VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 31 DE LA SESIÓN ORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RECURSOS ADICIONALES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE ESTE INSTITUTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR EL 1 DE AGOSTO DE 2021, CON EL OBJETO DE SOLICITAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEA CONSIDERADA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
El pasado 22 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el Decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular propuesta por el titular del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, mismo que fue notificado a este Instituto Nacional Electoral y cuya convocatoria respectiva fue publicada justamente el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación.
Esta consulta, como recordarán, fue declarada constitucionalmente válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se llevará a cabo tal como lo establece el artículo 35 constitucional el primer domingo de agosto de 2021.
Esto quiere decir que dos meses después de las elecciones federales y locales del 6 de junio, volveremos a instalar casillas para recibir en esta ocasión el voto de la ciudadanía que desea participar en esta consulta.
De esta manera, el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración tiene como propósito especificar las necesidades materiales y presupuestales de las distintas áreas del Instituto, involucradas en la Consulta Popular y solicitar la previsión presupuestal necesaria para hacerla posible.
Creo que es pertinente recordar que el pasado 26 de agosto cuando este Consejo General aprobó la propuesta, el proyecto de presupuesto que fue remitido a la Secretaría de Hacienda para que fuera incorporado de manera intocada al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que hoy está discutiéndose en la Cámara de Diputados, la consulta que hoy nos ocupa ni siquiera había sido planteada por parte del titular del Ejecutivo al Senado de la República.
Como resultado de diversos análisis hechos por las principales áreas del Instituto, se concluyó que para realizar la consulta sin afectar las actividades del Proceso Electoral ya en curso y que estaban debidamente presupuestadas, insisto, antes de saber que la consulta se llevaría a cabo, es necesario solicitar recursos adicionales por un monto de mil 499 millones 392 mil 669 pesos.
Este acuerdo implica hacer la solicitud presupuestal respectiva a la Cámara de Diputados, en donde, como mencionaba, está en análisis la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 y que contiene el Anteproyecto de Presupuesto del INE aprobado, como mencionaba, en agosto pasado y que, por las razones expuestas, obviamente no preveía los montos necesarios para la realización de esta Consulta Popular.
Es muy importante destacar que el proyecto que se somete a consideración de este Consejo atiende estrictamente el mandato de realizar la consulta con los parámetros técnicos y profesionales que caracterizan a esta Institución.
Es decir, los estándares de calidad en los procesos que lleva a cabo el INE, no se verán afectados a pesar del ejercicio de contención de los recursos que estamos colocando sobre la mesa.
Sin embargo, todas las áreas involucradas, atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la Jornada Electoral del 6 de junio.
Algunas de las medidas con este propósito, que la diferencia en que diferencian lo que estamos planteando para la consulta respecto de un proceso electoral constitucional en los términos establecidos por la legislación vigente, son instalar 104 mil 667 casillas, cada una con una dotación de mil 500 boletas en lugar de las 164 mil 550 casillas con una dotación máxima de 750 boletas que se instalarán en la jornada electoral del 6 de junio; es decir, 60 mil casillas menos.
Dos, integrar las mesas directivas de casilla con un número menor de personas, esto es: tres funcionarios en lugar de seis como ocurrirá el 6 de junio.
Tercero, recurrir a las y los ciudadanos ya capacitados para la jornada electoral del 6 de junio; es decir, que quienes sean funcionarios de casilla en la Jornada Electoral del 6 de junio, sean invitados para integrar las casillas el 1° de agosto, lo que generará ahorros al no tener que llevar a cabo una nueva insaculación, una nueva visita domiciliaria del 13 por ciento del Listado Nominal; es decir, más de 12 millones de personas, ni una capacitación integral como si se tratara de un proceso electoral desde cero.
Cuarto, reutilizar los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo eventualmente solo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el día posterior a la elección y el 1° de agosto del 21.
Quinto, realizar los cómputos distritales conforme vayan llegando los paquetes electorales a partir de la misma noche del domingo 1° de agosto, disminuyendo así en dos días los trabajos del Instituto y la consecuente contratación del personal.
Sexto, derivado precisamente del planteamiento anterior, también podremos prescindir de la realización de un Programa de Resultados Electorales Preliminares por los resultados de los cómputos oficiales en los distritos del Instituto, irán fluyendo en los consejos distritales, irán fluyendo en un sistema que los hará público, conforme se vayan generando.
Séptimo, finalmente, la impresión de las papeletas para la consulta en donde será realizada en un papel distinto al papel seguridad que por mandato legal implican las boletas en la jornada electoral de la elección, sin menoscabo de los mecanismos de seguridad que en la impresión puedan incorporarse, insisto, no en el papel, pero sí en la impresión.
En el proyecto, se propone, como decía, un gasto total de mil 499 millones de pesos que es una cifra mucho menor a los 8 mil 169 millones de pesos que costará llevar a cabo el proceso electoral de próximo año de principio a fin, y que es, lo subrayo y lo digo de manera enfática, para evitar cualquier tipo de confusión, es ésta, la que he mencionado, mil 499 millones de pesos, es la única cifra oficial que el Instituto Nacional Electoral ha dado hasta el momento a conocer y dará a conocer sobre los costos de este ejercicio de participación ciudadana a tendiendo por supuesto, lo que disponga en su momento la Cámara de Diputados.
Insisto, cualquier otra cifra es una cifra no oficial y que no ha sido generada por el Instituto Nacional Electoral, esta es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral pone sobre la mesa de la opinión pública la cifra del costo de la consulta popular. No hay otras cifras que se están modificando, ésta es la cifra, las otras son especulación pública, no son datos oficiales y en Instituto Nacional Electoral no las ha generado y las desconoce en toda su línea.
Y, por cierto, es muy importante aclarar también, para evitar confusiones, que quienes integrarán las mesas directivas de casilla serán ciudadanos voluntarios como ocurre, por cierto, siempre en los procesos electorales federales, quienes recibirán contarán los votos de sus vecinos.
Finalmente, quiero agregar que el Instituto Nacional Electoral cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de consulta popular en la historia constitucional del país, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
Acataremos estrictamente el ordenamiento establecido en el artículo 35 constitucional para la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de dicha consulta, así como la difusión y promoción de la participación ciudadana que la Constitución establece como atribución exclusiva del INE en los tiempos y medios establecidos en la ley.
Asimismo, seremos vigilantes del cumplimiento de los propios ordenamientos constitucionales por parte de todos los actores políticos, quienes deberán respetar las reglas electorales y las restricciones establecidas en nuestro modelo de comunicación política, tanto en el proceso electoral 2020-2021, como en el periodo de campaña, más bien de difusión, previsto para la consulta popular que, por cierto, iniciará hasta después de la Jornada Electoral del 6 de junio.
Está colegas, a su consideración el proyecto de acuerdo.
-o0o-