El próximo 4 de abril iniciará el periodo de campañas electorales, etapa en la cual las y los candidatos difunden sus principales iniciativas, así como sus propuestas concretas a temas de coyuntura. El propósito central es que las y los electores identifiquen las opciones políticas que se ofrezcan y conozcan información relevante para incentivar la reflexión y el contraste de ideas. De esta manera, la ciudadanía aprecia la oferta y el posicionamiento de las fuerzas políticas para después elegir las mejores alternativas en apego a sus convicciones. El periodo de campañas es una etapa fundamental para captar la atención de la ciudadanía previo a la Jornada Electoral. En esta etapa se propicia el contacto con las y los potenciales electores a través de reuniones proselitistas, eventos masivos, mítines y debates en espacios públicos.
Es evidente que este año las campañas serán diferentes debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que ha modificado la convivencia y ha replanteado las actividades cotidianas con la finalidad de minimizar la propagación del virus. Los procesos electorales no han estado exentos de estas dinámicas, en particular todo lo relacionado con las campañas electorales dado el contacto físico o cercanía con la ciudadanía que suelen propiciar. Por ello, persiste cierto temor a que dichas conductas aumenten el riesgo de una posible infección; sin embargo, la experiencia ha demostrado que ese escenario no ha ocurrido. Según un estudio reciente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (coppal), los procesos electorales celebrados durante el primer semestre de 2020 no causaron un incremento de contagios,[i] sin embargo, esto solo ha sido posible gracias a la observancia puntual de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.
Sin duda, estas campañas potencializarán el uso de internet, así como de plataformas, aplicaciones y sistemas digitales, pero debemos recordar que, desde antes de la pandemia, la forma de comunicarnos iba en esta dirección y, desde luego, esta tendencia incluía a las campañas electorales. Las actividades proselitistas tan habituales en las calles han migrado paulatinamente a las redes sociales, lo que se vislumbró con claridad durante las elecciones de 2018 cuando se desplegaron estrategias de comunicación digital que fueron más efectivas en cobertura y difusión de mensajes, además de estrechar el contacto con la ciudadanía mediante contenidos audiovisuales más atractivos, innovadores y mejor segmentados para determinada población objetivo.
Uno de los temores sobre el despliegue de campañas preponderantemente digitales radica en la exclusión de una porción considerable de la población debido a su poco conocimiento o al acceso inequitativo a las tecnologías de la información; al respecto, vale la pena resaltar que México se ha vuelto cada vez más digital. Según el Censo de Población y Vivienda del inegi (2020), en una década las viviendas con acceso a internet pasaron de 21.3% en 2010 a 52.1% en 2020.
El censo también destaca que la tecnología con más presencia en los 43.9 millones de viviendas que hay en el país es la televisión (91.1%), seguida del teléfono celular (87.5%) y la radio (67.6%); 38% de los hogares tienen al menos una laptop o tableta; 43% tiene televisión de paga y 19% cuenta con servicios de streaming. A pesar de que los datos son alentadores, es evidente que aún hay quienes tienen poco o nulo acceso a internet, lo que conlleva a la necesidad de que los promocionales que difundan los partidos políticos a través de radio y televisión sean cualitativamente valiosos para suplir la información que, en otro momento, hubieran proporcionado las y los candidatos directamente a la ciudadanía.
Dentro del escenario adverso que presenciamos, la duración de esta pandemia ha permitido que acumulemos experiencias de otros países en América Latina, lo cual ha facilitado el análisis de las medidas adoptadas para organizar elecciones en tiempos de COVID-19 para que, en su caso, podamos retomarlas. En términos generales, las acciones que se han implementado no distan de las recomendaciones genéricas de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, se ha limitado el número de asistentes, así como la duración de las caravanas o caminatas proselitistas, también se ha establecido el uso obligatorio de mascarillas, guardar distanciamiento social y usar gel desinfectante de manera permanente.
Aunado a ello, México ha generado experiencia propia en las elecciones locales del año pasado. En Coahuila se emitió el Protocolo de Seguridad Sanitaria para las Campañas Electorales, mientras que en Hidalgo se emitieron recomendaciones para las campañas. En ambos casos se cumplió a cabalidad con dichas disposiciones. El resultado fue claro y contundente: el desarrollo de las diversas etapas del proceso electoral no incrementó los contagios debido a la adecuada instrumentación de las medidas sanitarias. Al respecto, el control del aforo de personas durante los eventos de campaña será uno de los mayores retos, tomando en cuenta que se celebrará el proceso electoral más grande de la historia, tanto por el número de cargos a elegir como por la magnitud de la Lista Nominal de Electores, en contraste con lo sucedido en 2020, cuando únicamente se eligieron diputaciones locales en Coahuila y ayuntamientos en Hidalgo.
Sin duda alguna, una respuesta efectiva contra la pandemia requiere de acciones colectivas, del compromiso conjunto tanto de autoridades, partidos políticos y de la ciudadanía, para garantizar que el ejercicio de los derechos políticos no se contraponga con el derecho a la salud. México tiene una trayectoria reconocida, así como las herramientas necesarias para blindar sus procesos electorales ante cualquier contingencia, aun en momentos de incertidumbre sanitaria.
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