Suele simplificarse el debate en torno al dinero público que reciben los partidos políticos y eso genera que se toquen algunos extremos. Es cierto que es viable reducir buena parte del monto de recursos que hoy se destina para las fuerzas políticas con registro, y que esa medida, de concretarse, no afectaría la salud democrática del país, pero una cosa es revisar el monto y otra la muy peligrosa negación al principio fundamental de que se mantenga y prevalezca un financiamiento público fiscalizable por encima de recursos privados para las actividades partidistas. Sería muy riesgoso que por prisas demagógicas cayéramos en un falso dilema que pidiera postura entre decidir si sólo dinero público o si sólo dinero privado es el que debe ser la base para cualquier actividad política.
No fue un error, sino un gran avance democrático, haber logrado que el financiamiento de la política electoral tenga hoy una fuente de recursos públicos que es mayor a las aportaciones privadas. La llamada “prevalencia” de lo público sobre lo privado se reconoce en el artículo 41 constitucional y creo que aún debe permanecer ahí.
Con la reforma electoral del 2007, cuando se apostó correctamente por un modelo de comunicación equitativo, con espacios en radio y televisión garantizados en tiempos oficiales y una prohibición a contratar propaganda en cualquier modalidad de tiempo aire, los partidos dejaron de gastar un alto porcentaje de sus prerrogativas en publicidad, pero no las disminuyeron en la misma medida.
Con esa misma lógica, la fórmula vigente para el financiamiento público hace crecer el dinero de los partidos dependiendo del crecimiento del padrón electoral y de la unidad de medida (antes salario mínimo), y la fórmula se replica en las entidades federativas para partidos nacionales con registro local.
En síntesis, 65% de lo que vale una UMA (Unidad de Medida) se multiplica por el padrón electoral y esa bolsa se reparte en 30% de manera igualitaria entre todos los partidos con registro y en 70% de manera proporcional a los votos obtenidos. Es decir, tienen más recursos públicos los partidos que más votos obtuvieron.
La bolsa es la misma, no importa si son muchos o pocos partidos. entonces, si llegan más partidos, pues se reparte entre los que haya y eso disminuye los recursos o los aumenta, dependiendo de si son muchos los que pierden registro o muchos los que lo obtienen.
Creo que se puede llegar a un justo medio que reconozca la disminución considerable de recursos, pero no “la” eliminación del financiamiento público. Sería un enorme retroceso privatizar la política o desmantelar el piso de equidad en la competencia que ha permitido a la pluralidad tener viabilidad en las urnas sin depender necesariamente de mecenas privados o magnates que inviertan en campañas para cosechar beneficios económicos en los gobiernos.
Es posible salir de esos extremos, es legítima y deseable la reducción del financiamiento público a partidos y quizá replantear la proporción para distribuir una nueva bolsa, pero el debate no debe partir de maniobras de coyuntura para debilitar a los opositores y menos derivar en propuestas de privatización para la actividad política. Ojalá que los tiempos navideños serenen los ánimos.
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RESUMEN
