VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, REALIZADA EN LOBBY DEL AUDITORIO DEL INE
Presentadora: Muy buenos días.
Bienvenidas y bienvenidos a la Firma de Convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Preside en este acto el doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; doctor Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; doctor Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral; y el licenciado Carlos Alberto Morales encargado del despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Agradecemos la presencia en este evento de la Consejera Electoral maestra Claudia Zavala Pérez, de integrantes de la Junta General Ejecutiva, de funcionarias y funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Nacional Electoral; así como de medios de comunicación que nos acompañan.
Para dar inicio damos la palabra al doctor Benito Nacif Hernández.
Consejero Electoral del INE, Benito Nacif Hernández: Muchas gracias.
Bueno yo quiero empezar dándole la bienvenida a quienes nos acompañan, que son servidores públicos tanto del Instituto Nacional Electoral, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que están aquí presentes con nosotros, por supuesto, a los medios de comunicación que cubren este evento y a quienes nos siguen por internet.
Quiero también dar la bienvenida y agradecer la presencia de nuestro invitado, el doctor Santiago Nieto Castillo, quien, como ustedes saben, es Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Saludo con aprecio y afecto al doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE; al licenciado Carlos Morales, nuestro encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, desde luego a la Consejera Claudia Zavala que nos acompaña aquí en el público.
Hoy el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera firmarán un convenio de colaboración para intercambiar información, en las investigaciones que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no es extraño que se identifique alertas, alertas que están relacionadas con ámbitos de otras instancias, en ocasiones la revisión que hace el INE sobre las finanzas sobre los partidos políticos permite observar hechos que posiblemente tengan relación con delitos, faltas de carácter financiero, igualmente en su trabajo de prevención y detección de operaciones con recursos ilícitos o financiamiento al crimen, la Unidad de Inteligencia Financiera puede encontrar indicios de posibles faltas en materia electoral.
Con el instrumento que ahora es materia de un convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral, se busca diseñar e implementar acciones para garantizar este intercambio óptimo necesario para que ocurra de manera oportuna y eficaz el intercambio de información y documentación con la que cuente cada una de las instancias con el fin de que ambas instituciones puedan desarrollar, ejercer sus atribuciones con la mayor exhaustividad posible para dar un mejor servicio a nuestro país.
Para el logro de este objetivo el convenio dispone que se integrará un grupo de trabajo con enlaces institucionales operativos y técnico-informáticos que permitirá identificar oportunidades y necesidades precisas de información.
En 2015, se suscribió previamente un convenio, la dificultad cada vez mayor para rastrear los recursos y la complejidad de los esquemas de las operaciones de financiamiento ilegal, han hecho que este tipo de cooperación entre nuestras dos instituciones, se vuelvan no sólo indispensable, sino también más eficaz.
Hasta ahora, este intercambio de información ha funcionado satisfactoriamente, ya que ambas partes se han beneficiado de lo que nos comunicamos entre sí.
Con la firma de este convenio se busca renovar y refrendar el compromiso mutuo de ambas instituciones, para colaborar en sus respectivas funciones y darle un mejor servicio a México.
Muchas gracias.
Presentadora: Para continuar, escucharemos el mensaje del doctor Santiago Nieto Castillo.
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo: Bueno, primero quisiera agradecer al doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Benito Nacif, a la Consejera Claudia Zavala, que se encuentran presentes esta mañana para la Firma del Convenio de Colaboración de Intercambio de Información entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y el Instituto Nacional Electoral.
Por supuesto, agradezco la presencia del licenciado Carlos Morales, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Lo primero que plantearía sería que, efectivamente, desde la reforma constitucional de 2014, la expedición de las leyes secundarias, se previó a nivel normativo, la posibilidad de intercambio de información entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano del Estado Mexicano, encargado del combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.
Cabe señalar que, el lavado de dinero, finalmente, es una actividad que se relaciona con delitos predicados, uno de los cuales podría ser la defraudación fiscal, pero también el financiamiento ilícito a las campañas electorales; como también tenemos otras expresiones como el secuestro, la extorsión, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera.
Lo que nos reúne el día de hoy es, a pesar de la mejora del convenio celebrado ya en el año 2015 y la necesidad de cumplir algo adicional que surgió en este lapso que es el Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional.
GAFI ha mencionado en el mes de noviembre, 2017, publicado en enero de 2018, que la Unidad de Inteligencia Financiera debe diseminar un mayor número de informaciones a las autoridades competentes, para efecto de combatir cualquiera de los delitos predicados o de las responsabilidades que en la materia administrativa o en materia electoral pudieran presentarse.
Desde la perspectiva conceptual, creemos que, uno de los retos de la democracia mexicana tiene que ver con el combate al financiamiento ilícito y a la relación existente o que puede existir entre corrupción y procesos electorales.
Cabe señalar que ésta se puede dar por tres vías, el peculado electoral, el desvío de recursos públicos para fines electorales, el financiamiento ilícito proveniente de los grupos delincuenciales y, finalmente, el tema relacionado con el rebase a las aportaciones establecidas en la ley y las prohibiciones legales en cuanto a los sujetos que pueden financiar de manera legal las campañas electorales.
En ese sentido, pues la legislación ha sido muy clara y hay una enorme actividad institucional por parte del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en señalar criterios para poder combatir el flujo de recursos ilegales o ilícitos a las campañas electorales.
Sin embargo, hay que reconocer que es un tema que va más allá de lo electoral.
Si algo tiene México es que tiene un sólido sistema electoral y creo que los resultados de las elecciones de 2018 son, en gran medida, por la solidez del sistema, por la incorporación y cooperación entre las autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal electoral, en el sistema electoral.
Por eso, afirmar que el tema va más allá de lo electoral implica que otras autoridades del Estado mexicano, participemos y colaboremos con el Instituto Nacional Electoral en el cumplimiento de sus fines institucionales; y que, de igual forma, la información del Instituto Nacional Electoral pueda servir para poder cumplir con los parámetros y el estándar internacional que obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera, a combatir las prácticas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y los delitos relacionados.
Que van más allá de lo electoral significa que las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, que las autoridades hacendarias, las autoridades fiscales, las de procuración de justicia, deben combatir estas prácticas para evitar su injerencia en el ámbito de lo electoral, y es una responsabilidad que no se le puede dejar solo a las autoridades electorales.
Las autoridades electorales tienen una función fundamental de corte constitucional, pero la seguridad y los temas vinculados con el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo van por otro tipo de instituciones, como es la Unidad de Inteligencia Financiera o las secretarías de seguridad.
Solamente me resta decir que GAFI en el Informe de Evaluación Mutua obliga a la UIF a dar mayor información a las autoridades competentes, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, que tenemos también la obligación de generar un listado de personas políticamente expuestas, que incluya candidatos y precandidatos.
Y finalmente, la generación de un grupo de trabajo que presente casos para que, además de la parte preventiva, se puedan combatir los casos en sede administrativa, sea fiscalización, propiamente lo electoral, lo penal electoral, o las atribuciones propias del combate al delito del lavado de dinero.
Pues muchas gracias, y bueno, siempre es un honor estar en esta institución.
Presentadora: En este momento se procede a la firma del Convenio.
(Firma de Convenio)
Presentadora: Finalmente, escucharemos el mensaje del doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenos días, todavía, tengan todas y todos.
Un gusto estar esta mañana, y un gusto recibir a un buen amigo de esta institución y, además, alguien que, como muchos que estamos aquí, hicimos nuestros pininos justamente en esta institución. Santiago, en este caso no es solamente una cuestión metafórica, es una cuestión concreta, bienvenido a ésta, que es tu casa siempre.
El modelo democrático que se configuró con la Reforma Electoral de 2014, dispuso que la recreación de la democracia se diera al amparo de un amplio circuito de colaboración institucional, tal como lo ha mencionado el doctor Santiago Nieto hace un minuto.
El entramado normativo surgido de esa reforma reconoce que la democracia es una obra colectiva en la que todos tenemos distintos roles que cumplir, autoridades electorales y partidos políticos, gobiernos e instituciones públicas, y también, privadas y, por supuesto, cada ciudadano y ciudadana, todas y todos tenemos responsabilidades que cumplir para el buen funcionamiento de la convivencia en clave democrática.
En este marco, la colaboración de las instituciones financieras y fiscalizadores es particularmente relevante porque en la evolución de nuestra democracia, la equidad y la rendición de cuentas han sido verdaderos motores para el perfeccionamiento de las normas electorales y, en general, para el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios no sólo de transparencia, sino de rendición de cuentas que son parte del engranaje fundamental del funcionamiento de todo sistema democrático.
No se trata solamente de asegurar equidad en el financiamiento de las elecciones y el predominio, venturoso predominio, digo yo, de los recursos públicos sobre los recursos particulares, sino también de garantizar que el dinero que ingrese a la política, provenga de fuentes lícitas, y que además, la sociedad pueda verificar en cualquier momento de dónde provienen los recursos que están respaldando al proselitismo electoral y las propuestas que cada fuerza política y sus candidatos plantean, y los candidatos plantean ante la ciudadanía.
Para lograr esos objetivos, la Reforma Electoral estableció que el Instituto Nacional Electoral debía desarrollar un Sistema Integral de Fiscalización.
El SIF, como nosotros le llamamos a dicho sistema, incluye un padrón de proveedores, obliga a los partidos y candidatos a capturar en el sistema casi cotidianamente sus operaciones de ingresos y gastos, y cuenta con un módulo de transparencia que posibilita a la ciudadanía consultar cuándo están gastando y en qué gastan el dinero que reciben los partidos políticos.
Cabe señalar que este sistema de fiscalización que ha sido premiado internacionalmente y que ha sido solicitado por diversas autoridades electorales del mundo, es la expresión más acaba de más de dos décadas de reformas legislativas en materia de fiscalización electoral.
También en este tema, y Santiago es un protagonista en primera persona de este hecho, también en este tema, nuestra la construcción de nuestro sistema democrático es el producto de una larga y paulatina evolución que ha ido perfeccionando en nuestro sistema electoral.
No es la aparición por generación espontánea de la democracia de un día para otro, de nuevo aquí creo que, ante la polémica secular, pero también aterrizable en lo electoral, entre creacionismo y evolucionismo, lo que hoy tenemos es el producto de una larga evolución y de una serie de esfuerzos continuados.
Al principio de 1993 a 1996 esa primera generación de reformas solamente establecía de manera general las características y plazos que debían tener los informes de gastos de campaña y los informes anuales.
En ese período solamente mediante litigios que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Santiago era asesor en una oficina de consejeros, yo era asesor en aquel momento y tuvimos, digamos, digamos que presenciamos en primera línea, por eso hablo del protagonismo en primera persona de Santiago en esta historia; los litigios que, ante las instancias jurisdiccionales le permitieron en una primera instancia a este Instituto Federal Electoral, entonces, poder acceder a cuentas bancarias y poder trascender los secretos fiscales fiduciario y financiero.
Decía, litigios que llegaron a la Suprema Corte, permitieron que las labores de fiscalización pudieran eliminar las restricciones que se imponían a la autoridad electoral.
La segunda generación de reformas de 2007 a 2008 y los años que siguieron, se orientó a fortalecer la capacidad fiscalizadora de esta autoridad electoral.
Eliminaron ya desde la Constitución los secretos que mencionaba, se reglamentaron las precampañas, se dispuso la creación de una oficina al interior de la autoridad electoral para fortalecer el carácter técnico de la fiscalización y estar en condiciones de rastrear la huella de todos los ingresos y egresos que ocurren durante los comicios y en la operación ordinaria de los partidos.
En la tercera generación de reformas, ha constituido indudablemente un nuevo paradigma para la fiscalización de los recursos invertidos en la lucha democrática a nivel nacional, se trata de un diseño institucional que potencia a los aprendizajes de las dos generaciones de reformas previas y que obliga a los partidos políticos y candidatos a tener un mayor control administrativo sobre los recursos ejercidos en las contiendas y en su operación ordinaria y que facilita la rendición de cuentas de los competidores ante la sociedad.
Claramente en materia de fiscalización, como en general decía para la democratización en nuestro país, no hay lugar para hipótesis creacionistas.
El rigor de la fiscalización electoral es producto de un proceso evolutivo y que explica los convenios que el INE ha suscrito en esta materia con el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluso, el que hoy firmamos con la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita al ámbito hacendario.
Desde mi perspectiva es claro que las contribuciones de la fiscalización electoral se han potenciado con la incorporación de un enfoque basado en modelos de riesgos, justamente con el mismo sentido con el que opera la Unidad de Inteligencia Financiera, para trascender la fiscalización basada solamente en auditorías contables y con la colaboración interinstitucional que favorece el intercambio de información oportuna que, con estricto respeto de las atribuciones de cada institución, permita configurar una radiografía más precisa sobre las operaciones financieras que ocurren en el país y que eventualmente impactan en el ámbito del sistema de partidos y en el ámbito electoral estrictamente hablando. De ahí la importancia del convenio que firmamos el día de hoy.
Como ya señalaba el Consejero Nacif, como ya lo adelantaba Santiago, el propósito de este convenio es establecer un mecanismo de colaboración ágil que facilite el intercambio de información para el cumplimiento de nuestros respectivos mandatos legales.
Se trata de generar un mecanismo que permita intercambian oportunamente datos que sean de utilidad para las labores fiscalizadoras que realizamos ambas instituciones, se trata pues, de que el INE y la UIF con riguroso respeto a nuestros ámbitos de competencia y restricciones legales establezcamos mecanismos ágiles de colaboración que contribuyan, tanto a la rendición de cuentas, como a la detección y previsión de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, y que faciliten la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos.
Dicho de otra manera, se trata de generar sinergias en materia de fiscalización, para evitar que los límites competenciales de ambas instituciones puedan ser aprovechados por los sujetos regulados y minimizar, en consecuencia, la comisión de conductas que se aparten del marco de la ley.
No son pocas las ocasiones en las que, en las tareas de fiscalización de esta institución, digamos, al no detectar un componente electoral, tengamos que remitir los mismos, dichas investigaciones, a autoridades competentes para poder concretar una efectiva rendición de cuentas.
No son pocos los expedientes en donde descubrimos potenciales ilícitos que no son competencia electoral, pero que deben seguirse investigando, hasta terminar con eventuales sanciones por parte de autoridades competentes.
Y no son pocas las veces en las que el trabajo de otras autoridades fiscalizadoras del Estado mexicano, pueden, eventualmente, involucrar una dimensión electoral. Ésa es la lógica de este convenio.
Sumar esfuerzos para potenciar nuestras capacidades en materia de fiscalización, para que, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, eslabón clave en el proceso de rendición de cuentas, combate a la corrupción, combate al lavado de dinero, combate a ilícitos fiscales, pueda sumarse y contribuir a las tareas, al brazo fiscalizador de la autoridad electoral, y viceversa, que las tareas de fiscalización en materia electoral, que no son islas aisladas de lo que ocurre con el sistema financiero, de lo que ocurre con el resto del sistema político, de lo que ocurre con el resto de la sociedad mexicana, pueda tener esos canales de comunicación que permitan cerrar la pinza fiscalizadora.
Cinco son los grandes pendientes, los grandes problemas nacionales que al menos yo identifico, enfrentamos como desafíos en nuestro proceso de consolidación de nuestro sistema democrático, en nuestro sistema jurídico, en nuestro Estado de derecho.
La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
Para combatir esos flagelos que hoy enfrenta la sociedad, sin lugar a dudas, la mejor manera de hacerlo es generando este tipo de sinergias.
Y como me gusta decir y Santiago ha escuchado esto en otras ocasiones, porque no es el primer convenio que Santiago firma aquí, aunque en otra calidad, y siempre con el mismo propósito de fortalecimiento de nuestro Estado de derecho, el INE es un ente autónomo del Estado mexicano y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero eso no significa que seamos una entidad autárquica, somos parte del propio Estado mexicano y tenemos una responsabilidad pública, social, colectiva, de generar estas sinergias para que el Estado cumpla de mejor manera las satisfacción de esos pendientes, de esos grandes problemas nacionales.
Estoy convencido, pues, que la colaboración interinstitucional es una forma indispensable de generar esas sinergias que potencian las capacidades técnicas y administrativas de las instituciones del Estado, involucradas, en este caso, en estos convenios, y una forma de contribuir, por ello, al fortalecimiento de la vida democrática.
Muchísimas gracias, de nueva cuenta y a trabajar.
Presentadora: Agradecemos a los integrantes del presídium.
Es así como concluye este acto. El Instituto Nacional Electoral agradece su asistencia, que tengan muy buenas tardes.
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