VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA MESA 11 DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, EN EL MARCO DEL EVENTO DE CONMEMORACIÓN 30 ANIVERSARIO IFE-INE, REALIZADA DE MANERA VIRTUAL
Presentadora: Muy buenos días.
Agradecemos a las personas que siguen la transmisión de las mesas temáticas con motivo del 30 Aniversario del Instituto Nacional Electoral.
Recuerden que pueden consultar el programa en la página web www.ine.mx.
En este momento, damos inicio a la mesa “Diversidad, inclusión y no discriminación”, para lo cual contamos con la presencia de Cecilia Azuara, Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, quien participa como moderadora y a quien damos la palabra.
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Cecilia del Carmen Azuara Arai: Muchas gracias.
Buen día a todos y a todas.
Es un gusto participar como moderadora en esta mesa denominada “Diversidad, inclusión y no discriminación”.
Todos sabemos que, pues hay avances significativos, hay muchos sectores en estos temas, pero por supuesto seguimos encontrando en las sociedades discriminación, racismo, desigualdades, y creo que ninguno de los desafíos que tenemos actualmente y que se vislumbran para el futuro podrá abordarse de manera efectiva sin inclusión.
Así de relevante este tema, y pues de ahí la importancia de esta mesa, en donde, además, tenemos extraordinarios ponentes.
Pero sin más y para darles la palabra y el tiempo a ellos que son los expertos y los que nos van a poner sobre la mesa, pues los principales desafíos y los principales retos en estas materias es que voy a iniciar con la presentación de nuestra primera ponente, que es la doctora María Teresa González Luna Corvera.
Me permitiré leer un poco de su trayectoria y después con mucho gusto le cederé la palabra.
La doctora María Teresa González Luna Corvera es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Política y Gestión Pública y doctora en Estudios Científicos y Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
Es profesora investigadora en el departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; profesora en la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno y forma parte del núcleo docente y junta académica de la maestría y el doctorado de Ciencia Política de la misma casa de estudios.
La doctora González Luna Corvera coordina las actividades de la cátedra UNESCO, igualdad y no discriminación que desarrolla la Universidad de Guadalajara en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y participa en la Coordinación Nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Le doy la bienvenida y le cedo el uso del micrófono.
Muchas gracias, doctora.
María Teresa González Luna Corvera: Muchísimas gracias.
Muy buen día a todas y a todos a quienes nos ven y nos escuchan como audiencia.
Y, bueno, con el gusto de compartir esta mesa de reflexión, de ideas con José Luis Caballero, con Katia y con la Consejera Dania.
Agradezco, en primer lugar, la invitación y la oportunidad de participar en este evento, en el marco del 30 aniversario de nuestro apreciado y relevante organismo electoral nacional, el INE, otrora IFE.
Me encanta, puede ser parte de las celebraciones, sobre todo de los cumpleaños de los seres, por supuesto, de las personas, pero también de las instituciones queridas. Esto es de organismos que son claves en nuestra vida nacional.
Creo yo que todo festejo de aniversario es ocasión de reconocimiento a las vidas prometedoras y a las trayectorias, ya sean éstas exitosas o dificultosas, a la vez que siempre representa una oportunidad para plantear e imaginar horizontes de futuro, reafirmar compromisos y responsabilidades, así como reconocer obstáculos sin nombrar los riesgos a enfrentar.
La invitación a esta parte de la fiesta, que es una fiesta de muchos días, con muchos motivos y con una gran participación muy amplia, la invitación está aparte de la fiesta, es muy merecida, La he pensado y la he reformulado de mil maneras.
Les comparto mi síntesis en los siguientes términos progresivos.
La mesa se titula “Diversidad social, inclusión y no discriminación”, y bueno, al recibir la invitación uno empieza a (falla de transmisión) los términos y a pensar alrededor de ellos. Y pensé en varias posibilidades:
Inclusión y no discriminación electoral en un contexto de diversidad social y pluralismo político nacional. Bueno pues es un título dedicado a la acción electoral y es un título que es políticamente correcto.
Otro título posible sería, los enormes y complicados retos para lograr la inclusión y eliminar la discriminación electoral en una sociedad diversa y plural, las redes estructurales impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el 2021. Un título más reflexivo que anuncia una crítica seria a nuestro sistema político y, por supuesto, a nuestro modelo económico.
Una tercera posibilidad, entre otras, es la siguiente: las acciones y amenazas desde los poderes públicos en contra del organismo nacional electoral, responsable de garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía mexicana en condiciones de igualdad. Es un título de denuncia frente a los atropellos padecidos por la autoridad electoral en varios escenarios.
Aunque puedo hablar, incluso hasta testificar varios casos y varios hechos, puedo pretender, por supuesto, decir cosas y hablar alrededor de cada uno de estos tres títulos posibles, pero definitivamente me posiciono en este último, en el título de la denuncia.
Sin embargo, los festejos ameritan y demandan pues que reconozcamos hechos y que podamos rememorar las historias, la historia del Instituto Nacional Electoral en la vida pública nacional, en lo particular en torno a sus contribuciones en la construcción de una democracia electoral basada en los principios de libertad y de igualdad.
Sabemos que la historia del IFE-INE, INE-IFE, es compleja y crucial en el desarrollo de México como país en democracia.
Lo interesante y atractivo de la historia tiene que ver con las problemáticas que ha enfrentado a lo largo de su recorrido y es, sin duda, un recorrido como muy interesante, muy fructífero, que amerita diversos abordajes y que requiere y nos interpela a toda la sociedad a pensar en esta nuestra institución.
El IFE tiene una moderna y una activa historia. Esta historia tiene muchos, muchos episodios y temas que no puedo incluir en una narrativa con un tiempo corto. Algunos de los temas, algunos de los episodios ya han sido abordados en otra de las mesas temáticas que conforman estas celebraciones.
En lo particular, creo yo, que hay dos mesas que abordan estas temáticas sobre discriminación, diversidad e inclusión, que fueron las de Participación política de las mujeres y la de Educación cívica y participación ciudadana.
Lo cierto es que, en mi opinión, en todos los asuntos electorales, en las 14 mesas que se organizaron para esta ocasión, desde asuntos como el padrón electoral, el sistema de partidos políticos, la competencia política, los modelos de comunicación política, la fiscalización, el voto en el extranjero. Todos y cada uno en ellos está presente el contexto de la diversidad social, el problema de la discriminación y el objetivo de la inclusión, algunas temáticas podrían parecer como muy técnicas, muy especialidades que atienden así áreas y dimensiones muy específicas de la función electoral, pero estoy convencida de que todas y cada una ellas están atravesadas por este contexto y por el objetivo, desde luego, de la inclusión y de la igualdad.
Desde sus orígenes, el INE reconoce la existencia de situaciones de desigualdad social y prácticas discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de derechos y ponen en entredicho la inclusión y la igualdad que son indispensables para el desarrollo de la democracia.
Ante este problema ha definido una política transversal y progresiva de igualdad de trato y ha instrumentado diversas medidas encaminada a garantizar el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.
En este sentido, dadas sus funciones y los contenidos del quehacer institucional el INE ha contado y cuenta con un contexto organizacional favorable para procesar demandas e iniciativas ciudadanas referidas, sobre todo, a la participación de las y los ciudadanos.
Los poderes públicos en México tienen claras obligaciones en materia de reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos.
Desde hace tiempo y de manera progresiva, el INE ha venido realizando y adoptando medidas de distinta índole para propiciar la participación en los procesos comiciales y asegurar el ejercicio del derecho al voto activo y pasivo.
En las recientes elecciones federales, las del 2018, el INE acordó e instrumento en lo particular dos nuevas medidas igualitarias en este sentido, en este sentido de igualdad y de inclusión.
Se trata de dos instrumentos o protocolos de actuación: el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla y el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.
Se trata de dos instrumentos, de dos medidas que van o que ilustran de manera, creo que yo muy clara el tipo de acciones que la institución electoral ha tomado y pueda tomar en este sentido democrático e igualitario.
En este caso, se atendieron a dos grupos de población que históricamente y de manera sistemática enfrentan desventajas estructurales, las personas con discapacidad y las personas trans.
Y, por otro lado, también dan cuenta de la intensa y tensa relación entre los derechos fundamentales. En este caso el derecho a la no discriminación y los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.
Creo que aquí hay dos ejes importantes para la reflexión y el análisis, que es cuál es el grupo en situación de desventaja social que es atendido por la institución, que recibe sus demandas y las procesa junto con ellos.
Y, por otro lado, esta tensión que se vive entre derechos, derechos que tiene que ser garantizados aunque, digamos, a la autoridad electoral le corresponde, sobre todo, proteger y garantizar los derechos políticos-electorales, pero estos derechos políticos-electorales no pueden cumplirse de manera, digamos, satisfactoria y plena sin considerar el conjunto de los derechos humanos y en particular el derecho a la no discriminación, porque aquí sí estamos hablando de derechos políticos-electorales sin distinción alguna, sin discriminación de ninguna persona por ningún motivo ni por ninguna condición.
De este enfoque estructural se impone trascender la concepción de los derechos como normas jurídicas que construyen sujetos universales y abstractos para acceder, entonces, a una comprensión de los derechos políticos como una expresión sociocultural y enmarcar los distintos contextos institucionales de realización efectiva de la igualdad.
Sabemos que los patrones de exclusión y los tratos desiguales atraviesan todas las esferas de la vida social y configuran un problema público que exige atención y solución por parte de los poderes públicos.
Un enfoque estructural de la discriminación destaca el escalamiento del problema dadas las desigualdades acumuladas por distintas adscripciones y la afectación de derechos que generan situaciones de exclusión social y violencia sistemáticas.
Asimismo, este enfoque permite enmarcar las obligaciones de los poderes públicos en materias de derechos humanos, identificar prácticas institucionalizadas que reproducen la discriminación y analizar las respuestas de las instancias públicas a la prohibición constitucional de discriminar.
En la actualidad, la no discriminación constituye uno de los principios y fundamentos de los derechos humanos y de la democracia.
Es esencial garantizar la igualdad de trato de todas las personas para hacer funcionar la democracia y concretizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía mexicana sin distinciones injustificadas.
Se trata, pues, de una obligación constitucional y también de un compromiso democrático que interpela a las autoridades electorales a tomar decisiones en sentido igualitario.
Entre las obligaciones establecidas está la de implementar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas que tienen el propósito de corregir situaciones reiteradas de desigualdad de trato y garantizar la igualdad de oportunidades.
Y aquí en la historia del INE, bueno, tenemos medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas que se han tomado, sobre todo en los años recientes.
Decir, lograr la paridad de género implicó y ha implicado toda una serie de decisiones jurídicas, de movilizaciones y de exigencias ciudadanas que ha llevado tiempo procesarlas y que se ha logrado… por la vía de las acciones afirmativas, esto como un ejemplo, y hay toda una serie de hechos casi como un inventario de medidas para la igualdad que ha tomado el Instituto Nacional Electoral.
Resulta paradójico que al mismo tiempo que la retórica de los derechos humanos gana terreno y el principio de igualdad y no discriminación se ha instalado en la agenda democrática nacional las condiciones de existencia de la población históricamente discriminada se deterioran cada vez más y enfrentan una insatisfacción e incumplimiento de derechos, y se va incrementando y agudizando las brechas de desigualdad social.
Es decir, nos encontramos en un contexto aparentemente favorable y, digamos, sensible a todo el marco de los derechos humanos, al discurso de los derechos humanos y, sin embargo, las condiciones del ejercicio de esos derechos reconocidos no son favorables para varios grupos de la población.
Entonces, algo está ocurriendo que deja fuera a personas y a colectivos del disfrute de sus derechos fundamentales.
El diseño de nuestra democracia se base en el reconocimiento de los derechos políticos-electorales de toda la ciudadanía y en su participación efectiva en la vida pública para elegir gobernantes y decidir la conformación de la representación política nacional.
Votar y participar en los procesos electorales son derechos que no deben ser restringidos por ningún motivo por ningún pretexto y también son obligaciones ciudadanas.
Por tanto, las condiciones de las personas, las características de adscripciones colectivas no deben de ser motivo ni deben significar impedimento para el acceso y ejercicio de derechos.
En este caso, de los protocolos que les mencioné, estamos hablando de dos colectivos en lo particular que han estado muy activos para defender y exigir condiciones para el ejercicio de sus derechos políticos.
Al igual que todos los poderes públicos en sus respectivos ámbitos de competencia, el INE está obligado a cumplir con la legislación electoral y también con el marco jurídico de los derechos humanos.
Esta conjunción de campos normativos, el de derechos humanos y los electorales plantea dilemas y suele generar tensión y conflicto en el momento de definir e introducir medidas antidiscriminatorias específicas a favor de determinados grupos sociales.
En los casos particulares como las que he referido revelan que en la toma de decisiones públicas en sentido igualitario se recrean dilemas éticos y actualizan conflictos políticos que giran en torno a la fundamentación y realización de los derechos humanos que se ponen a prueba o que entran en juego.
De esta manera, se plantean para el debate disyuntivas entre lo deseable y lo posible, lo normativo y lo descriptivo, entre la libertad y la igualdad, entre otras más relaciones valorativas que son indispensables y están implicadas en la puesta por la inclusión y las sociedades democráticas.
La toma de decisión sobre medidas para la igualdad son necesarias, son urgentes y convocan y requieren de la decisión, por supuesto, de las autoridades electorales, pero también requieren de la participación ciudadana.
Yo con esto daría cierre a esta intervención, para dar lugar, posteriormente, algún cierre y también considerando la participación de quienes compartimos esta mesa de trabajo.
Muchas gracias.
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Cecilia del Carmen Azuara Arai: Muchas gracias, doctora.
Sí, agradecemos muchísimo su participación en este recorrido que nos hace sobre los avances que se ha tenido en la materia, pero también sobre los dilemas y los retos que tenemos por delante.
A continuación, presentaré al doctor José Luis Caballero Ochoa.
El doctor Caballero es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua; Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y Doctor en Derecho por la UNED de España; Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Es académico, investigador titular en el departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, en donde ha sido Coordinador de Posgrado en Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos.
Ha participado en múltiples foros académicos en México y en el extranjero como ponente, así como en proyectos de investigación y consultoría en temas del marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos.
Su obra publicada consiste en más de 50 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho institucional, en derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctor José Luis Caballero, le cedo el uso de la palabra.
Muchas gracias.
José Luis Caballero Ochoa: Pues mil gracias.
Me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí, me siento muy honrado por la invitación que me ha hecho el Instituto Nacional Electoral.
Agradezco muchísimo a las consejeras y consejeros, al Consejero Presidente Lorenzo Córdova, y por su conducto a Dania Ravel que lo representa ahora en esta mañana en esta mesa.
Me honra mucho estar con quien estoy, Dania, la consejera Dania Ravel, Teresa González Luna, Katia D’Artigues, que tanto han hecho por la igualdad en este país, por el combate a la discriminación, por un modelo de sociedad incluyente y, particularmente, con este tema de los derechos políticos.
De verdad qué honor y qué gusto estar aquí.
Yo voy a hablar de tres grandes y tres grandes partes voy a dividir esta participación.
Una que tiene que ver con, digamos, la efeméride y la consideración de la mesa, que me parece muy importante.
La segunda, alguno de los temas en los que ha trabajado el INE, especialmente uno, quizá, y bueno, al final ya en la ronda que nos proponía Cecilia; a quien también le agradezco la participación, la presencia y la moderación, muchas gracias, Cecilia, ya me referiré a otra cuestión.
Yo creo que esta es una celebración muy importante, muy importante, representa muchas cosas, es muy simbólico los 30 años del IFE-INE, y simbólicamente a mí me representa el modelo de transición por el que optamos en México, o sea, muchas personas hablaron de que en México necesitábamos una especie de pacto de la Moncloa para arribar a una transición, una nueva constituyente, un del todo a la nada y de la nada empezar.
Y muchas y muchos pensaron que esta idea de la transición democrática en México tenía que pasar por un momento fundacional absoluto, nueva constitución, repito, pacto a la Moncloa, trayendo el modelo español del 78.
Pero en realidad, nuestra Constitución, nuestra transición democrática ha sido de avances paulatinos, con avances, retrocesos, con regresiones, pero sí se ha ido consolidando.
Y uno de esos retratos de la (Falla de Transmisión) está justo en el IFE-INE, o sea, la manera en que hemos logrado tener la garantía de elecciones limpias y confiables pues ha costado muchísimo, en vidas, en lucha ciudadana, en desmontar el autoritarismo.
Nosotros vivíamos todavía hace 30 años y un poco más, en una tremenda opacidad, en ausencia de garantías, entre fraudes electorales burdos, obscenos, ominosos. Vivíamos en un presidencialismo del partido hegemónico.
Eso lo pudimos ir remontando, y nuestra transición ha sido así, de pasos adelante y pasos atrás, lenta, con resistencias enormes, pero fíjense, justo en esto de los años 90, cuando surge el INE, pues México dio grandes pasos.
Yo quiero recordarlos en fortalecimiento institucional, por ejemplo, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la reforma constitucional de 1994 para dar autonomía cada vez más fuerte; independencia al Poder Judicial de la Federación que lleva 25 años; la creación de un Tribunal Electoral que permitió dar acceso a medios de defensa en derechos político-electorales cuando no había absolutamente nada.
Las primeras recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado Mexicano en los 80 fueron, precisamente, por la ausencia de medios de protección a derechos político-electorales, y con un amparo cerrado por el absurdo de que los derechos políticos no eran garantías individuales, una cuestión que todavía nos queda pendiente de discutir.
En estos años también aceptamos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.
¿Qué quiere significar? Que hay relaciones institucionales, diseños institucionales, acuerdos internacionales, acuerdos nacionales que, como decía Teresa, debemos afianzar instituciones que debemos preservar.
Y el INE, el IFE-INE, con grandes claros-obscuros, como toda institución, ha dado cuenta de la importancia que ha tenido para nosotras, las ciudadanas y ciudadanos, otorgarnos un sistema electoral confiable, que garantice elecciones pacíficas y fidedignas.
Y es una institución cuya autonomía, pues consolida nuestra democracia, esta democracia paulatina, la consolida y la participación de todas y todos en democracia.
Y los 30 años del INE significan también una invitación a seguir propiciando que el INE se consolide en esta fortaleza institucional.
Y lo saludo y agradezco mucho estar en esta mesa por ello.
Y el otro tema que quiero rescatar es el tema de la igualdad, que es un tema en el que el INE ha trabajado con muy peculiar y particular en los últimos años, no es un asunto menor, no es que estemos en el colofón del cierre de esta serie de mesas al jueves, es un tema de capital importancia.
Hoy se conmemora el día internacional de los derechos humanos, y la puerta justo de esta oleada de visibilidad de los derechos de todas y todos empiezan con la declaración universal. Y el primer artículo dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos.
Esto es un reconocimiento al INE, a las consejeras, a los consejeros, porque yo pienso que sí han tenido claridad en este tema, y han hecho del ejercicio de los derechos político-electorales que consigna el artículo 35 de la constitución, pero también el 23 de la Convención Americana de la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia nacional, pues hacer realidad una cuestión muy importante que es obligatoria para el estado mexicano, está en el artículo 1° de la Convención Americana, que dice que el ejercicio de los estados deben asegurar el ejercicio de todas y todos sin distinción por cuestiones de categorías sospechosas, la igualdad formal.
Y que, además, lo ha hecho realidad a través de acciones de igualdad sustantiva, porque la igualdad no basta, en términos de igualdad formal, no discrimines frente al ejercicio de los derechos políticos, haz intervenciones, y el INE ha hecho intervenciones muy interesantes.
Yo quisiera, pues hay muchísimo, me puse a hacer un repaso, pero se va el tiempo corriendo, pero, fíjense, si hago un repaso, aquí hay gente en esta mesa que estuvo brutalmente involucrada: la guía de acción pública para elección sin discriminación; el Protocolo Trans, que en la Universidad Iberoamericana tuvimos además un acto académico importantísimo con la Consejera Dania Ravel en temas del Protocolo Trans y de lo que se había hecho; las boletas con lenguaje incluyente; el Protocolo de personas con Discapacidad; las acciones afirmativas de personas indígenas. Y ahora estamos con el tema del acuerdo del 6 de noviembre sobre paridad en todo.
Yo en estas notas particulares resaltaría cuatro cosas, una, pues las boletas con lenguaje incluyente, me parece que simbólicamente fue un trabajo muy importante, y en términos de lo que ya la constitución establecía desde 2014 de la paridad, y que visibilizó la idea de que no se votaba por Presidente, diputados ni senadores, sino por personas a la presidencia, por personas a las senadurías, por personas a las diputaciones, aunque claro, la candidatura a la presidencia ya en ese momento había puros varones.
El Protocolo Trans que se trabajó con CONAPRED y los colectivos con COPRED fue una cosa también muy relevante, me parece que ha sido una cuestión muy provocadora de acción afirmativa, porque teníamos el problema de que la identidad de género con la credencial de elector, y entonces el Registro Federal de Electores dice que solo si hay cambio de acta de nacimiento pues se puede hacer una renovación de la credencial.
Y el INE intervino para que, si no había coincidencia entre la expresión de género y el nombre de la credencial, había que dejar votar, eso fue muy importante, una capacitación a todas y todos los funcionarios de casilla, evitar cuestionar a personas sobre la identidad o realizar actos intimidatorios, dirigirse a las personas electoras por sus apellidos como aparecía en la credencial de elector y no cuestionarlas por la apariencia de género.
Entonces, yo creo que ese es un tema brutal para la comunidad trans y en la población trans en el acceso al voto. Esa es una segunda acción que yo quiero señalar, me quedan pocos minutos.
La tercera que me pareció muy importante fue el tema del protocolo en el tema de la votación indígena, un logro que corresponde tanto a las reformas de 2001, 2014, porque, además se eligieron 28 distritos con población indígena y se determinó que, en al menos, 12 de esos distritos los partidos postularan personas indígenas.
Yo pienso que debieron haber sido los 28 distritos como ahora yo creo que deben ser las 15 candidaturas a las gubernaturas a mujeres, pero, en fin.
La Sala Superior, además, acompañó muy bien esta medida en una resolución de diciembre de 2017, diciendo que era muy importante que fueron 13 distritos con presencia indígena donde hubiera una concentración de más del 60 por ciento de la población indígena, o sea, una medida afirmativa brutal y que, además, pues no solamente la auto adscripción sino un respaldo de la comunidad para evitar postulaciones engañosas, es decir, son medidas que refuerzan la igualdad sustantiva.
Y otra que me parece importantísima y a la que me quiero referir, estimo que me están quedando 5 minutos, pues el acuerdo del 6 de noviembre.
El acuerdo del 6 de noviembre que está bajo discusión en la Sala Superior es muy importante, es muy importante por varias cosas y rescataría 4. Ese es el acuerdo que determina que en las 15 gubernaturas que van a estar en contienda el año próximo los partidos deben postular la mitad, todos dicen que 7, bueno, podrían ser 8 de candidaturas para el otro sexo, que no fueran solamente para varones sino tiene que haber un acuerdo por el principio de paridad en todo que dice la Constitución en el artículo 35 para todos los cargos de elección popular.
Y yo ahí rescataría cuatro cosas que me parecen muy importantes de este acuerdo del INE, la primera es la fuerza normativa de la Constitución, ya lo he dicho, la Constitución no tiene que reglamentarse para operarse, no tiene solamente un desprendimiento vertical en leyes, somos un país que ha sido excesivamente legiscentrista, la Constitución se interpreta y la Constitución se aplica y la Constitución se desarrolla también horizontalmente, y la Constitución es un mandato de hacer.
Entonces, la Constitución en el acuerdo del INE lo único que está haciendo es desplegarse y configurarse, interpretarse con todo el marco constitucional y convencional desde la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la propia Constitución, la Convención Americana en el tema de los derechos de las mujeres, hay una fuerza normativa aplicativa en la Constitución. No es un terreno del ámbito de legislar.
Por eso sería un error, lo digo de una vez, que el Tribunal Electoral saliera con el tema de que no se puede aplicar el acuerdo porque no se puede legislar ya una vez iniciado el proceso electoral. No, no se está legislando, se está aplicando directamente la Constitución.
Un segundo punto que a mí me parece muy importante, que el INE se está en este acuerdo el INE se está asumiendo como garante interpretativo, precisamente, de la Constitución, como debe de ser y de obligaciones objetivas, de protección y garantía de los derechos humanos, de los derechos que están contenidos en la Constitución y de los tratados y que elegantemente la Corte le llama “parámetro de control de regularidad constitucional”.
El INE se asumió como garante interprete de los derechos que eso también es importante porque lo obliga el artículo 1º de la Constitución.
El tercero es el sentido de la igualdad, o sea, esto es muy importante, nosotros hemos ido posicionando la igualdad de diferentes rutas, la igualdad ante la ley clásica, artículo 13, la igualdad entre hombres y mujeres en el artículo 4º, el gran despunte en 2001 de la igualdad como prohibición de discriminar al párrafo primero.
Pero el año pasado metimos una acción afirmativa dura muy importante, plausible, una acción afirmativa dura porque lo que se trata es que los grupos que han sido infra representados, marginados, desaventajados pongan un pie en la arena de las decisiones políticas, de la representación más relevante.
Esa huella, es pie político de grupos desaventajados y en ese sentido de las mujeres infra representadas y de todas y todos, en una acción afirmativa es lo que el INE hizo el acuerdo del 6 de noviembre.
Y a mí me parece también muy importante, porque este acuerdo no solamente prevé lo que el INE le toca hacer sino también visibiliza lo que los partidos políticos tienen que hacer.
Yo de verdad lamento mucho que el PAN haya impugnado el acuerdo, lo lamento porque los partidos políticos son entidades de interés público, lo dice claramente el artículo 41 y entonces no puede sustraerse a sus obligaciones en materia de derechos humanos y de materia constitucional y el piso mínimo que nos hemos dado y en este piso mínimo están los derechos de todas y todos a contender en elecciones paritarias.
Los partidos políticos son gestores ciertamente de acceso al poder, pero el poder en condiciones de la posición constitucional frente a los derechos y en condiciones de igualdad, es decir, no puede haber una clasismo político desde la centralidad del varón que ejerce el poder como siempre ha sucedido y los partidos políticos tienen la obligación de desmontar los privilegios de raza, de clase, de sexo, de género, de desmontar la hegemonía patriarcal, es una obligación constitucional de los partidos.
Esto lo quería visibilizar porque, además, de agradecer todo lo que se hizo y que está, digamos, en las elecciones de 2018, pues, vienen las del 21 y en las del 21 necesitamos paridad en todo.
Yo agradezco muchísimo, Dania, este acuerdo del 6 de noviembre y esperamos una resolución a la altura de las circunstancias.
Yo esperaría una resolución unánime de la Sala Superior en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en estos días.
Muchas gracias por esto, muchas gracias por la oportunidad de versar.
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Cecilia del Carmen Azuara Arai: Muchas gracias, doctor Caballero.
Gracias por esta reflexión tan clara sobre algunas de las acciones de igualdad sustantiva más relevantes del Instituto que, pues, sin duda dan lugar a avances importantes en esta materia y que, sobre todo, dan cumplimiento a lo que mandata nuestra Constitución.
Voy a presentar ahora nuestra siguiente ponente, que es la licenciada Katia D’Artigues. Ella es periodista con más de 20 años de trabajo en los medios de información, es egresada de la Universidad Anáhuac.
Fue fundadora de los periódicos Reforma y Milenio Diario; colaboró en el periódico El Financiero y desde julio de 2012 es columnista en El Universal, donde publica las columnas Campos Elíseos y El Corcho.
Es autora del libro El gabinetazo, ha sido colaborada y conductora de los programas de televisión Círculo Rojo de Televisa y en TV Azteca, de Entre lo público y lo privado, creadora de Shalalá y Katia 360.
Su carrera periodística la culmina con su rol de mamá de Alan, un niño con síndrome de Down, a raíz de lo cual también se ha convertido en activista por los derechos de las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Es consejera en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, UNICEF y de la Comisión de SEGOB para dar cumplimiento a la reforma de derechos humanos del 2011.
Fundadora de la asociación civil Comunicación para la inclusión.
Muchas gracias. Katia, adelante.
Katia D’Artigues: Muchas gracias.
Pues es el perfil de Wikipedia, lo tengo que actualizar porque ya hay muchas cosas que ya no están, pero bueno.
Sí soy periodista, sí soy mamá de Alan, que ya es un adolescente de 14 años, actualmente pues escribo en diversos lados, pero, sobre todo, tenemos una plataforma dos periodistas y mamá que tenemos hijos con discapacidades, donde hacemos periodismo sobre inclusión y discapacidad.
Ahora también soy consejera de SIPINNA, renuncié pues cuando renunció Mónica Maccise, lamento mucho que no tenga cabeza todavía, igual que CONADIS, etcétera, pero bueno.
Casi todo lo demás es así.
Mi presentación no va a ser tan académica y sofisticada como la de José Luis y, por supuesto, como la de María Teresa. No, yo no soy académica.
Y me gustaría centrarme más en, por supuesto reconocer todas las cosas que han hecho en el INE-IFE, pero también algunos de los grandes pendientes que hay, sobre todo, para garantizar el voto de por lo menos 10 por ciento de la población que son las personas con discapacidad.
La ONU dice que reconoce que hay 15 por ciento de personas con discapacidad en el mundo, seguimos esperando el censo 2020 del INEGI que se iba a dar en noviembre, no se pudo por la pandemia, pero actualmente se reconoce en el país que, por lo menos, ocho millones de personas con discapacidad.
Ocho millones que, si se multiplica por una familia base del INEGI, hasta que uno de cada tres mexicanos o mexicanas vivamos con una persona con discapacidad en nuestra familia.
Y me da muchísimo gusto hablar de esto justo hoy, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, porque creo que todavía hace falta mucho para mandar este mensaje muy claro y muy puntual, así como cuando lo hizo Hillary Rodham Clinton en 1995 en la Cumbre de Beijing y dijo: “Los derechos de las mujeres también son derechos humanos”, y hubo un “¡ah!”, un momento de “¡ah!, hace falta que alguien diga los derechos de las personas con discapacidad también son derechos”.
Derechos que cotidianamente en el día a día, a veces por su bien, por su protección, se les niegan, se les minimizan, se ponen en duda sus capacidades, pero bueno.
¿Qué sí ha pasado en el INE y en el IFE, que es bastante? Bueno, pues además de que, obviamente, tenemos la garantía de que es un Instituto autónomo, que ya quisieran, en verdad, muchas personas, muchos de otros países en el mundo.
Se han implementado paulatinamente cosas muy importantes, como mascarillas Braille para personas ciegas que puedan meterla dentro de su boleta y poder tener acceso a votar sin asistencia, tenemos mamparas bajas, se le permite a una persona de la confianza de la persona con discapacidad si necesita apoyo que entre con él o ella para ayudarle a votar, se han diseñado diversos aditamentos que son ajustes razonables según el nombre de la convención por los derechos de personas con discapacidad, para ayudar a personas con discapacidad a votar; lo mismo plumones más gruesos, que otras cosas, en fin.
Para personas con movilidad reducida, y cada vez hay más casillas en lugares accesibles, aunque todavía nos falta, no todas las casillas se ponen en lugares accesibles, aunque ésa es ya la recomendación del INE que así se haga.
Estaba yo viendo, por ejemplo, una nota que hizo Animal Político de la elección del 2018 hubo 15 quejas de personas con discapacidad, no más bien, hubieron varias quejas de personas con discapacidad, 18 fueron catalogadas por el INE como atendibles, siete parcialmente atendibles y cuatro como no atendibles porque la solución se encuentra fuera de los límites del órgano electoral.
Me gustaría decirles cuáles son estas cuatro para que de ahí partamos de que la discapacidad y el acceso a las personas con discapacidad son sus derechos, no solamente algo que pueda hacer una sola institución, sino que necesariamente tiene que tener una respuesta interseccional y transversal, por ejemplo.
Las cuatro no atendibles de este 2018:
Solicitud para que cuando una persona con discapacidad visual se presente a votar, se verifique que el uso de la plantilla Braille fue correcta y que su revisión la realicen los representantes de partidos. Pues no puede ser atendida porque implicaría violar la secrecía del voto de las y los ciudadanos, pero también una persona ciega cómo sabe si está poniendo la boleta bien.
Otra; solicitud del servicio de traslado de personas de talla pequeña a las casillas. Pues no puede ser atendida porque el INE no dispone de personal ni servicios de transporte para el servicio a la población. Sin embargo, ¿de qué nos habla esto? De que todavía, porque no tenemos un mundo plenamente accesible, pues no solamente las personas con talla baja, sino muchas personas con discapacidad motriz u otras, que por ejemplo no puedan salir de sus casas porque están institucionalizadas o porque están en una casa para personas mayores pues no pueden salir a votar, y si quieren salir a votar pues muchas veces el transporte público no es accesible.
Solicitud para que el día de elección se cuente con la presencia de un intérprete en lengua de señas mexicana en cada casilla. Sería ideal, prácticamente imposible, desde hace muchos años hemos estado insistiendo en que se legalice un centro de relevo, que es básicamente un centro de videollamadas donde las personas sordas, lo mismo pueda denunciar una mujer que vive violencia, o sea, esta respuesta de “¿vives violencia, mujer?, ¡llama al 911!”, ¿las mujeres sordas qué hacen?
Se han creado alternativas, apps, redes, por supuesto, pero seguimos pensando, así como ahorita José Luis fue tan claro en el combate al patriarcado, también tenemos que hablar acerca de las formas diferentes de funcionar de las personas y pensar en soluciones para absolutamente todos y todas.
Y, bueno, la solicitud para que el INE regule que cada instituto electoral cuente con intérprete de lengua de señas calificado, es también uno de los grandes…personas con discapacidad.
Entonces, bueno, se han hecho muchas cosas, faltan muchas cosas por hacer. Me encanta el Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarias y funcionarios de casillas, y más cómo fue que se hizo en realidad, se hizo también de una queja, de un joven con discapacidad que dijo: “oigan, yo quiero ser ciudadano y quiero ser funcionario de casilla, ¿cómo que por mi discapacidad no puedo serlo?
Y bueno, esto ha sido como la historia de todos los movimientos sociales, la historia de las mujeres, del movimiento de la diversidad sexual, pues apunta a personas que han dicho “no, yo no me conformo con esto y abren brecha y abren brecha, y llevan abriendo brecha durante décadas.
Hay un tema que me preocupa mucho, sin duda ha crecido la conciencia de parte de los partidos políticos, de organizaciones, gobiernos, estoy viendo que esta plática se está transmitiendo con un intérprete en lengua de señas mexicanas, en un recuadro muy chiquito para las personas sordas, pero, bueno, ahí está presente.
Sin embargo, no todas las propuestas en las diferentes campañas se hacen en formatos y lenguajes accesibles, para votar están informados, pero las personas con discapacidad necesitarían eso. En las elecciones presidenciales pasadas, por ejemplo, Antonio fue el único que hizo un boletín en braille de lectura fácil, aunque ya casi todos tenían intérprete en lengua de señas mexicana, también por una presión, etcétera, cabildeo.
El tema de la discapacidad es muy poco tocada en debates, en mesas, y también tiene que ver la autoridad electoral, sin duda, tiene que ver con partidos políticos y tenemos que ver todos como sociedad, porque todavía no hemos logrado que la importancia del tema de la discapacidad, que es una condición a la que vamos todos, por vivir cada vez más años y tener el mismo cuerpo pues es algo que nos va a involucrar tarde o temprano de manera directa, no hay una vacuna contrala edad, etcétera.
Y hay un tema que es muy importante, yo diría que es uno de los, bueno, todos los temas de la convención, México propuso al mundo, gracias a Gallardo, una convención de derechos humanos sobre personas con discapacidad, ya se ratificó en México desde 2008, ya tenemos 12 años con esta convención y todavía me sorprende la cantidad de personas que no están conscientes de que además a raíz de la reforma al artículo 1° en el 2011, basada en derechos humanos, pues es parte del texto constitucional, en la convención sobre derechos, es muy impresionante.
La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, creo que uno de esos grandes aportaciones es en gran parte por el movimiento de las personas con discapacidad psicosocial, es decir, personas que tienen alguna condición de salud mental que a raíz de esta convención son consideradas personas con discapacidad; y que estuvieron en todo momento, esta es otra de las peculiaridades y cosas fantásticas de la convención, que se estuvieron involucrados en la redacción, no solamente ellos, las personas con cualquier tipo de discapacidad, visual, auditiva, también es un grupo muy diverso y ese es otro de los grandes retos para su atención, no son las personas con discapacidad, son las personas con discapacidades, y todo lo que implica para atenderlo, pero bueno, es el tema de la capacidad jurídica.
Y las mujeres tienen problemas para que les crean cuando son violentadas. Las mujeres con discapacidad 10 veces más son violentadas.
Y las mujeres tenemos problemas y lo digo para ponerlo referencia como las mujeres que es un grupo, pues, ya ha hecho una larga lucha y visibilizado y todo poder como identificarlo.
Las personas con discapacidades cotidianamente se enfrentan a la negación de su capacidad jurídica aún por su bien, para proteger y entonces, esa capacidad jurídica de todas las personas para votar, ser votada, está, pues, sumamente en entredicho, constantemente en entredicho y para citarlo les voy a poner un ejemplo de la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El artículo 280 en su numeral 5, sobre la responsabilidad del presidente de la mesa directiva dice:
“En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas”.
¿Qué es que una persona se encuentre privada de las facultades mentales? Y ¿quién decide esto el presidente de la mesa directiva? Bueno, mi hijo Alan en cuarto año, creo que va a haber votaciones, pero después tenga su credencial para votar, que también dependerá del funcionario del INE en cuestión que al ver que es una persona con síndrome de Down y que habla poco, quizás decida dársela, quizás no decida dársela a pesar de que hasta el momento no pienso ponerlo en ningún estado de indefensión… negar su capacidad jurídica.
Qué pasa si hay no sé funcionario de casilla que llegue y dice: no, pues este es un angelito o es un mongolito o es un… ¿me explico? Yo creo que esto de privadas de sus facultades mentales es, primero un término incorrecto, discriminatorio, que tiene que ser revisado.
Todas las personas con discapacidad aún aquellas que tienen condiciones de salud mental de cualquier tipo tienen capacidad jurídica y tenemos que ir hacia algo que ya hizo Colombia, ya hizo Perú, les estoy citando Finlandia y Dinamarca, tenemos que ir hasta un sistema de toma de decisiones con apoyo para garantizar que las personas con discapacidad con cualquier tipo de discapacidad puedan tener acceso a su capacidad jurídico y yo siempre pongo este ejemplo.
Si mañana yo decidiera invertir en la bolsa y quizás muchos de ustedes, me tendrían que explicar con manzanitas 50 veces, con dibujitos, con lo que sea, cómo es que funciona la bolsa y por qué debería invertir.
Por qué no le damos la misma oportunidad a las personas con discapacidad para decidir cosas tan importantes como con quién vivir, su ciudadanía, por quién van a votar, por quién quieren ser gobernados.
Bueno, ese es un tema importante, me parece, que sí habría que cambiarla y nada más dejar algunas otras cosas que se puede hacer, que se han hecho en otros países.
En la medida en que la tecnología avance para votar, que esta sea a distancia, ya sea vía, pues como cajeros para recibir votos, hay que asegurarnos que la tecnología sea accesible, porque si no lo es, lo que vamos a hacer en lugar de facilitar las cosas para determinado grupo de la población es excluir a…
Y hay muchos proyectos que se pueden decir, quizás contemplar el proyecto de la urna a domicilio para personas que no puedan salir de casa o para, por ejemplo, una casa donde vivan muchas personas mayores, hay que tratar de influir en que se mida más la discapacidad, no que haya preguntas sobre discapacidad en las elecciones en los exit poll que haya debates en el tema y que las personas con discapacidad vía una medida afirmativa, pues, también sea más fácilmente candidatos y candidatas.
La Consejera Adriana Favela trató de pasar ante el Consejo una propuesta de acción afirmativa para personas con discapacidad después de una mesa con varias personas con discapacidad y sus organizaciones, donde se planteaba que por lo menos una fórmula en cada lista de representación proporcional incluyera una persona con discapacidad. Se votó y solamente tuvo 3 votos a favor y 8 en contra, pero sí logró que los partidos al menos indiquen que registren candidatos a personas con discapacidad y de otros grupos vulnerables, al menos, para tener esta…
Y, bueno, siempre hay letras chiquitas, hay que asegurarnos que la persona con discapacidad, pues, realmente lo sea y como, si una persona que no tiene una uña, por así decirlo, con una persona con discapacidad, es todo un debate, pero como verán pues es una larga agenda todavía en la cual se ha avanzado muchísimo, pero en la que todavía nos falta muchísimo por trabajar, entre muchas cosas, porque seguimos viendo a las personas con discapacidad desde un modelo asistencialista y de protección, y no como ciudadanos con plenos derechos. Muchas gracias.
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Cecilia del Carmen Azuara Arai: Muchas gracias, Katia de Artigues, por esta perspectiva de las personas con alguna discapacidad, por poner sobre la mesa estos pendientes y, por supuesto, por señalar la necesidad de articulación institucional, incluso, para poder avanzar y dar pasos hacia adelante en estos temas.
Ahora, daré la palabra y presentaré antes a la Consejera Dania Paola Ravel Cuevas.
La maestra Dania Ravel Cuevas, es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, Juicios Orales y en Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, asesora del Consejo General en el otrora Instituto Federal Electoral, en donde adicionalmente fungió como secretaría técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias y fue asesora en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuencas de la Ciudad de México.
Participó como observadora en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América de 2016 y fue invitada por la Organización de los Estados Americanos a observar en calidad de especialista en género las elecciones de la República de Paraguay de 2015.
Adicionalmente ha sido ponente en diversas mesas de trabajo, opinión, seminarios, talleres sobre violencia política contra las mujeres y transparencia de acceso a la información pública y sido comentarista de libros jurídicos y especializados en materia electoral.
En la actualidad es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, integra las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, Vinculación con Organismos Públicos Locales, Igualdad de Género y No Discriminación, Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019-2020 y Prerrogativas y Partidos Políticos.
Muchas gracias, consejera.
Adelante.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias por la presentación, Ceci.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto formar parte de la celebración de los 30 años del Instituto Nacional Electoral y en especial, participar en esta mesa, porque estoy convencida que la labor del INE es también una labor de inclusión.
La democracia no existe sin la igualdad, la democracia es incompatible con la discriminación.
Es cierto que la democracia en sus orígenes no contemplaba a la igualad entre todas las personas como uno de sus valores intrínsecos, pero la democracia contemporánea no se concibe sin todas, todos y todas.
El objetivo de la democracia no sólo es el ejercicio de un sistema de gobierno, sino también la búsqueda de bienestar de la ciudadanía es por eso que la democracia contemporánea no existe sin el respeto a los derechos humanos.
Los derechos humanos y la democracia operan de forma complementaria cuando ambos se entienden como procesos sociales atravesados por relaciones de poder que pueden y deben transformarse continuamente en busca de mayor igualdad.
Estos derechos son condición, cause y resultado de la participación democrática, puesto que mediante esta participación la ciudadanía define, legitima y ejerce tales derechos.
Ahora bien, el resto y garantía de los derechos humanos debe darse para todas las personas sin ningún tipo de exclusión.
En México el tema de la discriminación es multifactorial y tiene raíces profundas que van de la mano de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que se han producido por años.
Sin embargo, el reconocimiento de este problema nos permite encontrar herramientas y soluciones que nos ayuden a luchar contra las desigualdades.
Si bien es cierto que principios como la imparcialidad y la transparencia han estado presentes desde la creación del INE, antes Instituto Federal Electoral, como una de sus tareas fundamentales para dar certeza a las elecciones federales.
Se debe destacar que con el tiempo las tareas de este Instituto se han diversificado con la finalidad de asegurar que toda la ciudanía pueda ejercer sus derechos libres de toda discriminación y es aquí donde el tema de la interseccionalidad cobra más importancia, dado que a través de este concepto es posible conocer y combatir efectivamente las distintas experiencias de discriminación que enfrenta las personas en razón de sus características identitarias.
En ese sentido, el análisis con perspectiva interseccional realizado en el proceso electoral 2017-2018 por la entonces Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación señala que esta desigualdad entre hombres y las mujeres no es la misma en todas partes.
La falta de equidad de género no es un fenómeno homogéneo sino un conjunto de problemas distintos e interrelacionados.
Muchos de los esfuerzos que realizamos en el INE buscan garantizar la participación de las personas que han sido discriminadas o excluidas de los procesos de participación política, pues no podemos llamar democracia a un régimen que no toma en cuenta a la ciudadanía. Si hay discriminación simplemente no existe democracia.
El ejercicio de los derechos político-electorales parte de la necesidad de que toda la ciudadanía puede votar en igualdad de condiciones, para esto hemos buscado que las casillas electorales sean accesibles y que cuentan con las condiciones para atender a personas que viven con alguna o algunas discapacidades, tanto a través de su estructura como de la capacitación del personal que puede apoyar en todo momento a las y los votantes.
Ya mencionaba Katia algunos materiales electorales que se han hecho con esta finalidad.
Hay decir también, que el OPLE de la Ciudad de México, el entonces, Instituto Electoral del Distrito Federal fue pionero en implementar medidas de inclusión, pues, desde las elecciones del año 2000 aprobó la utilización de la mascarilla braille para que las personas electoras ciegas o con debilidad visual, ejercieran personalmente su derecho al voto.
Acciones como ésta, encaminada a evitar la discriminación se han vuelto una práctica común, en beneficio de la inclusión.
Ahora, siguiendo esta línea que labró el IEDF, porque también aprendemos desde lo local, hemos trabajado la implementación de medidas y materiales electorales, que buscan garantizar el voto de las personas que viven con alguna o varias discapacidades, como la plantilla braille, que se coloque encima de la boleta electoral, la señalización en braille encima de las urnas para indicar dónde se debe depositar cada voto, además de la posibilidad de que una persona de confianza apoye a la y el ciudadano que lo requiera, en caso de que no sepa leer braille, sin mencionar el libre acceso a la casilla con un perro guía.
También contamos con mamparas especiales para el electorado que acude en silla en ruedas o que es de baja estatura, para que puedan ejercer su voto de manera libre y secreta.
Ahora, debo decir que a últimas fechas hemos tenido avances, gracias a una escucha activa de la ciudadanía, y al involucramiento a personas expertas, por ejemplo, en las Elecciones de 2016 una ciudadana con debilidad visual total salió sorteada para participar como funcionaria de mesa directiva de casilla en Durango. Sin embargo, no se le permitió participar por este motivo, aunque ella quería hacerlo.
Estoy convencida que nuestra obligación como autoridades del estado es garantizar que toda persona que quiera participar pueda hacerlo, y para ello nosotros debemos de proveer todo lo necesario.
En ese caso, de esta mujer en Durango, nosotros habíamos fallado, pero derivado de esa experiencia, nos pusimos a trabajar para hacer las adecuaciones reglamentarias necesarias para que eso no se volviera a repetir.
Así surgió el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad, como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla que prevé que las personas con discapacidad puedan ser acompañadas en sus funciones por una persona si así lo solicitan, y que puede ser, hay tres opciones:
Algún integrante de la mesa directiva de casilla siempre y cuando no entorpezca las funciones que tiene encomendadas.
Podemos contratar a una CAE específicamente para que apoye a la persona con discapacidad.
O bien, una persona de confianza ve la persona con discapacidad.
Y aquí me quiero detener, porque para mí quizá lo más relevante de que yo tenga la oportunidad de hablar en esta mesa es platicarle lo que ocurrió tras bambalinas, y lo que ocurrió es que, precisamente, esta medida no se quería aprobar, porque se decía que se podía poner en riesgo las elecciones, que podríamos propiciar la nulidad de la casilla si permitíamos que una persona externa estuviera ahí.
Al final de cuentas, se aprobó la medida, y quiero decir que las personas con discapacidad que fungieron como funcionarios o funcionarias de mesa directiva de casilla y que pidieron el acompañamiento de una persona, en su mayoría, el 93.5 por ciento de las personas que participó con esta medida pidió que quien lo acompañara fuera una persona de su confianza, ¿y qué pasó? Se implementó en las Elecciones de 2018 y, desde luego, no se propició la nulidad de ninguna casilla, y sí propiciamos que participaran estas personas con discapacidad.
Otra medida fue la dirigida a las personas sordas, para que pudieran recibir capacitación por un CAE que conozca la lengua de señas mexicana, y ser acompañados por un intérprete el día de la Jornada Electoral.
Yo recuerdo que tuvimos una mesa con personas con discapacidad, y se me quedó muy grabado el testimonio de un joven sordo que decía que él había en algún momento de su vida salido sorteado para ser funcionario de mesa directiva de casilla, pero, sin embargo, cuando el CAE acudió a visitarlo y se dio cuenta que era una persona, persona con una discapacidad, lo descartó de inmediato a pesar de que él quería participar, a pesar de que él estaba emocionado de tener la posibilidad de ser funcionario de mesa directiva de casilla.
Recuerdo que esa experiencia me dolió profundamente, me pareció sumamente discriminatoria, desde luego, lo que él le había ocurrido ya no se podía resarcir, pero nos pusimos a trabajar para que esto no se volviera a repetir.
Dicen que solo lo que te duele, te mueve, y creo que, a final de cuentas, más allá de una convicción personal, lo importante como autoridad es que, en efecto, como lo había dicho José Luis, ésta es una obligación de las autoridades electorales.
No se trata de un tema de buena… es una obligación de todas las autoridades.
Tenemos que cumplir, sí, efectivamente, con nuestras obligaciones en materia electoral, pero también tenemos que respetar los derechos humanos.
En el marco de las Elecciones de 2018, desde el entonces Comisión Temporal de Igualdad de Género y no Discriminación, hicimos hacer foros de inclusión donde dábamos a conocer en los estados las medidas que habíamos implementado a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, porque también me di cuenta de otra cosa, a veces la gente desconocía todo lo que habíamos hecho y, por ende, no hacían uso de esas herramientas.
Entonces, traté de ir a todas las entidades federativas donde iba a haber elecciones para dar a conocer todo esto.
Durante uno de estos foros, una mujer señaló que, aunque el INE estaba tomando medidas para garantizar el derecho al voto para personas con discapacidades físicas o motrices, no estaba atendiendo a quienes tenían discapacidades no visibles o evidentes.
En su caso, ella señaló que su hijo tenía autismo, o que tenía dificultades para interactuar con otras personas, y no le permitían acompañarlo en la mampara para votar, pues su discapacidad no era evidente.
A raíz de este caso, y para atender esa problemática concreta, decidimos incorporar una medida dentro de los materiales de capacitación para que en esos casos también pudiera darse un acompañamiento a la emisión del voto por parte de una persona de confianza.
Desde luego, también es cierto que no podemos hablar de discriminación sin hablar de las mujeres.
Las mujeres somos el único sector de la sociedad que, a pesar de no ser minoritarios, sino todo lo contrario, hemos sido históricamente discriminadas.
Durante décadas nuestra presencia al frente de cargos de elección popular había sido mínima, el mayor porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputadas y Diputados entre 1955 y 1994 había sido de 11.8 por ciento.
En la legislatura de 1994 a 1997, las mujeres llegaron a ocupar el 14.1 por ciento de las curules; cuando las cuotas no tenían sanción, el porcentaje más alto en mujeres en la Cámara fue del 17.4 por ciento.
Con las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 2002, se obligó a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30 por ciento de candidaturas de mujeres para los puestos de elección popular en el Congreso de la Unión.
Fue así como comenzó a aumentar significativamente el número de mujeres en el Poder Legislativo.
En 2008, la cuota creció a un porcentaje 60, 40 y se incorporó también la obligación de que los partidos políticos destinaran el dos por ciento del financiamiento público a la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, porcentaje que como ustedes saben, ahora se ha incrementado.
Sin embargo, fue con la reforma política electoral de 2014 que la paridad se elevó a rango constitucional para el Poder Legislativo y Local.
Pero la lucha no ha sido sencilla, ustedes saben que de la mano de las cuotas de género empezamos a ver casos de simulación como el de las llamadas “juanitas”, en donde resulta que aparentemente los partidos políticos sí cumplían con la cuota a la luz de la ley y frente a las autoridades electorales, pero cuando llegaban a tomar posesión del cargo las obligaban a renunciar y en todos los casos, indiscutiblemente siempre ocupaban su lugar un hombre o luego decían los partidos políticos que las mujeres no eran buenas candidatas, incluso, las propias mujeres no querían votar por otras mujeres.
Después descubrimos que en realidad lo que pasaba es que, las mandaban a los distritos donde no tenían ninguna posibilidad de ganar, donde los partidos políticos solían perder y eso sigue ocurriendo también ahora que tenemos la paridad de género.
En 2018 vimos el caso de las llamadas “manuelitas”, en Chiapas, en donde un número considerable de mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional renunciaron ante el OPLE y renunciaros porque sus propios partidos políticos las engañaron y les dijeron que eso era lo que les correspondía hacer.
Vimos también una acción afirmativa que se implementó en el Instituto Electoral de Oaxaca a favor de los muxes y qué fue lo qué pasó, muchos hombres trataron de usurpar el lugar que les correspondía a mujeres trans, en fin.
Cuando nos preguntaba la doctora Teresa González Luna sobre los títulos que pudieron que haber tenido esta mesa, yo decía, definitivamente, el de los obstáculos creo que le iría muy bien, sacar adelante la más mínima acción es verdaderamente muy complicado.
En las elecciones de 2018 el INE adoptó una serie de acciones afirmativas para materializar adecuadamente el principio de paridad en la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República, razón por la cual se logró que en la actual legislatura de la Cámara fueran electas 241 mujeres, es decir, el 48.2 por ciento del total y se 63 mujeres en el Senado, lo que representa el 49.2 por ciento.
Una de las medidas que más se nos cuestionó para el Senado, es que la lista de representación proporcional se encabezara por mujeres, porque se nos decía, es la primera vez que se va a implementar al principio de paridad para esa Cámara, no, espérense, vamos a ver. Si vemos que sigue contando para que lleguen a la paridad. Entonces, después quizás podemos hablar de una acción afirmativa y reforzar el principio de paridad.
Parece que los derechos de las mujeres siempre pueden esperar un poco más, parece que ese es el mensaje.
A final de cuentas, ahorita no está esa acción afirmativa y lo que logramos fue casi la paridad en la Senado.
No obstante los logros en el ámbito legislativo se mantuvo una fuerte ausencia de mujeres en muchos cargos públicos, por ello, el 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de paridad de género conocida como “paridad en todo” y una modificación fundamental para fines electorales fue la que se dio en el artículo 35, fracción 2 de la Constitución, que ahora señala, que es un derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular sin excepción.
Esta modificación es particularmente relevante si tomamos en cuenta que al incluir a todos los cargos de elección popular también incluye a las gubernaturas de los estados, que han sido cargos a los que las mujeres casi no han accedido, ya que ni siquiera son propuestas como candidatas, para muestra algunos datos.
A partir de las elecciones de 2015 se han registrado 226 candidaturas a las gubernaturas, de las cuales, sólo 41 han comprendido a mujeres, mientras 185 fueron para hombres.
Por lo que no es de sorprender que desde 1953 que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas sólo 9 mujeres hayan ejercido como gobernadores y de ellas sólo 7 hayan sido electas por el voto popular frente a 344 hombres.
En virtud de la falta de reglas expedidas por el Legislativo para garantizar, por un lado, el pleno ejercicio del derecho humano consagrado en el artículo 35 constitucional y, por otro, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos en la materia, el 6 de noviembre de este año, aprobamos en el INE un acuerdo para garantizar que los partidos políticos hagan postulaciones paritarias también en las candidaturas a gubernaturas.
Ante el debate que ha generado la supuesta falta de competencia del INE al emitir este acuerdo, no puedo dejar de mencionar que el INE como autoridad del estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, político-electorales de la ciudadanía y en este caso particular, el derecho a ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular.
Ahora, en un país en el que 21.5 millones de personas se identifican así mismas como indígenas de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del INEGI parecería casi impensable la poca participación y representación que ha tenido este sector en el sistema político, pues, no hemos logrado incluir de forma efectiva a estos grupos en mayor proporción.
Con la finalidad de fomentar la participación política de las comunidades indígenas para el proceso electoral 2017-2018, por primera vez en su historia, el Consejo General del INE aprobó una medida para garantizar la inclusión de candidaturas indígenas por el principio de mayoría relativa.
Consistente en que los partidos políticos nacional o coaliciones debían postular fórmulas integradas por personas que se auto describieran como indígenas en 13 de los 28 distritos electorales con población indígena.
Además, haciéndonos cargo de la mayor exclusión que enfrentan las mujeres indígenas focalizamos el principio de paridad de género en esta cuota y aquí lo que decían era: así no se aplica el principio de paridad de género, el principio de paridad de género se tiene que de manera integral y de forma seccionada, lo cual es cierto.
Pero, nos estábamos haciendo cargo de la interseccionalidad que sufren las mujeres indígenas, que son más susceptibles a ser excluidas que los hombres indígenas. Por eso teníamos que garantizar que se postulara a mujeres indígenas y focalizamos el principio de paridad de género en esta cuota.
Hay que decir, que en la que aprobamos para las elecciones de 2021 se volvió hacer lo mismo.
Además, reconociendo que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de acciones afirmativas a favor de las personas indígenas es garantizar que quien llegue a través de esa cuota, en efecto, sea una persona indígena y no alguien que usurpe ese lugar.
Por eso motivo, para verificar la existencia de un vínculo de las y los candidatos con las comunidades, se determinó que debían acreditar al momento del registro de su candidatura, las constancias que muestran que han prestado servicios comunitario o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad por la que buscan ser postulados, en fin.
Algo que hemos denominado “auto adscripción calificada”, que demuestren un vínculo comunitario.
Para este proceso electoral hemos incrementado las postulaciones de personas indígenas a 21, de las cuales 11 deberán ser para mujeres indígenas, además para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos también deben contemplar personas indígenas en sus listas.
Les juro que intente hacer una síntesis, todavía estuve hasta la madrugada para tratar de sintetizar, creo que ya tengo bastante tiempo hablando, me falta todavía mencionar algo que ya han referido ustedes y que me parece importantísimo, el protocolo trans que hicimos, en donde, por cierto, también la doctora Teresa nos estuvo ayudando bastante de su expertis y, bueno, pero volvería hasta la siguiente oportunidad.
Muchas gracias, Ceci.
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Cecilia del Carmen Azuara Arai: Muchas gracias, consejera Ravel.
Gracias por presentarnos esta visión institucional, que sin duda cierra el círculo de las diversas perspectivas con las que puede abordarse este tema.
Tenemos algunos minutos todavía, entonces les daré un para a cada uno para que puedan manifestar, puedan expresar sus conclusiones.
Daré el uso de la palabra en el mismo orden en que intervinieron.
Por lo tanto, empezaríamos con la doctora María Teresa González Luna.
Por favor, doctora, muchas gracias.
María Teresa González Luna Corvera: Pues listo.
Yo creo que no podemos llegar a conclusiones, me parece que se trata de una mesa que abre, que comparte ideas, reflexiones, que hace señalamientos, pero, sobre todo, se trata de un reto permanente, permanente para la sociedad mexicana y un reto permanente para el Instituto Nacional Electoral.
Retomaría rápidamente la pregunta que nos hacía aquí en la mesa José Luis, en el sentido de qué significa el INE a sus 30 años, qué es lo que representa.
Yo creo que son muchas cosas, pero yo diría y destacaría una en lo particular, que es la institución de la ciudadanía, es decir, no hay otra, creo yo, otra instancia en el país en donde nos sintamos las y los mexicanos tan identificados porque hay un contacto, porque hay una relación continua con el Instituto.
Es decir, en efecto las elecciones las hacen y las hacemos los ciudadanos, y está toda la maquinaria puesta para la participación en todas las funciones del Instituto y en la misma organización electoral.
Creo que son muchos los retos que existen, pensaba, por ejemplo, en la parte de urnas móviles o casillas móviles para poder hacer posible el acceso al voto a muchos grupos de población, es decir, a las personas, por ejemplo, hospitalizadas, que no se pueden mover, bueno, las personas en situación, en los reclusorios, por supuesto las personas que todavía no tienen sentencia y que no se les ha… que la sentencia al final no les diera su derecho político, es una población muy, muy importante y que ven obstaculizado o negado, más bien, su derecho a votar.
Creo que en la parte también de formatos accesibles, bueno, hay que seguir avanzando y hay mucho, mucho que hacer.
Y la parte, me parece, central, es lo que tiene que ver con la parte educativa y de capacitación, y me refiero sobre todo a la parte interna, a la institución. De tal manera que las decisiones que se toman por todos los funcionarios electorales no sean discrecionales ni sean a partir de estigmas, de prejuicios, de estereotipos que, digamos, alimentan y nutren la discriminación.
Entonces, me parece que ahí hay que seguir fortaleciendo y avanzando en la formación y en la capacitación hacia el interior del Instituto, es decir, es uno de los caminos probados para poder cambiar y transformar las prácticas discriminatorias que están presentes y que van permeando todas las decisiones públicas y las prácticas sociales.
Bueno, agradecer la oportunidad de compartir esta mesa con ustedes, agradecer a Cecilia su coordinación, un gusto, un placer y un privilegio el ser parte de los festejos del Instituto.
Y, bueno, creo que es una felicitación generalizada para todas y para todos, es decir, de alguna manera todos en México cumplimos años junto con el INE.
Muchas gracias.
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Cecilia del Carmen Azuara Arai: Muchísimas gracias, doctora.
Para las últimas reflexiones.
Entonces, ahora, damos la palabra al doctor José Luis Caballero, por favor.
José Luis Caballero Ochoa: Mil gracias.
Yo quiero decir dos cosas nada más, una, digamos, es un poco también la provocación de Katia, de siempre estar en la sociedad civil avanzando, posicionando, o viendo los temas.
En este tema de la igualdad y la igualdad sustantiva, la garantía de los derechos, yo creo que hay tres modelos de países:
Uno, es el de corte autoritario que buscan evadir, evitar, garantizar la igualdad, la inclusión, la participación de todas y todos.
Un segundo modelo país es aquellos que están siempre reaccionando, reaccionando a lo que la sociedad por sus propios medios busca, se mueve, encuentra, trata de abrir brecha.
Y un tercer modelo de países son aquellos en los que se adelantan al cambio cultural, a la movilización ciudadana y social que provocan un cambio en la manera de pensar, en Sudáfrica lo ha hecho de manera excepcional algunos temas, la India.
México está en el segundo modelo, o sea, en México las instituciones del estado caminan, pues lo digo así, es lentamente cuando la sociedad civil y la ciudadanía va empujando los temas.
Ojalá que el Estado Mexicano y sus instituciones, incluida el INE, con todo lo que ha hecho, podamos trascender esa idea y empezar a empujar cosas sin necesidad de que hay necesariamente una sociedad que se está movilizando. Esa es una cosa que a mí me parece muy importante, que del estado surjan los instrumentos de protección y de garantía de los derechos de todas y todos, porque ese es su mandato, sin esperar a que la sociedad empuje, pero que ojalá, qué bueno que hay sociedad que empuja. Ese es un reto.
Y el otro reto, en este sentido, tiene que ver con lo que decía Teresa, y es un punto que a mí me parece fundamental, el Tribunal Electoral el año pasado emitió un fallo a principios importante en materia de hacer accesible la votación a las personas privadas de libertad no sentenciadas, es un faltante tremendo en el tema de la igualdad de derechos políticos.
Y hay que saludar, la sentencia obliga a que se implemente en 2024, pero me parece que el INE, así va a ser, está implementando ya para 2021 un programa, un proyecto piloto para la votación en los centros de reclusión de personas que están en prisión preventiva.
Es muy importante porque, además, se hizo una reforma constitucional el año pasado para aumentar la prisión preventiva oficiosa a los delitos. Entonces ese es un tema crucial.
Yo pienso que hay que acompañar al INE en este programa piloto, vigilar que se implemente bien porque va a ser de enorme importancia.
Tenemos una violación de derechos mientras sigamos negando derechos ciudadanos a personas privadas de libertad que no han sido sentenciadas como culpables.
Es una violación a la presunción de inocencia terrible.
Y claro, me dirán ustedes “bueno, es que es la imposibilidad de que vayan a la casilla y no es un tema de… de inocencia”, será el sereno, como dicen, pero las personas privadas en libertad no sentenciadas al día de hoy no votan.
Bienvenido el programa piloto que va a implementar el INE para las elecciones de 2021.
Con esto me quedaría, muchas gracias.
Cecilia Azuara: Muchísimas gracias, doctor.
Ahora cedo el uso de la palabra a la licenciada Katia D’Artigues.
Muchas gracias.
Katia D’Artigues: Bueno, yo reitero mi agradecimiento de haber participado en esta mesa, me encantó lo que dijo María Teresa de que pues la felicitación del INE es un poco más felicitación a todos como ciudadanos…
Efectivamente, es una institución que hay que defender, que hay que apoyar, y que sí tiene una tarea en constante evolución.
Y éstas son las cosas de las que hemos hablado hoy, personas privadas de su libertad con discapacidad, con discapacidad visible, no visible, personas de la diversidad sexual, trans, bla, bla.
Eso es lo que vemos, seguramente va a haber más categorías en un futuro, que no estamos viendo ahorita porque la sociedad es así y evoluciona de manera constante.
Entonces, bueno, pues ojalá sí adoptáramos, me encantó esta reflexión de José Luis, el tercer modelo del país que se adelanta y cumple y ve sus obligaciones.
Sé que será todo esto en un momento particularmente difícil por el gobierno que tenemos, las críticas que la ha hecho particularmente al Instituto Nacional Electoral, las cosechas de un instituto que nos ha costado a todos y muchísimo, nazca, crezca y siga viviendo.
Entonces, ése es un contexto preocupante que pues llamo a estar muy atento y a defender a la par de que, pues, sigamos impulsando desde cualquiera que sea nuestra actividad, porque todos podemos hacer cosas para lograr una mayor inclusión en la academia, en la sociedad civil,… maestra o maestro.
O sea, no hay procesión desde donde no se puede impulsar una mayor…
La reflexión final, pues reiteraría un poco lo que dije, así claro que las organizaciones, los organismos autónomos, hay una obligación del Estado, etcétera, pero también pues nuestros gobernantes, nuestras instituciones son parte de una sociedad en la que crecimos y vivimos.
Y en relación con muchos grupos que están en situación de discriminación o de categoría sospechosa, a mí me lo tuvieron que explicar varias veces, porque dije qué era esto de las categorías sospechosas, pero ya entendí.
Tenemos que quitarnos el chip, o sea, tenemos que cambiarnos un chip en la cabeza que nos instalaron y que nos diéramos cuenta desde que fuimos a la escuela donde no veíamos a un grupo diverso con el cual convivimos y al cual ahora además en una situación cada vez más polarizada y en el mundo le tenemos miedo.
Una institución democrática como el INE y un intercambio de ideas también habla de la capacidad de diálogo y de escucha y eso está muy en peligro en el país, me parece, donde ya muchas veces no escuchamos los argumentos, sino desacreditamos el mensaje por la persona que la emite.
Entonces, bueno, pues pendientes a muchísimo, pero sí tenemos que trabajar en una cuestión como de fondo social, de cambio social, de que los derechos sean para todas y todos de a de veras y pensemos cómo sí se puede hacer en lugar de decir no.
Ajá, yo sé que la provocación de la urna viajera, pues sí, habrá muchas dudas y qué tal si te la roban, y qué tal si bla, bla, pero bueno, si no haces (Falla de Transmisión), el resto es pensar cómo sí hacemos que todos los derechos sean para todas y para todos.
Muchas gracias a todos y buen día, y gracias, Cecilia por la moderación.
Cecilia Azuara: Muchas gracias, también Katia.
Le doy la palabra a la Consejera Dania Ravel, por favor.
Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Muchas gracias.
Bueno, yo coincido en que esta celebración no es exclusivamente del INE, por supuesto que es de toda la sociedad y sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil que nos han apoyado particularmente para este tipo de acciones, en donde nosotros no somos expertos en la materia, ¿no?
Lo que nosotros hicimos para el protocolo trans, que era nada más evitar la discriminación el día de la jornada electoral de aquellas personas cuyos datos en la credencial para votar no concordaran con su identidad de género, pues era algo francamente muy sencillo, aparentemente, sin embargo nos llevó un montón de reuniones de trabajo que quedara, me quedara sin quórum en la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se bajó tres veces el Consejo General.
Se revisó cuatro veces en las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral y quiero decir que, sin acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, sin los colectivos defensores de los derechos de las personas trans, esto no hubiera sido posible.
Si también la intervención en su momento del CONAPRED que emitió medidas cautelares, el inicio de un procedimiento oficioso de COPRED, todo eso coadyuvó a que pudiéramos tomar esa medida y además el trabajo que hicimos de la mano con estas organizaciones, también me ayudó a darme cuenta de otras cosas, porque cuando una no vive con discriminación, no se da cuenta que algunas cosas que uno ve como normales, pueden ser susceptibles de que otras personas sufran discriminación.
Por ejemplo, me decían: por qué tiene que venir el dato del sexo en la credencial para votar, porque entonces a mí, presentó mi credencial para votar para hacer cualquier trámite y me hace susceptible a discriminación, algo que desde luego yo jamás hubiera pensado.
Gracias a eso hicimos la revisión en el nuevo modelo de la credencial para votar y ahora las personas pueden optar porque ese dato aparezca visible o no, pero son de esas cosas que nosotros requerimos ese diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para poder seguir avanzando en estos temas.
No puedo evitar caer en la provocación de tratar de responder algunas cosas que comentaban, por ejemplo, nos decía el doctor José Luis sobre, es que en el acuerdo del 6 de noviembre, debió haberse previsto que fueran 15 lugares para mujeres, para las gubernaturas, bueno, sin duda a mí también me hubiera gustado mucho y además de todo eso nos hubiera garantizado que a lo mejor ya tuviéramos una integración paritaria en las gubernaturas, porque ya nada más vamos a tener, ya va a terminar su mandato la Gobernadora de Sonora, ya nada más vamos a tener a la Jefa de Gobierno y con eso ya tendríamos 16, ¿no?, ya con las otras 15.
Pero, el problema para mi es que la Constitución habla de postulaciones paritarias y tenemos que ver las postulaciones a partir de lo que tenemos en este momento y en este momento son 15, y sería paritario pues justamente siete y ocho, ¿no?
Entonces, es por eso, no están hablando de una integración paritaria que hay que decir que hay algunos Organismos Públicos Locales Electorales que sí han dado un paso adelante en ese rubro y han dicho yo voy a garantizar, pero con acción afirmativa, que haya una integración paritaria, por ejemplo, del Congreso, y entonces, al final si me doy cuenta de que no va a haberla, entonces empiezo a compensar con representación proporcional, pero esa una acción afirmativa.
El principio de paridad es únicamente para las postulaciones.
Entonces, por eso creo que la determinación que tomó el INE es correcta.
Ahora, decirle a Katia que estamos trabajando respecto a hacer, a aquellas casillas que no tengan condiciones de accesibilidad, desde luego nosotros tenemos la obligación legal de garantizar que las tengan, pero a veces no es posible.
Entonces, cuando eso ocurre, pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que poner algún mecanismo para garantizar el derecho al voto, a mí me decía un joven en un foro de inclusión que hicimos en Puebla, “bueno, pues es que la rampa que pusieron la verdad es que no funcionaba, entonces decidió, la señorita presidenta de la mesa directiva de casilla, sacarme la urna y llevármela al coche para que pudiera votar”.
Entonces dije, a ver, pues pongamos un protocolo para que se sepa qué hacer en esos casos, no podemos dejarlo al arbitrio de las personas que estén como funcionarios de mesa directiva de casilla, porque como no está normado pues las representaciones de los partidos políticos podrían decir, “no, no puede sacar la urna”, ahí en esa ocasión no dijeron nada, pero podrían decirlo.
Estamos trabajando en un protocolo para garantizar eso.
El artículo 280, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, verdaderamente es una vergüenza, pero, además, lo más vergonzoso de ese artículo es que lo venimos arrastrando desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hacen reformas, hemos dicho que ese artículo es profundamente discriminatorio y, sin embargo pasa así, pero en automático, parece que nadie reflexiona sobre el mismo.
Sin duda, eso es algo que, si hay una próxima reforma, tiene que cambiarse, no puede seguir así, en fin.
Yo les agradezco mucho haber compartido con ustedes esta mesa, son ustedes unos referentes en estos temas, la verdad es que siempre aplico mucho, aprendo mucho escuchándolos, entonces, me dio mucho gusto compartir esto.
Creo también que es una obligación del Instituto Nacional Electoral coadyuvar en la erradicación a la discriminación, sobre todo si reconocemos que al final de cuentas nuestro objetivo es dar voz a todas las personas y amplificarla, porque todas las voces, sin importar sus condiciones, son igualmente válidas, y eso se tiene que ver en los hechos.
Muchas gracias.
Cecilia Azuara: Muchas gracias, consejera.
Pues ya estamos entonces cerrando.
Me ha encantado estar en esta mesa y escucharlos a ustedes.
Gracias por su participación, gracias al auditorio.
Como han dicho, pues felicitémonos todos por estos 30 años del INE.
Y voy a cerrar diciendo algo que ha señalado la consejera Ravel, no se concibe una democracia contemporánea sin la inclusión.
Muchísimas gracias.
Los invito a conectarse a las mesas que aún faltan, pero, sobre todo, a las 06:00 de la tarde recuerden que hay un documental sobre los 30 años de la democracia en México.
No se lo pierdan.
Muchas gracias a todos.
Buen día.
Presentadora: El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes integraron esta mesa y a quienes siguen esta transmisión.
Les invitamos a quedarse con nosotros ya que a las 12:00 horas dará inicio la mesa “Debates electorales”.
Gracias y que tenga muy buenos días.
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