VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO ÚNICO DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL C. EDMUNDO JACOBO MOLINA COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INE, POR UN NUEVO PERIODO DE SEIS AÑOS
Este 2020 es un año de particular importancia para la democracia mexicana y, en especial, para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral de cara a los próximos años.
En unos meses más, tendremos que superar una serie de grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento del INE y de un incuestionable y probado compromiso con la legalidad.
Estamos en el pleno desarrollo de las elecciones locales en el estado de Hidalgo para renovar sus municipios, y del estado de Coahuila para renovar su congreso local.
Además, como ustedes saben, estamos en pleno proceso constitucional y legal para la eventual constitución de nuevos partidos políticos que están desplegando, justo en estos momentos, sus tareas de cumplimiento o de intento de cumplimiento de los requisitos que la ley marca.
Además, uno de los desafíos probablemente el de mayor calado, es que en unos meses más dará inicio el proceso electoral 2020-2021, que será el más grande y más complejo de la historia, tanto por el número de potenciales electores involucrados, como por el número de cargos inédito el número de cargos en disputa en las urnas.
Además, hay otro desafío de tipo, si se quiere más administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre estos preparativos y el déficit financiero con el que hemos iniciado presupuestalmente este año fiscal.
Para dar una idea de lo que subyace detrás de la organización del proceso electoral, de alcance nacional, que iniciará en septiembre, permítanme poner un par de datos básicos: Se van a elegir más de, 3 mil 495 cargos, 260 más que en 2018 y, por primera vez, en tres décadas de vida democrática, se llevarán a cabo 32 contiendas locales concurrentes con la renovación de la Cámara de Diputados federal
Para ello, estaremos instalando el próximo año más de 160 mil casillas en las que podrán votar alrededor de 96 millones de votantes, de electores, seis millones más que en 2018.
Organizar una elección así, nos exige consolidar los mecanismos de colaboración y seguimiento que hemos establecido con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, y afinar la maquinaria institucional del Servicio Profesional Electoral, tanto en oficinas centrales, como en las 32 Juntas Locales y las 300 Juntas Distritales, debido a la gran movilidad que ha experimentado a propósito del programa de retiro voluntario y de los concursos de ingreso y promoción celebrados en los últimos años. El último de los cuales, con más de 300 cargos del Servicio Profesional, por cierto, en curso.
Desde el punto de vista administrativo, iniciamos este años con más de 250 millones de déficit, que supone inevitablemente, para poder cumplir con nuestras obligaciones legales con nuestros trabajadores, pero además, con las obligaciones legales y constitucionales que el Instituto debe cumplir de cara a la ciudadanía, la necesidad de obtener recursos propios, con base en los distintos servicios institucionales que se prestan, tanto a instituciones públicas, como privadas, y cuidar con lupa el correcto ejercicio de cada peso autorizado a esta autoridad electoral para poder subsanar, decía, dicho déficit.
En este entorno, desafíos logísticos, administrativos e institucionales, designar de nueva cuenta por un nuevo periodo al Secretario Ejecutivo de esta institución es una decisión trascendental para evitar especulaciones o incertidumbre conforme se acerque el final del periodo para el que fue electo en abril de 2014 y contribuir a la continuidad de la operación institucional.
Recordemos que, conforme al diseño constitucional del INE, el funcionamiento de esta autoridad electoral descansa en tres tipos de decisiones: Las directivas y de gran calado, que toma el Consejo General; las que toman las áreas ejecutivas y técnicas, relacionadas con la operación de proyectos, aspectos administrativos y programáticos, así como con el ejercicio de los recursos públicos asignados, y; en tercer lugar, las vinculadas con el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral, que garantiza el profesionalismo, la transparencia y la certeza en la aplicación de los procedimientos, normas y leyes, que ha distinguido a esta autoridad electoral.
Y como ustedes saben, es el Secretario Ejecutivo quien funge como la piedra angular de ese diseño constitucional.
Quiero subrayar que traer a este Consejo General de nueva cuenta la propuesta para designar por un nuevo periodo como Secretario Ejecutivo al licenciado Edmundo Jacobo Molina, es factible en tanto, como dice el dictamen emitido por la dirección jurídica, la LGIPE no establece el momento preciso en el cual debe proponerse, en su caso, dicha designación por un nuevo periodo, y es conveniente en tanto hacerlo pues contribuye a eliminar toda sombra de incertidumbre sobre la continuidad y, por ende, la certeza que se desprende, de un cargo que es clave para el buen funcionamiento del Instituto.
Que una elección sea previa a la fecha de inicio del encargo es algo normal en una democracia y en distintos ámbitos de designación, lo vemos todos los días en designaciones que realizan distintos órganos del funcionamiento democrático y constitucional del Estado mexicano: el Congreso, los órganos administrativos, en fin, distintas instancias. Precisamente para evitar potenciales crisis constitucionales.
Así sucede, por ejemplo, como decía, con los órganos legislativos que se eligen dos meses antes de que inicie formalmente el periodo para el cual fueron electos, y que impide que haya vacíos decisionales.
Debo decir que esta propuesta no es una novedad y menos una sorpresa, considerando la trayectoria del licenciado Edmundo Jacobo, que, de hecho, me atrevo a decir, es un reconocimiento similar al que hace unas semanas hicimos para promover a dos vocales ejecutivos locales, a titulares de la DEOE y de la DESPEN.
Para dar una idea de la experiencia que distingue a nuestro Secretario Ejecutivo, basta recordar que, de 30 años de vida de esta Institución, en 12 de ellos el Licenciado Edmundo Jacobo ha sido responsable de la operación institucional.
Más aún, la experiencia acumulada por el Secretario Ejecutivo en la instrumentación de la reforma electoral de 2014 y su aplicación en 198 procesos electorales; sus conocimientos como jefe del Servicio Profesional, de la estructura ejecutiva y la ascendencia que con ello ha ganado entre quienes lo integran, así como la capacidad de interlocución que ha manifestado con otras instituciones públicas y privadas, con las representaciones de los propios partidos políticos, con las oficinas de las consejerías de esta institución, convierten, desde mi punto de vista, al licenciado Edmundo Jacobo en el mejor candidato posible para enfrentar los desafíos que he explicado.
En síntesis, designar por un nuevo periodo al licenciado Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo de la institución es una decisión, estoy convencido, que abona a la certeza y a la eficacia operativa de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo que están en marcha, como mencionaba, y a la continuidad de los trabajos preparatorios que en las áreas ejecutivas y técnicas del INE ya están realizando de cara a la elección más grande y compleja que haya experimentado nuestra vida democrática, y que iniciará formalmente el próximo primero de septiembre.
Por ello, debo agradecer al señor Secretario que haya aceptado mi ofrecimiento para proponer hoy su designación por un nuevo periodo a este Consejo General.
Permítanme concluir recordando que, en 2014, cuando asumimos la responsabilidad de integrar el Consejo General del INE e instrumentar una reforma que transformó nuestro sistema electoral, asumimos que nuestro principal reto, quizás el puerto de llegada de nuestra travesía era organizar las elecciones federales de 2018, hoy podemos decir que este desafío, de cara a lo que viene, es en realidad el 2021.
Esta es la propuesta que he hecho, con la convicción de que esto implicará rendir buenas cuentas a la ciudadanía.
Está, por supuesto, a su consideración la propuesta que he realizado.
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