Garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales, es un gran paso. | Carla Humphrey
La igualdad de derechos entre hombres y mujeres están consagrados tanto en la Constitución Política como en diversas leyes en nuestro país. Sin embargo, el camino para alcanzar dicha igualdad sustantiva ha sido complicado, largo y lleno de obstáculos.
Apenas hace 67 años se reconocieron en nuestra Carta Magna los derechos de las mujeres de votar y ser electas. No obstante, las mujeres nunca tuvieron un auténtico impulso en el registro de candidaturas y mucho menos en la representatividad en cargos de elección popular. En 67 años desde que nos fueron reconocidos estos derechos, solamente 7 mujeres han sido electas gobernadoras y 2 con carácter provisional. La evidencia de los datos impone la necesidad de avanzar en implementar de manera exitosa la reforma para que más mujeres ocupen estos espacios.
Fue hasta la reforma constitucional en materia política y electoral de 2014 que el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, que representó el primer cimiento sólido para garantizar la integración de más mujeres en espacios de decisión pública.
En junio de 2019 se da otro impulso importante con una reforma constitucional conocida como «Paridad en Todo», cuyo objetivo es la ampliación del principio de paridad para todos los órganos del Estado, en los tres órdenes de gobierno, los órganos autónomos y los sistemas normativos con el objetivo de generar un equilibrio de géneros en los espacios de poder.
Con estos antecedentes y en razón a una solicitud de una ciudadana aspirante a candidata a gobernadora por el Estado de Michoacán, de organizaciones sociales como Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional, Litigia, y Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, así como con base en un Amicus Curiae enviado y signado por egresadas y egresados de la VII promoción de la maestría en derechos humanos y democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y 152 personas aliadas, y derivado de un juicio ciudadano (SUP-JDC-2729-2020) resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó someter a la consideración del Consejo General un proyecto de acuerdo para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021.
En este sentido, la argumentación central de este proyecto de acuerdo se basa en lo siguiente:
· Toda vez que al tratarse de cargos unipersonales que se disputarán en 15 entidades federativas para el proceso electoral 2020-2021 y en razón de que los organismos públicos locales electorales no cuentan con la atribución que les permita garantizar la postulación paritaria de mujeres, el Consejo General del INE, en uso de sus facultades implícitas como autoridad nacional electoral desde la reforma constitucional de 2014, garantizará el principio de paridad en su dimensión horizontal en la renovación de gubernaturas.
· El INE determinará la forma en la que deberá materializarse la paridad en la postulación de las candidaturas a las 15 gubernaturas en juego el año que entra.
· Con el propósito de que los criterios tiendan a lograr la mayor paridad posible de géneros, de las 31 gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el INE se pronuncia a favor de garantizar que un máximo de 8 de las 15 gubernaturas los partidos políticos y coaliciones postulen candidaturas de un mismo género. Al respecto es importante referir que actualmente, de las 32 entidades federativas, sólo 2 mujeres ocupan la titularidad del Poder Ejecutivo: Sonora y la Ciudad de México.
Con estas consideraciones, si en 8 de las 15 gubernaturas que se elegirán en 2021 son ocupadas por un mismo género, sumadas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podrían acceder más mujeres a los poderes ejecutivos de las entidades federativas, con lo cual, se obtendría apenas un 28% de estos cargos sean para mujeres, reduciendo con ello la brecha desigual que ha existido entre hombres y mujeres en los cargos de representación política.
Si la paridad fuera total, las postulaciones a las 15 gubernaturas deberían ser ocupadas solo por mujeres. Las medidas tomadas por el INE son históricas, pero graduales y responsables y tomando en consideración las opiniones de los partidos políticos que postulan a las y los ciudadanos a los diversos cargos de elección popular.
Con esta determinación el INE se constituye como punta de lanza hacia una auténtica igualdad sustantiva. No obstante, muy probablemente este impulso, sin precedentes, podrá ser recurrido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendrá la última palabra.
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