VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO ÚNICO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO
Buenas tardes
El pasado jueves 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular propuesta por el titular del Poder Ejecutivo y se ordena la expedición de la convocatoria respectiva.
Por cierto, el día de hoy fui notificado por parte de las cámaras de dicha convocatoria.
Como todas y todos ustedes saben, esta Consulta Popular se llevará a cabo el primer domingo de agosto del 2021 por mandato constitucional. Así lo establece nuestra Carta Magna y así lo plasmó el Legislativo en el acuerdo aprobado tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados y que fue remitido a esta institución.
Esta Consulta, como recordarán, también fue declarada constitucionalmente viable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque con una modificación importante a la pregunta originalmente sugerida por el Presidente de la República.
Quiero mencionar, también, que con independencia de este procedimiento, justo en estos momentos el INE lleva a cabo la revisión de otras dos solicitudes de Consulta que, aunque son muy similares en su temática y contenido, deben ser procesadas conforme a lo que establece la Constitución y ley.
Estas peticiones nos llevaron a conformar grupos de trabajo que, como les decía, justo en estos días está llevando a cabo la revisión y cotejo de aproximadamente 2.5 millones de firmas en un caso, y casi 400 mil en el otro.
Esta ardua labor, que implica destinar personal, recursos y tiempo del Instituto Nacional Electoral durante aproximadamente dos meses, derivará finalmente en una nueva revisión por parte de la Corte sobre la constitucionalidad de la pregunta propuesta, con un resultado, asumo por las temáticas coincidentes presumiblemente similar al de la Consulta promovida por el Ejecutivo, pero sobre eso, esta institución no tiene por qué especular.
Pero independientemente de esos procedimientos –y de los comentarios que ya hemos hecho aquí sobre la pertinencia de revisar la ley aprobada por el Poder Legislativo en materia de Consulta Popular y el orden de sus procedimientos–, el hecho es que hoy estamos ya frente al mandato legal de organizar una Consulta Popular, en los términos que establece el artículo 35 de la Constitución, es decir para el próximo 1º de agosto de 2021.
Es decir, dos meses después de las elecciones federales y locales del 6 de junio, volveremos a instalar casillas, ahora para recibir el voto de la ciudadanía para desahogar esta Consulta Popular.
De esta manera, el proyecto de acuerdo que estamos conociendo en esta sesión extraordinaria urgente de la Junta General Ejecutiva, tiene como propósito especificar las necesidades materiales y presupuestales de las distintas áreas del INE involucradas en la Consulta Popular y solicitar el aumento del monto presupuestal originalmente solicitado, recuerden ustedes que cuando el 26 de agosto pasado, el Consejo General aprobó el presupuesto para el año 2021, ni siquiera se había presentado al Senado de la República, la propuesta de parte del Ejecutivo Federal de realizar la Consulta Popular, así que evidentemente no estaba contemplado en el monto solicitado.
Como resultado de los diversos análisis hechos por las principales áreas del INE, se concluyó que para realizar la consulta popular el primero de agosto de 2021, sin afectar las actividades del INE durante el proceso electoral ya en curso, es necesario solicitar recursos adicionales por un monto de mil 499 millones 392 mil 669 pesos. Creo que aquí hay un ajuste respecto al proyecto que se presentó, le pediría al secretario que haga la precisión específica, pero estamos hablando de mil 500 millones de pesos.
Este acuerdo, que de aprobarse hoy será sometido el próximo miércoles al Consejo General, implica hacer la solicitud presupuestal respectiva, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Cámara de Diputados, donde como todos sabemos ya está en análisis la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que contiene la solicitud de presupuesto formulada por el INE en agosto pasado y que, como es obvio, no preveía la realización de la Consulta Popular.
Es necesario destacar que el proyecto que se somete a consideración de esta Junta General Ejecutiva atiende estrictamente el mandato de realizar una Consulta Popular con los parámetros técnicos y profesionales que caracterizan a esta institución.
Es decir, los estándares de calidad en los procesos que lleva a cabo el INE no se verán afectados.
Sin embargo, todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación hecha, tanto por la Presidencia del Consejo como por la Secretaría Ejecutiva, de reducir al máximo los costos de la Consulta, tomando medidas de ahorro y considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral y podrán funcionar también para la Consulta Popular.
Algunas de las medidas planteadas con ese propósito y que la diferencian de, perdónenme, el monto que mencioné es exactamente el monto que está en el proyecto de acuerdo mil 499 millones 392 mil 699 pesos con 67 centavos.
Algunas de las medidas que se van a realizar en este ejercicio y que difieren de la organización de la elección. Es decir, aquellos elementos que van a significar ahorros significativos y que hemos decidido que esta institución lleve a cabo para disminuir el monto solicitado son:
- Que vamos a instalar 104 mil 667 casillas, recibiendo en cada una, mil 500 boletas, mil 500 potenciales electores; en lugar de las 164 mil 550 casillas que se instalarán en la jornada electoral del 6 de junio con 750 boletas como máximo, en cada uno de estos centros de votación. Es decir, más de 60 mil casillas menos.
- Integrar las Mesas Directivas de Casilla con un número menor de personas; esto es, tres en lugar de seis funcionarios de casilla.
- Recurrir a los ciudadanos ya capacitados para la jornada electoral del 6 de junio, lo que nos va a permitir generar ahorros al no tener que llevar a cabo una nueva insaculación, una nueva visita del 13 por ciento del Listado Nominal, del Padrón Electoral, ni una capacitación integral, como si fuera un nuevo proceso electoral.
- Reutilizaremos los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo sólo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el 7 de junio y el primero de agosto de 2021, es decir, el día de la realización de la consulta.
- Se está proponiendo también realizar los cómputos distritales en la misma noche de la jornada de la Consulta, y no el miércoles posterior como ocurre durante una elección, con lo cual no solamente ahorraremos tiempo, sino además volveremos innecesaria la realización de un Programa de Resultados Electorales Preliminares, porque el cómputo distrital va a sustituir a dicho programa y además vamos a ahorrar dos días, que no son menores de contratación de personal como si fuera una elección.
Se está proponiendo también que el proyecto implique un gasto, que es una cifra radicalmente menor a los 8 mil millones de pesos, más de 8 mil millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso electoral de principio a fin–, distribuido en cuatro grandes rubros, correspondientes a las cuatro áreas del Instituto directamente involucradas en la organización de este proceso de consulta:
Un total de 886 millones de pesos requeridos por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; 599.9 millones de pesos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 8.5 millones por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y 4 millones 400 mil pesos por la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Finalmente, quisiera agregar que el Instituto Nacional Electoral cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de Consulta Popular, el primero de nuestra historia, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
Acataremos, lo digo desde ahora, estrictamente el ordenamiento establecido en el artículo 35 constitucional, para la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de dicha Consulta. Así como la difusión y promoción de la participación ciudadana en la misma, en los tiempos y los medios establecidos en la ley.
Asimismo y concluyo, seremos vigilantes del cumplimiento de los propios ordenamientos constitucionales, entre ellos, por ejemplo, la prohibición constitucional de emisión de propaganda gubernamental de todo tipo, desde el momento de la emisión de la convocatoria y hasta la realización de la Consulta, como lo prevé el artículo 35 constitucional y las restricciones establecidas en nuestro modelo de comunicación política, tanto en los tiempos de precampaña y campaña del Proceso Electoral 2020-2021, como en los tiempos de promoción de la Consulta Popular.
Está a su consideración el proyecto de acuerdo.
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