VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, CON ACREDITACIÓN LOCAL Y CON REGISTRO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
Permítanme hacer uso de la palabra, colegas.
Con los dictámenes consolidados y proyectos de resolución que hoy se presentan en este Consejo General, el INE cumple una vez más con el mandato de transparentar con oportunidad los gastos ordinarios de los nueve Partidos Políticos Nacionales y de los 43 Partidos Políticos Locales que tenían registro en el año 2018.
Los dictámenes y proyectos de resolución que están sobre la mesa, dan cuenta de la revisión de los 17 mil 47.4 millones de pesos que recibieron los partidos en 2018 y de los casi 16 mil 476 millones que ejercieron el mismo año, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, y dado que se trata, como ustedes saben, de Informes Anuales, están reportados aquí no solamente los gastos ordinarios, sino también están incluidos los gastos de campaña que, en su momento, fueron ya auditados.
Esta fiscalización refleja, por una parte, los avances que hemos logrado en la arquitectura legal, normativa y técnica para transparentar el dinero que ingresa la política; y, por otra, también refleja el esfuerzo de cientos de compañeras y compañeros de la Unidad Técnica de Fiscalización que se dedican permanentemente a analizar la forma en la que los partidos políticos ejercen los recursos que reciben a identificar las fuentes de donde proviene ese financiamiento y con qué proveedores son ejercidos.
En 20 años, la fiscalización electoral se ha convertido en el diseño de la democracia mexicana no sólo en una herramienta para la rendición de cuentas, sino que se está consolidando como un incentivo para el fortalecimiento administrativo de los partidos.
Y me parece que ese es el punto fundamental con el que hay que enfocar la fiscalización, no con una lógica punitiva que no es un propósito de estos ejercicios, sino más bien con una lógica de transparencia y de fortalecimiento de los propios partidos políticos.
En este sentido, sin duda, falta mucho por hacer.
El comportamiento administrativo diferenciado de los comités ejecutivos nacionales de los partidos que, hay que reconocer, ha mejorado consistente y paulatinamente y de los comités locales de dichos partidos, subraya un área de oportunidad que incluso podría ser un desafío, de hecho, me atrevo a decir que constituye hoy un desafío para la debida estandarización de la calidad de nuestra democracia en los próximos años y que ha sido el propósito de la reforma de 2014.
En efecto, ni más ni menos, el 68 por ciento de las sanciones que nos propone la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica, corresponden a faltas cometidas por las representaciones locales de los partidos políticos nacionales.
Y únicamente, el 32 por ciento restante, deriva de faltas atribuibles a los comités ejecutivos nacionales.
Sin embargo, el camino que en más de dos décadas hemos andado en materia de fiscalización, destaca que, si queremos seguir fortaleciendo el sistema de partidos, es necesario que militantes, autoridades y la sociedad en general eleven el contexto de exigencia a los partidos políticos.
Y aquí permítanme hacer ante la incertidumbre de lo que hoy discutirá la Cámara de Diputados un breve comentario: Un sistema de partido robusto pasa por un sistema de partidos más fiscalizado y más responsable de cara de la sociedad, no por construir mecanismos legales que aligeren la transparencia debida para los propios partidos en el ejercicio de los recursos que la sociedad les confiere, y mucho menos para abrir las puertas al manejo discrecional de esos recursos.
Hoy me preguntaban en la Cámara de Diputados si la eventual reducción del financiamiento público de los partidos podría granjearles una mayor simpatía pública, y yo decía que podía ser el caso, pero no era la fuente primordial de reconstruir la confianza en el sistema de partidos.
Pero la opacidad sí puede servir para lo contrario.
Los partidos son entes públicos que tienen una finalidad específica en la Constitución, por eso hoy el gasto en objeto no partidista es sancionado, los partidos políticos no son cualquier ente de gasto, los partidos políticos, hay alguna sugerencia que se plantea plantar en la Cámara de Diputados, podrían gastar en todo lo que fuera fuente lícita, nada más faltaba que se les permita gastar en fuentes, en ámbitos ilícitos, pero los partidos políticos tienen una finalidad específica en el sistema de partidos, a diferencia de otros entes del Estado.
El bienestar social no es responsabilidad de los partidos, al menos de su financiamiento, sino del Estado Mexicano.
El dinero de los partidos es indispensable para tener un sistema de partidos fuerte, pero el sistema de los partidos, el dinero a los partidos debe ser utilizado para eso, para fortalecer al sistema de los partidos. Hay otras responsabilidades que les corresponden a otros entes para satisfacer lo que son necesidades, sin duda, fundamentales del sistema de partidos.
Y permítanme volver al tema que nos ocupa, pero en un día como hoy me parecía, y en un tema como éste me parecía importante hacer por lo menos esta reflexión.
El camino que más de dos décadas hemos andado en materia de fiscalización destaca que si debemos fortalecer el sistema de partidos, decía, es importante generar un contexto de exigencia para transparentar y demostrarle a la sociedad el uso responsable de los recursos que se les confía.
Dicho de otra manera, a mayor exigencia en materia de fiscalización, mayor rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, y mayores elementos de quienes creemos en un sistema de partidos políticos fuerte, para defender al mismo de cara a la ciudadanía.
Recordemos cómo se presentaban a este Consejo General los informes hace apenas seis años, no sólo privaba la extemporaneidad todavía presente, pero cada vez más acotada, sino que para conocer con detalle lo que hoy se registra peso por peso en el SIF de en tiempo real, tardábamos más de un año.
Es por ello que, sostengo que la democracia mexicana sí ha avanzado a través de la fiscalización en materia de rendición de cuentas y transparencia del dinero invertido en la competencia electoral.
Ciertamente, el día de hoy se propone imponer sanciones de poco más de 585 millones de pesos, los cuales, aunque sin duda tienen impacto en las finanzas de los partidos, representan únicamente en sí, 3.3 por ciento de los ingresos totales que tuvieron los partidos en 2018.
Por ello, sostengo que la fiscalización, como decía hace un momento, no tiene un carácter punitivo, sino que es una útil herramienta para a rendición de cuentas, el apuntalamiento del sistema de partidos, y un incentivo para que seamos todos más cuidadosos con el dinero que se invierte en la vida política.
Sin duda, podría decirse que la fiscalización desnuda financiera, comercial y administrativamente a los partidos, pero también es cierto que es un ejercicio responsable en donde los propios partidos políticos tienen la oportunidad, como ha ocurrido, de ir subsanando todas las observaciones que ocurren, que detecta la autoridad electoral.
Concluyo una reflexión a propósito del modelo de financiamiento a los propios partidos y de la fiscalización, sobre todo cuando es un objeto de discusión hoy en día; cuidar el sistema de financiamiento a los partidos significa cuidar el sistema de partidos, debilitar la fiscalización, evidentemente no lo implica, y hoy más que nunca, en los tiempos difíciles para la democracia en el mundo y en México, necesitamos partidos fuertes, competitivos y que tengan condiciones de equidad para el acceso a poder político. Éste es el propósito de este ejercicio de fiscalización.
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