No ha sido fácil consolidar entornos democráticos en América Latina y la construcción de nuestro modelo de competencia en México ha requerido, para alejar los fantasmas de fraudes electorales y proteger el derecho a voto efectivo, una confección de candados de confianza muy detallados, que va desde el listado de votantes verificado y avalado por todos los jugadores, urnas transparentes, casillas instaladas por nuestros vecinos sorteados y capacitados previamente, representación de partidos en cada una de esas casillas para atestiguar que no haya irregularidades, una tinta indeleble para atender el principio de una persona es igual a un solo voto, boletas foliadas e impresas en papel seguridad, entre otros muchos instrumentos.
Ese diseño, para algunos abigarrado o sobrecargado, ha dado buenos resultados si consideramos que en los últimos 20 años ningún partido ha sido inamovible en la silla presidencial y que la alternancia ha estado presente una y otra vez, que ha pasado por todo el espectro político de la oferta partidaria, porque así lo han decidido los votos y hay un modelo que permite hacer valer esa voluntad general. No hay pues fuerzas políticas con triunfos o derrotas predefinidos, pero sí una complejidad logística y presupuestal cada vez más notoria para mantener e incrementar esos candados de confianza en campo, debido a que, por ejemplo, los votantes aumentan año con año y, con ello, la necesidad de imprimir boletas, de instalar más casillas o la de capacitar y reclutar por sorteo a más ciudadanas y ciudadanos para recibir y contar votos físicos, aumenta. Un dato que puede ilustrar lo anterior es que, en el 2018, la lista de votantes fue casi 10 millones más alta que la de 2012 y esa tendencia se mantiene (eran 79 millones en el 2012 y 89 millones en el 2018).
El 7 de junio de este año habrá un ejercicio de votación electrónica en Hidalgo y Coahuila. Algunas casillas tendrán urnas electrónicas y los votos serán vinculantes. Habrá oportunidad de sacar conclusiones respecto al funcionamiento.
Transitar a un modelo de votación electrónica puede ser un primer paso para ir simplificando los costos de la democracia. La medida puede darse a partir de una implementación progresiva, donde poco a poco se vayan despejando dudas sobre algún riesgo de manipulación informática. Ya hay varias opciones probadas en el mundo para descartar eso, pero sólo con pruebas piloto o ejercicios auditables y vinculantes podremos demostrar, o no, la solvencia técnica del modelo electrónico y evitar desconfianza en él, alejar fantasmas de fraudes electorales que pudieran surgir con ese método.
El voto electrónico, igual que los modelos físicos de votación en papel, no está libre de problemas o eventuales tropiezos, sin duda, tiene buenas y malas experiencias, pero es una alternativa viable si se aplica correctamente y por eso debe analizarse con seriedad un diseño que, en su caso, adopte las mejores prácticas, las exitosas, y no las que han salido mal. No debe descartarse como opción para hacer más eficiente el ejercicio del voto ciudadano, como vía para abatir los despliegues logísticos costosos vinculados a la impresión y distribución de millones de boletas, posibilidad para evitar jornadas en las que funcionarios de casilla (voluntarios) inicien, como hoy, a primera hora del día, y terminen de contar boletas en la madrugada.
El INE puede aportar información técnica y las y los legisladores valorar la pertinencia de dar un paso más al frente para simplificar todo lo relacionado a conteos rápidos o programas de resultados preliminares, que tendrían, con voto electrónico, cifras precisas, prácticamente censales de cada casilla, en minutos y no en horas.
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