VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO ÚNICO DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL VOTO ELECTRÓNICO EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE COAHUILA E HIDALGO 2019-2020
Yo creo que esta autoridad tiene una responsabilidad múltiple en varios planos, es una autoridad responsable de una función eminentemente técnica organizar elecciones con base en los parámetros de la ley, emitir credenciales, 16 millones de credenciales gratuitamente a las y los mexicanos mayores de edad, dentro y fuera del país, etcétera.
Tiene funciones de arbitraje, cuando tenemos que administrar, digámoslo así, justicia en el plano administrativo frente a las quejas que se presentan en los partidos políticos y no sólo respecto a muchos otros sujetos regulados, concesionarios de radio y televisión, incluso hasta particulares que niegan información a esta autoridad, por ejemplo, en su momento, y hay una función consecuentemente de corte jurisdiccional administrativo.
Pero también estoy convencido que viene una función, digamos, de rectoría del Sistema Nacional de Elecciones, en donde, si bien es cierto que los órganos electorales estatales, los OPLES son autónomos, también es cierto que esa autonomía no les implica que pueden hacer lo que quieren, al grado que esto ha sido reconocido por el Tribunal, en el sentido de que los procedimientos de remoción de consejeros tienen implícita una facultad de supervisión y de vigilancia del apego de estos órganos a los principios rectores de la función electoral.
Pero también hay una función de conducción política de los propios procesos electorales y sin pretender arrogarnos, como algunos equivocadamente en algún momento han interpretado, ser los garantes o los defensores de la democracia, la democracia se defiende de manera colectiva. Pero sí hay una función específica como órgano de garantía de los derechos políticos que tiene esta autoridad, y eso implica en muchas ocasiones no ser un mero administrador, sino tener, déjenme decirlo así, la responsabilidad de Estado de dar pasos adelante y de eventualmente apostar, como ha pasado venturosamente a lo largo de los últimos 20 años, a tomar decisiones que en ocasiones jurídicamente pueden ser dudosas y, en efecto, como la consejera Ravel nos ha señalado aquí varios casos en los que el Tribunal Electoral nos ha mandatado, nos ha revocado resoluciones porque dice “te estás metiendo en la cancha de los legisladores o del legislador”.
También hay muchísimos casos en los que el Tribunal Electoral nos ha mandado a legislar no teniendo facultades expresas para ello, ¿eh?, es decir, pero eso es otro asunto, no me quiero meter ahora en la consistencia o no de las resoluciones eventualmente a lo largo de la historia de la jurisdicción electoral.
Lo que quiero decir es, que hay muchos puntos, muchos casos en los que el primer paso en la construcción de las reglas de las condiciones e incluso de la técnica con la que las elecciones se realizan y los derechos fundamentales, los políticos en primera instancia se garantizan, han sido precisamente por decisiones como la que estamos por tomar.
Tampoco la ley dice nada, a propósito de qué hacer con los distritos electorales indígenas, la constitución y la ley nos mandatan a tener distritos, a maximizar el número de distritos electorales indígenas, nada más que al legislador se le olvido que, ¿para qué?, y esta autoridad venturosamente digo yo, en 2018 tomó una decisión, o de cara a 2018, que no está en la ley, que no tienen ninguna, digamos, la base expresa legal, pero que por supuesto tiene una base, digámoslo así, de congruencia constitucional y democrática. Y determinamos en un ejercicio, por cierto, de diálogo entre autoridades con el Tribunal Electoral que, en dos de los distritos indígenas con mayor, aquéllos en los que se encuentra una porción indígena mayor de 60 por ciento tienen que los partidos que postular candidatos indígenas. Eso no lo dice en ninguna norma, lo dijo el acuerdo del Consejo General, y la sentencia del Tribunal Electoral.
Y, por cierto, ahí hablando de pendientes, creo que en lugar de estar pensando nada más en cómo “mejorar” a la autoridad electoral, tal vez los legisladores podrían, aquí hay un senador, un diputado, retomar este tema y plasmar una ley, como ha venido pasando en muchas ocasiones; es decir, en muchas ocasiones la construcción del sistema normativo electoral ha partido de decisiones el Tribunal Electoral y de la autoría electoral que después han orientado el trabajo legislativo.
Lo que quiero decir, en consecuencia, es que el que no tengamos una base legal expresa, no significa, y no ha sido impedimento en otras ocasiones, para que, con un ejercicio de interpretación armónico de todo el sistema electoral y de los principios constitucionales, demos pasos adelante en la que sí es una función constitucional, como ha sido reconocida, por cierto, ningún otro órgano electoral del mundo tiene ese reconocimiento por Luigi Ferrajoli como órganos de garantía de derechos políticos que son prototípicos a nivel internacional.
No me meto a discutir lo de la tecnología, lo de la tecnología ya nos alcanzó, y creo que esta autoridad hoy tiene que ir dando pasos, cierto, graduales, sólidos, consistentes hacia el futuro, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar, ya no solamente con el desafío que nos impuso la legislación en 2014 de organizar cuando se nos solicita procesos internos a los partidos políticos, tenemos dos casos exitosos en este sentido: uno el de PRD en 2014, otro el día mencionado por el representante del PAN a principios de este año en el Estado de México, en donde ya empezamos a utilizar urnas electrónicas, y hasta donde van las pláticas con el Partido de la Revolución Democrática, la idea es también avanzar, probablemente en ese sentido en la elección que tendrá que realizar próximamente.
Nada más que no hay que olvidarnos una cosa: aunque no se le preguntó nunca a esta autoridad electoral, esta autoridad ya forma parte, la Presidencia de este órgano ya forma parte de la Junta de Gobierno, del Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral.
Y dentro de la normatividad que tendremos que emitir, pues lo demanda le ley, entre otras cosas es de manera supletoria que el INE eventualmente participa en la organización de los sindicatos.
Hablando con la Secretaria del Trabajo, me decía que hay 700 mil contratos colectivos, no sé si todos son válidos o ciertos, o no, algunos son construidos o no, 700 mil contratos colectivos a nivel federal, solo a nivel federal.
Yo no veo cómo la autoridad electoral puede avanzar en un futuro a colaborar con instrumentar y hacer cuajar la democracia en el ámbito sindical, si no tenemos mecanismos de esta naturaleza.
Y un ejercicio comparativo, contados con los dedos de una mano, son las democracias del tamaño de la mexicana, es decir, que tienen un Padrón Electoral que estimamos va a llegar a 96 millones, que no tienen un sistema de voto electrónico.
Y es que es natural, gestionar elecciones en un contexto en la que la rapidez de la información se vuelve vital, luego hay quien cuestiona que por qué nos tardamos cinco días en dar, tres días en dar resultados, cuando en otros países se da en la misma noche de la elección. Bueno, eso no saber dónde estamos parados, pues la ley es la que nos mandata hacer los cómputos tres días después, pero eso lo dejo a un lado, por cierto.
Lo que quiero decir es simple y sencillamente que la tecnología llegó, y tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo. El punto es ir avanzando paulatinamente, y creo que esto es un buen ejercicio, ya veremos qué pasa en 2021.
Pero es justamente el porqué de lo que estamos presentado hoy, porque tenemos por primera vez desde que el INE nació solo dos elecciones locales en puerta para el próximo año, con independencia de que arrancará el proceso electoral del 21, pero ésa, como suele decirse, es una discusión de otra naturaleza.
Y creo que es importante dar el paso que estamos dando para poder ir construyendo hacia el futuro lo que será el futuro de nuestro sistema democrático.
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