VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN EN TORNO A LA VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS LEGISLADORES QUE BUSQUEN CONTENDER POR LA ELECCIÓN CONSECUTIVA
Muchas gracias, muy buenos días, saludo con mucho afecto, agradecimiento y reconocimiento a la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Le pido diputada que le envié también mi más sentido agradecimiento y felicitaciones al diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Saludo también con agradecimiento a la licenciada Graciela Báez, Secretaria General de la propia Cámara, y a mis compañeras Adriana Favela, la consejera electoral, Adriana Favela; presidenta de la Comisión de Fiscalización.
Que, en buena medida, como ya lo decía el Secretario, artífice, o coartífice, de este convenio. A la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación del Instituto, de Igualdad de Género y No Discriminación.
Y, por supuesto, al representante legal del Instituto, al Secretario Ejecutivo, al licenciado Edmundo Jacobo.
Es una buena noticia, muy buena noticia diría yo, que a nueve días de que inicien las campañas federales del proceso electoral más grande de nuestra historia y de la primera vez que en México, como ya señalaba la diputada Sauri, en el México moderno diputados electos puedan buscar la reelección consecutiva, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral firmemos este convenio de colaboración para facilitar la fiscalización de los recursos que ejerzan las y los diputados que pretendan reelegirse.
Aunque la reelección es un derecho que está reglamentado en la inmensa mayoría de las democracias modernas y suele estar asociado al tema de la rendición de cuentas, en nuestro país, como decía la diputada Sauri, fue un tema tabú durante casi ocho décadas y durante los primeros 20 años de nuestro proceso de transición democrática.
En varios países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, las viejas democracias para decirlo de alguna manera, hace muchísimo tiempo, de hecho, desde sus orígenes, resolvieron y asimilaron el tema de la reelección como parte del funcionamiento propio de la democracia.
En América Latina, la reelección presidencial y legislativa es un derecho generalizado reglamentado en casi toda la región, y ha adquirido diversas modalidades, consecutiva, no consecutiva, indefinida o acotada a un número determinado de años o periodos.
No obstante, hay naciones como Costa Rica, y hasta hace, ya lo decía la diputada Sauri, siete años también nuestro país, que impiden, e impedían la reelección legislativa consecutiva.
En el caso de México, la narrativa de la reelección ha estado dominada por lo que implica en el ejercicio y concentración del poder político y su impacto en la distorsión de las contiendas, muy por encima del ángulo de la rendición de cuentas que es el que predomina en la mayoría de los países democráticos.
Como decía la diputada Sauri, en la reelección al final es ante todo, sí, una prerrogativa de quienes son electos, pero un derecho del escrutinio y decisión, de maximización de la capacidad de decisión de las y los ciudadanos, que son con su voto los que permiten o no que la reelección se concrete.
Este predominio narrativo no es una casualidad, tiene que ver con nuestra historia. No olvidemos que la no reelección que inspiró la lucha revolucionaria de 17 fue una consigna que se orientó hacia la figura presidencial, y de hecho, ni siquiera estuvo vigente en los primeros años de nuestra vida constitucional.
Se introdujo hasta, el impedimento de reelección definitivo en la Presidencia, hasta 1929, y que la Constitución originalmente no había prohibido en la reelección de diputados y senadores, sino, como ya mencionaba la diputada Sauri, fue hasta 1933 con la reforma del artículo 59 constitucional que empujó una clara, y así se decía, y se interpretó por parte de los historiadores que han analizado, diseccionado ese periodo de consolidación del Estado revolucionario, que se impulsó con la clara intención de fortalecer el control político en el país.
El Presidente como jefe nato del partido oficial, que ejercía la prerrogativa de palomear, se exagera mucho esto pero era una prerrogativa que existía en efecto, o no las personas que aspiraban a las candidaturas, al menos las más relevantes, por dicho partido.
Esta prohibición de la reelección legislativa acompañó la vida pública de nuestro país durante casi 80 años, y fue hasta la reforma constitucional, como se ha dicho, de 2014, que se lograron superar esos tabús respecto de la elección consecutiva de legisladoras y legisladores y se instituyó la reelección en el texto constitucional.
Una reelección, hay que decirlo, acotada con un número de periodos determinado, tanto para el Senado, como para la Cámara de Diputados, en un momento en el que el ejercicio de los poderes públicos ya estaba estrechamente vinculado a la transparencia, la necesidad de impulsar mayor imparcialidad en el uso de los recursos, y, por supuesto, a la rendición de cuentas.
Es decir, ese es el contexto en el que la reelección se reintrodujo en nuestro orden constitucional.
Así, como la reforma constitucional del 14 dispuso que sería un derecho que podrían ejercer las y los diputados que fueran electos en 2018, en los hechos será este proceso electoral, el de 20-21, el más grande y complejo de nuestra historia, el que también refleje la primera experiencia de la elección consecutiva de diputadas y diputados federales.
De ahí la importancia que el día de hoy, el INE y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, suscribamos este convenio de colaboración para intercambiar información sobre los recursos que utilicen las y los diputados que busquen la reelección.
Debo recordar que cuando el INE aprobó los lineamientos aplicables a la elección consecutiva de legisladores, como lo ha mencionado el Secretario Ejecutivo, se instruyó a éste en diciembre pasado, a que llevara a cabo las actividades necesarias para fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos de las personas que contiendan por esta vía a la relección legislativa.
Así, de las reuniones que han sostenido los equipos de trabajo de ambas instituciones, surge este convenio de colaboración.
De hecho, con este convenio establecemos las bases normativas para que el INE pueda solicitar a la Cámara de Diputados información precisa sobre los recursos humanos, materiales y financieros que han sido asignados a las y los diputados para el cumplimiento de sus funciones legislativas en cualquier espacio, ya sea en el recinto, fuera de éste, o bien en comisiones y comités de cualquier índole, para poder efectivamente garantizar el principio constitucional de que los recursos públicos no pueden ser utilizados con fines político-electorales.
Concretamente el convenio incluye el compromiso de la Cámara de Diputados de entregar oportunamente, ya lo decía el Secretario:
– Información de los recursos materiales, el padrón vehicular de la propia Cámara, las bitácoras del parque vehicular, debiendo señalar el vehículo, fecha, etcétera, que se someterá a fiscalización.
– Información de los recursos humanos asignados a las y los legisladores, así como de los recursos humanos de las comisiones y comités o cualquier otro grupo de trabajo en las que participen las y los candidatos en su calidad de integrantes, presidentes o secretarios.
Se trata, para decirlo en pocas palabras, de que el INE pueda contar con gran rapidez con información precisa sobre los recursos públicos que, eventualmente, una diputada o diputado que esté buscando la elección consecutiva pudiera, en su caso, destinar a su campaña, y con ello alterar la equidad en las contiendas.
Estamos seguros de que eso no va a ocurrir, estamos seguros de que hay un compromiso de todas las y los servidores públicos que integran la legislatura con la propia Constitución, pero lo que hace democrático a un sistema no solamente es el cumplimiento de las normas, sino la verificación, la rendición de cuentas, para decirlo en pocas palabras, respecto de las mismas.
Me importa subrayar que esta posible utilización de recursos públicos que sería particularmente relevante de ocurrir se considerará como un recurso recibido de un ente prohibido expresamente por la legislación para el financiamiento de las campañas electorales.
Hoy con el nuevo marco legislativo que ha aprobado justamente la actual legislatura, estaríamos hablando de eventualmente sanciones drásticas, conforme a lo que las nuevas normas establecen.
Es por ello que empecé esta intervención diciendo que este convenio era una buena noticia para el proceso electoral que está en marcha.
Permítanme concluir señalando que el contenido de este convenio refleja un claro compromiso con la equidad de las contiendas y con la rendición de cuentas, por parte de nuestra Cámara de Diputados.
Por parte en particular de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la misma y específicamente de sus respectivas presidencias.
El compromiso, convicción y empuje, debo decirlo y agradecerlo, de la diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva y del diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política. A ustedes presidenta, mi agradecimiento, mi reconocimiento y por supuesto mi amistad.
Naturalmente, el alcance de este convenio se potenciará con los otros que hemos suscrito las autoridades electorales, con entes fiscalizadores y financieros a nivel nacional para construir un entramado para la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas del dinero que se utilice en la contienda política.
Desde mi perspectiva, el convenio que estamos formalizando el día de hoy la Cámara de Diputados y el INE representa un ejemplo más de las sinergias que pueden realizar organismos del Estado mexicano para contribuir al fortalecimiento de la democracia y así a la rendición de cuentas, y dar un paso más en la consolidación del circuito de transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y probidad en materia electoral que indudablemente fortalecerá el sistema de partidos y la equidad de la competencia democrática en México.
No puedo terminar sin agradecer además el trabajo realizado durante estos meses por los equipos de trabajo tanto de la Cámara de Diputados y en particular de sus órganos de gobierno, como del INE, y especialmente aquí a mi compañera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, a Jacqueline Vargas, titular de la Unidad de Fiscalización y por supuesto a Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del Instituto.
A todas y todos ellos, del INE y de la Cámara de Diputados muchas gracias y presidenta, muchas felicidades.
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