VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Estimados integrantes del Consejo General, estimados y estimadas integrantes.
El financiamiento público generoso y predominante sobre el financiamiento privado ha sido y es parte consustancial del sistema electoral mexicano, no es el resultado de un capricho o de una decisión arbitraria, es el resultado de un amplio consenso político incluyente, con una gran amplitud de miras que hace cinco lustros fue venturosamente entendido como la columna vertebral, junto con el modelo de comunicación política que permite el acceso a todas las fuerzas políticas del país, a espacios de radio y televisión, decía, la columna vertebral de la equidad en la contienda político electoral.
El gran problema que aqueja a todas las democracias es la disruptiva, tensa y compleja relación que existe entre dinero y política, o de otra manera, el del dinero como elemento determinante de quien accede y quien queda excluido de los espacios el poder público.
Aquélla fue una buena apuesta que permitió, desde entonces, una competencia política más equilibrada, y el acceso al poder a nivel municipal, local y federal, de prácticamente todos los partidos políticos.
Sin esa apuesta, sin el financiamiento público, hay que decirlo claro, los últimos 20 años no habrían visto la intensa competencia electoral que elección tras elección se reproduce, ni el altísimo grado de alternancia que ha vivido el país y que ha beneficiado a todas, sin excepción, a todas las fuerzas políticas.
Para decirlo sin ambages y sin restar valor, ni a las campañas electorales que los diversos contendientes han desplegado en estas décadas, ni mucho menos al voto ciudadano que constituye la única y autentica llave de acceso al poder político, pero el financiamiento público es el fundamento que ha permitido condiciones de equidad entre los contendientes y con ello ha permitido la transformación del mapa político del país del último cuarto de siglo, y entre otras cosas, tres alternancias en las últimas cuatro elecciones presidenciales.
Por eso, al financiamiento público hay que defenderlo y cuidarlo, como condición del piso mínimo de condiciones de la competencia en el que se sustenta la democracia mexicana y que permite que sean los votos y no el dinero el que defina en nuestro país a los gobernantes y a los representantes populares.
Es cierto que vale la pena, con objetividad y sin intencionalidades políticas, discutir y analizar la pertinencia de racionalizar los montos que como sociedad le dedicamos a la política, pero ésa debe ser una discusión que parta de bases objetivas y vuelvo a insistir, no de intencionalidades políticas.
Llama la atención y no puedo dejar de mencionarlo, en los últimos 10 años, en tres ocasiones se ha planteado exactamente en los mismos términos, una reducción a la mitad del financiamiento público, por parte del partido gobernante, así lo hizo el PAN a finales de la década pasada, así lo planteó el PRI en el sexenio anterior, y así lo ha venido planteando en el último año y medio el actual partido gobernante MORENA.
Soy el primero en reconocer que, en los tiempos actuales, que son difíciles y graves para México y para el mundo, tengo claro que la actual crisis sanitaria, derivada de la pandemia de COVID-19, se trata de una crisis que supone lamentablemente también una grave situación económica y la necesidad ineludible de destinar el mayor monto de recursos posible para atender a los afectados por el contagio y las consecuencias del mismo.
Es por eso que como ya había ocurrido en 2017, luego de los sismos de aquel año, el INE ha definido la ruta para que, si así lo decide algún partido político, pueda renunciar aparte de los montos que le corresponden de acuerdo con el mandato constitucional.
Pero sobre el punto, quiero ser claro en dos cosas:
Primero, los partidos políticos no pueden realizar donaciones con sus recursos, las donaciones están, para decirlo en otras palabras, prohibidas. El dinero que es recibido por los partidos, solo puede ser destinado a fines partidistas, ésa ha sido una de las garantías de la equidad de la contienda y una garantía de que el dinero que se invierte en la política no es utilizado para distorsionar a la misma.
Esos, de modo tal que solo a través de la renuncia de un monto, de un porcentaje de los recursos por recibir, puede ser la vía para dejar que entren en las arcas partidistas, lo que constitucionalmente le corresponde, esos montos serán devueltos por el INE a la Tesorería de la Federación, quien las destinará a los propósitos que su propia normatividad establece.
El INE no tiene competencia ni jurisdicción sobre esos recursos desde el momento en que son reintegrados cada mes a la hacienda pública.
Y en segundo lugar, quiero señalar lo siguiente: la emergencia abre la puerta a una lamentable y dolorosa situación de excepcionalidad, y así debe de ser vista la actual coyuntura, si acaso se quiere abrir o continuar esa discusión, la que tiene que ver con los montos del financiamiento público, sea bienvenida la misma, bajo la lógica de cómo fortalecer el sistema de partidos y no de cómo alterar las condiciones de la competencia democrática que tanto nos ha costado alcanzar.
Por eso es pertinente que, en su caso, estos sean momentos de decisiones excepcionales que no pueden ni deben convertirse en situaciones normales una vez que, ojalá pronto, hayamos superado la emergencia sanitaria.
Habrá tiempo para discutir, habrá tiempo para seguir perfeccionando nuestro sistema de partidos, pero ojalá y estos momentos no sean el pretexto para obviar una discusión y una reflexión que tiene que ser de largo alcance y de altitud de miras.
Los actuales, son tiempos recios, duros, complejos y graves, que nunca antes habíamos vivido como sociedad, como país, incluso a nivel mundial como género.
Son tiempos que requieren mucha altitud de miras, la evidencia empírica recopilada durante las semanas que han transcurrido demuestra que el COVID-19 nos afecta a todos, sin distinción de género, social, económica, política, religiosa, de ningún tipo o étnica, y esto obliga altitud de miras.
Son tiempos en las que la sociedad mexicana requiere que los actores políticos vean lejos y vean por todos, no vean por sus intereses particulares, esos son legítimos, pero para eso tendremos el próximo año la elección más grande de la historia en donde de cara a las contiendas durante las campañas, cada fuerza política, las y los candidatos podrán exponer sus visiones de país y sus propuestas para mejorar el estado de cosas existentes.
Pero estos no son tiempos de campaña, ya vendrán las campañas electorales, hoy lo que necesitamos, lo que la sociedad mexicana para enfrentar este desafío inédito requiere es actitud de mirar, es estadistas.
Está abierto la palabra para quién me digan.
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