Uno de los grandes retos que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentará de cara a la elección concurrente tanto federal como locales para 2021, es constituirse en elemento clave para atender, erradicar, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres en razón de género en lo que toca al rubro político electoral.
Para ello, el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, aprobó desde principios del mes de septiembre, los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Esta normativa busca materializar, por un lado, la reparación, protección y erradicación de dicha violencia política en razón de género y su posible repercusión en el ejercicio de sus derechos políticos electorales de las personas que la cometan; por el otro, será una herramienta fundamental para la aplicación de las sanciones establecidas en el marco normativo respecto a la violencia contra las mujeres, imponiendo medidas que exhiban públicamente a los infractores.
Asimismo, durante el mes de octubre, el INE también aprobó los lineamientos para partidos políticos en materia de violencia política de género, en los que se establecen las bases para asegurar la igualdad y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos al interior de los partidos políticos así como las instancias internas para atender, sancionar y reparar este tipo de violencia.
Estas reglas determinan, entre otros puntos, la obligación de investigar, sancionar y reparar conductas que acrediten violencia política de género; establecer planes de atención a víctimas, así como de incorporar en sus estatutos mecanismos para erradicar este tipo de violencia.
De igual forma, el INE impuso a los partidos políticos la exigencia de que las personas aspirantes a una candidatura deberán firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, que no están condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales y/o sea deudor alimentario.
Estas normativas aunadas a los criterios que el INE ha establecido respecto a la construcción material de una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, son elementos fundamentales para eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El caso más representativo es el reciente acuerdo del INE en el que aprobó las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021.
Dicho acuerdo busca materializar la reforma aprobada en junio de 2019 que estableció la obligación de todos los poderes públicos, todos los niveles de gobierno y entes autónomos la obligatoriedad de estar conformados de manera paritaria, por ello, es conocida la misma como la reforma de la “Paridad en Todo”.
Si bien existen impugnaciones a este último acuerdo, consideramos que nos asiste la razón jurídica e histórica para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea congruente con sus resoluciones en favor de la igualdad sustantiva, el principio de paridad y de la defensa de los derechos de las mujeres.
Vendrán otros acuerdos que buscan impulsar, entre otros aspectos, un equilibrio de derechos entre hombres y mujeres, como, por ejemplo, los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), o bien, los criterios sobre la reelección de diputados y diputadas también, por ambos principios.
Es hoy cuando tenemos todos y todas la oportunidad de generar condiciones de igualdad; es este momento cuando, entre todos y todas, debemos eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sólo así viviremos en una auténtica democracia.
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