Entre esas iniciativas hay al menos dos de diputados del grupo parlamentario de Morena, que consideran que nueve años es un periodo adecuado para designar consejeras y consejeros, pero que sería mejor que la presidencia del INE fuera rotativa cada tres años como ocurre con otros órganos.
En marzo, otra iniciativa con varios temas pedía también volver rotativa la presidencia del INE; ésa concluía que cada cuatro años podría ser y que fueran los propios consejeros y consejeras quienes definieran quién de ellos presidiría su Consejo General, tomando como base experiencias de otros órganos autónomos administrativos y jurisdiccionales, como el INAI, la SCJN o el TEPJF. El 6 de noviembre nuevamente se colocó ese tema, pero ahora considerando que nueve años pueden permanecer en el encargo consejeros y cada tres cambiar presidencia entre pares.
Incluso sin acortar el periodo del actual presidente (eso sería violentar la autonomía), creo que no es un buen modelo colocar tensión entre consejeras y consejeros, ponerlos a competir entre sí cada tres años para buscar la presidencia, menos alinear eso a los ciclos electorales que renuevan el Congreso y vincular la decisión no a votación interna sino a la propia Cámara de Diputados. La elección de quien preside al árbitro estaría supeditada a la alineación mayoritaria del Congreso conformado por los comicios que el INE organizó, exactamente al término de cada contienda que como árbitro coordine a nivel federal.
En la reforma del 2007 se había planteado un periodo de seis años con oportunidad de reelección para el presidente del INE. Leonardo Valdés concluyó de manera exitosa su encargo sin buscar esa reelección. La decisión fue adecuada, le dio un margen de libertad. Los legisladores entendieron que un consejero ya designado debe garantizar independencia y, por ello, no depender del ánimo de mayorías parlamentarias, ni para reelección ni para rotación, sea cada seis o cada tres años.
Es cierto que el Tribunal Electoral tiene nombramientos por nueve años y que de sus integrantes se rota presidencia cada cuatro. Pese a tratarse de un tribunal constitucional, la inestabilidad que esa dinámica ha generado es evidente. Tensiones mayúsculas. Lo mismo ocurrió hace no mucho con el otrora IFAI, donde una lucha por la presidencia rotativa terminó con denuncias cruzadas entre comisionados y, finalmente, con una reforma que cambió por completo la integración. También hay que ver lo que ocurre con algunos tribunales electorales locales donde frecuentemente la lucha por las presidencias genera pleitos internos que colocan a los magistrados y magistradas en tensión constante y hasta, a veces, en la búsqueda de arbitrajes de actores políticos locales que lastima la autonomía de dichos órganos. Podemos ver ejemplos.
Esa fórmula de presidencia rotativa con elección interna, es decir, con un mecanismo para que sea el propio órgano en cuestión quien defina de entre sus integrantes quién preside, sólo ha mostrado un procesamiento racional entre ministros de la Corte, quienes han logrado sucesiones con cierta normalidad, aunque ahí los encargos son de 15 años (seis más que los de un consejero del INE y cinco más que un magistrado del TEPJF) y el periodo para presidencia de cada cuatro años.
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