VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIDEOCONFERENCIA “LA EVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA MEXICANA Y SU DESAFÍO DE CARA AL 2021”, DICTADA POR EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL MARCO DE LA CUARTA SESIÓN DEL CICLO “NUESTRA DEMOCRACIA FRENTE A 2021: DESPUÉS DE LA CRISIS DE LA PANDEMIA”
Muchas gracias, mi estimado José Agustín.
Es un honor verdaderamente estar aquí, y lo digo en el mismo sentido que tu decías, además es un honor verdaderamente estar en este foro, y además, me siento muy honrado de haber formado, de formar parte de una generación, lo digo sin lisonjas, lo digo como compañero de trabajo ahora que tengo el privilegio ahora por el rol que nos toca jugar de acompañar, de construir democracia junto con José Agustín, pero decía, soy privilegiado de una generación que se formó a la luz, a lo largo de la transición, a la luz de personalidades, nuestros maestros en muchos sentidos que son protagonistas y autores en muchos sentidos colectivos del cambio democrático.
Tuve el privilegio y lo debo decir, y si tú me permites José Agustín, correspondiendo a esta generosa presentación, debo decir y hoy nuestra audiencia ya lo sabe, que tengo el privilegio de contar con buenos amigos, y lo acabas de demostrar.
Pero decía, además, tuve la suerte de conocer al maestro Ortiz Pinchetti de la mano de una camada de jóvenes asistentes que nos incorporamos al Instituto, entonces Federal Electoral, en 1994, justo cuando José Agustín, junto con el maestro José Woldenberg, con Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo Pozas, don Fernando Zertuche y Santiago Creel, integraron la primera oleada, ¿no?, de ciudadanización plena del Consejo General del Instituto Federal Electoral, entonces.
Así que, para mí es un verdadero privilegio que, frente a uno de los protagonistas, autoridad electoral hoy, con quien nos toca compartir trinchera y defender la democracia desde sus distintos ámbitos, el administrativo y el de los delitos electorales poder hablar, aunque sea telegráficamente de la transición.
Yo gradezco, de veras, José Agustín, mucho, no solamente la gentileza para invitarme a este foro, sino, sobre todo, pues el trabajo que hemos venido construyendo conjuntamente desde que ocupas la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, la verdad lo celebro muchísimo.
He preparado, si ustedes me permiten, una presentación para poder acompañar e ilustrar esta charla. Espero que se vea sin mayor problema, ¿sí se alcanza a ver?
Monitor: Sí, doctor, nosotros la vemos bien, y me dicen que también en Facebook la ven bien.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Perfecto, la transmisión también la retoma, vamos para adelante.
Yo quisiera comenzar con una especie, digámoslo así, de contribución a la polémica en el mejor de los sentidos, asumiendo que en la democracia no hay verdades absolutas, sino, puntos de vista que discuten entre sí y que ayudan, desde estas diferentes perspectivas, a comprender mejor nuestra realidad, y es la siguiente.
Desde algunos años, sobre todo después de 2018, que en muchos sentidos constituye una fecha histórica, porque es la elección, el día en el que la izquierda por la vía de las elecciones llega por primera vez al país en una serie de alternancias que se vinieron sucediendo, y sin duda, es el deseo de muchos que haya comenzado una nueva etapa del país que nos permita resolver los grandes problemas nacionales que lamentablemente nos quejan y que son transversales a toda la vida social, ha habido quienes han planteado que esa es la fecha del inicio de la democracia, descalificando, desde este punto de vista, todo lo que había ocurrido antes como una etapa predemocrática o no democrática.
Yo creo, por el contrario, a estas posturas que yo he querido llamar como creacionistas, como si la democracia hubiera nacido de la noche a la mañana, nos acostamos el 30 de junio siendo una nación no democrática, y el día siguiente llegamos a la democracia.
Yo creo que la lectura correcta debe ser una lectura evolucionista que parte, porque además es la más justa para reconocer el trabajo de quienes, como José Agustín, con mucho, como con muchos otras mexicanas y mexicanos comprometidos con el cambio político, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Maquío, el maestro Reyes Heroles, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, una gran pléyade de mexicanos que se comprometieron con el cambio político y que fueron los autores a lo largo de prácticamente cuatro décadas de cambios graduales y paulatinos de una serie de transformaciones que modificaron profundamente el escenario político nacional y crearon un contexto en donde, si bien es cierto hay todavía muchísimos pendientes de robustecimiento y consolidación de la democracia y, sobre todo, de concretar ese anhelo que desde la Revolución Mexicana es una pendiente no cumplido, una promesa no cumplida; es decir, el de la justicia social, han permitido que hoy sea un país que, más allá de sus problemas, en lo electoral, la voluntad popular es y nadie más que ella a través de las urnas quien define quién la gobierna.
Creo, consecuentemente, que es pertinente, en una interpretación de la evolución de la democracia mexicana, de la historia de la democratización mexicana, asumir una postura evolucionista que, desde el punto de vista de la cual, el primero de julio de 2018 es una fecha de llegada, que por cierto ni siquiera es terminal, porque ya lo decía ahora en su presentación José Agustín, en 2019 tuvimos también una serie de desafíos electorales, los tendremos este año y tendremos también el próximo año, como ocurre en democracia, que es refrendar nuestro compromiso y defender lo que hemos conquistado para consolidarlo.
Así que yo creo que una lectura y una interpretación de la evolución de la historia, de la democratización mexicana es mucho más pertinente, mucho más correcta que esas posturas creacionistas que son, desde mi punto de vista, lecturas particularmente dogmáticas del cambio político en nuestro país.
Creo que lo que, sin afán de reconstruir 40 años de historia a los que he aludido, creo que una manera interesante, por lo menos aspiro a que sea novedosa, de interpretar el proceso del cambio político que arrancó, desde el hoy ya lejano 1977.
Me parece que se puede, sin necesidad de detallar cada una de las reformas electorales, se puede sintetizar en la lógica de cuáles fueron las necesidades de cambio que éste proceso de transformación política nos iba imponiendo y al que se, y al que a cuya solución se avocaron las distintas reformas electorales de las ocho grandes reformas electorales que desde 77 a la fecha, hasta la del 2014 se han ido estableciendo, se han ido concretando.
En un primer momento, viniendo de donde veníamos, siendo el régimen emanado de la revolución mexicana un régimen profundamente vertical, autoritario y excluyente, piensen ustedes que entre 1953 y 1979; es decir, en prácticamente cinco lustros, un cuarto de siglo, no hubo ninguna fuerza política nueva a la que se le reconociera el derecho de participar electoralmente.
Paradójicamente, estamos hablando justamente de ese cuarto de siglo en donde la movilización estudiantil, la movilización social, las movilizaciones sindicales demostraban que, digamos, el ámbito institucional que era, insisto, excluyente, no daba cabida a un México que cada vez era más plural y diverso.
Por eso la primera necesidad fue justamente la de establecer una lógica de inclusión para el pluralismo político que paulatinamente crecía, inclusión al sistema, al ámbito institucional, inclusión al sistema de partido y, también, de apertura en los espacios de representación política.
Luego de la elección de 1988, cuestionada elección, controvertida elección, elección organizada todavía entonces por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral, y que significó un enorme parte aguas en la vida política nacional, se impuso una nueva necesidad; es decir, crear reglas, procedimiento e instituciones que inyectaran credibilidad en los procesos electorales.
Así ocurrió con las reformas de principios de los años 90, y particularmente con la de 1990 que crea al IFE, pero particularmente con la reforma de 1994 que es la que permitió, en un contexto en el que el país se debatía entre la violencia y la ruta pacífica para recrear su pluralidad política, permitió la llegada, como ya mencionaba, de destacados mexicanos al Consejo General en este proceso de ciudadanización, entre quienes se encontraba, como mencionaba, el maestro Ortiz Pinchetti.
En un tercer momento y, sobre todo, como producto del ejercicio, del primer ejercicio de fiscalización que realizaron ustedes, José Agustín, en 1994 las elecciones presidenciales fueron las primeras en las que hubo un ejercicio de fiscalización, que una comisión especial de consejeros electorales, de consejeros ciudadanos, entonces se llamaban, implicó revisar los ingresos y los gastos de los partidos políticos.
Se trataba, todavía, de una fiscalización embrionaria muy distinta a la profundidad que con el paso del tiempo alcanzaría a tener, pero que tuvo la enorme virtud de ponernos por primera vez las cifras de la inequidad con la que los procesos electorales se realizaban a cabo, a los ojos, a la vista de todos.
En efecto, las conclusiones de aquella comisión, lo recordarás José Agustín, es que 8.5 pesos de cada 10 que se habían gastado en las campañas los había erogado el partido en el gobierno.
Evidentemente una tercera necesidad que se colocaba en el horizonte para poder transitar hacia la democracia era generar condiciones de equidad en la competencia, particularmente en dos grandes ejes, en dos grandes temas: el del financiamiento y, por ende, en la apuesta por el financiamiento público, y el del acceso a los medios masivo de comunicación electrónica, específicamente la radio y la televisión.
A eso se avocó una tercera generación de reformas, a crear esas condiciones de equidad en la competencia que permitieran un piso mínimo igualitario para que todos los partidos estuvieran en condiciones de competir efectivamente en las urnas.
Una última etapa y que se concentra, en la que concentra digamos el espíritu de la reforma 2014 fue la de lograr, y una necesidad que se imponía, era lograr que la calidad y que los estándares que los criterios y los procedimientos que prevalecían en las muy observadas y sujetas a un escrutinio permanente, elecciones federales, pudiera traducirse en el ámbito local.
Perdón, y no quiero hacer de esto una elegía, sino honrar la historia y la trayectoria de un personaje importantísimo en esta transición como José Agustín. Pero recordarás José Agustín que Santiago Creel y tú, siendo todavía consejeros ciudadanos, después de las elecciones de 1994 emprendieron una importante ruta de visibilización de las inequidades, pero, sobre todo, de las precarias condiciones de claridad, transparencia y legalidad con las que se realizaban las elecciones locales.
Bueno, a pesar del tiempo transcurrido, la reforma de 2014, 20 años después prácticamente, intentaron resolver esa problemática planteando una lógica como necesidad a resolver, una lógica de estandarización y de homogeneización de los criterios, de las reglas, de los procedimientos y del tipo de institucionalidad con el que se organizaban las elecciones federales para trasminar esa calidad en las elecciones locales.
Se trató pues de una reforma que permitía o que intentó que digamos, que el sistema electoral nacional, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, se ciñera a los mismos criterios, los mismos parámetros, los mismos contextos de exigencia y, por supuesto, los mismos criterios de rendición de cuentas y de escrutinio público.
No ha sido una reforma sencilla la del 2014, hay muchas maneras para ilustrar la complejidad de una reforma tan ambiciosa como la última reforma electoral, la reforma de hace seis años, pero me parece que un elemento que puede ilustrar esta complejidad esta gran responsabilidad que tenemos las autoridades electorales es justamente el comparar la carga de elecciones que tuvo el IFE durante 23 años de vida, y la carga que hoy tiene el INE en los seis años de existencia que tiene desde que se re convirtió en una autoridad nacional.
Desde 1990 hasta 2013 el IFE organizó 18 elecciones federales, tomando aquí, por supuesto, en las elecciones sexenales a la presidencial, a la elección de senadores y a la elección de diputados como elecciones distintas. Si tomamos este criterio, el IFE organizó 18 elecciones a lo largo de su historia.
Bueno, en seis años, dado que ahora el INE está involucrado en todos los procesos electorales locales ha organizado o ha participado en la organización de 198 elecciones, cuatro elecciones federales, las de diputados de 2015 y las tres de los tres poderes electos en el ámbito federal de 2018, y 194 elecciones locales cuyo desglose puede observarse en esta gráfica, en este cuadro.
Con las dos elecciones que lamentablemente tuvimos que posponer de este año, que no cancelar, que es distinto, y que debían haberse realizado en condiciones ordinarias de este domingo que viene en ocho, el domingo 7 de junio.
Imagínense ustedes que estuviéramos justamente ahora en los cierres de campaña en plena pandemia, en pleno pico de la pandemia en los estados de Coahuila e Hidalgo, era imposible, tuvimos que posponerlos y estamos en la lógica de poder realizar esas elecciones, si las condiciones sanitarias lo permiten a finales, a más tardar de agosto, para que la renovación de los poderes en esas entidades transcurra ordinariamente.
Bueno, con esas dos elecciones, el INE habrá participado en 200 elecciones a lo largo de los últimos seis años, digámoslo así, como un ejercicio de calentamiento, si se me permite de alguna manera, de cara a la que será la elección más grande de nuestra historia que es la que ya, en muchos sentidos y no me dejará mentir José Agustín, porque la coordinación con la FEDE ha sido muy cercana, comenzamos ya ha planear y en muchos sentidos a definir la ruita crítica que nos llevará a la gran elección del 6 de junio de 2021.
Qué ha pasado a lo largo de este periodo, cuál es el balance para poder hablar de los desafíos que podemos poner sobre la mesa de los procesos electorales que desde 2015 hasta 2019, hasta ahora se han venido realizando a la luz de las nuevas reglas, las reglas de la reforma de 2014.
Bueno, hay muchas maneras de medir este, digamos, el empaque y la calidad o el estado de salud, si se quiere de nuestra democracia electoral.
Ya José Agustín ahora hablaba o mencionaba cómo las últimas elecciones han estado impregnadas de una calidad y de una muy baja, un muy bajo cuestionamiento que se mide también en el número de impugnaciones que se han presentado.
En términos generales, en los últimos años, hemos tenido procesos electorales que no han sido impugnados y cuyos resultados no han sido cuestionados particularmente.
Pero otra manera de medir y que me importa poner sobre la mesa, si se me permite, porque se habla muy poco de esto y me parece que es muy emblemático, porque es una consecuencia natural de elecciones competidas y equilibradas.
Si no hubiera, como dicen los anglosajones, elecciones libres y justas, free and fair, como dicen los anglosajones, difícilmente podría presentarse un fenómeno que se ha instalado entre nosotros y que ha cobrado carta de naturalidad en los últimos procesos electorales como lo es el de la alternancia.
Si nosotros observamos el grado de alternancias que por la vía de las urnas se han dado desde 2015 hasta 2019, hasta ahora, estamos hablando del número o del porcentaje más alto de la historia democrática del país de cambios de ganador de una elección a otra.
En efecto, el promedio de alternancias que hemos tenido en este periodo electoral es del orden de un poco más del 60 por ciento.
Esto es, dicho de otra manera y al revés, la posibilidad que tiene un partido político que gana una elección de ganar la elección que sigue es a penas de cuatro sobre cada 10 posibilidades.
Muy brevemente comparto con ustedes lo que ha ocurrido en el plano federal, estos son los índices de alternancia en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta las elecciones de 2015 y 2018, y en la Cámara de Senadores, comparando los resultados de 2018 con los triunfos que habían ocurrido en los seis años antes en 2012.
Pero lo mismo podemos observar en el plano local, este es el índice de alternancia en las elecciones de gobernadores, en las 36 elecciones de gobernadores que hemos organizado, y digo hemos, porque en todas ellas ha participado ya el Instituto Nacional Electoral, en 23 casos, es decir, en casi un 64 por ciento de las ocasiones ha ganado un partido distinto al que gobernaba cuando la elección se llevó a cabo.
Y como pueden ver en la gráfica, en el cuadro de la derecha de esta lámina, no hay una fuerza política o una orientación o un bloque de partidos que se pueda decir el beneficiario único de este fenómeno de alternancia.
Yo creo que esta alternancia o este índice de alternancia, lo que refleja es que, en México, las elecciones ya no son solamente un proceso, mediante el cual se eligen a quienes nos van a gobernar y representar, sino que se han convertido, como debe también ocurrir también en las democracias, en un mecanismo de rendición de cuentas, en manos de las y los ciudadanos que premian o castigan las malas acciones de gobierno.
La alternancia no es que nos vuelva más democráticos en sí, como se sabe, lo que hace democrático a un sistema electoral, es que existan las condiciones reales para que la alternancia, si así lo deciden las y los ciudadanos con su voto, pueda eventualmente ocurrir.
Y el que en México hayan ocurrido esta cantidad de alternancias en los últimos años, no es que de por sí nos vuelva más democráticos, pero me parece que evidencian el hecho de que esas condiciones, para que el voto libre sea expresado y respetado en su sentido, existen y hay que preservarlas.
Finalmente, esto es lo que ocurre en el ámbito local, en el plano de las diputaciones locales y en el plano de los ayuntamientos. Como pueden ver, el índice de alternancia es muy importante.
¿En dónde estamos parados de cara a lo que viene, para empezar a abordar nuestros desafíos? Bueno, este año, como ya mencionaba, tenemos dos elecciones que han tenido que posponerse: las de diputaciones locales en Coahuila y la de ayuntamientos en Hidalgo.
Debo decir que en estas elecciones hemos venido construyendo, como lo hicimos el año pasado junto con la FEDE, un mecanismo de blindaje electoral para generar contextos de exigencia que, creo que ha sido particularmente exitoso y que, consecuentemente, tenemos no sólo que replicar, sino que potenciar de cara a las elecciones del próximo año.
Y, es que, en 2021, además de renovar la Cámara de Diputados en su totalidad; es decir, además de tener a 500 nuevos diputadas y diputados, con la peculiaridad de que, por primera vez en la historia, la reelección de los legisladores de la Cámara baja será posible y, aquí hay un tema que quisiera abordar un poco más adelante, porque no tenemos reglas secundarias que normen esa reelección y eso tendremos que aclararlo las autoridades electorales para evitar que se puedan incurrir o en faltas administrativas o eventualmente incluso en delitos electorales.
Bueno, en 2021, además de la Cámara de Diputados, tendremos en el plano local la renovación de 15 gubernaturas, casi la mitad del país. Por supuesto, estoy incluyendo aquí Baja California que, luego de la venturosa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, reconoció la inconstitucionalidad de prolongar el mandato de los funcionarios electos, después de que las elecciones se lleven a cabo y, por lo tanto, se renovará, junto con las elecciones federales, de manera concurrente, el 6 de junio de 2021.
Además, tendremos elecciones de renovación de congresos en 30 de los 32 estados, salvo Coahuila y Quintana Roo, habrá renovación de los congresos en el resto de las entidades de la República.
Algo muy similar ocurrirá en el ámbito municipal, porque salvo Durango e Hidalgo que renueva sus ayuntamientos este año, en el resto del país se renovarán los ayuntamientos.
Vale la pena hacer notar algo para ilustrar el tamaño del desafío democrático que enfrentaremos. Si uno quita los poco más de 500 municipios así llamados de usos y costumbres o cuyas autoridades se rigen por sus sistemas normativos internos, y tomamos en cuenta que en el país son un poco más de 2,500 municipios, prácticamente, como podrán ver, en la totalidad del país, en casi la totalidad del país, casi todos pues, los municipios, cuyas autoridades se eligen, irán a las urnas en 2021.
Además, habrá autoridades de lo que en algunos estados se conoce como cuarto nivel de gobierno, pero no me detengo mucho en ello. Lo que quiero decir es que el número total y esto sí lo enfatizo, para subrayarlo que ya en la presentación decía nuestro querido José Agustín Ortiz Pinchetti, vamos a la elección más grande de la historia, en 2021, no sólo porque tendremos el número más grande de potenciales votantes, el INE está estimando que el Listado Nominal, el Padrón Electoral y el consecuente Listado Nominal rondarán los 96 millones de potenciales electores, lo que significa prácticamente seis millones más que en 2018, sino que además, el número de cargos a elegir, supera los 3,600 en el plano federal y en el plano local, cosa que nunca había ocurrido en nuestro país.
Estamos hablando de 260 cargos más que serán electos en 2021, frente a los que se eligieron en 2018. Este es un cuadro en donde pueden ver en el plano local, la cantidad de cargos y estado por estado, qué tipo de elecciones se llevarán a cabo.
¿Cuáles son los grandes temas que a lo largo de este año y de cara a la realización de la elección, desde el INE, estamos viendo como temas de una atención particular? Porque de aquí se derivan también desafíos, evidentemente.
Bueno, el primero es un diálogo, quiero llamarlo así, que hemos sostenido con la Secretaría de Gobernación, a propósito de la entrega que se nos ha solicitado de todos los datos biométricos de las y los ciudadanos que el INE resguarda en el Padrón Electoral, o que han sido objeto de su entrega por parte de sus propietarios, de las y los ciudadanos, al momento de inscribirse en el Registro Federal de Electores, para construir la cédula de identidad.
El 22 de enero pasado, la Secretaría de Gobernación nos solicitó formalmente, esta es una vieja discusión, la recordará José Agustín, pero es la primera vez que se formaliza la entrega, siempre había habido acercamientos, pláticas, en fin, pero esta es la primera vez que se formaliza.
Y unos días después, el Instituto Nacional Electoral le emitió una respuesta a la Secretaría de Gobernación, diciendo que las normas de protección de datos personales y el aviso de privacidad con el cual los ciudadanos le entregaron sus datos al INE, hacía imposible que pudiéramos entregar los datos biométricos, cosa que no significa que no estemos nosotros avanzando en términos de una utilidad social de esa rica de datos para, sin entregar ni exponer los datos personales, algunos de ellos datos sensibles, de las y los mexicanos, podamos colaborar con las instancias del gobierno, instancias judiciales, de procuración de justicia, etcétera, en el combate a un flagelo para nuestra sociedad que es el robo de identidad.
Gracias a una serie de procedimientos tecnológicos estamos colaborando con los notarios, con el sistema bancario nacional, con instituciones públicas y algunas privadas para corroborar la identidad a través de la Credencial para Votar con Fotografía, sin que ello implique la entrega de los datos que celosamente resguardamos.
Un segundo tema y que hoy por la pandemia está suspendido, tiene que ver con la renovación parcial del Consejo General, como probablemente sepan, el Consejo General se integra por 11 integrantes. El 3 de abril pasado, cuatro de los 11 miembros del Consejo terminaron su mandato y hoy nos encontramos, una vez más, no es la primera vez que ocurre, en esta ocasión provocada, insisto, por la suspensión de actividades a la que se vio obligada la Cámara de Diputados, nos encontramos con un Consejo incompleto; somos siete de 11 consejeros.
Espero que en breve pueda concretarse este proceso de selección que se ha quedado trunco, se ha quedado interrumpido, porque de cara a la elección del 2021 siempre es pertinente que el Consejo General, para temas de legalidad, para temas de legitimidad, pero también para temas de gobernabilidad interna de la institución, esté debidamente integrado.
Pongo solamente el dilema que, si no ocurre pronto este nombramiento, vamos a tener que enfrentar, hay muchas decisiones, sobre todo las que tienen que ver con el ámbito local, las llamadas facultades especiales que hoy tiene el INE, la facultad de atracción, la facultad de asunción, la facultad de delegación.
El año pasado, solamente para poner un ejemplo, decidimos asumir la organización de las elecciones de gobernador de Puebla. Bueno, para esas atribuciones se requieren ocho votos, lo dice la ley, no una mayoría calificada de presentes, sino ocho votos.
Ocurre algo semejante a lo que pasa con las acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia que requieren el voto de ocho ministros para poder proceder. En el caso nuestro, bueno, la falta de estos cuatro compañeros, compañeras y compañeros, evidentemente puede provocar un problema que, sería indeseable se prolongara por mucho tiempo.
Pero lo dejo anotado como un desafío que, nos ha impuesto, por cierto, la pandemia de Covid.
Tercer tema que, es un tema de atención, la posibilidad de una reforma electoral que hoy, prácticamente ya se evaporó, porque según la Constitución, las reformas electorales tienen que aprobarse y publicarse a más tardar 90 días antes del proceso electoral en el que se pretenden instrumentar, y dado que el proceso electoral de 2020-2021 va a arrancar el próximo mes de septiembre, el 31 de mayo, es decir, este domingo, fenece el plazo para cualquier modificación legislativa.
Creo que es, aunque faltan todavía algunas horas para que el plazo formalmente se cierre, creo que es materialmente imposible que pueda haber una reforma en materia electoral y publicarse de aquí al domingo, razón por la cual, con las reglas que hoy tenemos son con las que nos iremos.
Y no es poca cosa, porque hay, como se decía al principio, incluso que instrumentar la reciente reforma en materia de violencia política de género, que nos genera estándares y exigencias muy particulares, tanto a la FEDE, como al INE.
Pero, bueno, pero creo que con estas reglas serán con las que nos iremos a la elección del próximo año, y creo que hay que decir que son reglas suficientes para permitir un arbitraje y una organización de elecciones con la calidad que es necesaria para que nuestra democracia se recree y se consolide, como decía el maestro Ortiz Pinchetti.
No va a pasar nada, con estas reglas podemos perfectamente ir, las conocemos, las hemos ya interpretado debidamente, y creo que con ellas podremos organizar, pues, sin problemas la elección.
Un cuarto punto, y ese sí es más preocupante, es el que tiene que ver con tres normatividades secundarias, tres leyes secundarias, que lamentablemente el Congreso no ha emitido, que cuya introducción en el futuro abriría una polémica jurídica no menor, por esto de los 90 días.
Y me refiero a las leyes que tienen que ver con la revocación de mandato, la consulta popular y la reelección de los legisladores. Probablemente hayan seguido una discusión, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de ley para modificar, o de modificaciones legales, para regular la reelección de los legisladores federales en 2021, pero esa no fue aprobada por el Senado, es decir, no es una ley vigente.
Por lo tanto, me temo que las autoridades electorales, el INE en primera instancia y, eventualmente, con la revisión del Tribunal, somos los que vamos a tener que emitir lineamientos y reglamentos para poder regular la reelección, por un lado; la consulta popular, que de haber tendría que realizarse la primera semana de agosto de 2021; y la revocación de mandato que, en caso de realizarse tendría que ocurrir, estimamos, hacia finales de febrero o principios de marzo de 2022.
Con lo cual, por cierto, el próximo año puede ser un año, mi estimado fiscal, particularmente intenso de actividades, porque tendríamos prácticamente tres procesos electorales de calado nacional que organizar uno tras otro, consecutivamente.
En julio las elecciones, las grandes elecciones federales y locales concurrentes. En agosto, si fuera el caso, la o las consultas populares. Y en febrero o marzo del año siguiente, de 22, la revocación de mandato de la Presidencia de la República, y/o de las gubernaturas que decidieran someterse a este ejercicio.
Un quinto punto tiene que ver con otro proceso que ayer justamente en el Consejo General decidimos posponer, y que era imposible realizar en los términos y en los plazos que establecía la ley.
Me refiero al proceso de creación de nuevos partidos políticos. La puerta de entrada al sistema de partidos, como saben, se abre cada seis años, justo antes, el año previo, a las elecciones intermedias.
Bueno, en este año, de acuerdo idealmente en el mes de junio, el Consejo General del INE debió haberse pronunciado respecto de cuál de las siete organizaciones que manifestaron su solicitud de registro, hay una adicional que está, que tiene todavía que el Tribunal Electoral le abrió la puerta para hacer asambleas, podrían eventualmente ser ocho nuevos partidos.
Pero, de entrada, cuál de esas siete cumplió efectivamente los requisitos. Y es que aquí no hay, como se dice en béisbol, base por bola. El INE tiene que revisar muy puntualmente que se hayan cumplido con los requisitos de la ley. A saber, tres esencialmente.
Primero, que se tenga el número de afiliados mínimo pedido por la ley, son 233 mil. Que además esos afiliados estén distribuidos territorialmente y que hayan asistido, parte de ellos, a las asambleas estatales o asambleas locales, perdón, distritales, alcanzando o consiguiendo el quórum mínimo legalmente requerido: 300 asistentes en las asambleas distritales o 3 mil en las asambleas estatales.
Tomando en cuenta que esa verificación implica que, si hay una doble afiliación, dado que está prohibida por la Constitución, vale solamente la última voluntad del ciudadano expresada.
Eso quiere decir que el cruce de las afiliaciones es indispensable para poder garantizar el cumplimiento de este requisito.
Porque si hay ciudadanos que asistieron a una asamblea, por ejemplo, o que se afiliaron a una organización que aspira a convertirse en partido político, pero después lo hizo con otra, asistió a otra asamblea, o se afilió a otra organización, hay que descontárselo a la primera.
Esto puede traer como consecuencia que, aunque preliminarmente se alcanzó el número al hacer la revisión ese número no se alcance, o que si alguna asamblea preliminarmente tuvo quórum luego de esta revisión pierda el quórum y ya no sea contabilizada para el cumplimiento de los requisitos.
Es un asunto delicado que lamentablemente requiere el trabajo in situ, porque se trabaja con información muy delicada, la información personal de las personas, que habría implicado que más de 100 funcionarios del Instituto Nacional Electoral tuvieran que trabajar en nuestras oficinas.
Por las evidentes razones, la pandemia nos ha obligado a suspender el trabajo en oficinas y ha tenido que interrumpirse esa verificación.
En segundo lugar, nosotros tenemos que verificar que los ingresos y los gastos que realizaron estas organizaciones se hayan apegado a la ley. Es decir, fiscalizar el dinero que ingresaron y que erogaron.
Y, en tercer lugar, tenemos que verificar que ninguno de los entes prohibidos que establece la propia ley haya participado en el proceso de constitución de estos partidos. Me refiero específicamente a iglesias, sindicatos, partidos u otros entes corporativos, partidos políticos, o gobiernos.
Todo eso tiene que revisarse, así que, aunque la ley establece que el registro tiene que otorgarse cuando se cumplan los requisitos el 1° de julio, en este caso de 2020; ayer el Consejo General pospuso esta fecha, y procuraremos haber revisado estos requisitos antes de que arranque el proceso electoral.
Es decir, antes de septiembre próximo, para que cuando arranque el proceso exista la certeza de cuáles van a ser los partidos que tendrán derecho a aparecer en la boleta el próximo año. Pero, por lo pronto, hoy no hay nada para nadie todavía.
Y, finalmente, un tema que nos ocupa a todos y que tiene que ver con un asunto muy delicado por el que atravesará el país, es decir, el estado de nuestras finanzas públicas.
Para el próximo año va a ser muy importante que logremos construir presupuestos, que solicitaremos a la Cámara de Diputados, que sean acordes a la lógica de austeridad que, inevitablemente, se nos va a venir, en un contexto difícil de la economía nacional.
Pero, por otro lado, tener la sensibilidad de parte de las instancias legislativas de no poner en riesgo las elecciones por una cuestión presupuestal.
Es decir, al final del día el despliegue territorial, por ejemplo, de la FEDE, o que realiza el INE requiere también contar con las suficiencias presupuestales para que el mismo pueda llevarse a cabo.
De otra manera podríamos entrar en una etapa en la que las elecciones podrían se cuestionadas por no haber podido cumplir todos los parámetros que las propias leyes establecen.
¿Cuáles son los desafíos de la democracia mexicana? En realidad, de todas las democracias, y con esto voy a concluir, me disculpo por haberme extendido, de la democracia hacia el futuro.
Yo diría, comenzaría por un planteamiento, antes, incluso de la pandemia en el mundo las democracias no gozaban de su mejor momento, son malos tiempos para la democracia.
Hay muchos fenómenos que han llevado a muchos estudiosos y a los propios funcionarios electorales a preocuparnos de los mismos, porque pueden, eventualmente provocar una erosión, cuando no un desgaste, o incluso, anulamiento de la propia democracia.
¿Cuáles son estos fenómenos? El descontento o la desafección social con la democracia, con los gobiernos democráticamente electos, por la falta de resultados.
En efecto, nuestro país atraviesa grandes problemas como la desigualdad oceánica que corre transversalmente por todos los ámbitos de la vida social, y la pobreza.
Nunca antes había habido tanta riqueza en el mundo, pero también es cierto que nunca antes había habido tanta desigualdad y tanta pobreza. Y creo que eso es justamente una de las razones fundamentales del descontento.
En segundo lugar, un proceso de desinstitucionalización, o de crisis de credibilidad de algunas instituciones, de instituciones que son centrales para la vida democrática.
Nadie puede negar que los parlamentos y que los partidos viven en el mundo una crisis de credibilidad, pero sin parlamentos y sin partidos, es difícil imaginar una o a lo mejor imposible pensar en una democracia.
Además, la desinformación y el efecto de las propias redes sociales que, yo aquí sí, hay quienes en su momento dijo “benditas redes sociales”, pues benditas porque nos permiten una gran comunicación, pero no necesariamente eso genera una mejor calidad de la democracia, como lo enseñan, por cierto, los países de la así llamada Primavera Árabe, cuyos gobiernos autoritarios cayeron, entre otras cosas, por la gran capacidad de comunicar que permiten las redes y, consecuentemente manifestarse y oponerse a regímenes autoritarios, pero ninguno de ellos, a pesar de las redes, se ha convertido en una democracia.
Entonces, el tema de la desinformación en tiempos de redes sociales, se ha convertido en un tema que ha sido objeto de análisis y de preocupación, no ahora, sino de hace algunos años.
Y, finalmente la polarización social que en muchos casos lleva prácticamente a la negación del principio fundamental con el que opera la democracia que, es el principio de tolerancia y de respeto a la diversidad y la pluralidad política.
Esos fenómenos, quiero decir, ya estaban ahí y ahora se ven agravados al menos en cuatro niveles, por la irrupción de la pandemia de COVID-19:
Un primer nivel obvio, es la dimensión sanitaria, pero con la que las autoridades electorales, en el mundo y en México, de cara al 2021 vamos a tener que hacer las cuentas, porque las elecciones implican una enorme movilización ciudadana, no solamente desde el punto de vista organizativo, la cantidad de funcionarios que la FEDE tiene que desplegar, que el INE tiene que desplegar para organizar una elección.
La cantidad, piensen ustedes que el año próximo tendremos que hacer más de 13 millones de visitas domiciliarias a ciudadanas y ciudadanos que resulten sorteados para ser funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla; tendremos que capacitarlos y poco a poco irlos cribando, para que el día de la elección, alrededor de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos reciban y cuenten los votos de sus vecinos.
Evidentemente, la movilización social, hoy nos implica tener que tomar medidas, previsiones para no contraponer el derecho a la libertad política, los llamados derechos políticos, con el derecho a la salud.
Pero también obviamente, las campañas electorales implican actos de proselitismo, concentraciones masivas, etcétera.
Bueno, ante ello vamos a tener que tomar medidas especiales y, me temo mucho que, así como en el pasado teníamos por obvias razones una comunicación muy cercana, muy estrecha con las instancias de seguridad nacionales, entre otras el Ejército Mexicano y la Marina, vamos ahora que tener la misma comunicación, igualmente fluida y cercana con las autoridades de salud.
Hay una segunda dimensión, que es la dimensión económica. Ya sabemos todos que lamentablemente, a la crisis sanitaria y, ya desde ahora, ni siquiera ha terminado la primera y ya se están sintiendo los efectos de una crisis económica.
Ya sabemos hoy que lo que vamos a tener en los meses por venir, ojalá y sean sólo meses, va a ser, no una ralentización de la economía, sino una inédita, probablemente contracción de la economía, de las economías en todo el mundo y esto, lamentablemente, como lo dicen varios estudios, muy probablemente tendrá un impacto en términos de incremento del descontento inherente, la insatisfacción provocadas por la falta de cumplimiento de aquellas expectativas de justicia social.
Y es que y aquí, José Agustín, tal vez tú te acuerdes de aquel famoso documento del PNUD de la década pasada, un documento que el PNUD llamó “Informe sobre el estado de la democracia en América Latina”, en donde concluía y, me vino a la mente justamente en estos momentos, que concluía que las democracias latinoamericanas estábamos jugando un juego peligroso; estábamos prácticamente viendo cuánta pobreza aguantaba la democracia.
Bueno, ojalá la crisis económica no nos genere un contexto adverso para la recreación de la democracia en su dimensión electoral.
Un tercer desafío tiene que ver con la dimensión política. Lamentablemente, hemos visto algunos países, sobre todo países que ya tenían riesgos en términos de su calidad democrática, Polonia, Hungría, Turquía, en fin, cómo la pandemia ha provocado que haya habido, en algunas ocasiones, las tentaciones a la concentración del poder y a relegar o a anular los controles que, en una democracia constitucional, el enfrentar una situación de emergencia, siempre conlleva.
Un primer riesgo, decía, es esa concentración autocrática del poder, pero el otro riesgo y, a mí me llama mucho la atención la virulencia, por ejemplo, de los debates parlamentarios que se han venido presentando en España, un país que fue particularmente agraviado, lastimado por la pandemia.
La virulencia del debate, no solamente centrado en la manera en la que manejaron la pandemia, sino que trasciende ese momento y que puede llevar a una profunda polarización de la sociedad, en donde el que está enfrente ya no es un adversario político, sino eventualmente un enemigo, puede acabar teniendo un impacto muy lamentable en términos de la calidad, pero, sobre todo, del eventual deslizamiento de las democracias hacia regímenes autoritarios.
Creo que esa concentración del poder, muchas ocasiones sin controles y, por otro lado, la polarización entre buenos y malos que acaban traduciéndose en fracturas políticas de la sociedad, son riesgos que están latentes, que se están presentando en algunos lados del mundo y que, obviamente, si queremos cuidar nuestra democracia, nosotros tenemos que exorcizar.
Finalmente, y espero equivocarme, todas estas dimensiones, todos estos riesgos que la pandemia nos ha colocado o que ha acentuado, conjuntamente, pueden eventualmente tener una dimensión social y generar expresiones de inconformidad que, si no logramos contenerlas y encauzarlas. Contenerlas en el sentido democrático, esto quiere decir encauzarlas, por vías institucionales, pueden eventualmente desbordar las mismas y dar al traste con la lógica aquella que, por ejemplo, Karl Popper, con la que Karl Popper definía los sistemas democráticos; es decir, aquellos regímenes políticos en los que se pueden cambiar a los gobernantes sin derramamientos de sangre.
A mí me preocupa mucho, por ejemplo, y esto es un escenario pre pandemia, cómo en países democráticamente bastante maduros y consolidados, como en Chile, el descontento social acabó colocando a la institucionalidad democrática en un sistema de crisis.
Afortunadamente en Chile eso lo resolvieron con la convocatoria a un plebiscito para eventualmente cambiar la Constitución que, por cierto, ha tenido que posponerse por la condición sanitaria actual.
Entonces, lo que quiero decir es ¡cuidado! Porque los problemas no son menores.
Termino, ¿cuáles son los retos a la luz de este contexto que tenemos las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales y, por supuesto, de procuración de justifica electoral?
Creo que el primer reto es un reto en términos comunicacionales. Estaremos obligados a hacer muchos cambios. El próximo año nosotros habíamos previsto ya, incluso sin la pandemia, que el voto de los mexicanos desde el extranjero en los 10 estados que reconocen esta modalidad de votación, iba a beneficiarse de una novedad, la posibilidad, por primera vez en la historia, de que el voto desde el extranjero se hiciera no sólo por la vía postal, sino optativamente por también una vía electrónica. Es decir, votación por internet.
Creo que avanzar en esa ruta, aunque aquí avanzar significa ir con pies de plomo, como se dice; puede eventualmente empezar a abrir la puerta hacia esas modalidades que me temo vamos a estar obligados a explorar poco a poco en los tiempos de post pandemia, en los tiempos de democracia en post pandemia.
Y esto nos va a obligar a tener que explicar con mucha claridad qué es lo que estamos haciendo. Cómo van a ser las elecciones. Porque si no desplegamos esa capacidad de informar, de explicar, y de hacer pedagogía política, me parece que vamos a tener problemas.
Creo que va a ser muy importante, por ejemplo, aclarar todas las decisiones y explicar todas las decisiones que estamos tomando.
Explicar que cuando pospusimos las elecciones de Hidalgo y Coahuila no estábamos cancelando las elecciones, sino posponiéndolas para una fecha posterior, cuando no pudiéramos… no pongamos en tensión los derechos políticos frente a los derechos a la salud de las y los ciudadanos.
El que estemos posponiendo la definición de eventuales nuevos partidos no significa otra cosa, no hay otra intencionalidad más que poder cumplir con exhaustividad y no regalar los registros.
Es decir, este tipo de explicaciones públicas van a ser fundamentales en los meses por venir.
Un segundo conjunto de retos tiene que ver con los retos operativos. Las elecciones son una concentración inédita de personas, y más nos vale ir viendo qué está ocurriendo en el ámbito comparado.
Los surcoreanos realizaron elecciones hace apenas unas semanas en condiciones de sanitización de las mesas de votación, en fin, condiciones muy particulares, en Surinam acaba de haber elecciones la semana pasada.
Surinam es un estado muy pequeño, pero yo creo que vamos a tener que tener mente abierta para poder enfrentar el desafío operativo sin poner en riesgo, en términos sanitarios, ni a los funcionarios electorales, ni a los ciudadanos que colaboran con las autoridades electorales para hacer las elecciones, ni a los ciudadanos que hacen política, partidos y candidatos, ni por supuesto a los ciudadanos el día de la elección que salen a votar.
Un tercer conjunto de desafíos es el tema tecnológico, no es, por supuesto, un tema nuevo, hay muchas etapas de la organización de las elecciones que echan mano de la tecnología, pero hoy ya no es solamente una cuestión alternativa, se va a convertir en una necesidad cada vez más.
Aunque aquí hay que tener mucha claridad, sobre todo, en que no podemos avanzar hacia nuevas formas de hacer las cosas en las elecciones si no asumimos una postura de flexibilidad; dos, de gradualidad, y por eso es importante la historia, el énfasis con el que arrancaba esta charla; y, tres, de un consenso político.
Porque las decisiones que tomemos si no se construyen sobre un consenso político pueden ser el día de mañana un problema lejos de una manera de resolver los desafíos que tenemos.
Y, finalmente creo que hay un último desafío, es un desafío global, es un desafío que tiene que ver con la defensa de los órganos, de la autonomía de los órganos electorales.
Lo que no significa, como que gusta decir, que ser autónomos se traduzca en ser autárquicos. Somos órganos del Estado Mexicano, y aunque la Fiscalía como parte de la Fiscalía General de la República, y el INE, somos órganos constitucionales autónomos.
Y eso significa que debemos ser repelentes a cualquier tentación de cualquier poder, de decidir conforme a intereses o intencionalidades políticas, también es cierto que tenemos que desplegar una capacidad muy importante, porque las elecciones son una construcción colectiva y vamos a necesitar, tanto del acompañamiento de las instituciones sanitarias, como las autoridades de seguridad, por ejemplo, por decir solo dos, para poder tener elecciones exitosas.
En fin, aquí termino José Agustín. Te agradezco de veras de nueva cuenta muchísimo, y estoy atento a los comentarios, preguntas de quienes nos escuchan que quieran formular.
Muchísimas gracias de nueva cuenta.
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