El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1953 se dio tardíamente en nuestro país, si consideramos que Uruguay fue el primer país de Latinoamérica y el Caribe en legislar el sufragio femenino en 1927. No obstante, México ha adoptado medidas importantes con la finalidad de garantizar la participación de las mujeres en los espacios políticos, convirtiéndose actualmente en un referente en la materia. Muestra de ello son los resultados de la aplicación del índice de paridad política, derivado del Proyecto Atenea realizado por ONU Mujeres y el PNUD, que clasificaron a México como el país con la mejor situación en cuanto a paridad, con una puntuación de 65.7. Aunque es una calificación positiva, no debemos perder de vista que aún existen grandes retos para garantizar los derechos políticos de todas las mujeres.
Con el objetivo de mostrar un panorama general de los retos vinculados a la reforma en materia de paridad emitida en 2019, la CNDH elaboró el estudio La Participación Política Equilibrada entre Mujeres y Hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad, mismo que se centró en analizar los resultados de las elecciones de 2018 y 2019, tomando en cuenta tres ejes: los resultados electorales, la violencia política y la reforma constitucional de paridad.
La subrepresentación es una problemática que afecta particularmente a las mujeres que forman parte de pueblos o comunidades indígenas, por ello las autoridades electorales hemos emitido acciones para fortalecer su participación política. Así, la implementación de la Acción Afirmativa Indígena sentó un referente que, de acuerdo con el estudio, debe ser retomado en la armonización legislativa que deriva de la reforma de Paridad en todo; al definir a los “municipios con población indígena” y para garantizar no solo la paridad en las candidaturas indígenas, sino también en la ocupación efectiva de los cargos, ya que a pesar de su implementación sólo 3 mujeres resultaron electas.
Además, como apunta la CNDH, con este tipo de acciones se atiende una de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW a través de la cual se insta al Estado Mexicano a “adoptar medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las afromexicanas, a presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales”.
En el estudio, también se reconoce la importancia de erradicar la violencia de género de la contienda electoral y se señala que sus efectos negativos se extienden a “la vida cotidiana de las mujeres que ven expuestos sus asuntos personales en sus comunidades, en los espacios donde han crecido y donde, en muchas ocasiones, habitan sus familiares y amistades”, motivo por el cual se considera necesaria “la incorporación de la violencia política por razones de género, a los ordenamientos legales [para responder] a la necesidad de darle visibilidad, y dejar claros los deberes de las autoridades y las acciones requeridas para su prevención y atención”.
El documento, La Participación Política Equilibrada entre Mujeres y Hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad que ofrece la CNDH, resulta indispensable para conocer en donde estamos y señalar los elementos a considerar en las adecuaciones normativas que debe realizar el legislativo para materializar la reforma de paridad; sin embargo, estas temáticas no son parte de los asuntos prioritarios presentados por el Senado para este periodo ordinario de sesiones ¿Hasta cuándo será prioritaria la atención de los derechos humanos de las mujeres?.
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RESUMEN
