VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL POSICIONAMIENTOS CON RELACIÓN A LOS COMPROMISOS Y RETOS DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO ANTE LA DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 67 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO
Moderadora: Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan al evento conmemorativo del Sexagésimo Séptimo Aniversario del Voto de las Mujeres en México. “Los compromisos y retos para garantizar el sufragio de las mujeres ante la discriminación, violencia y contingencia sanitaria”.
Les informamos que este evento se transmite en vivo a través de las redes sociales oficiales del Instituto Nacional Electoral, INE México en Twitter y Facebook, e INE TV en YouTube.
También a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Twitter TEPJF y @tepjf_informa, y en YouTube youtube.com/tepjf.
Para el desarrollo de los posicionamientos con relación a los compromisos y retos del voto de las mujeres en México ante la discriminación, violencia y contingencia sanitaria con los que se inauguran los trabajos de este evento conmemorativo en línea, agradecemos la presencia del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdova Vianello; de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputada Dulce María Sauri Riancho; y, del Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Agradecemos a todas y a todos por seguir esta transmisión, de manera especial gracias a integrantes del Consejo General del INE, de la Junta General Ejecutiva, al personal de las juntas locales y distritales, de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
Para dar inicio, damos la palabra a la Diputada Dulce María Sauri Riancho.
Diputada Federal Dulce María Sauri Riancho: Muy buenas tardes.
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral; magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; consejeras y consejeros del INE; magistradas y magistrados, así como también a todas aquellas y aquellos que se han conectado a este evento conmemorativo de los 67 años del voto de las mujeres.
Permítanme, en primer lugar, reconocer al INE por el esfuerzo para hacer realidad la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.
Como ustedes saben, su propósito central es contribuir decididamente a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito del poder político.
Reconocemos también el compromiso asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos políticos de las mujeres, con la medida especial adoptada para la conformación de un registro nacional de personas que han perpetrado actos de violencia política por razón de género. Por esa determinación, el INE habrá de integrar un directorio como una medida preventiva que permita brindar mayor protección a las mujeres.
Apoyamos plenamente la iniciativa 3 de 3, la cual sin duda contribuye a la prevención de la violencia política, pero no solo eso, esas conductas inadmisibles contenidas en la iniciativa 3 de 3, ciertamente vulnera el derecho de las mujeres a la libertad y a la vida libre de violencia, pero no se restringe en el ámbito político.
Esto es así porque los agresores no actúan selectivamente, en muchos casos son los mismos agresores que afectan y vulneran los bienes jurídicos que debe tutelar el Estado, el de las familias a una sana convivencia y el de la libertad y la seguridad sexuales.
Son quienes actúan en los hechos de trabajo y suelen ser los mismos que en su momento violentaron a sus compañeras en los espacios escolares o académicos, porque estamos frente a una cultura que ha naturalizado la violencia.
Ahora de lo que se trata es de impedir que quienes aspiren a un cargo público de elección o por designación y tengan antecedentes, denuncias o sentencias, ya sea como deudores de pensión alimenticia, como acosadores, o hayan ejercido algún tipo de violencia en razón de género, incluso en el ámbito familiar, puedan seguir ejerciendo actos de violencia en las contiendas electorales o en el desempeño de sus cargos públicos.
Se trata de una iniciativa de garantía de no repetición y de prevención secundaria.
El ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres pasa por el férreo compromiso de las instituciones del Estado para protegerlos y para garantizar la interdependencia con otros derechos humanos de las mujeres que se vulneran cuando la discriminación y la violencia están presentes en sus vidas.
Sabemos que este es un problema estructural, pero él vio un équite ápice de responsabilidad al estado mexicano. La garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está vinculada directamente con la igualdad de género, por ello la legislatura de la paridad se ha empeñado en poner en el centro de su agenda a la igualdad sustantiva.
La violencia es el rostro visible de la discriminación. Las mujeres que aspiran a cargos públicos y aquellas que ya lo ejercen se enfrentan cotidianamente a la discriminación estructural.
Este tiempo de pandemia nos ha dejado muy claro que, en situaciones de crisis, las mujeres recienten más sus efectos.
El derecho al sufragio de las mujeres no puede darse por sentado cuando se tiene enfrente una serie de restricciones y cargas de trabajo no pagado adicionales, que muchas mujeres se están enfrentando ahora que se han convertido en asistentes escolares, en enfermeras domésticas, en cuidadoras de doble tiempo completo.
No podemos ignorar que parte de esa violencia y discriminación de las que estamos hoy aquí hablando, se practica también limitando la posibilidad de ejercer el voto activo, suprimiendo la posibilidad de la construcción de una idea o toma de posición sobre una preferencia electoral.
Los poderes del Estado tienen la obligación de actuar sin dilación como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y al deber ineludible de remontar la discriminación y la violencia institucional.
Y tenemos que hacerlo por todos los causes, con imaginación y creatividad, son nuevos tiempos que exigen nuevas respuestas. ¿Cómo hacer para que las candidatas puedan equilibrar de alguna manera su vida familiar, demandante como no había ocurrido en mucho tiempo por los efectos de la pandemia, con sus aspiraciones políticas?, esto es algo que no podemos ignorar.
Estos cuestionamientos nos conducen al núcleo duro de la desigualdad, al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, a ese trabajo que ya el INEGI nos ha dicho que, de comprarse en el mercado, significa nada más y nada menos que alrededor de 18 por ciento de Producto Interno Bruto. El total de esa estimación es de 24 por ciento, y de ese porcentaje, las mujeres realizan el 75 por ciento.
Se trata de una deuda del Estado con las mujeres, de una discriminación institucional que incluso está ignorando los efectos de la pandemia al no tener una respuesta medianamente a la altura del desafío que le impone la carga adicional de trabajo doméstico y de cuidados a las mujeres.
En el ámbito del ejercicio de los derechos políticos, se requiere de los liderazgos femeninos en los procesos de elección popular, pero también en el desempeño de los cargos públicos, una poderosa razón que muestra la urgencia de contar con una política nacional de cuidados.
Las mujeres que buscan participar en la política se enfrentan a una discriminación estructural que aún pervive del quehacer del estado, no son solo las leyes y las normas, son también las formas como se interpretan o ignoran los preceptos normativos cuando se diseñan y ejecutan las políticas públicas y en la forma en las que se fijan las prioridades del gasto público.
Aquí mismo, en la Cámara de las Diputadas y los Diputados, son las mujeres quienes han ocupado principalmente estos desafíos, como ocurre en la mayor parte de los países, por ello, se vuelve imprescindible apuntalar nuestra democracia efectiva y el desarrollo sostenible con los liderazgos de las mujeres en el ámbito político.
La tarea no es sencilla, impone progresividad, pero también, un sentido de urgencia en la eliminación de los obstáculos que enfrentan la mayoría de las mujeres, que la conmemoración del 67 Aniversario del sufragio femenino sea ocasión para reafirmar la voluntad, para seguir desmontando obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres y oportunidad de refrendar nuestro compromiso hacía la igualdad sustantiva.
Muchas gracias.
Moderadora: Muchas gracias, Diputada.
Para continuar damos el uso de la voz al Magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Muy buenas tardes, saludo con mucho afecto a la estimada Diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, y a mi querido amigo Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
También, a mi querida amiga Mónica Aralí Soto Fregoso, compañera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las estimadas consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala, Adriana Favela, Nadine Gasman, Presidenta de Inmujeres, la saludo con muchísimo afecto, a Belén Sanz y alcanzo a ver, discúlpenme si incurro en alguna omisión, pero a veces la pantalla nos lleva a desorientarnos en cuanto a las participaciones, espero no ser omiso.
E iniciaría señalando que estoy convencido de que para todas y todos los integrantes de una sociedad democrática sigue siendo un imperativo fundamental fortalecer el enfoque de género, aplicar el principio constitucional de paridad en todo y erradicar la violencia política en contra de las mujeres.
En la Sala Superior del Tribunal Electoral somos conscientes de que la violencia que se ejerce contra las mujeres en el contexto político es una grave violación a sus derechos humanos, ya que le restringe sus opciones y limita su capacidad para participar e influir en los espacios en donde se toman las decisiones.
Como sabemos este año y el próximo tenemos que responder al reto de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres antes, durante y después de las elecciones.
Ante la evidencia del impacto de la epidemia de COVID-19 en los procesos electorales, según se ha confirmado en diversos países y en particular ya en los comicios locales en Coahuila e Hidalgo, desde luego, debemos redoblar los esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación política en contra de las mujeres, la cual se ha agravado en condiciones de pandemia.
Ante ello, debemos estar conscientes de que las brechas de participación política pueden ampliarse.
Deseo aprovechar este momento para hacer un reconocimiento a las y los legisladores por haber aprobado la iniciativa de prisión preventiva oficiosa para los feminicidas, es una muestra más de que se sigue trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres.
Igualmente, es el momento para reconocer a las mujeres que el día de ayer participaron en los comicios de Coahuila e Hidalgo, y que integraron más de la mitad de las respectivas listas nominales; dieron un gran ejemplo al acudir, también a sufragar a las urnas electrónicas instaladas como premonición del futuro que ya está a la vuelta de la esquina.
Desde luego, sabemos que esta gran participación nos permite avizorar que México puede superar esta crisis derivada de la pandemia. Es una gran experiencia que, desde luego, el INE ha aprovechado, ha trabajado con mucha madurez, con mucha visión de futuro y que, desde luego, permite también avizorar que estaremos ante las elecciones 20-21 con una visión de organización y de participación en una crisis que se ha agravado por esta situación de salud y que, desde luego, tenemos instituciones como el INE, como el Tribunal Electoral que han sabido enfrentar en estos tiempos de riesgo.
También, en este momento quiero recordar la contribución del Tribunal Electoral a la lucha por la igualdad política de género, ya se refería que sus sentencias y sus criterios han sido emblemáticos para avanzar en la lucha por la igualdad.
Deseo puntualizar que hemos aprobado también, en algunos asuntos, medidas cautelares ya para que las autoridades sin mayor dilación tomen las medidas necesarias para proteger la integridad y seguridad física de las mujeres, cuando así se justifica, a fin de que mientras se resuelve el fondo del asunto se encuentren protegidas y, en su caso, aquí se evita la posible violencia política de género en su contra.
Somos uno de los pocos países en Latinoamérica, y en ese sentido hago un reconocimiento a nuestras legisladoras y nuestros legisladores, que ya tiene una normativa específica para proteger a las mujeres por violencia política de género.
Conforme a una sentencia relevante, ya se mencionaba por la Diputada Sauri Riancho que aprobamos en meses pasados, sostenemos la constitucionalidad de ordenar la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política de género, con el deber indudable que es acorde de todas las autoridades de erradicar esa violencia política en contra de las mujeres.
En este sentido, consideramos que no se trata de una doble pena, y que sí tiene como efecto buscar ser disuasivos de posibles agentes generadores de violencia.
Recordemos que esto no es nuevo en el diseño normativo y jurisdiccional en México, tenemos ya un registro de personas que han sido o han vulnerado sus deberes como servidores públicos a personas que han vulnerado los temas de obligaciones alimentarias, de tal suerte que nosotros consideramos que no estábamos en presencia de una doble pena, una doble sanción y sí con autorización que permite la disuasión en el tema de las obligaciones de las autoridades a que se refiere el artículo 1° constitucional.
También, en este caso, consideramos que esta lista que presenta una acción afirmativa y una garantía de no repetición a cargo del Poder Judicial de la Federación con el objeto de eliminar la discriminación y violencia existente en contra las mujeres, y evitar tales actos en el futuro.
Incluso en una resolución más reciente, hemos ordenado a un Presidente municipal que garantice la reparación inmediata y no material a través de atención médica y psicológica para rehabilitar a una regidora a la que hizo víctima de violencia política por ser mujer. Y se ordenó, además, también que se implementara un programa integral de capacitación y sensibilización a los funcionarios que estuvieron involucrados en esos hechos.
Mantenemos la política judicial en relación con la omisión legislativa, según lo resolvimos en el caso del Congreso en Nuevo León.
Debo recordar que existe una obligación constitucional para implementar la armonización legislativa en materia de violencia política de género, que aún no ha sido cumplido en su totalidad, desafortunadamente, por muchos congresos locales.
Nosotros consideramos que es necesario avanzar hacia esta armonización legislativa, y consideramos una omisión por parte del Congreso de Nuevo León, y hemos sido avanzando en ese sentido, en relación con otras entidades federativas.
En este caso, además maximizamos los derechos e instrumentamos al Instituto Electoral Local para que ahí emitieran los lineamientos o normas de carácter reglamentario sobre aquellas materias exclusivamente para los comicios en curso.
Ahora bien, nuestra puesta para seguir garantizando la igualdad a través de nuestras sentencias, requieren trabajos institucionales específicos, que son adicionales para que éstas lleguen a consolidarse.
Proponemos algunas acciones en materia de paridad sustantiva, en particular, en tiempos de COVID-19.
¿Qué es lo que haremos en la dimensión jurisdiccional? Aquí estamos pensando en diseñar e implementar de inmediato una amplia campaña de difusión y sensibilización de los criterios judiciales con enfoque de género, y esto hacerlo en coordinación con instituciones como las que hoy concurrimos a esta conmemoración.
En esa campaña, estamos pensando en dedicar un espacio especial para el aprendizaje práctico del uso de los medios digitales y accionar el juicio en línea en defensa de los derechos políticos de las ciudadanas, juicio en línea que ya tenemos implementado y autorizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Por otra parte, también pensamos en la dimensión no jurisdiccional ampliar, desarrollar y promocionar más espacios de diálogo político plurales, que permitan integrar y visibilizar la perspectiva democrática en las propuestas de las mujeres desde un enfoque de género y derechos a través de las distintas plataformas que tenemos en el Tribunal Electoral.
En el ámbito administrativo, desde luego, las mujeres contarán con todo el apoyo de la Sala Superior para hacer exámenes y generar personas habilitadas a fin de participar en los espacios jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación, privilegiar el desempeño de las mujeres, y con esta doble obligación que ha surgido a través de esta pandemia, y establecer grupos que permitan la protección desde luego, de la salud en el desempeño jurisdiccional y administrativo de quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral y sus Salas Regionales.
En el marco de esta celebración debo señalar que invito a todas las mujeres del país involucradas en el proceso electoral, que no cejen el empeño de convertirse en protagonistas, deben estar seguras de que los organismos electorales en general y en el Tribunal Electoral en particular, tendrán una instancia que les apoye, les ampara y les protege en el ejercicio de sus derechos humanos.
Muchas gracias.
Moderadora: Muchas gracias, magistrado.
Finalmente damos la palabra al doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Saludo con mucho afecto y agradecimiento por acompañarnos en esta celebración a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a mi estimada amiga, la diputada Dulce María Sauri Riancho.
Saludo también al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a mi estimado Magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Saludo también a la Magistrada Mónica Soto, que nos acompaña con su presencia en las reflexiones que tendrán lugar a lo largo de esta jornada de celebración. Por supuesto, a la titular de ONU Mujeres, Belén Sanz; aliada incansable y socia estratégica del Instituto Nacional Electoral en la causa de una democracia paritaria.
Por supuesto, a Nadine Gasman, compañera, todavía Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres antes del relevo que tenemos previsto para dentro de algunas semanas; y, por supuesto, a mis colegas, las consejeras electorales Carla Humphrey, Adriana Favela, Claudia Zavala, y si no me equivoco ya está también por acá Dania Ravel. En fin, a todas las compañeras consejeras y compañeros que aliados de esta causa concretizamos en el Instituto Nacional Electoral no solo un mandato constitucional, sino, también, una convicción democrática, entre ellos, al señor Secretario Ejecutivo el licenciado Edmundo Jacobo.
Saludo también a nuestra encargada de la Unidad de Género, a Flor López, en fin.
A todas, a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración.
Esta conmemoración del sexagésimo séptimo Aniversario del Voto de las Mujeres, tiene una relevancia especial.
En primero lugar, porque es una oportunidad para reflexionar sobre lo mucho que hemos avanzado en la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
En segundo lugar, porque coincide con la celebración apenas ocurrida hace una semana de los 30 años de creación el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y nadie podría negar que el entorno del desarrollo de nuestra democracia, en buena medida se logró generar a través del trabajo de esta institución de arbitraje electoral, junto con la instancia jurisdiccional, el TRIFE primero, el Tribunal Electoral después, que permitió lograr el mayor impulso a la participación política de las mujeres.
Y, en tercer lugar, porque este festejo se da en las semanas de inicio del proceso electoral que será el más grande y complejo de nuestra historia, y que culminará en la jornada comicial del 6 de junio del próximo año, misma que este proceso pondrá a prueba la madurez democrática, tanto de los actores políticos, como de la ciudadanía, así como los avances alcanzados en nuestro país en materia de paridad.
Hace 67 años se reconoció el derecho de las mujeres a participar políticamente, a ser ciudadanas en plenitud de derechos, a votar y ser votadas y con ello se dio un paso fundamental hacia la universalización del sufragio, el cual constituye un requisito indispensable para una nación que aspira a ser considerada auténticamente democrática, con ello se eliminó esa ominosa condición de estatus de ciudadanía que eran la condición de género.
La lucha por la democracia a lo largo del mundo moderno coincide con la lucha por la expansión de los derechos políticos, eliminando condiciones inaceptables para adquirir el estatus de ciudadanía y el ejercicio en consecuencia de los derechos políticos que de éste se derivan en un régimen constitucional de derechos.
Hace 67 años nosotros comenzamos, avanzamos consistentemente en esta lucha.
La reforma constitucional de octubre de 1953 potenció las reformas visionarias que en las legislaciones locales de Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí se habían impulsado para facilitar la participación política de las mujeres, para permitir la participación política de las mujeres en diferentes ámbitos electivos de esas entidades, pero cabe señalar que esas reformas ni habían logrado estabilidad en los ordenamientos locales y mucho menos condiciones para que la competencia electoral se diera con una equidad en clave paritaria, para ello tendrían que pasar lamentablemente décadas.
De hecho, pasaron seis décadas, varias reformas constitucionales y legales y una amplia relación de resoluciones administrativas y jurisdiccionales que fueron poco a poco creando un ecosistema normativo e institucional más adecuado para la igualdad de derechos de mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos políticos y que se reflejaran tanto en la competencia por los cargos de elección, como en la integración de los órganos de representación política del Estado Mexicano.
Permítanme de manera telegráfica hacer simple y sencillamente una reconstrucción de las grandes estaciones de esta evolución, de las principales adecuaciones institucionales que han conformado ese ecosistema más favorable, aunque todavía como ya lo señalaba la Presidenta del Congreso, como lo señalaba el Presidente del Tribunal, todavía con muchos pendientes por venir.
Las reformas de 1993 y 1996, incluyeron por primera vez cuotas, primero sugerencias y luego cuotas para los géneros sin efectos vinculantes; la reforma de 2002 dio inicio a la obligatoriedad de incumplir con las cuotas de género y sirvió de base para el célebre acuerdo del Instituto Federal Electoral que estableció el método de cremallera en la integración de las listas de representación proporcional.
La reforma de 2007-2008, retomó dicho método de cremallera y lo llevó al ámbito legal, y elevó a 60, 40 por ciento la cuota en las candidaturas, obligando a los partidos a destinar el dos por ciento de su financiamiento público a la promoción política de las mujeres.
La trascendental resolución 12624 del 2011, del Tribunal Electoral dispuso que las cuotas serían obligatorias sin excepciones, promoviendo, como por ejemplo aquella que se intentó plantear; la hoy diputada Dulce María Sauri firmó un acuerdo, un largo desplegado en donde decían, “ah, dicen que no hay mujeres, aquí están listas de millares de mujeres en todos los estados para que escojan, señoras y señores dirigentes de los partidos políticos”.
Insisto, en aquella sentencia se estableció que la promoción y el ejercicio de la democracia interna no podía ser una excusa para cumplir con las cuotas hoy con la paridad.
La Reforma Constitucional y Legal de 2014 consolidó el ciclo evolutivo de las acciones afirmativas y sustituyó al sistema de cuotas por el sistema paritario con base constitucional, y otorgó facultades a las autoridades electorales para garantizar su aplicación.
La reforma de 2020, del 13 de abril de 2020 finalmente coronó, perdón de 19, coronó más de 70 años de lucha para lograr nuestro histórico anhelo de igualdad, estoy hablando de la 2019, perdónenme, para lograr nuestro histórico anhelo de igualdad de sí entre hombres y mujeres, empujando el surgimiento de un concepto muy poderoso “paridad en todo”.
Y finalmente, la reforma, aquí sí del 13 de abril de este año, abrió la puerta para que todo el aparato del Estado, y de manera particular, las instituciones que integramos el sistema nacional de elecciones, se vuelque para prevenir, inhibir y, en su caso, perseguir las conductas que impliquen violencia política contra las mujeres por razón de género, un fenómeno que como una triste paradoja de los logros conseguidos en la construcción de una democracia paritaria se ha incrementado a la par de las conquistas políticas de las mujeres en los años recientes.
Con estos cambios constitucionales y con la proactiva labor del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres, que integramos Inmujeres, el Tribunal Electoral y el INE, en 2018 alcanzamos la paridad en todas las candidaturas, pero, también, la paridad en la representación política en el ámbito legislativo, pasamos pues, de la paridad de las candidaturas a la paridad de la representación en los poderes legislativos federal y locales.
Con ello, se integró la primera legislatura paritaria de nuestra historia a nivel federal y en las 32 entidades del país se replicó este fenómeno inédito, además, logramos configurar un modelo que ONU Mujeres ha definido como la fórmula mexicana de impulso a la paridad que ha sido un referente en toda América Latina.
Es claro que nos falta mucho para lograr una nación 50-50, pero los logros debemos celebrarlos sin bajar la guardia. Por ello, de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia, el más complejo también, debemos elevar el contexto de exigencia a instituciones, partidos y actores políticos, así como a medios de comunicación para que la paridad legislativa se constituye como un piso, un punto de partida para avanzar hacia la paridad en todo y evitar así que la paridad legislativa pase a la historia como un logro efímero, temporal, de nuestra democracia.
Elevar el contexto exigencia en clave paritaria debe ser uno de nuestros propósitos durante el proceso electoral que está iniciando, ello, particularmente ante el incremento de la violencia política por razones de género que se ha dado, mucho me temo, ya lo mencionaba pero creo lo digo sin medias tintas, como lamentablemente una reacción a la mayor participación política de las mujeres y, en buena medida, también agravado como consecuencia del confinamiento producido por la pandemia que hoy nos aqueja.
Hemos dicho que las elecciones constituyen una escuela de democracia, tanto para los ciudadanos que se involucran en la vida pública y ejercen su derecho en formarse y decidir practicando valores como: tolerancia, inclusión, respeto y pluralismo, como para los actores políticos que tienen que recrear permanentemente esos valores.
En este sentido, nos toca hacer del proceso electoral más grande, el mayor curso sobre paridad de género sobre la igualdad entre mujeres y hombres y sobre la necesidad de que en este México plural y diverso quepamos todas y todos en absolutamente todos los ámbitos con respeto y tolerancia en nuestros legítimos disensos y diferencias.
Por ello, estoy convencido que, para consolidar los logros en materia de paridad, inclusión, igualdad de derecho entre mujeres y hombres, tendríamos que avanzar en tres ejes articuladores: Un eje, es consolidar una fórmula mexicana de impulso a la paridad y no caer es esos falsos dilemas, como algunos han querido plantear, por ejemplo, entre la paridad y figuras novedosas, al menos en el ámbito federal, como la reelección de las y los legisladores.
La paridad no está contrapuesta y no se vale anteponer la reelección como un pretexto para no cumplir con la paridad. Ello, como un punto de arranque para lograr que las mujeres destaquen cada vez más y participen cada vez más en la vida.
El segundo eje consiste en dar especial atención a la renovación de los ayuntamientos, para avanzar ahí en donde tenemos, como se dice, tenísticamente, todavía una gran área de oportunidad para avanzar en una paridad que, si bien está garantizada gracias a las sentencias del Tribunal Electoral y a las normas legales en esta materia, a diferencia de lo que pasa en el legislativo, la paridad de la representación ahí sí todavía es una asignatura pendiente.
Y el tercer eje es, consolidar el mecanismo de cuotas de representación política para grupos vulnerables, en primer lugar, para las comunidades indígenas y fomentar la incorporación de esos temas como parte de una agenda, como de la agenda discursiva del proceso electoral por venir, para sensibilizar así a nuestra sociedad sobre la desigualdad que viven estas comunidades y contribuir a su inclusión.
Recordemos que la construcción de democracia es una obra colectiva, y se construye sobre una carretera de dos vías: una que avance hacia la consolidación de los principios fundamentales de las democracias constitucionales, división de poderes, controles al poder e igualdad de derechos; y otra que nos lleva de regreso y sobre las cuales se alimentan pulsiones autoritarias a lo largo y ancho del mundo que tenemos que prevenir.
Permítanme concluir con un comentario, como ya lo hacía el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, con un comentario sobre las elecciones que celebramos el día de ayer en Coahuila e Hidalgo.
Estas elecciones locales nos importan a todas y a todos los que estamos comprometidos con la recreación de la democracia, ya que representan, representaron las primeras contiendas electorales que se llevan a cabo en México desde el inicio de la pandemia. De esas elecciones quiero resaltar telegráficamente tres aspectos:
Primero, el compromiso de la ciudadanía con la democracia y con la realización de los comicios. Ese compromiso fue tal que una semana antes de la Jornada Electoral ya habíamos logrado contar con el 100 por ciento de las y los ciudadanos que necesitábamos para integrar las mesas directivas de casilla. Y ayer todas las casillas previstas se instalaron y operaron para recibir el voto de casi 4.5 millones de potenciales electores.
Segundo, los protocolos de salubridad, diseñados por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales con apoyo de expertos epidemiológicos y de salud pública, y que contaron con el respaldo de las autoridades de salud federales, garantizaron que el ejercicio del sufragio no afecte el derecho de la salud de las y los ciudadanos.
Y tercero, a las casillas acudieron los representantes de los partidos políticos de las distintas candidaturas, la inmensa mayoría de las y los funcionarios de casilla designados, fueron muy pocos los funcionarios tomados de la fila, nada extraordinario respecto a lo que han sido los procesos electorales previos, así como observadoras y observadores electorales.
Y los porcentajes de participación ciudadana son similares a los experimentados en otras elecciones y equivalentes de esas entidades.
Para decirlo de una vez, con estos resultados en términos de la organización electoral, la democracia demostró no ser una víctima más de la pandemia en esos estados, y se sientan bases ciertas como un importantísimo banco de pruebas de la actuación de las autoridades electorales de cara a la Jornada Electoral del próximo 6 de junio, y a la inminente Consulta Popular del 1° de agosto de 2021.
6 de junio de 2021, las elecciones; 1° de agosto de 2021, la Consulta Popular, para sostener que, si todas y todos la cuidamos, la democracia, la democracia también se enfrentará y superará exitosamente la pandemia de COVID-19 que se cierne sobre el mundo.
Cierro señalando que, con el compromiso de todas y todos ustedes, estoy seguro que el Proceso Electoral 2020-2021 se convertirá en un peldaño más para avanzar hacia la anhelada igualdad sustantiva y las elecciones seguirán siendo el mejor espacio para recrear nuestras legítimas y válidas diferencias, discutir las políticas públicas y avanzar en la consolidación de un México más plural, tolerante, incluyente y paritario.
Muchísimas gracias.
Moderadora: Agradecemos al Consejero Presidente del INE, a la Diputada Dulce María Sauri Riancho y al Magistrado Felipe Fuentes Barrera por aperturar los trabajos del evento conmemorativo por el 67 aniversario del voto de las mujeres en México.
Les invitamos a permanecer con nosotros, ya que en este momento daremos inicio al panel El derecho a votar de las mujeres en entornos discriminatorios y de pandemia.
Para ello, cedemos la palabra al licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quien participa como moderador.
Secretario, muy buenas tardes.
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