Por las miles de horas que tuvieron en radio y televisión durante las elecciones de 2018, los partidos políticos no pagaron un peso. De hecho, ni a uno solo de los más de 18 mil candidatos le costó el acceso a más de 41 millones de anuncios de campaña. El costo tampoco lo asumió el país ni las y los ciudadanos que pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué Mario Delgado, líder parlamentario de Morena, propone reducir el tiempo en radio y televisión de los partidos alegando que el recorte contribuirá a la austeridad?
Tal vez sea una confusión y, si es el caso, sirve aclarar que desde 2008 la ley prohíbe la compra y venta de pauta con fines electorales y ordena que durante las campañas, el acceso de partidos sea exclusivamente a través de 41 de los 48 minutos diarios a los que el Estado tiene derecho en todas las emisoras de radio y televisión.
No siempre fue así. Este modelo de comunicación política fue una respuesta al uso electoral de propaganda gubernamental, a los comerciales en la elección de 2006 que aseguraban que AMLO era «un peligro para México» y a los precios diferenciados que su campaña pagó por la compra de publicidad en televisión. Antes, los partidos sí compraban tiempo al aire con cargo al erario (durante el proceso electoral federal de 2006 se gastaron cerca de 1,900 millones de pesos en espacios de radio y televisión). Con este antecedente, es irónico que sea desde Morena que ahora se proponga la reducción.
Pero el modelo actual no sólo favorece a la austeridad, también es uno de los pilares que protege la equidad electoral frente a gobernantes y actores privados que, como empresas o individuos acaudalados, usaron el acceso a medios para influir en el electorado.
Delgado dice también que su propuesta acabaría con la «spotización» en la política. Que en cápsulas de 30 segundos los partidos no comuniquen ideas y sólo reproduzcan frases de mercadotecnia, me parece una crítica válida. Tenemos que repensar mejores formatos que propicien más el debate y la discusión de ideas. Pero lo cierto es que la propuesta no plantea un formato distinto para los mensajes de los partidos. Su único efecto sería disminuir el número de minutos de acceso que tienen los partidos a los medios de comunicación.
Y quizá lo más preocupante de una reducción así son las repercusiones para la competencia democrática: si en campañas se limita el tiempo al aire de los partidos de 41 a 20 minutos diarios, ¿a dónde se irán los otros 21 minutos restantes, a los que de cualquier manera seguirá teniendo derecho el Estado?
Veo dos posibles escenarios. En el primero los minutos se transfieren a televisoras y radiodifusoras; éstas se benefician económicamente, el país pierde un derecho y, en demérito del derecho a la información, todos terminaremos viendo más publicidad de empresas en vez de información de los partidos durante las campañas.
En el segundo, se reasignan los 21 minutos al gobierno federal. El efecto sería sobreexponernos al mensaje oficial del gobierno, pues no sólo tenemos un presidente cuya presencia en medios de comunicación no tiene comparación alguna en la historia de México, sino que su gobierno tendría presencia en medios durante las campañas, expresamente prohibido por la Constitución.
En suma, disminuir el tiempo que tienen los partidos genera ventajas para las televisoras, para el partido en el gobierno y pone en riesgo la competitividad electoral que tanto ha costado construir en México. Que sea desde Morena que se proponga reducir los tiempos ahora que está en el poder es tanto como patear la escalera una vez que se subieron sus peldaños, buscando que quienes vienen detrás tengan un ascenso más difícil.
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