VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO A LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRESENTARON SOLICITUD FORMAL PARA OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2019 A FEBRERO DE 2020
Comenzamos la sesión de hoy de este Consejo General con un asunto muy importante de cara al arranque formal del Proceso Electoral 2020-2021, y que nos propone, nos pone a consideración la Comisión de Fiscalización.
Se trata precisamente del Dictamen Consolidado elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, derivado de la revisión de los Informes de Ingreso y Gasto que presentaron las siete Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como partido político nacional.
Como todas y todos saben, el proceso de constitución de nuevos partidos políticos es una puerta que se abre cada seis años en el sistema político mexicano, en donde es el apoyo ciudadano el que determina qué organizaciones políticas obtienen su registro; de la misma manera en la que, en cada elección federal, es la misma ciudadanía la que decide, con su voto, qué partidos lo mantienen y qué partidos pueden llegar a perderlo.
El proceso de constitución de nuevos partidos políticos en este nuevo ciclo inició desde febrero de 2019 y, en estricto sentido, debió culminar hace algunos meses, es decir, hacia finales de junio de este año. Pero, como sabemos todos, todas, las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19 obligaron al INE a suspender plazos e interrumpir temporalmente algunas actividades y procedimientos.
Uno de los asuntos más importantes que se vieron pausados por la pandemia fue precisamente este, el de la revisión de las solicitudes de registro que, después de un largo proceso iniciado originalmente por más de 100 organizaciones ciudadanas, pudieron formalizar, preliminarmente, sólo siete de las mismas el pasado mes de febrero.
Entre la revisión exhaustiva de los requisitos que realiza el INE para otorgar el registro a una organización como partido político nacional, un procedimiento clave es precisamente el que conocemos, el de la fiscalización de sus ingresos y gastos.
Y debo señalar algo, esta es la primera fiscalización bajo las reglas aprobadas en la reforma de 2014, con las que se está auditando a organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos.
La última vez que se abrió esta puerta, hace 6 años, y que permitió que tres nuevas organizaciones obtuvieran su registro, se hizo al amparo y bajo los procedimientos de revisión de las reglas de fiscalización previas a la de la reforma de 2014, de acuerdo con el mismo régimen transitorio, así que es una novedad el conjunto de procedimientos, criterios que hoy se están aplicando y que son, sin lugar a dudas, perfectibles, como se ha dicho, necesariamente perfectibles, diría yo, complementando lo que han planteado, tanto el diputado Marco Gómez como la consejera Humphrey, que han sido acompañados por varios. Pero, mucho más estrictas que las que habían sido aplicadas en los casos anteriores.
Y es que esa esa es la historia de la fiscalización, una historia de paulatino fortalecimiento, robustecimiento de las capacidades fiscalizadoras de la autoridad electoral y, también, de la capacidad de auditoría y de las exigencias a las que los entes auditados están siendo sometidos.
Sin duda, insisto, falta mucho por hacer y este es un terreno en el cual difícilmente podremos poner un punto final en cuanto a las normas y las capacidades de fiscalización de la autoridad.
Y es que la fiscalización se ha convertido en una de las piezas fundamentales de nuestro sistema electoral, pues garantiza cereza, transparencia, legalidad, equidad y rendición de cuentas en la contienda política.
Desde hace ya dos décadas, cuando el entonces IFE se investigaban casos célebres como Pemexgate y Amigos de Fox, la autoridad electoral dejó clara la importancia de regular la relación siempre conflictiva entre dinero y política.
La manera en la que se financian los partidos políticos, las agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos que hacen política, y la forma en la que son fiscalizados esos recursos por la autoridad revisten la mayor importancia; es decir, la probidad en las conductas financieras de los actores políticos que gravita directamente sobre su credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía y en el sistema y el buen funcionamiento del sistema democrático.
Por eso, como solía decir el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, “la fiscalización por su propia naturaleza es y debe ser odiosa”. Mucha agua ha pasado bajo el puente si lugar a dudas desde que comenzaron a instrumentarse las primeras atribuciones en materia de fiscalización en la reforma ya lejana de 1993, cuando solamente se podía revisar aquello que los partidos informaban, no se podría ir más allá del dicho de los propios partidos.
Sin lugar a duda, como decía, hoy, más de un cuarto de siglo después, hay todavía mucho por mejorar, pero hoy la fiscalización es un ejercicio robusto y consistente como lo revela el dictamen, los dictámenes que hoy conocemos.
Lo que hoy va a resolver este Consejo General no es un asunto menor. Se trata, ni más ni menos, que la valoración hecha por la Unidad Técnica, de la Unidad, de la valoración técnica hecha por la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de las conductas financieras de aquellas organizaciones que aspiran a obtener un registro para insertarse en ese sistema democrático.
La Unidad revisó los 14 informes mensuales presentados por cada una de las Organizaciones Ciudadanas; es decir, como ya lo señaló desde el principio la Consejera Favela, 89 informes que en total reflejaron ingresos por 113.3 millones de pesos y gastos por 111.8 millones de pesos.
Entre enero de 2019 y febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización notificó 377 observaciones a las siete organizaciones que hoy están siendo auditadas, revisadas, de las cuales fueron atendidas 325 y 43 no fueron atendidas.
De esas observaciones no atendidas y que corresponden a porcentajes importantes, tanto de los ingresos como egresos reportados, el 13 por ciento de los ingresos y el 24 por ciento de los egresos, arrojan, se arrojan, se revelan irregularidades, algunos conceptos cuestionables, como por ejemplo, “el ingreso de recursos por ente no identificado”, que como se ha dicho, incluye las aportaciones en especie sin comprobación fiscal, así como las aportaciones de personas que no corresponden con sus capacidades económicas, por más de 13.3 millones de pesos, gasto en traslado a las asambleas por casi 20 millones de pesos; gasto en proveedores identificados por el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera como “personas de riesgo” por 3 millones de pesos, y gasto no reportado, por la cantidad de 2 millones de pesos.
De las irregularidades determinadas en los Dictámenes, se propone en el proyecto de resolución sanciones por 6 millones 144 mil pesos, correspondientes a 11 conductas sancionables como las que he mencionado
Las multas que se propone aplicar a estas organizaciones son un mecanismo o una manera de ir en contra de la opacidad y de cualquier conducta que pretenda burlar la ley
El sistema de fiscalización que hemos construido, hoy más robusto y eficiente, como decía, que el que teníamos, le permite al INE una mejor vigilancia y dar mayor certeza a los procesos democráticos, para que no sea el dinero, y mucho menos el financiamiento ilegal, lo que suplante la voluntad ciudadana, que es, y debe ser siempre, el factor determinante en nuestra democracia.
Permítanme terminar con una reflexión final.
Esta es parte del proceso que está conduciendo en su tramo final el Instituto Nacional Electoral para determinar su habrá o no nuevos partidos políticos, y si los hay, cuántos de ellos cumplieron requisitos legales.
Es cierto que se están imponiendo sanciones hoy, pero estas sanciones no son, digámoslo así, el final de la valoración que tendrá que hacer este Instituto, en términos de lo que la fiscalización aporta en una valoración integral que todavía tendrá que conocer o implicar lo que las quejas presentadas y procedimientos oficiosos iniciados revelen y, por supuesto, el cumplimiento de otros requisitos formales de tipo numérico. Es decir, esta historia no acaba hoy.
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