VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS, DURANTE EL PANEL “DESAFÍOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLÍTICA CON BASE EN LAS RECIENTES REFORMAS”, EN EL MARCO DEL CUARTO ENCUENTRO DE OBSERVATORIOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)
Muchas gracias, Ana.
Muy buenos días a todos y a todas.
Quiero comenzar por agradecer la invitación que me han hecho para participar en este Cuarto encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres.
Celebro la realización de estos eventos, pues me parece de suma importancia que, a pesar de las condiciones de contingencia sanitaria en la que nos encontramos, comencemos a construir mediante el diálogo, la escucha y la participación activa, las herramientas que utilizaremos para que las elecciones de 2021 sean un ejemplo de las nuevas condiciones de igualdad que se han visto gestando para las mujeres, y con ello, demos un paso más para seguir garantizando la democracia en México.
Además, ayer se cumplieron 3 meses de la publicación en el diario Oficial de la Federación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a ocho leyes, que juntas, constituyen una plataforma legal para seguir construyendo una vida política libre de violencia para las mujeres.
Lo recuerdo, porque o es una cosa menor, es el resultado del trabajo en conjunto de muchas mujeres. La tipificación de la violencia política contra las mujeres por razón de género propicia nuevas bases para la participación de las mujeres en la vida política del país, y con ello, se construye y se contribuye a garantizar que las mujeres participen en condiciones de igualdad en los próximos procesos electorales.
Todo esto ha producido condiciones políticas inéditas para las próximas elecciones, así que, al estar aquí, discutiendo los retos que tenemos los organismos públicos para defender lo que se ha ganado en este trayecto, no puedo dejar de recordar y celebrar los tres primeros meses de la publicación de las mencionadas reformas.
Sin ello, el contexto en el que nos encontraríamos sería más adverso, y el diálogo que tendríamos sería para generar estrategias que nos permitieran actuar ante los casos de violencia política contras las mujeres por razón de género, pero, en lugar de eso, estamos aquí para identificar los retos a los que deberemos enfrentarnos en la implementación de la reforma y, para encontrar opciones que den la mayor viabilidad para que los próximo comicios se realicen de la mejor forma.
Así que recordarlo no es trivial, sino una acción motivada para mencionar que en ellos se ha condensado y dado mayor horizonte a todas las luchas que hemos venido afrontando a lo largo de la historia.
De cara a la preparación de los procesos electorales 2020-2021 es importante hablar sobre los retos y obstáculos que los organismos autónomos debemos enfrentar en materia de paridad de género y de violencia política contra las mujeres por razón de género, pues de esta forma podremos reconocer los alcances que tendrán las reformas, así como los puntos débiles a superar para que los procesos venideros sean transparentes y brinden la certeza deseada.
Si bien uno de los mayores e importantes retos de la reciente reforma será la de materializarse de manera efectiva en la realidad social para que todas y todos reconozcamos la importancia en la paridad de género, y que pueda eliminarse por completo la violencia política contra las mujeres por razón de género su realización sólo puede darse en la superación de los retos inmediatos que se nos presentan para las próximas elecciones.
Así que puntualizaré algunos retos que, ya sea el INE o los Organismos Públicos Locales tendremos para llevar a cabo nuestra labor de ser las garantes en la democracia en México.
En materia interpretativa, la reforma ha presentado diversas ambigüedades que se deberán aclaras para que, en el transcurso de su realización no terminen por ser usadas en contra de la misma.
Por ejemplo, en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que uno de los requisitos para ser diputada o diputado, es no haber sido condenado o condenada por delito de violencia política contras las mujeres por razón de género, pero no se esclarece si ocurrirá lo mismo con personas que hayan tenido alguna sanción impuesta por autoridades administrativas electorales.
Por lo que tendremos que determinar si debemos entender esta disposición haciéndola extensiva al ámbito administrativo, o si vamos a aplicar esa disposición apegada a la letra de la ley, aunque esto último pueda significar que se pierda el espíritu de la norma.
Una ambigüedad similar sucede con el artículo 415 de la ley, en el que se señala que el Consejo General ordenará suspender de manera inmediata cualquier material de radio o televisión cuando se acredite que a través de estos medios se comete violencia política contra las mujeres por razón de género por parte de un ciudadano o ciudadana con candidatura independiente, quien deberá ofrecer disculpa pública con la finalidad de reparar el daño.
El principal problema que se nos presenta aquí es que este artículo señala que la medida será adoptada una vez que la infracción haya sido acreditada. Esto implica que ya debe de haber una sentencia que así lo determine.
Sin embargo, esa resolución no corresponde al Consejo General del INE, puesto que los procedimientos especiales sancionadores son resueltos por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahora bien, si pensamos en los tiempos que se requieren para la sustanciación de los procedimientos y para su resolución, es muy posible que para cuando se llegue a tener por acreditada la violencia política contra las mujeres por razón de género, ya no existirá la posibilidad de que se asignen tiempos en radio y televisión con cargo a la candidatura independiente para que ofrezca una disculpa pública.
Pues es posible que el periodo de campaña se haya agotado y las candidaturas independientes ya no tendrán esta prerrogativa. Y el efecto de inhibición y sanción que pretendía la reforma no se produciría plenamente.
Muchas son las ambigüedades de ese tipo que sólo una lectura pausada, detallada y crítica hace evidente, por lo que uno de los retos significativos será hacer que esas ambigüedades no se conviertan en el primer obstáculo que ponga freno al ansiado incremento de la participación femenina libre de violencia política en los próximos comicios.
Para ello será preciso continuar con el ejercicio crítico de las reformas que nos permita puntualizar las posibles contradicciones o vacíos legales a los que podríamos enfrentarnos.
En materia estructural la modificación del artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ha estipulado que la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación será permanente, lo que es motivo de celebración.
Pues por fin se reconoce la relevancia del tema en materia político-electoral y la posibilidad de dar seguimiento a este tema en todo momento dentro del INE.
Sin embargo, a la par de este logro nos encontramos con un ligero obstáculo, y es que la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación no se encuentra incluida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo que en primera instancia hace que no tengamos certeza legal de las atribuciones de la Unidad, lo que puede originar problemas para la asignación adecuada del presupuesto. Y en segunda instancia, que carezca de autonomía técnica para realizar sus trabajos.
Es preciso que en una próxima reforma esta unidad técnica sea reconocida en la LGIPE, sólo de esta forma será posible superar esta limitante estructural.
Otro de los inconvenientes con el que nos encontramos es que dentro del cúmulo de reformas que se realizaron a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se planteó la creación de un organismo interno de mujeres al interior de los partidos políticos que esté capacitado en perspectiva de género y, sobre todo, que pueda atender los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, al no hacerlo dejamos a la deriva la posibilidad de un apoyo especializado dentro de su partido para las mujeres que sufren de violencia política.
En materia operacional y reglamentaria se nos presenta el reto de modificar y armonizar algunos reglamentos como son: el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; el Reglamento de Quejas y Denuncias; el de Fiscalización; el de Comisiones; el de Radio y Televisión que terminen por darle una verdadera articulación operativa a las reformas.
Asimismo, será preciso emitir los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres por razón de género. Además de prever la guía a través de la cual se conocerán los incumplimientos de estos lineamientos.
Ambos conforman un conjunto de retos operacionales que, de lograrlos correctamente, ayudarán a sentar las bases para que se pueda zanjar el camino que deberá tomar la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Hago votos porque esto lo podamos terminar lo antes posible, sobre todo, considerando el hecho de que el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo en la Comisión de Reglamentos, hicimos esta revisión, pero hemos tenido un retroceso en los trabajos, porque todavía se devolvió el Reglamento de Quejas y Denuncias, para que se haga una reestructuración del mismo.
Tenemos muy poco tiempo para sacar esas reformas, entonces creo que es importante que esto salga lo antes posible, para que se puedan implementar de manera correcta para las siguientes elecciones.
Otro de nuestros desafíos será llevar a cabo de menara coordinada, eficiente y adecuada, la capacitación en materia de género, a través de la DECEYEC, ya que los cambios que buscamos, no se completarán si no empezamos a cambiar conciencias.
Pasando a la Reforma de Paridad en Todo que también defiende la incursión femenina en el espacio político, la dificultad ancestral de alcanzar la paridad, al menos en la postulación a los cargos unipersonales, como las gubernaturas; nos coloca en otro de los grandes retos de esta contienda, puesto que juntos, el INE y los Organismos Públicos Locales debemos construir la plataforma adecuada que permita la postulación paritaria al cargo de gubernatura, pues las mujeres no pueden ser elegidas para ocupar este cargo, si ni siquiera son postuladas por los partidos políticos.
La casi nula presencia histórica de mujeres para poder ser elegidas gobernadoras, nos invita a repensar las condiciones que se deberán crear para su participación.
Otro reto en las próximas elecciones será la participación de las mujeres afromexicanas, indígenas y personas que no asuman un género, a partir de la norma binaria sexual.
Para que puedan participar se deberá generar un terreno de igualdad democrática para toda persona que participe en los próximos procesos electorales, por lo que afrontar este reto ayuda a fortalecer sujetos políticos vulnerados a lo largo de la historia y ascienda nuestro deseo firme de construir un espacio en el que la igualdad y la libertad sean las condiciones elementales que construyan nuestra democracia.
La tarea de eliminar la violencia política contra las mujeres por razón de género y conformar un gobierno igualitario, no es algo que se alcance completamente de manera inmediata, sino que es el ideal que debe guiar nuestras acciones.
Muchas gracias.
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