Desde 2015, el INE puso a disposición de las instituciones públicas y privadas que usan la credencial para votar como medio de identificación el servicio de autenticación de identidad en línea. Quienes lo utilizan pueden, previo consentimiento de las personas, contrastar sus huellas dactilares con las que se encuentran en la base de datos del Registro Federal de Electores. Si coinciden, los usuarios del sistema tendrán la certeza de que el portador de la credencial es quien dice ser. Gracias a la tecnología, todo esto ocurre en segundos y con un grado de confianza cercano al 100 por ciento.
La utilización del sistema de autenticación de identidad en línea sólo puede hacerse mediante un convenio con el INE. A lo largo de los últimos cuatro años, se han firmado decenas de convenios. Los medios de comunicación han dado especial cobertura al uso de esta solución tecnológica para la identificación de cadáveres de personas desaparecidas.
Sin embargo, la firma de un convenio con el INE no siempre se ha traducido en el uso del sistema. Quienes realmente están aprovechando el servicio de autenticación en línea son las instituciones financieras. Entre ellas el uso del sistema ha crecido de forma exponencial, medido tanto por el número de bancos y Afores, como por el volumen de consultas realizadas diariamente.
El avance en las instituciones financieras se debe a dos factores. En primer lugar, el interés de algunos bancos de proteger su patrimonio y el de sus clientes contra el robo de identidad. En segundo lugar, la intervención del órgano regulador del sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La CNBV empezó a trabajar con el INE desde 2015 para adecuar el servicio de autenticación de identidad a los requerimientos de los bancos. Finalmente, en 2017 emitió una circular para hacer obligatorio su uso, una vez que tanto el INE como los bancos se prepararon para poner en práctica el servicio. Se espera que en 2020 la totalidad de las instituciones bancarias sean ya usuarias del sistema de autenticación de identidad en línea del INE.
El avance en el sector financiero contrasta con el aprovechamiento casi nulo del servicio de autenticación en línea por parte del gobierno federal. No se debe a la falta de interés que se refleja en la firma de convenios con instituciones como IMSS, ISSSTE e Infonavit. Los beneficios potenciales de contar con un sistema que prevenga la usurpación de identidad son enormes. Sin embargo, una vez que llega el momento de hacer los cambios a sus procesos y las inversiones necesarias para utilizar el servicio, el interés se desvanece.
¿Qué es lo que hace falta para que el sector público aproveche de forma efectiva el servicio de autenticación de identidad del INE para garantizar el derecho a la identidad? La respuesta está en la intervención del órgano regulador, en este caso la Secretaría de Gobernación (Segob). Durante el gobierno de Peña Nieto, la Segob buscó construir sus propias bases de datos de biométricos y prestar ellos mismos el servicio de autenticación de identidad, en vez de aprovechar lo que ya existía y asumir un papel semejante al de la CNBV como autoridad reguladora. El proyecto fracasó por impráctico y costoso.
El gobierno de López Obrador ha mostrado un renovado interés por resolver el problema del robo de identidad. El éxito dependerá de su capacidad de resistir la tentación de empezar de cero y superar la obsesión de la Segob de construir su propia base de datos biométricos. Aprovechar la solución que el INE ha desarrollado y regular a los usuarios del sector público debe ser el camino hacia adelante.
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