La Organización de Naciones Unidas emitió en 1993 una resolución por la que incluyó la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, que logró cimentar esfuerzos para que las naciones integrantes establecieran un futuro libre de violencia de género.
Posteriormente, en el año 2000 la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, enfatizando tanto a gobiernos como a organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a coordinar esfuerzos para hacer conciencia pública sobre este fenómeno que aqueja a las sociedades.
Por su parte ONU Mujeres ha convocado a la campaña ÚNETE de aquí al 2030, marcando 16 días de activismo contra la violencia de género, es decir, cada año del 25 de noviembre al 10 de diciembre, sugiriendo posicionar un tema mundial: “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”.
Asimismo, la campaña Generación Igualdad de las Naciones Unidas hace un llamado a subsanar las brechas de financiación, de servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante la crisis de la COVID-19, y pide al mundo concentrarse en la prevención y sistematización de datos que ayuden a que mujeres y niñas salven sus vidas.
En México, la violencia contra las mujeres en razón de género se materializa de distintas maneras, la más visible y que atenta contra nuestro sistema democrático se ve reflejada en elecciones, es decir, en el momento cúspide donde hombres y mujeres decidimos el rumbo de esta gran nación.
Así, esta violencia que se convierte en violencia política afecta los derechos político electorales de las mujeres para ejercer su voto y a ser electas en los distintos procesos electorales; en su desenvolvimiento en la esfera pública, entre otros aspectos. Por ello, el Instituto Nacional Electoral reconociendo este fenómeno ha emitido diversas disposiciones para buscar erradicar este cáncer que a todos y a todas nos afectan. Entre las principales destacan las siguientes:
-Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres.
-Guía para la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres.
Recientemente aprobó el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que tiene por objeto regular el trámite y sustanciación del procedimiento especial sancionador establecido en la legislación electoral para atender este tipo de casos.
Asimismo, el Consejo General del INE aprobó Lineamientos que establecen criterios para registrar a infractores de género y, en su caso, dependiendo de la falta, determinar si las personas sancionadas que aspiren a alguna candidatura podrían no obtenerla por encontrarse en este supuesto.
Por otra parte, el INE emitió Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos Lineamientos obligan a los partidos a dar atención a las víctimas de violencia política; a su obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus documentos básicos (declaración de principios, estatutos y programas de trabajo); a crear campañas con enfoque de género y capacitación a la estructura partidista; acciones para garantizar que el financiamiento público de las campañas se distribuyan de manera paritaria al igual que los tiempos de radio y televisión, entre otras.
Finalmente, es importante resaltar que para quienes sean aspirantes a alguna candidatura de elección popular deberán firmar un formato denominado 3 de 3 contra la violencia, en donde deberán declarar bajo protesta de decir verdad que no cuentan con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y; no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso. Con estas acciones, el INE pone herramientas que permitirán detectar y sancionar la violencia política de género contra las mujeres, pero, sobre todo, pretende incentivar una cultura en donde predomine la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres.
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