a determinado grupo históricamente marginado.
Lo que más dificultó el proceso fue acreditar la pertenencia a las categorías de las acciones afirmativas en las que, en algunos casos se dio un plazo de 24 horas para cumplir y también se encontraron casos donde la documental que fue presentada para demostrar el vínculo, incluía firmas o contenido no reconocido por la autoridad competente o instancia que supuestamente había emitido dicha constancia.
En estos casos, “no podemos prestarnos a ningún tipo de simulaciones en las cuales se presente documentación falsa”, sentenció.
Pidió dejar claro que en todos los casos donde se presentó una documental para acreditar el vínculo y fue negada la firma o el contenido y, posteriormente, hubo otras documentales, será necesario hacer las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
“Cualquiera de las dos conductas constituye un delito: una, si nos están haciendo una manifestación falsa ante esta autoridad, o dos, si alguien está atreviéndose a falsificar documentos”, indicó Zavala.
Área de oportunidad el cumplimiento de acciones afirmativas
En su intervención, la Consejera Dania Ravel Cuevas detalló que en las elecciones de 2018 sólo se había implementado la acción afirmativa en favor de personas indígenas, pero ahora también hay para personas afromexicanas, para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual, para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero y migrantes.
“Eso ha implicado una mayor complejidad en la revisión de los requisitos. Fueron acciones afirmativas que se tomaron en días muy próximos a los registros de las candidaturas porque fueron disposiciones de la Sala Superior”, lo que en su opinión permite detectar algunas áreas de oportunidad para perfeccionar los procedimientos.
La Consejera Carla Humphrey Jordan consideró que las reglas para el establecimiento de las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables tienen que continuar afinándose y solicitó que pasada la elección se realice una evaluación que permita determinar su funcionamiento.
“Tenemos que hacer un recuento después para ver qué tal funcionaron estas acciones afirmativas, si tuvieron eficacia para que distintas personas de estos grupos efectivamente integraran la Cámara de Diputados y de Diputadas o qué es lo que tenemos que profundizar o plantear”, aseveró.
Se otorga el registro a las candidaturas indígenas que habían sido negadas
El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona estimó que estas medidas afirmativas llegaron a destiempo y ahora se muestran fallidas, en especial la relacionada con las comunidades indígenas que se ha demostrado altamente ineficaz considerando la gran cantidad de simulaciones que se han presentado y no necesariamente por parte de quienes dice la autoridad electoral no acreditar su origen indígena.
Bajo esta lógica señaló que no podría acompañar los registros condicionados ante la imposibilidad que tuvo la autoridad para revisar la autenticidad de la documentación, así como el iniciar procedimientos jurisdiccionales por una previsible comisión de delitos estimando que muchas de las negativas que se reportaron pueden ser producto de desavenencias comunitarias, ante lo que sugirió otorgar el registro a las candidaturas indígenas que habían sido negadas en el proyecto por conflicto en las constancias, lo que en voto particular fue respaldado por 7 votos a favor y 3 en contra.
El Consejero Jaime Rivera Velázquez reconoció el esfuerzo que se hizo también por parte de los partidos políticos, “porque las acciones afirmativas han planteado dificultades para la selección de candidaturas y para registrarlas”, además de que se han presentado más dificultades en la acción afirmativa relativa a la pertenencia a comunidades indígenas y en particular a la certificación.
Advirtió verificar esta pertenencia con realismo, “haciéndose cargo de las reglas imperfectas y no abramos la puerta a judicializar y hasta penalizar prácticas que pueden ser simplemente resultado de reglas imperfectas, experiencias incompletas y que pueden estar afectando mucho lo que debe ser hoy el centro del proceso electoral: las campañas electorales con sus candidaturas”.
La Consejera Adriana Favela Herrera se sumó a la propuesta del Consejero Espadas de conceder el registro a todas las candidaturas de la acción afirmativa indígena siempre y cuando hayan presentado un documento tendiente a acreditar esta calidad y partir de la base de qué es válido.
Argumentó que es difícil comprobar que se incumplió lo establecido en la norma respecto a las características que deben tener los representantes de grupos vulnerables. “Nosotros tendríamos que optar por analizar todos estos elementos, hacer una evaluación de una manera muy flexible y partir de la base que está la presunción de validez, porque esta persona se está autoadscribiendo como indígena lo es y que además hay un documento que aparentemente avala esta circunstancia”, aseveró.
“Estamos en un momento en el cual algunas de las acciones afirmativas que se han impulsado por parte del Instituto Nacional Electoral, o bien, en acatamiento de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dan lugar a complicaciones en su aterrizaje y verificación, lo cual, a su vez, puede tener efectos en la posibilidad de que esta autoridad ya cierre, finalmente, con el periodo de registro de candidaturas en el cual vamos desfasados casi una semana”, dijo el Consejero Ciro Murayama Rendón.
Advirtió el problema de que puede haber violaciones de derechos individuales y/o obstáculos para el ejercicio del derecho fundamental al voto pasivo, a ser votado, “si uno no cuenta con las simpatías de alguna organización o de alguna autoridad comunitaria, que entre otras cosas, no tiene propiamente un reconocimiento formal” y agregó que prefiere que “haya dos o tres oportunistas a decenas de personas que puedan no ser postuladas porque la autoridad comunitaria local les impone algún obstáculo”.
En su oportunidad, el Consejero Martín Faz Mora aseguró que los términos del acuerdo que se presentó al Consejo General son el resultado de los mecanismos que se aprobaron previamente y fueron conocidos por todos los actores.
Añadió que, a pesar de que muchas de las circunstancias que se presentaron no eran previsibles por la autoridad electoral, las acciones que se proponen adoptar resultan congruentes sin que ello desestime que lo que se enfrenta deja una enseñanza para atender en futuros procesos.
Se da cumplimiento a sentencia del TEPJF
Previamente, la autoridad electoral también dio cumplimiento a una sentencia emitida de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que dio respuesta a la aspirante a la candidatura independiente para la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México, Jacqueline Corvera Mondragón, quien solicitó la ampliación del plazo para recabar apoyo de la ciudadanía.
Esto no era posible, se le indicó, toda vez que el inicio de la etapa de campaña no permite mayor margen para recorrer o modificar las fechas aprobadas con anterioridad, lo que podría colocar a la autoridad electoral nacional “en la posibilidad de traslape de etapas vinculadas al proceso electoral”.
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