VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA CARLA HUMPHREY JORDAN, EN EL 4° CONVERSATORIO «MUJERES AL PODER LIBRES DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. CHIAPAS 2021», EN EL MARCO DEL CICLO DE CONVERSATORIOS EN LÍNEA: DESAFÍO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PARIDAD DE GÉNERO Y EL COMBATE A LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO ANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
Gracias.
Buenas tardes a todas y a todos.
Es un gusto estar en este 4° Conversatorio en línea, “Mujeres al poder libres de violencia política en razón de género” y, además hacerlo de la mano con el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Chiapas, con el doctor y Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, a quien le envío un abrazo desde aquí.
Por supuesto, pues con todas las consejeras electorales que nos acompañan: Sofía Martínez, Blanca Parra, Sofía Sánchez y con dos ponentes, tres ponentes, mi compañera Consejera Dania Ravel, nuestra representante ante la CEDAW, experta más bien ante la CEDAW, designada, la doctora Leticia Bonifaz y María Sánchez, es un gusto, la verdad, poder estar aquí, escucharlas.
Y sí, creo que como señalaba el Consejero Presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Chiapas tenemos un reto muy importante.
Finalmente llegamos a 2020 en condiciones muy complicadas, en condiciones de pandemia, donde se ha elevado la violencia doméstica, donde se han cuatriplicado las labores del hogar, también para las mujeres, donde quizá tienen niños en casa o personas grandes a su cuidado y, pues será importante generar las condiciones para que las mujeres acudan a inscribirse y a postularse a estos espacios y que lo hagan en contextos libres de violencia.
La elección que tenemos enfrente, se elegirán 21 mil 368 cargos de elección popular y, de ellos, la mitad tendrá que ser ocupado por mujeres, 10 mil 684, son 16 por ciento más cargos que en 2018 con un Padrón cercano a los 94, 95 millones de ciudadanos y, por tanto, después de la introducción o la incorporación del principio constitucional de paridad, en el 2014, el artículo 41 de la Constitución y que eso propiciara que, por primera vez tuviéramos una Legislatura de la Paridad, como ellos le llaman, creo que la consecuencia palpable de tener más mujeres en estos espacios, 48.2 por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas y 49.2 en el Senado de la República es que se aprobaron dos reformas muy importantes.
La primera, la reforma que todos conocemos como Paridad Total o Paridad en Todo, aunque parece que algunos legisladores no les parece que todos los poderes de gobierno, los tres niveles del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los sistemas normativos internos, pues esto de todos creo que admite excepciones para algunos legisladores, y lo digo así, legisladores, particularmente senadores que creo que no leen igual y que no me parece que entiendan adecuadamente la reforma también al artículo 1° constitucional, en 2011, donde es obligación, se establece claramente que es obligación de cualquier autoridad en este país garantizar los derechos humanos, hacerlo en condiciones de universalidad, interdependencia, progresividad y, además, por supuesto dentro de la interpretación de todas las normas y leyes, siempre con el beneficio mayor a las personas, pro personas.
Y, pues creo que esta reforma de 2019 es la que justamente necesitábamos para dejar en claro que es la aplicación de un principio constitucional establecido en varios artículos, pero principalmente en dos: el 35 y el 41, el que hace posible que cualquier mujer ocupe cualquier cargo de elección popular en este país.
Y, en segundo lugar, la obligación para los partidos políticos de postularlas de manera paritaria a todos los cargos de elección popular.
Junto con ésta, fue posible también que se aprobara un marco normativo para regular o para más bien combatir la violencia política en razón de género que costó varios años y más de 40 iniciativas, arrastramos y arrastraron el lápiz mujeres de muchos ámbitos, académicos, políticas, funcionarias, incluso, por supuesto, mujeres pertenecientes a partidos políticos.
Y costó tanto tiempo, además, porque justamente y esto lo tengo muy claro, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal anterior se negaba tajantemente a tener un tipo penal de violencia política.
Un tipo penal que, además Oswaldo no me dejará mentir cuando se empezaron a visibilizar y a crecer los casos de violencia política contra las mujeres a partir de la aplicación del principio de paridad de 2014, hicimos varias autoridades electorales e incluso no electorales, protocolos para atender esta violencia.
Chiapas fue pues de los primeros casos desafortunadamente, Rosa Pérez, por ejemplo, a nadie se nos puede olvidar y pues siempre yo decía que tenía una contradicción Chiapas, no, porque tenía una legislación muy avanzada, ya incluso por esa época la Constitución hablaba de violencia política y en realidad los casos eran pues alarmantes.
Era claro que no tenemos instrumentos para atender la violencia política y que era urgente y necesario tener un tipo penal, un delito de violencia política, así que esta legislatura de la paridad logra también reformar ocho leyes en que, pues establece responsabilidades, conductas, qué es el concepto de violencia política; establece 22 conductas que pueden constituir violencia política en razón de género.
Establece sanciones, establece cuatro rutas por las que una mujer puede denunciar violencia política: la puramente jurisdiccional, por un juicio de protección de derechos de la ciudadana o de la ciudadanía; una mixta, administrativa ante el INE y los OPLES y después que resolverán las Salas Regionales; establece, además uno puramente administrativo contra cualquier funcionaria o funcionario púbico que cometa violencia política en razón de género; y, claramente el tipo penal, la denuncia ante las fiscalías, la Especializada y las de las entidades federativas.
Creo que ahora el reto, como ya lo mencionaba el doctor Chacón, es hacer una implementación exitosa de esta reforma, que ninguna mujer violentada en este país se quede sin ser atendida, que se le otorguen las medidas cautelares y de protección y, después, que se reenvíe si otro órgano, otro OPLE, otra entidad federativa, otra autoridad es la competente.
Pero creo que tenemos que formar este frene común, este frente contra la violencia de género y tenemos que entender que no podemos atender o darle seguimiento a los casos de violencia política con enfoques tradicionales, tenemos que cambiar los enfoques, tienen que ser transversales, multidisciplinarios y tenemos que entender que lo que está en juego no es si se colocó mal una propaganda en una barda prohibida o e una casa particular. Estamos hablando de la integridad y de la vida de mujeres y de sus entornos cercanos, de sus familiares y de sus equipos de trabajo, así que creo que si no tenemos esto claro vamos a fallar en esta aplicación adecuada, implementación de estas dos reformas.
Y, además, estaremos lejos de ayudar a combatir esta violencia, quizá estamos institucionalizándola si nosotros no resolvemos rápidamente y no protegemos a todas estas mujeres.
Yo diría, además, que sigamos fortaleciendo las redes de mujeres, son muy importantes, son las primeras que como autoridad siempre alertan lo que está pasando, cuáles son los casos que están sucediendo, cómo está cambiando o cómo está ahora cometiéndose actos de violencia política.
Y, hablaba ya Oswaldo de distintos elementos que nos estamos dando como instituciones electorales, por supuesto, procedimiento especial sancionador, para atender justamente estas quejas en materia y denuncias en materia de violencia política; los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, porque es el primer lugar en el que se violentan a las mujeres, cuando quieren postularse a un cargo ya sea interno o ya sea de elección popular y contar con lineamientos, órganos con autonomía técnica, órganos que las asesoren, que otorguen medidas cautelares y de protección y, por supuesto, esto que viene de una iniciativa de la sociedad civil, la 3 de 3 contra la violencia, que lo que hace me parece adecuadamente es elevar la calidad de las personas que lleguen a ocupar un espacio público.
No queremos personas, no queremos hombres que desde un escaño o de un cargo de elección popular sigan violentando a las mujeres o sigan incumpliendo con sus obligaciones. Y junto con esto, algo que dijo Oswaldo y que me parece central y que habla de la coordinación tan importante y por eso es esencial que sigamos teniendo este tipo de conversatorios, que sigamos aprendiendo todos y todas de lo que tenemos que hacer y de lo que pasa en todas las entidades en el país es el Registro Nacional de Personas Sancionados en Materia de Violencia Política.
Y creo que tiene dos virtudes: la primera es que inhibirá a que se cometan este tipo de faltas o bien a que se sofistique la forma en la que violenten a las mujeres porque claramente pues las personas, ya con una sentencia firme, una resolución firme, que las condene o sancione en materia de violencia política serán inscritas en este registro y este registro es público, está en el portal del INE y ahí se pueden ver los casos, el nombre de la persona sancionada, el sexo, la conducta, la resolución o sentencia, un extracto y además el link y el tiempo por el que estará inscrito en este padrón.
Si bien por sí solo el padrón no impide que sea postulado un cargo de elección popular, tiene dos ventajas: la primera es que las autoridades tenemos que revisar este padrón con la finalidad de ver y analizar la conducta para ver si una persona cumple con el requisito de tener un modo honesto de vida y, la segunda, que me parece también muy importante y que habla también de que todas las autoridades tenemos que alimentar adecuada y oportunamente este registro, es que si una persona, un hombre nació en Chiapas y luego reside en Sonora y quiere una candidatura allá, pero fue sancionado por violencia política en razón de género en Chiapas, seguramente en Sonora sin un elemento de estas características no podría meterse a un registro y constatar que esta persona ya fue sancionada por violencia política en razón de género y por tanto no puede ser postulado para ocupar ningún cargo de elección popular.
Entonces me parece importante ir creando esta conciencia de que proteger los derechos y la integridad de las mujeres es tarea de todas y de todos y principalmente, claro, de las autoridades, no hay pretextos para desechar, de plano, hay que ver con otros ojos, con perspectiva de género, con un ánimo de no revictimizar a las mujeres y, además, hay que tener claro que las mujeres son también amenazadas y violentadas y por eso no quieren acudir a denunciar.
Hay que decir que la Sala Superior tiene una jurisprudencia que cualquier mujer puede denunciar un caso de violencia política de otra mujer, en el reglamento se puso que, con la anuencia de la mujer violentada, yo diría que aun sin la anuencia de la mujer violentada, pero creo que hay que generar estas condiciones de denuncia, de litigio estratégico y de que la gente que violenta a las mujeres sepa que ahora sí pasan cosas.
Sí pasan, que se puede quedar sin una candidatura, sí pasa que pueden ser multados, sí pasa que puede ser expulsado de un partido político, sí pasa que puede estar en prisión por cometer violencia política contra las mujeres y creo que eso cambia de tajo las cosas. Cuando la gente sabe que ahora hay consecuencias a las cosas que está haciendo que antes ni siquiera le pasaba por la mente, creo que esto nos hace a las autoridades redoblar esfuerzos en que las mujeres conozcan, tanto la reforma de paridad total, como todas estas herramientas que tienen para combatir la violencia política en su contra y para el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.
Yo también lo dejaría aquí y, bueno, será un gusto escucharlas, acompañarlas en este conversatorio y, por supuesto, también le agradezco al doctor Chacón haber estado aquí y pues que seamos parte de estos esfuerzos por seguir dando a conocer estas reformas y la importancia que tiene su adecuada implementación.
Muchas gracias a todos y a todas.
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