VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2021
Calcular el monto de las prerrogativas que anualmente deben recibir los partidos políticos es un mandato que la Constitución le otorga al Instituto Nacional Electoral y en el que este tiene un papel acotado y meramente formal; es decir, aplicar, como lo ha señalado la Consejera Zavala la fórmula dispuesta expresamente en el artículo 41 constitucional.
El INE juega en ese sentido, en este tema, un papel meramente instrumental, no de valoración o de interpretación sobre la fórmula constitucional y menos, que es clara, y menos aún podemos tomar decisiones para modificar el monto de las prerrogativas que por mandato de la máxima norma del país, se deben entregar cada año a los políticos y a las candidaturas independientes.
En la historia de nuestra democracia se consideró que uno de los factores que más ha contribuido a la equidad en nuestras elecciones es precisamente el financiamiento público de los partidos políticos, es una de las dos grandes columnas sobre las que, la equidad en la contienda, es decir, las elecciones justas se fundan en México.
De ahí que el financiamiento público para la competencia electoral que, desde la reforma política de 1977, ha estado presente en nuestro marco constitucional, implicó que los acuerdos legislativos evolucionaran en un mismo sentido.
Desde entonces, a la fecha, para transparentar la forma de calcular dichas prerrogativas, favorecer a una mayor equidad en los comicios y fomentar el pluralismo en la vida democrática, como una forma de reconocer la importancia que minorías y mayorías participen en condiciones equilibradas de competencia, es el sentido de esas decisiones legislativas.
Es en la reforma de 1996, siguiendo esa lógica, que el modelo mexicano de financiación de la política se configuró con mayor claridad y cuando se establecieron tres características (que aún hoy están vigentes) y que han sido de gran centralidad para la competencia democrática: La primera, una fórmula que transparenta el dinero que recibirá cada partido político para gastos ordinarios y de campaña, aun cuando la misma fórmula fue modificada en sus términos actuales en 2007; segundo, los topes para el financiamiento privado; y, tercero, las fuentes de dinero lícito para las contiendas electorales, identificando claramente cuáles son los aportantes que tienen impedido financiar la política.
A la distancia es justo reconocer que este modelo de financiación de la política ha impedido que los grandes intereses particulares que están detrás subyacen detrás del financiamiento privado, se impongan sobre el interés general que caracteriza a los recursos públicos.
Una mirada retrospectiva de nuestras elecciones permite comprobar que el modelo mixto de financiamiento predominantemente público ha permitido que las contiendas federales y locales, todos los emblemas políticos, de izquierda, de derecha, de centro, puedan ganar y perder en las urnas; es decir, compitan en condiciones auténticamente democráticas.
De hecho, la experiencia de los últimos seis años ha dejado una gran lección: el dinero sí es indispensable, es necesario para las campañas, pero no es determinante para el triunfo en las urnas.
No gana en México el que gasta más, el que más recursos tienen, sino el candidato o candidata que conecta mejor con los intereses y las demandas de la ciudadanía.
Esto explica que las candidaturas independientes que cuentan con un amplio respaldo social eventualmente hayan podido triunfar en algunos casos, en todos los niveles de la competencia electoral, pese a que el financiamiento público que reciben es significativamente menor al que la Constitución les otorga a los partidos políticos, aunque se trata de dos entes, partidos y candidatos independientes que no pueden medirse bajo el mismo rasero, no son lo mismo.
Diversos académicos y especialistas han reflexionado también, sobre los efectos que ha tenido en el gasto público tanto la reforma de 2007-2008, pero, sobre todo, la de 2014, sobre todo por lo que tiene que ver con el financiamiento, que no le corresponde a este Instituto determinar, y que reciben los institutos políticos por la vía del financiamiento público a nivel estatal.
Y han planteado que la simplificación de la fórmula para calcular las prerrogativas y la replicación de ésta en las 32 entidades federativas ha evidenciado o ha provocado una duplicidad de los montos que se entrega a los partidos políticos.
Estoy convencido que este aspecto de las modalidades de financiamiento de nuestro sistema de partidos, así como la pertinencia, en lo específico, de racionalizar o no dicho financiamiento, representa claramente una asignatura aún pendiente en la discusión púbica y, en particular, de la discusión legislativa, la cual, sin duda, debe realizarse con altura de miras, con una visión de Estado, que sea exenta, que esté exenta de revanchas y corto placismos; es decir, que piense en el fortalecimiento de nuestra democracia y del sistema de partidos antes que nada.
No se trata, como lo he dicho en otras ocasiones, de acordar únicamente una cifra o un porcentaje para disminuir el monto de los recursos públicos que reciben cada año los partidos políticos. Es claro que el modelo de financiamiento de la política es un debate abierto. Se trata de revisar lo que la historia nos ha enseñado en relación con el financiamiento de la política y su vinculación con el pluralismo, con la recreación del pluralismo.
Permítanme decirlo de esta manera, las prerrogativas de los partidos políticos no constituyen un tema sólo de dinero, es un tema que implica o involucra el tipo de sistema de partidos que queremos y que necesitamos, así como el tipo de democracia que queremos en el futuro.
Es claro pues, que el modelo del financiamiento de la política sigue siendo, hacia adelante, un debate abierto, no así para la elección de 2021, hay que aclararlo, pues para la posibilidad de modificar las reglas esenciales de la competencia electoral ya precunió en el ámbito federal desde finales de mayo pasado.
Sé que en medio de la pandemia y de la crisis económica, como la que atraviesa México y el mundo, hablar del financiamiento de la política puede parecer anticlimático y para algunos hasta absurdo.
Pero, sin duda, es un debate que deberemos seguir teniendo cuando los tiempos constitucionales lo permitan, y como todos los temas relevantes, no deberá discutirse al calor de la coyuntura con prejuicios, sino con la frialdad que exige el rediseño de los pilares de un sistema político y los componentes de un nuevo sistema electoral.
Al discutir el tema del dinero que la sociedad le invierte a la política, deberá encontrarse un difícil, un punto medio, un difícil equilibrio que media, entre un gasto racional y justificado y, por supuesto, los excesos que no pueden ser aceptados.
De resolver adecuadamente ese dilema, dependerá en el futuro, a fin de cuentas, preservar el rico pluralismo y la equidad de la competencia que hemos alcanzado y que se refleja en cada elección que arroja y que evidencia el altísimo grado de alternancia que se ha instalado en nuestro sistema electoral, al menos en el último lustro, como nuca antes en la historia, y con ello, la solidez y la consistencia, también, de nuestra democracia hacia el futuro.
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