Largo y difícil ha sido el camino de las mujeres para ocupar cargos en espacios de decisión pública y llegar a la paridad de género que, con la reforma constitucional en materia política y electoral de 2014 se introdujo como principio a nuestra Constitución, el cual fue ampliado para que resultara aplicable a los tres Poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno, en los órganos autónomos y en los sistemas normativos, con la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2019. La primera de estas reformas permitió al Instituto Nacional Electoral (INE), con base en lo establecido en la legislación electoral, implementar criterios para garantizar la paridad en el registro de las candidaturas, entendida ésta como la igualdad sustantiva entre géneros, pero en particular, como un mecanismo para garantizar la inclusión de las mujeres en los cargos y el ejercicio del poder público.
En la elección federal de 2015, primer proceso electoral en el que las mujeres compitieron de manera paritaria en las postulaciones a los Poderes Legislativos de la Unión y de las entidades federativas, se conquistaron mayores espacios para mujeres en la integración de la Cámara de Diputados, toda vez que las mujeres alcanzaron un 42.4% de las curules, por un 57.6% de los hombres. Para la elección de 2018, las mujeres consiguieron conformar esta Cámara de manera casi paritaria, con un 48.2% de las 500 diputaciones. En el Senado de la República, por primera ocasión se aplicó el principio de paridad en la elección de 2018, por el que las mujeres ocupan poco más del 49% de los escaños.
Ante la proximidad del registro de candidatas y candidatos para la elección más grande que haya tenido nuestro país, la de 2021, el INE enfrentará enormes retos, entre ellos, garantizar la paridad de género en sus tres dimensiones –horizontal, vertical y transversal- y poner fin a la violencia política contra las mujeres en razón de género tanto en el ámbito federal como local.
Como resultado de la primera legislatura paritaria, el 13 de abril de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron distintas disposiciones a diversos ordenamientos legales, entre otros, el artículo 42, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que determinó que la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación tendrá carácter permanente.
En este sentido, el 30 de julio de 2020, el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección, aprobó la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales, entre ellas justamente la Comisión de mérito, designándome como Presidenta de la misma.
Consecuentemente, la Comisión ha trabajado para buscar que la igualdad sea efectiva no solamente en la postulación de candidaturas, sino en la representación legislativa y administrativa emanada del voto ciudadano.
Para ello, el INE ha realizado diversas acciones, entre las que destacan, la aprobación del Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de normar el trámite y sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador establecido en la legislación electoral, para casos de violencia de género.
Asimismo, y a propuesta de la Comisión que presido, el Consejo General aprobó los Lineamientos para el Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo objetivo es inhibir este tipo de violencia al hacer públicos los nombres de las personas sancionadas por violencia política y que este este Registro se tome en consideración para determinar si una persona postulada cumple con todos los requisitos para ser registrada para una candidatura a un cargo de elección popular.
Otro tema, que será fundamental es la vigilancia del cumplimiento de la paridad en la reelección legislativa, que por primera vez se aplicará en la integración de la Cámara de Diputados, para no ser excusa para incumplir con dicho principio, en virtud de que la reelección es únicamente una expectativa de derecho.
En el mismo sentido y tomando en consideración que México es un país pluricultural, se promoverán acciones afirmativas para que las mujeres indígenas tengan mayores posibilidades de ganar gobiernos municipales y espacios legislativos.
Por mencionar otro caso, entre varios más, la Comisión también analizará la viabilidad de promover la paridad en las 15 gubernaturas que estarán en disputa en la elección de 2021.
Éstas y otras acciones que desde la Comisión impulsaremos, buscarán garantizar una igualdad sustantiva entre hombre y mujeres, sin discriminación y en contextos libres de violencia, tal y como lo determina nuestra Constitución Política.
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