El Instituto Nacional Electoral (INE), a raíz de la reforma constitucional en materia política y electoral de 2014, entre otras múltiples atribuciones, es la única autoridad electoral responsable de la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos y, en particular, los precandidatos y precandidatas, así como candidatos y candidatas durante el desarrollo de las campañas electorales tanto federales como locales, así como los ingresos recibidos y erogados motivo del desempeño permanente de los partidos como instancias de interés público.
Esta ardua tarea que implica la revisión del origen, monto, destino y aplicación de tales recursos para comprobar que sean utilizados de manea correcta y conforme a la normatividad correspondiente, la realiza el INE a través de la revisión de los informes que los sujetos obligados tienen que presentar; auditorías; verificaciones; inspecciones y otras indagaciones que le permitan obtener evidencia para corroborar las operaciones y comprobantes presentados para determinar el origen y destino de recursos.
Para ello el INE a través de su Unidad Técnica de Fiscalización puede requerir información a personas físicas y morales, públicas o privadas, relativa a las operaciones celebradas con partidos políticos o precandidaturas y candidaturas, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras, que le permitan conocer el origen lícito de dichas operaciones.
En este sentido, debe resaltarse la firma de un convenio entre el INE y la Cámara de Diputadas y Diputados suscrito en días pasados, con el fin de fortalecer los mecanismos en torno a la verificación y comprobación de los recursos de las y los legisladores que buscarán competir en esta elección bajo el esquema de elección consecutiva, mejor conocida como reelección.
Es la propia reforma de 2014 la que estableció que la reelección sería un derecho de las y los diputados que resultaren electos en la elección de 2018, por lo que en esta elección tendrá su materialización por primera vez.
El convenio firmado establece los mecanismos de coordinación para que la autoridad electoral cuente con la información necesaria del Poder Legislativo, a efecto de que pueda verificar y fiscalizar la legalidad de los ingresos y egresos de las y los diputados que busquen contender por la elección consecutiva con el objetivo de preservar la equidad en esta contienda electoral.
Entre los rubros específicos de información que la Cámara de Diputadas y Diputados deberá proporcionar al INE se encuentra la concerniente a los recursos humanos que se les asignan a los y las legisladores que buscan la reelección y que contenga nombres, cargos, régimen laboral, contraprestación recibida; comisiones o comités o cualquier otro grupo de trabajo similar en el participen y la calidad con que lo hacen (presidencia, secretaría, etc.); información sobre los recursos materiales asignados; padrón vehicular con el que cuentan las y los legisladores y, en específico, la información relacionada con los módulos de atención ciudadana o, en su caso, casas de gestión asignadas por la Cámara de Diputadas y Diputados, entre otros.
Este convenio busca generar certeza jurídica para garantizar la equidad respecto al uso de recursos públicos y privados a quienes participen, por la vía de la reelección, en la presente contienda electoral, generando igualdad de oportunidades de las y los aspirantes a diputados y diputadas federales, de que el INE será vigilante y garante del mismo.
Este tipo de acciones no solo fortalecen la atribución de fiscalización del INE sino nuestra democracia que se sustenta con parámetros jurídicos claros que le permitirán llevar a buen puerto, una vez más, los procesos de renovación del poder público con equidad y paz.
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