VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO BENITO NACIF HERNÁNDEZ, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, CON ACREDITACIÓN LOCAL Y CON REGISTRO LOCAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, tal como lo ha señalado el Secretario Ejecutivo, en este punto corresponde a los dictámenes y resoluciones que resultan de la revisión de los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos para el ejercicio anual ordinario de 2018.
Quiero empezar comentando que en el portal de colaboración del Instituto Nacional Electoral se ha puesto una propuesta de engrose que solicito se incorpore a la discusión y votación en lo general, cuyas cifras mencionaré en un momento.
Es una propuesta de engrose que presenta la misma comisión en seguimiento al proyecto de dictamen que fue circulado entre los integrantes de este Consejo General en los términos establecidos por la ley.
La Auditoría que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización fue sobre un universo fiscalizable de 627 informes, nueve de los comités ejecutivos nacionales, 288 de los comités directivos estatales, otros 288 de los comités ejecutivos estatales de partidos políticos nacionales con acreditación local, y 42 de partidos políticos locales.
En estos informes, en su totalidad, se reportaron 17 mil millones de pesos de ingresos, y 16 mil 500 millones de pesos de egresos. Es un total de recursos que asciende a 33 mil 500 millones aproximadamente, empleados por partidos políticos en este ejercicio ordinario de 2018.
Como ya es habitual, el principal resultado de la fiscalización, hay que recalcarlo, es que hay un nivel de cumplimiento de los partidos con sus obligaciones de rendir cuentas a la autoridad y a los ciudadanos sobre el origen y destino de los recursos públicos y privados que reciben alto, no hubo una sola omisión en la entrega de los informes.
El reporte de ingresos y gastos, el no reporte, perdón, de ingresos y gastos fue algo realmente marginal y excepcional.
Los partidos políticos dejaron de informar a la autoridad la entrada de 6.4 millones de pesos, y la salida de 9.4 millones de pesos, es decir, se reportó el 99.9 por ciento del dinero que entró a los partidos, y ese mismo porcentaje del dinero que salió de los partidos políticos.
En este aspecto, una primera conclusión es que las reglas funcionan para incentivar a que los partidos políticos reporten sus operaciones, además de que estos muestran interés en hacerlo.
La revisión que se hizo de estos informes lleva a que la Comisión de Fiscalización proponga a este Conejo imponer sanciones por un monto de 585.3 millones de pesos, resultado de 43 tipos de conductas infractoras diferentes, es una cifra que difiere de la que originalmente se obtenía del proyecto de dictamen circulado por los ajustes que se proponen en el engrose que se ha circulado en el portal del Instituto Nacional Electoral.
Hay dos conductas en las que se concentra el 59 por ciento de las sanciones: cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, con una sanción total de 118.5 millones de pesos; y cuentas por pagar también, con una antigüedad mayor a un año, con una sanción de 111.1 millones de pesos.
En el dictamen del Informe Anual de 2017, que el Consejo General aprobó en febrero de este mismo año, se otorgó un plazo adicional de seis meses a los partidos para que liquidaran estas cuentas o, de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, presentaran las excepciones legales que justificaran su permanencia en sus balanzas.
Durante el proceso de garantía de audiencia, la Unidad Técnica de Fiscalización valoró las aclaraciones que presentaron los partidos políticos, los saldos que persistieron son los que ahora se propone sancionar.
Las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año se consideran aportaciones de persona prohibida, por lo que se sancionan con el 150 por ciento del monto involucrado.
Las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año se toman como gastos sin objeto partidista, por lo que corresponde a una sanción del 100 por ciento.
Además de estas dos conductas, hay otras cinco en las que se concentra el 80 por ciento de las sanciones, como ocurrió en años anteriores, son observaciones que se hacen a partir de los reportes de los propios partidos; se trata de la indebida comprobación de gastos, el reporte en este informe de gastos de años previos o del propio proceso electoral, el reporte de gastos que no se demostró tuvieran relación con las actividades propias de los partidos políticos, y el no destinar recursos establecidos en las legislaciones nacional o locales para el gasto etiquetado en promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y en actividades específicas.
En 2018, 67 partidos perdieron su registro: dos nacionales, 52 partidos nacionales con acreditación local, y 13 partidos locales.
En estos casos, la Comisión de Fiscalización propone no imponer multas, sanciones económicas por las faltas que cometieron, sino amonestarlos para no entorpecer el proceso de liquidación en el que están inmersos.
En las propuestas de dictamen también se propone dar 202 vistas a diferentes autoridades por posibles faltas que están relacionadas con la competencia de estas autoridades; resaltan las 132 para OPLES por conductas que podrían violar normas electorales locales, y 50 para la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, por presuntas infracciones a la legislación electoral nacional. Además, hay 10 vistas a la FEPADE, siete al SAT, tres a tesorerías estatales, y dos a otras autoridades.
Adicionalmente, se propone iniciar 20 procedimientos oficiosos a los partidos políticos, y finalmente, en los dictámenes se propone ordenar la realización de dos auditorías especiales, por una parte, a los activos fijos, por otra sobre los impuestos por pagar, que para ello se harán mesas de trabajo con sujetos obligados para poder comprobar los pagos que se realizaron a las autoridades correspondientes y que estos se hayan registrado como es debido en sus contabilidades.
Como en todos los asuntos que la Comisión de Fiscalización trae a este Consejo, estos dictámenes y resoluciones son resultado de un esfuerzo colectivo.
No quiero dejar de reconocer el ánimo de los partidos políticos para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de fiscalización que permiten que los ciudadanos sepan el detalle del origen y destino de sus recursos, igualmente las direcciones de auditoría, resoluciones, programación y riesgos trabajaron diligentemente para la revisión de los informes y la elaboración de estos dictámenes.
Muchas gracias.
-o0o-