VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO A LOS INFORMES QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
Primero quiero agradecer los informes que nos ha presentado el Secretario Ejecutivo.
Y, por la gravedad del tema que ha sido enfatizado por todos quienes me han antecedido con el uso de la palabra, me parece que es pertinente que este Consejo General, en virtud de que el INE es el órgano rector del Sistema Nacional de Elecciones, sea informado permanentemente de aquí al término de la Jornada Electoral, por lo menos, al cierre de los procesos electorales correspondientes, diría yo, permanentemente de la situación financiera que los Organismos Públicos Locales están padeciendo para que esta pueda ser una tribuna en la que se pueda generar las advertencias, las alertas que en esta sesión se están realizando; y, sobre todo, para que se genere un contexto de exigencia para que circunstancias que ponen en riesgo, y quiero ser cuidadoso y prudente con el uso de las palabras, que ponen en riesgo la democracia en el ámbito local en nuestro país, sean exorcizadas.
Así que, en primera instancia, si no hay ningún inconveniente, quiero instruirle al Secretario Ejecutivo que en cada sesión ordinaria que realice este Consejo General hasta el término de los procesos electorales, se presente un informe sobre el estado financiero de la totalidad de los Organismos Públicos Locales, tal como es uno de los dos que hoy se han presentado.
Y sí, en efecto, como ya mencionaba la Consejera Ravel, como mencionaba el Consejero Ruiz, como mencionaron los colegas que me antecedieron, la Consejera Humphrey y el Consejero Murayama, el Consejero Jaime Rivera, evidentemente estamos ante una circunstancia sobre la que esta Institución tiene que poner un foco de atención bajo una premisa y nos corresponde generar contextos de exigencia.
Pero a diferencia de lo que el Gobierno de Nayarit pretendió con alguno de los comunicados que se dan cuenta en el Informe específico sobre esa Entidad y que estamos conociendo también, no le corresponde al Instituto Nacional Electoral resolver ese problema.
El problema de la suficiencia presupuestal de los gobiernos para dotar de la misma a los organismos procesales autónomos, a partir de los presupuestos que han sido aprobados por las legislaturas locales, es, lo digo sin medias tintas, una responsabilidad de los gobiernos locales ni más ni menos.
Decir lo contrario, es simple y sencillamente mentir y eludir una responsabilidad constitucional a la que se obligaron desde el momento de la toma de protesta, desde el momento mismo de asumir el cargo. No le demos vueltas, así de sencillo.
Quisiera en el caso, además de Nayarit, hacer un par de comentarios adicionales.
El informe que nos presenta el Secretario Ejecutivo da cuenta, además del oficio que me permití leer ante este Consejo, ante el general, el viernes pasado en la sesión que tuvimos, de dos comunicados oficiales que se presentaron ese mismo viernes 26 y el día siguiente.
En el primero, el del viernes 26, me parece que se presenta no solamente informaciones o datos, o afirmaciones que son (inaudible), sino además francas y abiertas mentiras de parte del gobierno local.
El comunicado del viernes 26 señala que a su vez el Organismo Público Local Electoral, ya ha notificado al Instituto Nacional Electoral, de esa situación, la de la precariedad de recursos, para que resuelva gestionar los recursos necesarios o, en su caso, atraer la elección de Nayarit.
Aquí está el oficio que me dirigió el Presidente del estado de Nayarit, y lo que dice el comunicado del gobierno del estado es falso. El Organismo Público Local de Nayarit nunca pretendió ni nunca comunicó, ni nunca solicitó que este Instituto atrajera la elección, lo cual, por cierto, demuestra una profunda ignorancia del marco jurídico electoral por parte del gobierno local.
Porque si bien es cierto que es una atribución de esta institución, eventualmente ejercer la asunción, por cierto, no atracción, hay que leer la Constitución, del proceso local, ya ha ocurrido por mandato del Tribunal Electoral en el caso de Colima, para la elección extraordinaria de gobernador en enero de 2016, y por decisión de este Instituto en la elección de gobernador de Puebla en 2019, ello no obsta al hecho de que el financiamiento necesario para que esas elecciones se lleven a cabo, le correspondan al erario local.
Si el Instituto Nacional Electoral utilizara recursos federales para destinarlos a una elección local, fuera de lo programado, se estaría violando la norma, se estaría cometiendo un abuso de poder.
El que el Instituto Nacional Electoral, suponiendo, cosa que no es el caso, asuma una elección local en su totalidad, a quien le corresponde financiarla es al estado de que se trata, no a la federación. Así ocurrió en Colima, así ocurrió en Puebla.
Y segundo, cualquiera que lea la Constitución y la Ley Electoral, podrá saber que la facultad de asunción total, el que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de una elección, solamente puede determinarse antes de que esa elección ocurra y no con un proceso electoral en curso como hoy está sucediendo.
No le demos vueltas, entiendo lamentablemente la precaria situación financiera que en el comunicado del día siguiente, aquí sí ya suscrito directamente por el GOBERNADOR, señalaba, en donde entiende y cosa que se agradece, perfectamente la preocupación de instituciones como el Instituto Electoral de Nayarit y el INE, porque se haga lo necesario, a fin de que el proceso electoral se lleve a cabo sin contratiempos.
Quieren cumplir con su obligación, dice el gobernador, pero nadie está obligado a lo imposible.
Pues lo digo sin medias tintas, organizar el proceso electoral local de Nayarit, en donde se van a renovar los tres órganos de gobierno del estado, más por cierto otras instancias de elección, no se puede realizar si no tiene los recursos que fueron presupuestados, que fueron autorizados por el Congreso y del Instituto Estatal de Nayarit.
Nadie puede estar obligado a lo imposible, dice el gobernador, tampoco el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y si no se gestionan esos recursos, estaríamos frente a la primera crisis constitucional de esta naturaleza, en los términos que han señalado los colegas que me han antecedido.
Lamentablemente sí hay alguna solución jurídica, la brinda la misma Constitución, pero ojalá por la salud de la democracia, que nunca, que nunca esa situación excepcional que prevé el artículo 76, fracción 5 de nuestra Constitución se haga valer, porque eso implicaría la ruptura del orden constitucional y del orden democrático en una entidad federativa.
No vale la pena ni siquiera mentar esa posibilidad, porque significaría, vuelvo a insistir, que la democracia, que el orden constitucional se acabó en Nayarit y eso no puede permitirse. Eso iría en contra de nuestra historia.
Por supuesto, que el Instituto Nacional Electoral coadyuvará en lo que son sus responsabilidades, pero nunca se sustituirá lo que son las obligaciones constitucionales de un gobierno en procurar que esta situación, que es absolutamente inaceptable e inédita continúe.
Problemas presupuestales de los OPLES ha habido, pero nunca se había traído al conocimiento del Consejo General una situación que por su gravedad es absolutamente inédita.
Sí, hoy hay que decirlo con todas las letras: por la omisión en general los recursos a los que está obligado el gobierno del estado la democracia en Nayarit está en riesgo y no podemos permitirnos que el Estado constitucional de democrático de derecho se socave.
¿Alguna otra intervención?
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