A cinco años de la instrumentación del modelo de Fiscalización en línea en materia electoral, hemos avanzado significativamente en la construcción de un circuito de exigencia financiera que transparente el dinero invertido en la política.
Lejos han quedado aquellos años de elecciones o de actuación de los partidos políticos caracterizadas por la opacidad financiera, en los que la sociedad mexicana estaba expensa de lo que quisieran reportar o no los partidos políticos sobre ingresos y sus gastos, en estos cinco lustros mucha agua, como se dice en este tema, ha corrido bajo el puente.
Con el andamiaje institucional que hemos diseñado para la Fiscalización Electoral a escala nacional, el INE puede detectar cuentas bancarias no reportadas y los montos que éstas involucran, operaciones comerciales realizadas con empresas que caen en el supuesto de empresas fachada, rezagos en el pago de las obligaciones fiscales a las que están obligados los partidos políticos, gastos que se efectúan sin fines partidistas y erogaciones que no son comprobadas, así como los depósitos en efectivo que reciben los partidos y que podrían dar lugar a alguna irregularidad.
Producto de este diseño fiscalizador, es que el día de hoy la Comisión de Fiscalización le propone a este Consejo General los dictámenes y proyectos de resolución sobre los ingresos y gastos ordinarios realizados en 2019 por 61 partidos políticos locales y los realizados por ocho partidos políticos nacionales, tanto en operaciones federales como locales.
Estos dictámenes y proyectos de resolución reflejan el resultado de revisar detenidamente 581 informes que implicaron la fiscalización de 11 mil 119 millones de pesos de ingresos y de nueve mil 114 millones de pesos de egresos, correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2019.
Así, a partir de hoy, tanto especialistas como la ciudadanía en general, podrá conocer con lujo de detalle qué prácticas administrativas, comerciales y financieras tuvieron los partidos políticos con el dinero que les confió la sociedad mexicana para sus labores ordinarias y, por supuesto, el que por la vía del financiamiento privado recabaron.
Sin embargo, el problema al que nos está enfrentando la Fiscalización, es que al comparar los resultados de los informes y dictámenes de 2019 con el de los años pasados, se observa un modesto, me atrevería a decir, precario avance administrativo en la forma en que los partidos ejercen el dinero que reciben.
La reiteración de conductas que año tras año se detectan y se sancionan como egresos no reportados, gastos sin objeto partidista y cuentas por pagar y por cobrar con antigüedad mayor a un año, demuestran que pese a los múltiples cursos de capacitación y el acompañamiento que brinda la Unidad Técnica de Fiscalización al personal de los partidos políticos, esto es aún insuficiente en términos del avance que hemos logrado en la consolidación administrativa de los organismos públicos que nuestra Constitución ha definido, organismos de interés público, que nuestra Constitución ha definido como el principal vehículo para que la sociedad acceda a los Poderes del Estado.
Para ilustrar lo anterior, permítanme algunos datos.
Una vez más, todos los partidos, como lo han señalado mis colegas, aún después de haber ejercido su derecho a audiencia, están siendo objeto de alguna sanción. El total de sanciones propuestas asciende a 766 millones, ciertamente 163 de los cuales corresponden a un partido político que perdió registro, el PES y que se derivarán en una amonestación pública que representan el 6 por ciento, casi el 7 por ciento del total de ingresos fiscalizados en 2019.
Y de ser aprobado por este Consejo General, representará un monto mayor al sancionado, representará, perdón, el monto mayor que haya sido sancionado desde 2015.
Este monto representa un incremento de 90.9 por ciento respecto de las sanciones aprobadas en 2015, y de 35 por ciento si se considera el monto sancionado en 2018.
De nueva cuenta, las sanciones más relevantes son, como ya se ha dicho, egresos no reportados, gastos sin objeto partidista, cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, y cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año.
Y estos cuatro rubros acumulan el 59 por ciento de las sanciones que se nos proponen el día de hoy.
Ciertamente el 66 por ciento de las mismas corresponden a faltas cometidas en materia local, y únicamente el 34 por faltas en el ámbito federal, lo cual habla, por cierto, de dónde tenemos que apuntar las baterías para reforzar la capacidad administrativa y de rendición de cuentas de los institutos políticos en el país.
Además, debe señalarse que la Comisión de Fiscalización ha instruido, como lo señaló la Consejera Favela, el inicio de 23 procedimientos oficiosos para ir al fondo de diversas operaciones que involucran a 730 millones de pesos, y que de nueva cuenta en esos procedimientos están involucrados todos los partidos políticos nacionales sin excepción.
Los datos anteriores, desde mi perspectiva, reflejan, por una parte, como decía, estancamiento en el paulatino proceso de consolidación y fortalecimiento administrativo de los institutos políticos, y por otra, refleja que las sanciones no están tampoco cumpliendo su función inhibitoria de las conductas irregulares, tanto en los ingresos y gastos que realizan estos institutos políticos.
Y quiero aquí reiterar algo que hemos dicho desde el principio, es más, que, en esta sala, en su momento, reiteradamente decía Alonso Lujambio, entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE, en el sentido de que la fiscalización por su propia naturaleza es odiosa. Sin embargo, el objetivo central de la fiscalización no es un objetivo punitivo.
Me parece que tanto las consejeras, a las consejeras como a los consejeros electorales, lo que nos interesa es la transparencia en el ejercicio de cada peso
invertido en la política, más aún en un contexto tan complejo como el que está atravesando la democracia en México y en el mundo y que se caracteriza por un severo cuestionamiento a la función que juegan los partidos políticos como instrumento de acceso a los poderes públicos.
Nuevos vientos de transparencia y rendición de cuenta están soplando, y deben soplarse, ir soplando sobre el futuro del sistema de partidos. Ésa es una manera de fortalecer a los propios partidos políticos de cara a los desafíos democráticos que enfrentamos.
Es por ello que, si queremos fortalecer el sistema de partidos y a la democracia mexicana en consecuencia, estos, los partidos, deben dar un paso más decidido hacia su consolidación administrativa y en ello parece que vale la pena reiterar la disposición permanente del Instituto Nacional Electoral para fortalecer la capacitación.
Tenemos un tema pendiente que tiene que ver, es increíble que esto siga ocurriendo con el destino del tres por ciento del financiamiento para el fortalecimiento político de las mujeres, que no se sigue cumpliendo, y la verdad es una pena, como se ha dicho aquí, que se sancionen a los partidos políticos porque ese monto no cumple.
¿Cuándo?, digámoslo así, pues al final es una especie, digamos, de sanción que no va acorde con el propósito de esa disposición, que los propios partidos políticos llevaron a la ley.
Tendremos que seguir avanzando en generar alternativas que desde nuestro punto de vista resulten atractivas para que los propios partidos políticos realicen ese gasto.
El problema no es sancionar porque el gasto no se realice, el problema es que ese gasto no está cumpliendo el propósito legal, y pongo solo ése como un ejemplo, insisto, en cómo el Instituto Nacional Electoral, más allá de ser una autoridad fiscalizadora, tiene que acompañar estos esfuerzos de los propios partidos políticos.
Desde ahora reitero la disposición del Instituto en ese sentido.
Aunque, insisto, la decisión final es justo la de los propios partidos. Está en su cancha la determinación de estos temas y en ello va de por medio la consolidación de la democracia mexicana, y es que difícilmente, y con esto concluyo, tendremos como hemos reiterado una y otra vez, una democracia fuerte, sin partidos políticos fuertes, y tener partidos políticos fuertes significa partidos que cotidianamente están siendo revisados y que cumplen todos los días con el principio democrático de la rendición de cuentas.
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