stamos frente a una decisión iné-dita: nunca antes de ahora se había pospuesto una elección en la historia democrática del país. Pero también nunca habíamos enfrentado, al menos en los tiempos recientes, una situación de emergencia de esta naturaleza, ni por su alcances, ni por sus impactos e implicaciones.
Es tal el poder de infección del virus Covid-19 que ha impactado al mundo y ha alterado los calendarios electorales de casi todas sus regiones. De acuerdo con IDEA-Internacional, la propagación del virus ha llevado a posponer elecciones de todo tipo: presidenciales en Bolivia; locales en Francia, Australia, Perú, Letonia, Canadá, Argentina, Austria y Túnez; primarias en algunas entidades en Estados Unidos, y en Italia, Rusia, Armenia, Chile y las islas Malvinas se han tenido que aplazar referéndums previstos para los próximos meses de este año.
La modificación de plazos electorales por esta condición de salubridad no implica la suspensión ni la vulneración de derechos políticos. Indudablemente toda democracia requiere de reglas claras, ciertas y conocidas, y la certeza en torno a los plazos de los procedimientos electorales y particularmente de la fecha de la jornada electoral son fundamentales. La certeza básica en la que se fundan las democracias es la permanencia de su ciclo electoral; es decir, el hecho fundamental de que periódicamente los ciudadanos renueven, con su voto, los poderes públicos.
Pero la inflexibilidad de esas reglas puede, en una situación de emergencia –como lo es la actual contingencia sanitaria– poner en riesgo a la democracia misma, ya que los electores podrían ver en riesgo varios de sus derechos fundamentales en aras de realizar elecciones a cualquier costo sin una sensata comprensión del contexto.
Eso es lo que ocurrió ayer. El INE pospuso las elecciones para salvaguardar los derechos políticos de quienes son los protagonistas de la democracia: las y los ciudadanos. Ello responde a que, en su momento, quienes están convocados a las urnas puedan votar de manera libre, informada y sin exponerse a un riesgo sanitario.
Pretender que los procesos electorales en curso se sigan desarrollando sin atender al contexto y las disposiciones recientes de las autoridades de salud, sería condenar las elecciones al fracaso. Podría incluso ser un factor que aumente el descontento con la política, el desencanto con la democracia y, peor aún, comprometer la salud de los ciudadanos involucrados en los comicios.
Por eso es importante subrayar que no se suspendieron indefinidamente ni se cancelaron las contiendas locales de Coahuila e Hidalgo. Cancelar esas elecciones significaría, sin más, la supresión de la democracia. Es por ello que lo que el INE hizo fue posponer las etapas y actividades que estaban por venir (incluida la jornada electoral), para reprogramarlas hasta que existan las condiciones sanitarias para llevarlas a cabo con plena garantía de los derechos políticos.
Los derechos humanos deben entenderse y garantizarse de manera integral y omnicomprensiva. El principio de interdependencia que rige a los derechos fundamentales así lo vislumbra. Los derechos políticos suponen la existencia de una serie de condiciones y precondiciones de las que depende su ejercicio pleno y libre.
Ante una situación excepcional como la que impone la emergencia sanitaria, la misma salvaguarda de los derechos políticos supone posponer su ejercicio hasta que existan las condiciones para que ello ocurra, sin vulnerar ningún otro derecho fundamental (como el derecho a la salud).
La posposición de esas dos elecciones locales fue una decisión que goza de dos fundamentos: la declaración de emergencia sanitaria definida por el órgano constitucional competente, el Consejo de Salubridad General, y el consenso político que se ha construido en días recientes con las dirigencias de los partidos políticos nacionales. Esta suspensión temporal es una muestra de confluencia democrática en la que se antepuso la responsabilidad pública en un tema de Estado, a los intereses de partido. Se trata de una decisión que el INE toma desde su autonomía constitucional, en sintonía con las autoridades sanitarias del país y con el consenso de los actores políticos.
Se trata de una decisión gravísima que no puede ni debe banalizarse. Por eso mismo, es una decisión que no busca convertirse en algo normal y ordinario, ni debe pretenderse que así ocurra. Pero también es cierto que es una medida que resulta indispensable para llevar a buen puerto la renovación de los poderes en Hidalgo y en Coahuila. Ojalá que nuestra democracia nunca más ten-ga que verse sometida a una situación como la que hoy enfrentamos.
La decisión que tomó el INE, estoy convencido, no es muestra de debilidad democrática, sino de la fortaleza institucional que colectivamente construimos en las décadas pasadas para garantizar efectivamente los derechos políticos de las y los mexicanos. Hoy el voto cuenta y es emitido en libertad gracias a esa exitosa apuesta conjunta. Y así ocurrirá en Coahuila e Hidalgo apenas las condiciones sanitarias lo permitan y el INE defina la nueva fecha de la jornada electoral y ajuste el calendario correspondiente.
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