La consulta popular, al igual que el plebiscito, el referéndum, la llamada consulta ciudadana o la iniciativa popular son mecanismos de participación política donde la ciudadanía se involucra directamente en la toma de decisiones, reivindica el poder y representa un incentivo para involucrar a la ciudadanía en asuntos públicos de notable relevancia e interés común.
A pesar de que es una práctica común en otras naciones, en México se realizará por primera vez una consulta popular el próximo domingo 1° de agosto de 2021, justo 55 días después de la Jornada Electoral del 6 de junio. Por mandato constitucional, el Instituto Nacional Electoral será la única instancia encargada de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de este ejercicio cívico sin precedentes en la historia democrática del país.
Sin duda alguna, la organización de la consulta popular implicará desafíos significativos, ya que la misma debe contar con los parámetros de calidad y certeza que el Instituto siempre ha brindado en todo tipo de ejercicios democráticos, es así que el conocimiento institucional acumulado desde hace décadas, la trayectoria de un personal altamente calificado, especializado y comprometido con el quehacer democrático del país respaldará la realización de este ejercicio. Asimismo, se cumplirán al pie de la letra todos los estándares técnicos necesarios, además de múltiples tareas de planeación similares a los de una elección federal.
La opinión ciudadana que se emita el primer domingo de agosto tendrá que formularse bajo los mismos principios del voto; es decir, de manera libre, directa y secreta, pero además aplicando las medidas sanitarias necesarias para evitar al máximo el riesgo de contagio del virus COVID-19.
Para cumplir con esta encomienda constitucional, el pasado 28 de octubre, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Cámara de Diputados y Diputadas la cantidad de mil 499 millones 392 mil 669 pesos adicionales al anteproyecto de presupuesto aprobado el 26 de agosto pasado, puesto que esta actividad no se encontraba prevista en ese momento.
Con la finalidad de optimizar recursos, entre otras medidas, hemos previsto que, en las 104,667 casillas que hemos proyectado instalar, se reutilicen materiales electorales de la Jornada Electoral previa. Asimismo, cada una de las mesas directivas de casilla se integrará por tres funcionarios en lugar de seis, quienes de manera voluntaria accederán a participar en este ejercicio. Es muy importante señalar que los recursos solicitados son los mínimos indispensables para llevar a cabo la organización de la consulta popular y sin ellos tendríamos serias dificultades para realizar todas las actividades que este tipo de ejercicios implica.
Al igual que para una elección, tendremos que determinar en dónde se ubicaran las casillas, el diseño de las papeletas y los mecanismos de seguridad que habrán de tener; además, deberá planearse una campaña de difusión para promover, informar e invitar a la ciudadanía a que participe en la consulta y vigilar que ninguna otra persona física o moral contrate propaganda en radio o televisión para influir en la opinión de la ciudadanía.
Así, la organización de esta primera consulta popular sentará las bases necesarias para el desarrollo y organización de próximos mecanismos de participación directa. No puede haber democracia sin la participación informada y decidida de la ciudadanía, por lo que también será un reto y una responsabilidad compartida asegurar que cada vez más mujeres y hombres se involucren en los asuntos públicos del país, pues ello representa una oportunidad para que las mexicanas y mexicanos incidan directamente en las decisiones que afectan el rumbo de nuestra nación.
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