VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), CARLA HUMPHREY JORDAN, EN EL FORO 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA
…por supuesto a nivel federal y de las entidades federativas.
En el marco de lo que estamos tratando de hacer a partir de estas dos reformas importantes les diría que, la primera, la reforma de Paridad Total, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del año pasado, hace este reconocimiento en a ampliación del principio de paridad, que solamente se reconocía primero en la dimensión vertical y horizontal, pero solamente en primer lugar para el Poder Legislativo Estatal y el Poder Legislativo de la Unión.
Y fue con base en sentencias y resoluciones jurisdiccionales como se amplió también a las presidencias municipales para que fuera también paritarias de manera horizontal.
La siguiente lámina, por favor, Esther.
En abril de este año, como ya refería la diputada Almaguer, se aprobó una de las reformas históricas que buscamos mujeres de todos los partidos políticos, de la academia, de diferentes digamos profesiones, funcionarias públicas, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia política en razón de género.
Se presentaron más de 40 iniciativas y fueron necesarias más de ocho años para lograr tener un marco que protegiera a las mujeres contra la violencia política en razón de género.
Esto implicó modificar seis leyes generales, dos leyes federales para justamente atender este fenómeno de violencia política en razón de género, con un tema muy importante que fue el tema que detuvo la reforma durante muchos años y que fue el tema de la tipificación de la violencia política.
Y, claramente, para decirlo con todas sus letras, la administración anterior de este país no quería, bajo ninguna circunstancia reconocer el tipo penal de violencia política y, por tanto, muchas mujeres que estuvimos incluso ayudando a redactar algunas de las reformas, creíamos que no tenía sentido si no había un tipo penal y sanciones penales para las personas que cometieran violencia política en razón de género, porque entonces nos íbamos a quedar en un nivel en el que iba a haber responsabilidades, iba a haber alguna que otra sanción, pero que, de verdad, no iba a inhibir a violencia política que vivían y viven en las campañas.
México se inscribe, además, en una serie de países, que sólo somos cuatro, en la que tenemos leyes, también de paridad, pero también para proteger a las mujeres en materia de violencia política en razón de género a través de tres vías: la penal, la electoral y la administrativa.
Como parte de la reforma que les comentaba, el artículo 44 de la LGIPE establece como obligación del Instituto Nacional Electoral emitir unos lineamientos para que los partidos políticos interioricen procedimientos internos, órganos internos, sanciones, responsables, otorgar medidas cautelares y resolver y proteger a las mujeres violentadas dentro de sus propios partidos políticos; es decir, es una primera ventanilla de acceso para aquellas mujeres que se sientan y que estén violentadas en sus derechos dentro de sus propios partidos políticos.
Por tanto, estableciendo este mandato y, también, obviamente, en varios artículos de la Ley General de Partidos Políticos y, también, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, aprobamos hace, me parece yo creo un poco más de un mes, aprobamos estos lineamientos que es un cuerpo, me parece muy completo de lineamientos para, bueno, ahí dice, se aprobó el 28 de octubre y que, también llevó a un trabajo importante de platicar con las representaciones de los partidos políticos, porque no quiere decir que no estén de acuerdo con las reformas, pero siempre creo que el discurso de género queda muy bien hacia afuera, hacia los medios de comunicación, hacia reuniones púbicas, ero cuando se trata de interiorizarlos y de aplicarlos, entonces siempre nos encontramos las mujeres con muchas barreras para poder ejercerlos y defenderlos.
Construimos, entonces, estos lineamientos, también de la mano con los partidos políticos a los que les sometimos a su consideración un documento ya terminado para recibir observaciones, y tuvimos un par, dos por lo menos reuniones con partidos políticos: una a la que muy claramente se convocó a las mujeres que estuvieran a cargo de los mecanismos para el avance de los derechos de las mujeres que estuvieron a cargo de los mecanismos para el avance de los derechos de las mujeres en los partidos políticos, porque no siempre son escuchadas sus aportaciones dentro de cómo debe resolverse el tema, tanto del ejercicio de derechos de las mujeres, como de violencia política en razón de género.
Creo que tuvimos importantes avances, importantes observaciones que fuimos introduciendo al documento, pero la estructura de estos lineamientos consta de ocho capítulos para construir un documento integral que sirva como instrumento de protección para las mujeres dirigentes, representantes, militantes, afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas y, también, a mujeres que desempeñen un cargo, empleo o comisión que hayan sido postuladas por un partido político en particular para que tengan un medio de defensa y unos órganos a los cuales acudir para la defensa de sus derechos.
Me parecen entre loe elementos más importantes de estos lineamientos: primero, la obligación de los partidos políticos de dar atención a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género bajo determinados principios. El primero el del debido proceso, dignidad, debida diligencia, máxima protección, imparcialidad, igualdad, no discriminación y profesionalismo.
También, se estableció como obligación de los partidos políticos: promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus estatutos, en los tres documentos básicos: en los estatutos, pero, también, en la declaración de principios y, también, en los programas de trabajo.
Como tercer punto que me gustaría resaltar son acciones específicas que tienen que llevar a cabo los partidos políticos para erradicar a violencia política en razón de género, como, por ejemplo, crear campañas con enfoque de género y capacitar a la estructura de sus partidos políticos en temas de prevención, atención, erradicación de la violencia política; es decir, se quiere, con este tema, sensibilizar a todas las y los integrantes de los partidos políticos de qué es la violencia política, cómo se vive la violencia política, cómo se ejerce la violencia política y cómo se deben atender los casos de violencia política.
Por esto, también se contemplan acciones para la igualdad al interior de estas instituciones como integración paritaria de órganos, que ahora la mayoría de los estatutos de los partidos políticos ya las contemplan y, establecimos un artículo, creo que uno de los principales temas con los que se violenta a las mujeres que quieren ejercer su derechos político-electorales es que no se les da acceso a los mismos recursos económicos que para los hombres, para el tema de sus campañas, y tampoco, para el mismo acceso a radio y televisión.
Por tanto, se estableció que al menos el 40 por ciento del financiamiento público que recibe el partido político tendrá que ser destinado a campañas de mujeres y el mismo porcentaje en espacios en radio y televisión para las campañas de mujeres.
Esto siempre ha sido un tema muy relevante porque comúnmente lo que hacían los partidos políticos es postular a las mujeres, pero obviamente sin darles recursos económicos, y sin darles los mecanismos y herramientas para que la ciudadanía las pudiera conocer y pudiera votar por ellas.
Considero, además, que muy importante, como ya dije, que estos lineamientos que ya fueron aprobados por el Consejo General de manera unánime, sean comunicados a todas las mujeres de todos los partidos políticos porque es importante decir que tienen que tener, con estos lineamientos se orden que tenga órganos específicos para tratar la violencia de género, no pueden ser los órganos intra partidarios, tienen que ser órganos distintos, tienen que tener órganos de asesoría también, que asesoren a las mujeres violentadas en lo que tienen qué hacer, y que tienen que tener siempre este mecanismos de comunicación con las secretarías o con los mecanismos de las mujeres dentro de los propios partidos políticos.
Entonces, creemos que este tema de que los partidos eroguen recursos hubo un planteamiento, recuerdo muy bien, una pregunta, respecto a si toda esta estructura para atender la violencia política se tendría que pagar con el tres por ciento del financiamiento público que los partidos políticos tienen que destinar para capacitación y liderazgo de mujeres.
Y sí Nayma, la misma cara puse, no puede ser que me estén preguntando esto. La respuesta es evidentemente no. Lo tienen que pagar con financiamiento ordinario, porque es una de sus obligaciones legales y constitucionales defender, bueno, erradicar, sancionar, reparar y eliminar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género.
Por tanto, no, ese tres por ciento se seguirá dedicando a lo que tiene que dedicarse, a lo cual tendremos todos que estar muy vigilantes. Y esto tendrán que hacerlo con recurso ordinario.
Establecer todos estos órganos y, además, tener a personas capacitadas en cómo tratar a una mujer víctima de violencia política para no revictimizarla, y para no minimizar cualquiera de las cosas que una mujer violentada esté denunciando.
Y el caso del que hablaba también la diputada Almaguer es un caso que surgió precisamente, creo una de las consecuencias más importantes de tener ahora sí una legislatura de la paridad como se anuncia, es que hemos tenido acciones como mucho más concretas a favor de las mujeres.
Y las consecuencias han sido palpables, una de ellas la aprobación de la reforma total, de paridad total, en 2019; la segunda, este cúmulo de reformas para proteger a las mujeres en contra de la violencia política en razón de género.
En este sentido, las mujeres diputadas de distintos partidos políticos estaban queriendo presentar una iniciativa para que las y los candidatos que se quisieran postular a un cargo de elección popular tuvieran que firmar, y aquí traigo a colación algo que recordamos de elecciones anteriores, que se llamada “3 de 3 contra la corrupción”, ahora se llama “3 de 3 contra la violencia”.
Con la finalidad de determinar que aquellas personas que se estén postulando cuenten, o no hayan sido sancionados o condenados -ahorita les digo exactamente cuáles son los tres temas- pero lo que queremos aquí, o lo que me parece importante resaltar es que junto con esta acción de “3 de 3” la Sala Superior nos obliga a construir unos lineamientos para crear o constituir un reglamento, un registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género.
Éste va a ser un reglamento, o es ya, porque empezó su vigencia desde el 7 de septiembre, es un registro público, es un registro que está alojado, o estará alojado en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.
Que tendrá que ser alimentado por todas las autoridades electorales de todo el país. Que tendrá que estar actualizado y con información veraz y oportuna.
Porque esto es uno de los elementos centrales que tendrá que tomar cualquier autoridad a la hora de analizar si una persona cumple o no con un requisito para ser postulado a un cargo de elección popular.
Y en el caso, el antecedente es la Sala Regional Xalapa, cuando determina que un hombre no cumple con uno de los requisitos para ser postulado a un cargo de elección popular, al no tener un modo honesto de vida por haber sido sancionado ya por cometer violencia política en contra de una mujer, de una regidora, creo que era éste el caso.
Entonces, es una de las sentencias importantes de la Sala Superior, porque nos hace tener esta información a todas las autoridades electorales, actualizada, para saber si una denuncia que a lo mejor se presentó en Oaxaca, no, la misma persona ya violentó a alguien en Yucatán, para saber cuáles son, tanto las mujeres violentadas, como las personas que las están violentando, cuáles son las razones.
E, incluso, crear estrategias y medidas de protección adecuadas a los contextos en los que se está cometiendo la violencia política. No es la misma violencia la que se comete en Oaxaca, o en Chiapas, que la que se comete en la Ciudad de México, por ejemplo.
Entonces, nuestra obligación como autoridades electorales es revisar este registro para ver si una persona está registrada, determinar la causa, que ahí vendrá, y con base en eso hacer un análisis para ver si esta persona puede o no ser postulada para un cargo de elección popular.
Los partidos, además, están obligados a resolver mediante estos lineamientos, pues todas las quejas y denuncias que se presenten en materia de violencia política contra las mujeres.
Y, como les decía, contar con personal capacitado, con organismos encargados del ejercicio de la protección de los derechos, con órganos encargados de proporcionarles asesoría, orientación y acompañamiento.
Y también les tendrán, establecimos, que tendrán que otorgarle medidas cautelares o de protección si las propias mujeres, primero las cautelares las solicitan, o las de protección, si la autoridad cree conveniente solicitarlas, y que vamos a crear estos mecanismos y estos convenios para que sean los partidos políticos con los que directamente puedan solicitar estas medidas de protección.
Los partidos, además, creo que el tema ya central al que quería llegar es justamente el tema de “3 de 3 contra la violencia”, que es un tema que, en primera instancia lo redactamos como una obligación para que los partidos políticos revisaran los antecedentes de las personas que querían postular, y debido a que hay registros, por ejemplo, de deudores alimentarios, o de personas sancionadas o condenadas por distintos delitos, pues que ellos tuvieran esta obligación de revisar a quiénes son las personas a las que están registrando.
Porque creo que el fin último es uno, o serían dos, uno, elevar la calidad de representación de las personas que ocupan estos espacios públicos, y la segunda, estamos queriendo generar un país libre de violencia para las mujeres, en donde la violencia política es una parte importante, pero sólo una parte de la violencia de género que se comete en contra de las mujeres.
Por tanto, hicimos, digamos, nuestra esta propuesta que traían, o que tenían legisladoras de distintos partidos políticos, y dada la reacción de los partidos, de cómo les estábamos exigiendo un requisito adicional, que no viene establecido en ley, y que cómo le iban a hacer para revisar el antecedente de la gente a la que estaban registrando, en fin.
Quedamos, o se quedó la redacción como un formato, bajo protesta de decir verdad, y firmado de buena fe, en el que tienen que señalar que no tienen antecedentes de denuncia, investigación y procesamiento, o no haber sido condenado-sancionado por violencia familiar o doméstica en el ámbito público-privado, no contar con antecedentes de denuncia, investigación y procesamiento, no haber sido condenado-sancionado por delitos sexuales y contra la libertad sexual y la intimidad corporal. Y, tercero, no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso que atente contra sus obligaciones alimentarias.
Este es un gran paso, porque creo que frecuentemente, le decía a la diputada Almaguer, y me parece que también Rogelia tú hacías referencia a esto en un principio, a que muchos hombres, o la mayoría, cuando acceden al poder se olvidan de sus obligaciones, sienten que ya tienen una protección, que las mujeres ya están en una situación de desventaja y, por lo tanto, simple y sencillamente les da igual las obligaciones a las que tenían que hacer frente.
Yo creo que en nuestro país no queremos personas, porque desafortunadamente no sólo los hombres violentan políticamente a las mujeres, también las mujeres violentan políticamente a otras mujeres.
Y yo creo que esas personas que tengan estos antecedentes no pueden ocupar un cargo de elección popular. Particularmente creo dos cosas. Uno, lo hicimos bajo protesta de decir verdad, porque como bien saben, una declaración en falso ante una autoridad distinta a la judicial es un delito, y nosotros daremos cuenta de que se está cometiendo un delito, porque se está declarando en falso.
Y, además, estamos estableciendo mecanismos para que nosotros también podamos revisar, no podemos revisar todo, pero de manera aleatoria estos registros para ver si las personas que quieren los partidos registrar como candidatos o candidatas aparecen algunos de estos registros.
Me gustaría registrarlos todos, pero si estamos hablando de más de 21 mil cargos de elección popular, por 10 partidos políticos, pues es una labor titánica que por el momento queremos hacer de manera muestral, importante para ver que están declarando con veracidad, pero también que sepan y que sepan muy claramente que, si están cometiendo un delito por una declaración en falso, se dará vista a la autoridad competente por la comisión de este delito.
Entonces, como decía, estableceremos este formato para que cada aspirante lo firme y el partido político lo entregue, como parte de la documentación que tiene que entregar, para ver si un candidato o candidata cumple con otros de los requisitos, por ejemplo, residencia o, por ejemplo, si nació o no en la entidad federativa o en el estado, o en donde sea.
Éste será otro de los papeles, digamos, otro de los requisitos que tienen que estar incluidos en el grupo de papeles y de documentos que tienen que presentar para registrar a cada uno de los candidatos.
Desde mi opinión, se trata de elevar los estándares de ética, responsabilidad pública y de exigencia ciudadana, de criterios hacia las autoridades, que seamos mucho más estrictas en quiénes pueden acceder a esos cargos, no nada más porque queremos, sino porque nos merecemos un país en que las mujeres no seamos violentadas, en primer lugar, pero también un país libre de violencia en general, no sólo contra las mujeres, sino en general y, pues la idea central justamente es no dejar desprotegidas a las mujeres en entidades en las que sufren violencia a pesar de los avances jurídicos, porque hay casos emblemáticos que todos conocemos aquí, por ejemplo, una legislación de avanzada, como la de Chiapas en materia de protección de derechos de las mujeres y fue, creo que de las primeras en incluir la violencia de género en la Constitución; son de las mujeres más violentadas políticamente.
Y, un estado como Nuevo León que, simple y sencillamente se negó a armonizar su legislación local con las reformas constitucionales y legales federales y que la Sala Superior le tuvo que ordenar hacerlo de forma inmediata y para que las mujeres se quedaran sin esta protección, le ordenó al OPLE establecer unos lineamientos con los parámetros de ambas reformas para que las mujeres de Nuevo León tuvieran la protección de estas dos normas; es decir, pudieran ser postuladas de manera paritaria, pero también competir en escenarios y en contextos libres de violencia.
Por lo tanto, además, esta sentencia fue notificada a todos los OPLEs con la finalidad de que, si alguno se encontraba en un estadio similar, pudiera accionar esta misma vía para que la Sala Superior pudiera resolver en ese mismo sentido.
Es importante señalar que las sentencias últimas de la Sala Superior, creo que han sido una buena noticia en general, les comentaba dos: una que nos obliga a crear este Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, otro que ordena al Congreso de Nuevo León a emitir la armonización de forma inmediata y, al OPLE a crear estos lineamientos para la protección de mujeres, pero está cambiando la forma en la que se desahogan y se llevan a cabo estos proceso de defensa de las mujeres.
Y, en primer lugar, y lo más importante es que se está revirtiendo la carga de la prueba; una mujer violentada no debe probar ahora que ha sido violentada, sino la persona a la que ella acusa de haber cometido violencia política contra ella, tiene que demostrar que no ha cometido violencia política contra la mujer que lo está denunciando y esto me parece central porque cambia todo el escenario de hacer a la mujer la que está obligada a probar, a tenerla como víctima, por tanto, como una personas protegida y, por tanto, cómo el violentador o el supuesto violentador es el que tiene que comprobar que no ha violentado a esa mujer.
Esto me parece un cambio central en cómo estamos viendo todo y en cómo las autoridades debemos entrar, los partidos políticos, las autoridades electorales, entrar al ejercicio de estas dos reformas y de erradicar la violencia en contra de las mujeres por razón de género. Por supuesto, además se ha creado ya en todas las entidades federativas un procedimiento especial sancionador para que las quejas que se presenten ante los propios institutos nacionales o estatales, tengan una ruta para ser resueltos de forma sumaria.
Si las autoridades electorales no resuelven estos temas rápidamente, los que vamos a estar violentando políticamente a las mujeres vamos a ser nosotros, porque si una mujer está presentando una queja porque no la dejan registrarse, porque no le dan recursos, por lo que sea, que nosotros no resolvamos, nosotros le estamos quitando ese derecho si nos tardamos un año en medio en resolver una queja de estas características.
Entonces, tenemos que tener muy claro que estos procedimientos especiales sancionadores son sumarios y tienen que ser resueltos de la manera más rápida. Entendiendo, además, que nosotros solamente seremos el canal para ver si se otorgan o no medidas cautelares y de protección y que la última palabra la tendrá la Sala Regional Especializada, pero además pues estos procedimientos especiales, por ejemplo, el del INE fue diseñado con perspectiva de género, incluye análisis de riesgos, de interseccionalidad, plan de seguridad, establecimiento de víctima directas, indirectas y potenciales, tutela preventiva, reparación integral del daño, medidas cautelares y de reparación, entre otros aspectos.
Creo que la finalidad es transitar de la igualdad formal a la sustantiva y materializar las reformas en hechos y, esto es lo que creo que hicimos el viernes pasado, pues –digamos- un par de semanas muy complicadas, fueron distintos partidos políticos que, de manera, digamos, no de primera instancia apoyaban este tema de establecer paridad en gubernaturas.
Esto y, solamente muy brevemente diré que parte de una solicitud de una mujer que quiere ser candidata en una entidad federativa, que solicitó que el INE estableciera lineamientos para garantizar la paridad en gubernaturas; se contestó por un área administrativa del INE que era una cuestión de carácter local, porque eran elecciones locales, la Sala Superior revoca este oficio y ordena al Consejo General resolver el fondo del asunto.
Y, ¿qué resolvimos? Resolvimos y la diputada Almaguer no me dejará mentir, resolvimos al final que fueran al menos ocho personas del mismo género las únicas que pudieran ser postuladas en estas 15 gubernaturas; es decir, pueden ser ocho mujeres y siete hombres, o al revés.
El primer escenario que se nos planteó es que, si estábamos pensando en paridad en gubernaturas y tenemos solamente dos mujeres titulares de poderes ejecutivos: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora de Sonora que ahora sale del cargo el año que entra, entonces lo que tenemos que haber hecho en un momento, sería establecer y obligar a que todos los partidos postularan mujeres en las 15 entidades federativas.
Dado que esto iba a ser materialmente imposible, el siguiente punto era establecer entidades federativas en las que solamente postularan mujeres para que compitieran mujeres con mujeres, porque creo que sí hay una desventaja todavía en competir mujeres con hombres, por las condiciones de las contiendas, por los recursos económicos materiales, por los tiempos, por los espacios en radio y televisión; creíamos que podríamos hacer esta división, estuvimos analizando que, como les decía, si han habido nueve gobernadoras, pues 27 entidades no han sido gobernadas nunca por mujeres, entonces no teníamos un parámetro claro para dividir que en las entidades en las que ya por lo menos hubiera gobernado una mujer, en ésas pudieran postular hombres.
Establecimos también estos criterios o bloques de competitividad, como están en la ley para los distritos, para que las mujeres no sean destinadas solamente a los distritos perdedores o que tradicionalmente un partido político pierde.
Sin embargo nos quedamos con esta solución de ocho, siete y que los partidos determinen las entidades federativas en las que postularán a ocho o siete mujeres y creo que es un, como decía la diputada Almaguer, es un acuerdo histórico porque es un acuerdo que marca una línea muy clara de hacia dónde queremos ir las mujeres, de hacia dónde y cómo estamos interpretando la reforma, he escuchado voces que dicen que nos estamos extralimitando, que no estamos, que esa no es nuestra función, que estamos legislando.
Para nosotros la reforma de paridad total, la de 2019, es paridad total, es paridad en todo, no en casi todo y no en algunas cosas no y además porque el que sean cargos digamos, unipersonales, tampoco no es ningún impedimento.
En 2014, cuando se incorporó el principio de paridad a la Constitución tampoco, se acuerdan que sólo se hablaba de congresos locales, el Congreso de la Unión y se instruían a ayuntamientos. Y con base en resoluciones administrativas y sentencias se amplió para que se pudiera también implementar el principio de paridad en las presidencias municipales que también son cargos unipersonales.
Entonces creemos que no hay argumento ni de reserva de ley, porque en todo caso tendrían que haber desarrollado la normativa para que nosotros pudiéramos poner en práctica, digamos, y cumplir con la paridad en la gubernatura.
Tampoco creemos que estamos legislando, porque hemos hecho muchas veces muchos temas que desafortunadamente el Congreso de la Unión no termina en tiempo, en este caso lo tendremos que hacer con el tema de la reelección legislativa que es la primera vez que se aplica en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas y no hay regla, van a tener que renunciar o no aquellos que se quieran reelegir, van a poder hacer uso de los apoyos que tienen en el ejercicio de sus cargos, tendrán acceso a radio y televisión.
La paridad sí o sí se va a cumplir porque es un principio constitucional, de eso nos vamos a encargar claramente, pero les doy otro ejemplo, el derecho de réplica, la ley se tardó creo que entre siete y diez años y mientras tanto todas las autoridades electorales teníamos que dar y otorgar y solicitar el derecho de réplica a quien lo pidiera por alguna nota en que se dijera algo que no fuera cierto o que estuviera dañando digamos la fama pública de algún candidato o candidata, también lo hicimos para las elecciones infantiles y juveniles, también lo hicimos por sentencias judiciales a lo que llamamos la alternancia de listas o la cremallera.
Es decir, hay cualquier cantidad de casos que soportan que, y además sentencias de la Corte y de la Sala Superior, que dicen claramente que, si la Constitución no establece la forma en la que deben implementarse y la ley no ha sido aprobada, la autoridad electoral tiene que establecer los mecanismos, los lineamientos y los criterios para cumplir con la Constitución.
Al final, nuestra obligación como autoridades electorales es cumplir con lo que dice la Constitución y para la mayoría del Consejo General del INE la paridad total es total y la paridad de las gubernaturas tenía que materializarse en esta elección. Lamentamos que no todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo, por eso hice reconocimiento al presidente Zambrano, que así lo hizo.
Uno quedó en que impugnaría y bueno todos hemos oído que a nivel federal se dice que se están estudiando las formas para combatir este acuerdo, yo creería y me hubiera gustado que un acuerdo de estas características hubiera pasado de manera unánime como un reconocimiento de todos los partidos políticos al trabajo de sus mujeres, de las mujeres que están ahí, que están capacitadas, que además somos más de la mitad de la población, que quieren seguir colaborando en los partidos políticos, que quieren ser tomadas en cuenta para espacios de decisión pública y que están perfectamente capacitadas para ello.
Yo creería que un partido político que apoya a las mujeres no impugnaría un acuerdo en el que simple y sencillamente se le dice postula siete u ocho mujeres de 15 gubernaturas, me parece que todos los partidos tienen mujeres aptas y calificadas para este cargo y me parece que los deja un poco mal plantados a ellos, decir lo vamos a impugnar porque no nos parece, porque a nuestro juicio legalmente no es atribución del INE.
Perdón, las mujeres siempre hemos tenido que estar una y otra vez defendiendo nuestros derechos, yendo a cortes, yendo a tribunales, yendo a institutos electorales para que se nos reconozcan nuestros derechos y creo que es momento, además, de que los propios legisladores reconozcan que en ninguna parte de esa reforma se dice que no se van a aplicar para los cargos unipersonales. Por tanto, el INE y las autoridades electorales en el país estamos haciendo lo que nos corresponde y estamos cumpliendo con una obligación constitucional que tenemos.
Y concluyo con esta frase que me parece muy buena porque creo que esto es lo que tenemos que hacer: Lo que no se reflexiona no se visibiliza y lo que no se visibiliza no se resuelve.
Y qué quiero decir con eso, que no sólo basta con que nosotros aprobemos al interior de partidos o al interior de organismos, de institutos estatales electorales o el nacional o los tribunales, tenemos que dar a conocer a las mujeres que tienen estos derechos, que pueden defenderlos, que tienen que exigirlos porque si no se van a quedar en letra muerta.
Estas reuniones que podemos hacer ahora gracias a la tecnología las tenemos que hacer más seguido, con más constancia, con más elementos, con más datos de cuántas candidatas se han registrado, qué tipo de violencia han sufrido, si no han sufrido violencia.
Me gustó mucho que, al día siguiente, el lunes siguiente de que aprobamos este acuerdo en paridad, de paridad total en gubernaturas, ya había un escrito público de 50 mujeres postulándose para las gubernaturas en estas 15 entidades.
Entonces, el pretexto de los hombres o el patriarcado de los partidos políticos de no tienen mujeres, no tienen ningún sustento y además pues creo que es momento de mujeres, las elecciones en el mundo y las lecciones que han dado de capacidad en el mundo las mujeres que han gobernado otros países, pero además por ejemplo ahora con toda seguridad tenemos la primera vicepresidenta mujer en Estados Unidos, creo que habla de este empuje que estamos teniendo todas las mujeres que tenemos que seguir apoyándonos juntas, que tienen que denunciar, mujeres denuncien, las mujeres muchas veces están muy amenazadas y amedrentadas para no denunciar, pueden hacerlo si ellas autorizan que otra persona lo haga en su nombre.
Pero es importante el litigio estratégico, es importante la denuncia, porque antes de 2014 parecía que si uno quería competir por un cargo esas eran las condiciones y que la violencia política en razón de género ni siquiera existía.
Entonces, me gustaría concluir esto con decir que nos tenemos que ver más seguido, que tenemos que organizar más de estos encuentros virtuales en que estén mujeres de distintos partidos, del mismo partido, distintas consejeras, vaya, nos tenemos que unir todos en este frente nacional para garantizar la paridad y para erradicar la violencia política en razón de género.
Y eso es un trabajo de autoridades electorales y también de partidos políticos y también de ciudadanas y ciudadanos y creo que ese frente común es muy importante en esta elección.
Yo lo dejaría hasta aquí y me quedo por supuesto escuchando a la consejera y por si hay alguna pregunta también.
Muchas gracias, Rogelia, gracias Nayma.
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