Como institución democrática, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un órgano superior de dirección, denominado Consejo General, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto.
Dicho órgano, como lo refiere la legislación electoral, cuenta con diversas atribuciones para el debido ejercicio de sus facultades, la oportuna integración y adecuado funcionamiento de sus propios órganos, así como fijar las políticas y programas generales que le permiten cumplir escrupulosamente con su encomienda.
Una de las atribuciones a las que quiero referirme de manera específica es la relativa a la designación de los directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto que, a propuesta que su consejero presidente, el Instituto aprueba por una mayoría de cuando menos ocho votos de los once posibles de quienes integran el Consejo General del INE.
En este sentido, en sesión pública efectuada el pasado 21 de diciembre, el pleno del Consejo conoció de dos propuestas para la ocupación de dos Unidades Técnicas, la de Fiscalización que llevaba ya más de un año y medio sin titular, así como la de Igualdad de Género y No Discriminación. Me referiré a la segunda en razón de ser la presidenta de la Comisión del rubro.
Esta Unidad fue creada un 26 de septiembre de 2013, desde entonces ha realizado diversas actividades y acciones en favor de lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Inclusive, en enero de 2016 el Consejo General aprobó la política de igualdad y no discriminación del INE, así como sus líneas estratégicas para el periodo 2016-2023.
Esta área cuenta con un altísimo nivel de especialización toda vez que, entre otras funciones, coadyuva al monitoreo, la fiscalización y el seguimiento al cumplimiento de la paridad de género en los procesos electorales tanto federales como locales, a las acciones que, en cumplimiento del marco normativo, se llevan a cabo para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género para las determinaciones que correspondan, así como en el ejercicio del presupuesto público destinado a los partidos políticos para la promoción del liderazgo político de las mujeres.
En tal virtud, el Consejo General aprobó a quien ocupará la titularidad de dicha Unidad. Al respecto emití un voto en contra para este nombramiento en razón de dos consideraciones que expongo a continuación.
La primera, está relacionada con el perfil que dicha área necesitaba en el proceso electoral más grande de nuestra historia que ya está en marcha, una trayectoria probada estrictamente en el ámbito de los derechos políticos y electorales y que, en razón de ello, contara con la experiencia suficiente para llevar a cabo una implementación exitosa de las reformas de paridad total y de violencia política contra las mujeres en razón de género, de los criterios y acuerdos que ha tomado esta autoridad para establecer mejores condiciones que propicien una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por mencionar solo algunos.
La segunda razón por la que voté en contra y la principal es, como lo refirió la Consejera Adriana Favela, por la forma en cómo se integran este tipo de propuestas. Entiendo que todo órgano colegiado basado en un esquema democrático funciona a través de mayorías que determinan un acuerdo como este, pero cuando el mismo esta presumiblemente envuelto en un trasfondo de generar mayorías a base de chantajes, pierde toda esencia no solo el voto en sí, sino hasta el consejero presidente que, de acuerdo a la propia legislación electoral, es el responsable de garantizar la unidad y cohesión de los órganos y las actividades del Instituto bajo los principios rectores de su función electoral.
El INE debe ser un organismo que garantice confianza en sus decisiones, sobre todo, de puerta a la elección más grande de su historia donde estarán en disputa más de 21 mil cargos, de los cuales, al menos la mitad deberán ser ocupados por mujeres para todos los cargos de elección popular.
Este es el tamaño de la responsabilidad que tenemos de frente y el INE debe estar a la altura si quiere llevar a buen puerto su encomienda constitucional y legal.
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