La vida democrática mexicana aún es frágil. La honda desigualdad y la pobreza, el mediocre crecimiento económico de las últimas décadas, la persistencia de la corrupción, así como la cruenta inseguridad hacen que los avances democráticos se opaquen y minusvaloren. Mas no será retrocediendo en lo que como sociedad sí hemos mejorado (elecciones libres, gobernantes y representantes populares emanados del sufragio efectivo, alternancias en todos los niveles, división de poderes) como podremos afrontar mejor nuestros problemas.
En este 2020 es indispensable identificar los temas en los que se juega la viabilidad del andamiaje democrático.
En primer lugar debe asegurarse que no se pierda la autonomía política de la autoridad electoral. En abril la Cámara de Diputados debe renovar a cuatro –de once– consejeros del Instituto Nacional Electoral. Fue a partir de 1994, con la designación de los entonces llamados consejeros ciudadanos, y sobre todo desde 1996 con la plena autonomía constitucional del IFE, como se consiguió un sistema electoral confiable e independiente que hizo viables los profundos cambios que en el autoritarismo estaban vedados. La designación de consejeros debe ser fruto de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, no una imposición unilateral. Identificar personas equidistantes al conjunto de actores políticos, que no sean correas de transmisión del partido A, B, C o peor aún del gobierno, no es misión imposible sino una obligación para los diputados.
El segundo tema en el que se juega la permanencia de un sistema electoral imparcial es la profesionalización de la autoridad. El INE está conformado en el país por 32 Juntas Ejecutivas Locales y 300 distritales a las que están adscritos funcionarios que llegaron a su cargo a través de exigentes concursos públicos e integran un sólido servicio profesional electoral nacional que opera de forma permanente. Son ellos quienes organizan comicios bien hechos una y otra vez, quienes garantizan que el Estado mexicano llegue a cada rincón del territorio a empadronar a más de 90 millones de ciudadanos y a instalar casillas donde se vota en secreto y libertad. Los funcionarios del INE saben que su empleo no depende del resultado electoral, su misión es la imparcialidad y la independencia. Atentar contra la profesionalización del INE, como han sugerido algunas iniciativas de reforma, sería poner en riesgo los comicios bien hechos que ya son parte de nuestra realidad.
En tercer lugar, pero no menos relevante, debe mantenerse el padrón electoral y el resguardo de los datos de los ciudadanos en manos de una autoridad constitucional autónoma y no del gobierno. La primera tarea del IFE en 1990 fue confeccionar desde cero un padrón electoral fuera de toda manipulación. México dejó atrás los “rasurados” de la lista de electores o los “muertos votantes”. La base de toda elección confiable es tener un padrón confiable. Lo tenemos. En sexenios anteriores (Calderón y Peña), hubo intentos para que, en aras de avanzar a la cédula de identidad, la base de datos del padrón del INE se entregara a la Secretaría de Gobernación. Esos datos no se les dieron ni a gobiernos del PAN, ni del PRI, así que con el actual no se debe hacer una excepción. Los datos personales de los ciudadanos en poder del INE son para que ejerzan sus derechos político-electorales y así deben resguardarse y protegerse.
Autoridad electoral con autonomía política, profesional y a cargo de un padrón confiable son los pilares de nuestra vida democrática. Preservémoslos en este año donde inician los procesos electorales 2020-21 en los que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y prácticamente todos los municipios del país.
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RESUMEN
