VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS PRECANDIDATURAS AL CARGO DE GUBERNATURAS, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN LOS ESTADOS DE COLIMA, GUERRERO, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y SONORA
Bien, si no hay más intervenciones en esta primera ronda, permítanme intervenir a mí.
En este punto y en los dos siguientes del orden del día, el Consejo General está conociendo de tres dictámenes y proyectos de resolución de la Comisión de Fiscalización respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de las pre candidaturas de los partidos políticos y de las y los aspirantes a gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral 2020-2021, como se ha señalado en los estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
Se trata, como también se ha mencionado, de un primer paquete de informes sobre la fiscalización de los recursos empleados en la etapa de precampañas correspondientes a un primer bloque de entidades conforme al calendario de presentación de los mismos, que ha sido aprobado por este Consejo General.
La elaboración de estos dictámenes por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, y su aprobación por la Comisión correspondiente, es uno de los pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en nuestros procesos electorales.
La fiscalización de los recursos con los que se financia la política en México es una de las atribuciones constitucionales, exclusivas del Instituto Nacional Electoral y uno de los procedimientos que caracteriza al Sistema Electoral Mexicano.
El modelo de fiscalización se ha venido perfeccionando en la legislación mexicana desde hace ya más de dos décadas y media, y actualmente se rige conforme a los cambios hechos en la reforma política electoral de 2014, misma que le otorgó al INE nuevas atribuciones y facultades en la materia y más y mejores herramientas para llevarla a cabo.
Una de esas atribuciones es hacerse cargo de la fiscalización en plazos mucho más cortos, tanto en los procesos electorales federales como en los procesos locales.
La fiscalización ha contribuido a que los partidos políticos mejoren los procedimientos, sus procedimientos contables y administrativos, ha facilitado a que se transparenten las fuentes y el destino del dinero impartido en la política, y ha generado un contexto de exigencia a quienes disputan los cargos públicos en las urnas.
Lo comentábamos hace apenas dos meses en este Consejo General, cuando aprobamos los dictámenes sobre los ingresos y gastos realizados en el informe de operaciones ordinarias de 2019. El objetivo central de la fiscalización no es seguir una lógica punitiva, sino preventiva, inhibitoria.
Se busca que el ejercicio transparente de cada peso invertido en la política fortalezca los propios partidos y a nuestra democracia en un contexto de cada vez mayor exigencia por parte de la ciudadanía.
Y es justamente, me atrevo a decir, a esa ciudadanía la que le estamos también brindando un servicio importante con la presentación, con el conocimiento de estos dictámenes y los respectivos proyectos de resolución.
Y es que, de los mismos, se desprende información relevante respecto de los actores políticos, respecto de quienes aspiran a una candidatura, es decir, respecto a quienes solicitarán en 99 días, el voto de las y los mexicanos.
En ese sentido, contar con la información respecto a su apego y compromiso con el principio democrático de rendición de cuentas, es fundamental como un mecanismo para nutrirnos de elementos para orientar nuestro voto.
Presentar los informes de egresos y gastos en las distintas etapas del proceso electoral, por parte de partidos y, en su caso, de sus precandidatas y precandidatos a diversos cargos de elección, es un ejercicio fundamental, elemental de rendición de cuentas, y una obligación legal que de no cumplirse, puede dar pie a diversas sanciones que van desde multas hasta algunas más graves, como en su caso, la pérdida del derecho al registro de una candidatura de tal tamaño, de tal envergadura, es la relevancia en nuestra legislación, que confiere a la rendición de cuentas, a la fiscalización de los ingresos y gastos que realizan los actores políticos.
Partidos y aspirantes están obligados, por ley, a presentar sus informes de ingresos y gastos, tanto en la etapa de precampaña que estamos ahora revisando en algunos estados, como en la de campaña, y a facilitar al personal del Instituto Nacional Electoral, sus labores de fiscalización.
Es muy grave, es muy grave quiero decirlo, por ejemplo, que en un acto de precampaña o haya ocurrido en días recientes algún partido, algún precandidato, alguna precandidata o sus militantes y simpatizantes, traten de impedir las labores de los auditores de la Unidad de Fiscalización, recurriendo de algunos casos eventualmente a la violencia, como lamentablemente hace una semana en el estado de Campeche.
Por eso aprovecho la presentación de estos dictámenes para exhortar a los contendientes, para exhortar a quienes aspiran a una candidatura, para exhortar a quienes serán candidatas y candidatos a ajustarse con el mandato constitucional en esta materia, a hacer, apropiarse y ejercer cotidianamente el principio democrático de rendición de cuentas, de no hacerlo, está autoridad tomará las medidas conducentes, impondrá las sanciones que corresponden y hará pública esa conducta de desapego, desleal con un principio fundamental de la democracia, que es la rendición de cuentas.
Aquí lo hacemos y desde aquí quiero aprovechar este espacio para exhortar a todos aquellos que contienden por una candidatura y más adelante por un cargo de elección popular a respetar las reglas del juego democrático, y eso pasa por permitir un escrutinio escrupuloso de parte de esta autoridad electoral, cualquier intento por impedirlo, vuelvo a insistir, será puntualmente sancionado y denunciado públicamente para que las y los ciudadanos cuenten con información relevante entre otras, ese compromiso de cara a la emisión de su voto en las urnas, el próximo 6 de junio.
En los dictámenes que se ponen a consideración de este consejo, se detectan nuevamente irregularidades señaladas por la unidad de ejercicios anteriores, como aportaciones en especie, egresos no reportados y eventos informados extemporáneamente.
De la revisión de 378 informes presentados en los cincos estados de este primer bloque, se proponen sanciones por más de 7.1 millones de pesos, a diversos partidos políticos, pero quizá la parte más grave detectada por la Unidad Técnica de Fiscalización es como ya se mencionaba la omisión en la presentación de los informes de precampaña de dos partidos políticos en Guerrero y en San Luis Potosí, bajo el argumento en que no se registraron precandidatos, y sin embargo, a través de sus monitoreos, la Unidad Técnica de Fiscalización pudo detectar propaganda y publicidad de precandidaturas que no fueron registrados como tales, por lo que la Comisión estaba ordenando los procedimientos, algunos procedimientos oficiosos, como ya se mencionaba para identificar y verificar los gastos de dichos procesos de selección de candidatos.
La presentación y discusión de estos dictámenes es un momento propicio para destacar la importancia de la fiscalización en nuestro sistema electoral, como un mecanismo de transparencia, pero también del blindaje de la democracia misma, ante la posible infiltración de intereses oscuros, en el financiamiento de la política.
Es también oportunidad de cara al inicio de las campañas electorales para hacer de nuevo un exhorto a los partidos para cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones de fiscalización contempladas en la ley.
Estamos inmersos en el proceso electoral más grande y complejo en nuestra historia, en los próximos meses el INE deberá llevar a cabo la fiscalización de miles y miles de candidaturas que competirán por los 3 mil 500 cargos de elección popular, más de 21 mil, si dice de manera agregada, que estarán en disputa de manera directa.
Será indispensable para llevar a buen puerto estas labores que las fuerzas políticas cumplan con la ley y sean leales con el compromiso democrático de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
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