VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA, EN EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO
Hace poco más de 67 años, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en la Constitución, y con ello, se dio un paso fundamental hacia la universalización del sufragio, el cual constituye un requisito indispensable para que una nación que aspira a hacerlo pueda ser considerada democrática.
Con ello, se eliminó esta ominosa condición de estatus de la ciudadanía que era la condición de género.
La lucha por la democracia, históricamente se ha traducido en la lucha por la expansión de los derechos políticos, eliminando condiciones inaceptables en un régimen constitucional de derechos.
De hecho, tuvieron que transcurrir más de seis décadas, varias reformas constitucionales y legales y una amplia relación de resoluciones administrativas y jurisdiccionales que fueron creando un ecosistema normativo e institucional más adecuado para que la igualdad de derechos de mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos políticos se reflejara tanto en la competencia por los cargos de elección como en la integración de los órganos de representación política del Estado mexicano.
Permítanme mencionar de manera telegráfica las principales adecuaciones institucionales que han conformado ese ecosistema más favorable para la participación política de las mujeres en nuestra democracia.
Las reformas de 1993 y 1996, incluyeron recomendaciones de cuotas de género en las candidaturas a los partidos sin efectos vinculantes para ellos.
La reforma de 2002 dio inicio a la obligatoriedad de cumplir con las cuotas de género y sirvió de base para el acuerdo del IFE, entonces, para establecer el método de cremallera en la integración de las listas de representación proporcional.
La reforma 2007-2008, retomó el método de cremallera en la propia ley, lo llevó a la ley, elevó a 60-40 la cuota en las candidaturas y obligó a los partidos a destinar el dos por ciento de su financiamiento a la postre éste se convertiría en el actual tres por ciento para la promoción política de las mujeres.
La trascendental resolución 12/6/24 del 2011 del Tribunal Electoral, dispuso que estas cuotas fueran obligatorias sin excepciones, es decir, con ello se logró promover y ejercer la democracia interna sin que ésta se convirtiera una excusa para cumplir con las cuotas, hoy con la paridad.
La reforma constitucional y legal de 2014, consolidó el ciclo evolutivo de las acciones afirmativas y sustituyó el sistema de cuotas por un sistema paritario con base constitucional, otorgando además facultades a las autoridades electorales para garantizar su aplicación.
La reforma constitucional de 2019 estableció la lógica de la paridad en todo, llevando a la Constitución muchas de las acciones afirmativas que desde los órganos electorales habíamos venido empujando.
Y, finalmente, la reforma del 13 de abril de este año abrió las puertas para que todo el aparato del Estado y de manera particular los órganos que integramos el Sistema Nacional de Elecciones, nos volquemos para prevenir, inhibir y, en su caso, perseguir las conductas que impliquen violencia política contra las mujeres por razón de género.
Un fenómeno que, como una triste paradoja de los logros conseguidos en la construcción de una democracia paritaria, se ha incrementado a la par de las conquistas políticas de las mujeres en los años recientes.
Con estos cambios institucionales y la proactiva labor de las autoridades electorales a través de múltiples acciones afirmativas, en 2018 alcanzamos la paridad en todas las candidaturas, pero además la paridad en la representación política.
Pasamos así de la paridad en las postulaciones a la paridad en los espacios representativos, es decir, en la representación.
Se integró así la primera legislatura paritaria de nuestra historia a nivel Federal y en las 32 entidades del país el fenómeno se replicó.
Además, se configuró un modelo que ONU-Mujeres ha definido como la fórmula mexicana de impulso a la paridad que ha sido un referente en toda América Latina.
Es claro que nos falta mucho para lograr una nación 50-50 anhelada, tan anhelada, pero los logros debemos celebrarlos sin por ello bajar la guardia.
Por ello, en el marco del Proceso Electoral más grande de nuestra historia, debemos elevar el contexto de exigencia tanto a las instituciones como a los partidos y actores políticos, así como a los medios de comunicación tradicionales y digitales para que la paridad legislativa se constituya en un piso, en un punto de partida para avanzar hacia la paridad en todo y evitar que la paridad legislativa pase a la historia como logro efímero temporal de nuestra democracia.
Elevar el contexto de exigencia en clave de paridad, debe de ser uno de nuestros propósitos durante el proceso electoral que está iniciando.
Ante el incremento de la violencia política por razones de género que se ha dado como una reacción a la mayor participación política de las mujeres y, también, como se ha mencionado a consecuencia del confinamiento instruido con motivo de la pandemia.
A pesar de los innegables avances que podemos celebrar en esta materia, vivimos pues, una grave y preocupante paradoja, a la par de los logros alcanzados, a la par del progresivo y consistente avance de la participación política de las mujeres y de las condiciones con las que la misma se iba dando, aumentó, hay que reconocerlo, también de manera inversamente proporcional, la violencia política, y no solo también la violencia física y la psicológica en su contra.
A mayor participación de las mujeres, pues, de mayores espacios para su actuar político, también se incrementó la violencia contra muchas de quienes se atrevían a ejercer a plenitud sus derechos.
Esto revela la profundidad del problema, el hecho de que este fenómeno no es solo jurídico y político, sino que se encuentra profundamente arraigado en las prácticas y costumbres cotidianas.
Demuestra, dicho de otro modo, que esta batalla no es solo jurídica y política, sino que tiene una dimensión cultural.
Son cotidianas las muestras de ello, queda claro que ésta es la nueva frontera, el delicado reto que tenemos enfrente como sociedad y como democracia que aspira a consolidarse y a convertirse a un auténtico estado de derechos.
El acuerdo que hoy estamos conociendo y que aprobaremos camina en esa ruta, pretende establecer las bases y las condiciones, así como los contextos de exigencia a los partidos políticos para que su ámbito sea la primera trinchera interna desde la cual se combata la violencia política contra las mujeres por razón de género, porque hay que reconocerlo con autocrítica y más allá de los discursos, es en ése, ése es un terreno si bien no único, sí uno en donde ocurren muchos de los episodios de violencia en contra de ellas.
Este acuerdo, por otra parte, se funda en el mandato que a este Instituto le hace la reforma de abril pasado y aterriza muchas de las previsiones de la misma.
Por otra parte, refleja el claro y contundente compromiso de este Instituto en la construcción de una sociedad paritaria y sin violencia, que no es otra cosa más que una sociedad más democrática.
Hemos dicho que las elecciones constituyen una escuela de democracia, en tanto los ciudadanos y las ciudadanas se involucran en la vida pública, ejercen su derecho a informarse y a decidir y se practican valores como la tolerancia, la inclusión, el respeto y el pluralismo.
En este sentido, nos toca hacer de este proceso electoral el mayor curso sobre la paridad de género, sobre la igualdad de hombres y mujeres y sobre la necesidad de que, en este México plural y diverso quepamos todas y todos en absolutamente todos los ámbitos, con nuestras diferencias y disensos.
Por ello estoy convencido que, para consolidar los logros en la materia de paridad, inclusión e igualdad de derecho entre hombres y mujeres, tendremos que avanzar en tres ejes articuladores:
Primero, consolidar la fórmula mexicana de impulso a la paridad para que no haya marcha atrás en este segundo.
Segundo, dar especial atención a la renovación de los ayuntamientos para avanzar en una paridad que, si bien está garantizada por las sentencias del Tribunal, en ese ámbito, aún dista de concretarse.
Y tercero, es concretar ese pacto político al que llegaron los diversos partidos en el Congreso y que plasmaron en la reforma de abril pasado, que es también, hay que reconocerlo, un compromiso que han hecho con la sociedad y con la democracia en los hechos.
La construcción de la democracia es una obra colectiva, nos toca a todas y todos cuidarla, y a todas y a todos generarnos contextos de exigencia. Esto es lo que estamos haciendo con este acuerdo.
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