VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL MARCO DEL COVID-19 FRENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021
Muchísimas gracias.
Comienzo saludándolas a todas, a Natalia, a Laura, a Sandra, a Sol. Muchas gracias por acompañar esta iniciativa, por respaldar esta iniciativa y, sobre todo, este proyecto.
Y, por supuesto, a mi estimado Mario a quien veo con mucha tranquilidad, bien cansado, ya arrancó el proceso electoral también, pero bueno, lo veo bien y en forma para los meses que vienen y las tareas que nos tocará conjuntamente enfrentar.
Las saludo, de veras, con mucho afecto y agradezco mucho a las instituciones aquí representadas: a ONU Mujeres, al PNUD, por supuesto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, nuestra institución hermana en el ámbito digamos de la recreación y conducción de los procesos democráticos en la capital del país.
En nombre de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, ya aquí ha hablado mi colega, la Consejera Carla Humphrey, Presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación del propio Instituto, quiero agradecer la presentación de este proyecto para el Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres y los protocolos para su atención en el marco de la peor pandemia que haya vivido la humanidad en casi un siglo y, de frente, diría ya, de lleno en el Proceso Electoral 2020-2021, el más grande y complejo de nuestra historia que inició formalmente hace tres semanas.
Estoy seguro que la aplicación, la instrumentación de este proyecto y los protocolos aludidos, contribuirán a consolidar la paridad legislativa que hemos logrado a nivel federal y subnacional y nos ayudará a avanzar en la ruta de la paridad, todavía aún pendiente, en el que ha habido sin duda mejoras, que hay que resaltar, pero todavía hay mucho por hacer en la paridad y en la consecución de la paridad, decía, en los ayuntamientos y municipios del país.
De cara al proceso electoral, ya lo decía, más grande y complejo de nuestra historia, es necesario sumar desde ahora, los esfuerzos institucionales y de organismos regionales y multilaterales, así como de organizaciones de la sociedad para fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de elección.
Hablar de sumar esfuerzos para garantizar la participación libre y paritaria de las mujeres a unos días de haber iniciado el proceso electoral, es hay que decirlo, producto del aprendizaje institucional que hemos vivido en las elecciones que se han venido acumulando y particularmente en la elección de 2018.
Ese fue un gran año para la consecución, para la concreción de la igualdad política y de la inclusión en el contexto democrático de nuestro país.
Los comicios de 2018 nuestra nación alcanzó uno de los objetivos históricos en la lucha por la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres: la paridad legislativa, tanto a nivel federal, como en las 32 entidades federativas.
Este hecho fue posible, como lo hemos sostenido en muchas ocasiones, como lo han mencionado quienes me han antecedido esta tarde en el uso de la palabra, gracias a un cúmulo de decisiones legislativas, pero no sólo, también administrativas y jurisdiccionales que se tomaron durante varios años y que al conjuntarse con el trabajo comprometido de instituciones, de organismos, de redes de mujeres y el acompañamiento de la academia, permitieron que hoy México pueda celebrar la paridad en la representación política en el ámbito legislativo, tanto en el plano federal, como en el plano subnacional.
Entre todas las instituciones y personas que participamos, se confeccionaron bases de datos sobre la participación política de las mujeres en cada una de las entidades.
Se identificaron obstáculos normativos y especialmente -cabe señalar- que se detectó la importancia de emitir criterios y protocolos que facilitaran tanto el identificar, cómo encauzar institucionalmente las quejas sobre la violencia política en contra de las mujeres por razón de género y cómo procesarlas y atender este fenómeno que nos ofende, que nos lastima a todas y todos.
Pero de entonces a la fecha el contexto ha cambiado y lamentablemente no ha cambiado necesariamente para bien.
Aquí permítanme poner un dato de los estudios de opinión previos a la pandemia, pero que contribuye a dimensionar la importancia de priorizar la prevención, atención y sanción de quien cometa violencia en contra de las mujeres.
De acuerdo con el informe de Latinobarómetro de 2018, para el 59 por ciento de la población en la región, la violencia intrafamiliar a la que ya se ha hecho referencia esta tarde hacia las mujeres constituye el tipo de violencia que más afecta el desarrollo del país, incluso por encima de la violencia que genera el crimen organizado.
Este dato, que por sí mismo es relevante, ahora debemos leerlo a la luz del confinamiento y los efectos que trajo consigo, instruido por las autoridades sanitarias, confinamiento instruido por las autoridades sanitarias, para prevenir los contagios durante la pandemia.
El resultad es claro y lo tenemos día con día presente en los medios de comunicación y crecientemente en las calles, la violencia hacia las mujeres crece en cada momento, cada día que pasa.
Las cifras oficiales revelan que este tema, que era grave y que demandaba una atención inmediata y contundente por parte de las autoridades del Estado mexicano se ha incrementado y se evidencia hoy como uno de los problemas que más lastima y erosiona el tejido social y, con ello, la recreación de la democracia misma.
Desde mi perspectiva, todas y todos los que creemos en la igualdad de mujeres y hombres y en la convivencia en clave democrática tenemos una responsabilidad compartida para enfrentar este tipo de violencia.
La venturosa reforma de abril pasado, a la que ya se ha hecho mención en esta tarde, constituye una base central para la garantía de las mujeres que actúan en política frente a la violencia ejercida en contra de ellas por ese hecho.
De dichos cambios, se derivan una serie de responsabilidades para diversos actores públicos.
El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales tenemos un rol fundamental en la acción institucional para prevenir ese tipo de violencia, defender a las mujeres políticas que la padezcan y actuar, en consecuencia, para que no sean hechos que queden impunes o que distorsionen la libre competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales de todas.
Y en esto hay que ser claros, no es solamente un hecho inaceptable, sino que se trata de un hecho que lesiona la participación política y que agrede, en consecuencia, la libre recreación y debida recreación de la democracia.
Hoy México, hay que decirlo, vive una paradoja, bueno, hay muchas, pero una en este tema. Los logros alcanzados en la participación cada vez más importante de mujeres en la política y la consecución de una paridad en las candidaturas convertida en una paridad en la representación, trajo, hay que reconocerlo, lamentablemente como un efecto no querido, indeseado, un incremento en los casos de violencia política en contra de las mujeres.
Hemos dicho que las elecciones constituyen una escuela de democracia, en tanto los ciudadanos y ciudadanas que se involucran en la vida pública ejercen su derecho a informarse y a decidir y se practican valores como la tolerancia, la inclusión, el respeto y el reconocimiento y valorización del pluralismo político.
En este sentido, si las elecciones son una escuela de democracia, tenemos el desafío de hacer el proceso electoral en curso el más grande de nuestra historia, también el mayor curso sobre la paridad de género, sobre la igualdad de mujeres y hombres, y sobre la necesidad de que, en este México plural y diverso quepamos todas y todos en todos los ámbitos, con diferencias y disensos.
Hoy, además, esto tiene que enfrentar el desafío de un contexto adverso que la pandemia de COVID-19 implica la obligación de repensarnos y de recrear los modos de la convivencia pacífica, incluyente y tolerante que supone el vivir en una democracia constitucional.
En ese sentido, el desafío que tenemos todas y todos es que, ni la democracia, ni los derechos, ni las conquistas alcanzadas en la construcción de una sociedad plenamente paritaria y todos los desafíos que faltan, pero las conquistas alcanzadas sean otra de las víctimas de la pandemia.
Concluyo gradeciendo una vez más la oportuna presentación de este proyecto, arranca el proceso electoral, se detona este proyecto que acompañará, como ya se decía, las fases más importantes, las que anteceden propiamente la contienda política de las elecciones que culminarán el próximo 6 de junio.
Pero, sobre todo, agradezco la confianza con la que, a través de este proyecto y muchas otras iniciativas, pero en esta ocasión a través de este proyecto, nuevamente depositan en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en el INE.
Estoy seguro de que el mismo contribuirá a la construcción de un México incluyente y paritario y que refuerza la colaboración con instancias que para nosotros no solamente son aliadas estratégicas, sino instituciones que son protagonistas, lo han sido y lo seguirán siendo, sin duda, de la recreación democrática de nuestro país.
Muchísimas gracias.
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