Versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria del 18 de septiembre de 2019

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA PRELIMINAR DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA INSTITUCIÓN

 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Pido orden en el Consejo para poder escuchar el consabido, pero necesario en términos reglamentarios mensaje de Protección Civil, por favor.

(Mensaje de Protección Civil)

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, buenos días, colegas integrantes del consejo.

Damos inicio a la Sesión Extraordinaria de este órgano colegiado convocada para el día de hoy.

Por lo que le pido al Secretario verifique si tenemos quórum para sesionar.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señor Consejero Presidente, para efectos de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de esta fecha hay una asistencia inicial de 17 consejeros y representantes.

Por lo que existe quórum para su realización.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Por favor, continúe con la sesión.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señor Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, señor Secretario, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados para así entrar directamente a la consideración de los mismo, en su caso.

Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor.

Es aprobada, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Continúe con la sesión.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto se refiere al orden del día.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario.

Colegas, integrantes del consejo, está a su consideración el orden del día.

Al no haber intervenciones, por favor, señor Secretario, en votación económica consulte si se aprueba dicho orden del día.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano, por favor.

Es aprobado, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario.

Por favor, dé cuenta del primer punto del orden del día.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El primer punto es el relativo a la presentación de los informes anuales y de gestión que las comisiones rinden al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus actividades 2018-2019.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.

Señor Secretario.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Muy brevemente, Presidente, en lo que se refiere a la Comisión de Fiscalización, acaba de celebrarse una reunión de la misma, y se actualizan algunas fechas que están indicadas en el informe, por lo tanto, lo incorporaré en la nueva versión que dejaremos ya como resultado de la sesión del día de hoy.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias por la moción, señor Secretario.

Colegas, está a su consideración los informes mencionados.

El consejero Marco Antonio Baños.

Consejero Electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Presidente.

Una cosa menor, rogaría que, para el informe de la presidencia de la Comisión de Vinculación, se tome en cuenta un ajuste a la lista de asistencia que contiene una errata y la estoy entregando ahora al Secretario Ejecutivo.

Es todo, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, consejero Baños.

Tiene la palabra la consejera Dania Ravel.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Presidente.

Buenas tardes a todos y a todas.

Quiero referirme al punto 1.7, ya que da cuenta del trabajo durante dos años de gestión de la primera Comisión de Género que ha tenido este Instituto.

Uno de los mayores desafíos del proceso electoral 2017-2018, era garantizar que la participación política de todos y todas, se desarrollara en condiciones de igualdad. Para ello, no podíamos ignorar el impacto que la discriminación y la violencia tienen en el ejercicio de los derechos político electorales, por lo que la creación de una comisión temporal que atendiera los temas de igualdad de género y no discriminación, en el marco del proceso electoral 2017-2018, no fue sino la respuesta del Instituto para contrarrestar, desde nuestras atribuciones, las desigualdades y contribuir en el fortalecimiento de nuestra democracia, una democracia real y sustantiva en la que el género, la orientación sexual, la expresión, la identidad de género, el origen étnico o el vivir con una discapacidad, no representaron un impedimento para el ejercicio pleno de los derechos.

Así, el día de hoy quienes integramos esta comisión, ponemos a consideración del Consejo General el informe final de la comisión temporal, misma que fue la primera de su tipo, tanto en el antes Instituto Federal Electoral como en el ahora Instituto Nacional Electoral.

A lo largo de dos años de funcionamiento, tuvimos como objetivo fundamental fomentar y crear las condiciones para garantizar la participación política de aquellas poblaciones que diariamente se enfrentan a contextos de discriminación, ello a través de acciones de investigación, difusión y sensibilización que abarcaron cuatro temáticas principales: la correcta aplicación del principio constitucional de paridad, el liderazgo político de las mujeres, la violencia política contra las mujeres en razón de género, y la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en la participación política.

El trabajo que teníamos de frente no era sencillo, no obstante, a través de la valiosa colaboración y coordinación con organizaciones, instituciones, áreas y unidades del Instituto, logramos llevar a buen puerto las actividades contenidas en nuestro plan de trabajo y los 53 acuerdos que surgieron en las sesiones de la comisión.

Por ello, me gustaría agradecer a las consejeras, la maestra Claudia Zavala, a la doctora Adriana Favela, a los consejeros electorales, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, al maestro Jaime Rivera y también al doctor Benito Nacif, que formó parte de esta integración al principio de la comisión.

Así como a las Secretarias Técnicas de la comisión, la maestra Maccise y ahora la licenciada Mónica Páez. Gracias por sus aportaciones en cada una de las acciones realizadas, y al resto de mis compañeros y compañeras consejeras electorales, quienes acompañaron en todo momento a esta comisión.

Las medidas, actividades, documentos e informes que surgieron de ella, se presentan como un punto de partida desde el cual debemos seguir construyendo, y así me gustaría destacar algunas de las actividades que emanaron de la comisión, con la finalidad de compartirlas en dónde estamos y a dónde tenemos que ir.

Uno de los proyectos más importantes que implementamos fue la red de mujeres electas, cuya finalidad fue brindar información, orientación y acompañamiento a las mujeres que resultaron electas en el proceso electoral 2017-2018, hacer que sus derechos y obligaciones políticas, así como de la violencia política en razón de género. Para ello, generamos una plataforma a través de la cual les brindamos principalmente un espacio de comunicación en línea para compartir la información y experiencias, acceso a notas y materiales informáticos e informativos y materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por ejemplo, la normatividad nacional e internacional, así como un directorio de defensores y defensoras en materia de derechos humanos por entidad federativa.

Información respecto de los eventos, noticias y actividades programadas y un apartado seguro para el registro confidencial de casos de violencia política en razón de género, además, habilitamos un espacio para que pidieran orientación, en caso de ser víctimas de este tipo de violencia.

Aquí quiero hacer un especial agradecimiento al ingeniero Jorge Torres, porque realmente él fue el que pudo desarrollar esta plataforma.

Otra de las redes en la que tuvo participación la comisión, fue la red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y los organismos públicos locales electorales para dar seguimiento a casos de violencia política por razón de género, implementada y creada por la AMSE, una red en la que casi todos los organismos público locales electorales forman parte con excepción de seis entidades, únicamente en Nayarit, Tamaulipas, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur y Campeche, no forma parte de esta red que me parece que ya se ha convertido en una constante durante los procesos electorales.

Por ejemplo, como a continuación a dicho mecanismo, se lanzó la red para los procesos electorales 2018-2019, en la que el INE participó en su implementación en las elecciones extraordinarias de Puebla, en entidades y/o municipios en las que existen alertas de género, éste tipo de red es particularmente importante.

Además, se llevó a cabo el tercer encuentro entre consejeras y consejeros del INE y los OPLES, del cual surgió la Red de Mentoría en órganos colegiados electorales, y en el marco los procesos electorales de 2019, realizamos los foros para promover la paridad y elecciones incluyentes, a través de los cuales nos acercamos a las entidades con el fin de compartirles aquellas acciones que se estaban desarrollando, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Sin duda alguna, para poder llevar a cabo estas acciones, las sinergias con autoridades locales fueron indispensables, sumado lo anterior, desarrollamos informes, guías, realizamos talleres, ofrecimos cursos a las candidatas electas, llevamos a cabo un seminario y una conferencia en materia de masculinidades, cápsulas para la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género; participamos y efectuamos distintos eventos para la difusión de las temáticas de igualdad de género, entre otros.

Con respecto a los informes, me gustaría destacar la participación de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, ya que, a partir de las labores de la comisión, ahora analizan las redes sociales y además, con una perspectiva interseccional. Este tipo de trabajos son inéditos en México, así nos lo hicieron saber las personas de las organizaciones de la sociedad civil y académicos que acuden a la comisión y que nos pidieron que diéramos particular difusión de este informe.

La comisión se coordinó con otras comisiones, para la realización de tres protocolos que me parecen fundamentales para la construcción de una sociedad más incluyente; los protocolos trans, tanto el que tenemos externo para permitir que las personas trans puedan votar, aun cuando su expresión de género no coincide con los datos plasmados en la credencial para votar, el protocolo trans interno para las personas que laboran en el Instituto y el protocolo para la implementación de buenas prácticas, en el ejercicio del recurso del gasto programado para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres.

Tenemos todavía un gran reto, garantizar la inclusión de todos los grupos de la sociedad en los procesos democráticos.

Dada la naturaleza de las conductas que pretendemos erradicar, seguiremos enfrentando este reto, sin embargo, continuaremos trabajando incansablemente.

Citando a Estela Hernández, hasta que la dignidad se haga costumbre, que los derechos humanos, político-electorales dejen de estar limitados o condicionados, y los espacios de poder sean democratizados, porque ése es nuestro trabajo, compromiso y responsabilidad como autoridad electoral: lograr la consolidación de una democracia paritaria e incluyente.

Muchas gracias, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Ravel.

¿Alguna otra intervención?

Si no hay más intervenciones, damos por recibido los informes mencionados.

Y le pido al Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto es el relativo a los Proyectos de resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversas quejas por hechos que se consideran constituidas en infracciones a la ley en la materia, mismo que se compone de siete apartados.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Colegas, integrantes del Consejo, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del orden del día, o bien, solicitar la realización de una ronda de discusión en lo general.

La consejera Zavala.

Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Presidente.

Muy buenas tardes a todas las personas.

Yo quisiera pedir la ronda en general para presentar los proyectos.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muy bien.

Bien, ¿alguna reserva de los proyectos en específico?

El consejero Ruiz.

Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruíz Saldaña: Buenas tardes.

Gracias, Presidente.

Como voy a votar en contra del 2.1, el 2.2 y el 2.4, pediré votación separada; y del 2.5 va a ser una votación diferenciada.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Okey.

¿Algún punto de reserva?

La consejera Ravel.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: El 2.4, por favor.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: 2.4.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Sí.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, una consulta consejera Ravel, ¿es solamente para votación diferenciada o es para intervención?

Correcto, entonces lo reservamos, si les parece bien consejero Ruiz, reservaríamos el 2.4, y los demás se pediría una votación diferenciada, o quiere un análisis en lo particular.

Reserva propiamente dicha, de acuerdo.

Entonces, estamos con cuatro puntos reservados, ¿alguien más?

El 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5.

Bien, sí, claro.

La consejera San Martín.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Yo pediría la ronda en lo general, ahí discutiría los puntos.

Creo que, si entendí bien lo que dice el consejero Ruiz Saldaña, por los temas que son, el 1, 2 y 4 como se refieren al mismo tema, sería solamente votarlos por separado de todos los demás, digamos, no necesariamente discutirlos, excepto el 2.4 que ya pidió la consejera Ravel, excepto el 2.4 que ya pidió la consejera Ravel.

Yo además pediría una votación diferenciada en cuanto a la multa del 2.3, pero lo explicaré en la ronda en lo general.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: De acuerdo.

Entonces, si les parece bien, consejero Ruiz, consulto, quedaría como reservado hasta el momento el 2.4 para una discusión en lo particular. Los demás, dependiendo de las intervenciones en la ronda en lo general, serían objeto de votaciones diferenciadas con puntos en lo particular en los términos que ustedes señalen.

No, el 2.3 no está, ¿reservado?, no, no, nada más el 2.4.

Bien, señor Secretario, le pido que consulte en votación económica si se autoriza la realización de una ronda en lo general.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba abrir una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano por favor.

Es aprobada, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Le cedo el uso de la palabra a la Consejera Claudia Zavala.

Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Presidente.

En ocasión la Comisión de Quejas y Denuncias presenta siete proyectos, de esos asuntos tres proyectos se refieren a procedimientos iniciados en contra de los partidos, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente, con motivo de denuncias presentadas por personas que aducen una transgresión a su derecho de libre afiliación y el uso no autorizado de sus datos personales para tal fin.

Se debe destacar que estos asuntos no están dentro de los supuestos de suspensión de la resolución previstos en el acuerdo 33 de 2019, emitido por este Consejo General para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos, ya sea porque en términos de la jurisprudencia nueve de 2018, emitida por el Tribunal Electoral en estos procedimientos se puede actualizar la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral o bien porque se encuentran en la hipótesis de cumplimiento de una ejecutoria dictada por alguna de las salas que integran el referido órgano jurisdiccional.

En el estudio de fondo de estos asuntos se valoran los elementos de prueba ofrecidos y aportados por las partes y por los denunciantes, así como por los partidos políticos, para lo cual se toma en consideración que conforme a la normativa aplicable corresponde a los institutos políticos la carga probatoria de acreditar la correcta afiliación de las personas que los integran.

En este contexto en los casos en los que los partidos no aportan elementos probatorios que demuestren la validez de la militancia, se plantea declarar fundado el procedimiento e imponer la sanción correspondiente; mientras que en los supuestos en los que los partidos exhibieron pruebas que acreditan de manera fehaciente la afiliación o bien que al menos generan duda respecto de la hipótesis de su culpabilidad, se propone declarar infundado el procedimiento.

En aquellos asuntos en los que se declara fundado se propone considerar que el cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el acuerdo 33/2018 se traduce en una atenuante de la imposición de la sanción respectiva, puesto que tal conducta contribuye a la construcción de una solución integral del problema jurídico generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación de los partidos.

Por lo que hace al procedimiento 163 de 2018 iniciado con motivo de la resolución dictada por el INAI ante el incumplimiento atribuido al partido político MORENA al deber de confidencialidad, se propone declararlo fundado e imponer una sanción en virtud de que se tiene plenamente acreditado que el instituto político publicó el número de cuenta bancaria y la clave interbancaria de una persona moral, datos personales que conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no deben revelarse, ya que son considerados confidenciales por referirse a su patrimonio.

Por otra parte, el procedimiento 309 de 2018 deriva del expediente remitido por el INAI ante la supuesta violación a la normativa electoral en la que incurrió MORENA por incumplir obligaciones de transparencia y acceso a la información pública a las que está vinculado en términos de la Ley General de Partidos Políticos.

En este asunto se propone declararlo fundado e imponer la multa correspondiente por que se tiene por acreditado que el partido incumplió la resolución emitida por el INAI al no publicar el catálogo de disposición y guía de archivo documental para el ejercicio 2017 de conformidad con los lineamientos técnicos generales publicados el 4 de mayo de 2016.

Finalmente, por cuanto hace a los procedimientos 68 y 88, ambos de 2019, iniciados con motivo de las quejas interpuestas por ciudadanos, por supuestas violaciones a la normativa electoral, atribuidas a los partidos MORENA y Movimiento Ciudadano, respectivamente, consistentes en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrarlos, en el primer caso, como representante de Mesa Directiva de Casilla, y en el segundo como representante general, sin su respectivo consentimiento, haciendo con ello un uso indebido de sus datos personales, se propone declararlos fundados e imponer la sanción respectiva en razón de que los citados institutos políticos no justificaron ni aportaron elementos probatorios suficientes e idóneos, que permitieran suponer que la acreditación de los ciudadanos como representantes se llevó a cabo con su consentimiento libre y voluntario.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted, consejera Zavala.

Tiene la palabra ahora la consejera Adriana Favela.

Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Presidente.

Buenas tardes a todas las personas.

Yo quiero intervenir en esta ronda en lo general, para hacer algunas anotaciones en relación con el punto identificado como 2.1 y el 2.2.

En relación con el 2.1, está relacionado con mil 217 denuncias presentadas por diversas personas por indebida afiliación, en contra del Partido de la Revolución Democrática, y yo únicamente estoy en desacuerdo con el tratamiento que se le da a 40 quejas, pues en el proyecto se propone como infundado los procedimientos ordinarios sancionadores respectivos, ya que el PRD aportó cédulas de afiliación de las personas quejosas, y éstas objetaron dicha cédula; pero como no lo hicieron en los términos del artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, es decir, las personas quejosas que objetaron no sustentaron su dicho con pruebas idóneas, como lo es el ofrecimiento de la prueba pericial en grafoscopía, o alguna otra que consideraran oportuna, entonces, por esa razón se está declarando infundadas las quejas.

El motivo de mi disenso radica en que, desde mi punto de vista, debieron escindirse del expediente que se resuelve estas quejas de 40 personas, ya que si bien el PRD aportó las constancias en las que presumiblemente acredita la debida afiliación de las personas quejosas, lo cierto es que éstas sí objetaron la firma que aparece en el mencionado documento, lo que genera incertidumbre respecto de la validez de las cédulas de afiliación aportadas por este partido político.

En consecuencia, desde mi óptica debieron escindirse del procedimiento ordinario sancionador, a fin de ordenar la pericial en grafoscopía, para que el Consejo General del INE tuviera la plena certeza de que los ciudadanos quejosos manifestaron o no su voluntad a través de su firma en las cédulas de afiliación aportadas por el partido político.

Y es una postura que yo he estado sosteniendo de manera reiterada en este Consejo General.

Peor entonces yo votaría a favor, pero nada más con ese apuntamiento.

Y en relación con el 2.2, ahí yo creo que, en relación con una ciudadana de nombre Ariadne Song Anguas, en el que se propone como fundado el procedimiento ordinario sancionador, me parece que en este caso no debería de ser fundado, tendría que ser infundado, porque el partido político involucrado, me parece que sí dio el trámite oportuno a la solicitud de baja del padrón de militantes de la propia quejosa, si no mal recuerdo, se tardó aparentemente pues 16 días exactamente en hacer el trámite correspondiente, y siguió todo el procedimiento interno que tiene establecido el propio partido político.

Y me parece que, en este caso, además, no podemos partir de la base de que tenía solamente 10 días naturales para hacer el trámite correspondiente, porque ese argumento lo estamos basando en lo que dice el acuerdo CG33 de 2019, que se emitió en enero de 2019, y este trámite de la baja de una militante del PRI, se dio en el año 2017. Entonces, no lo puede aplicar un criterio que adoptamos en enero de 2019, de manera retroactiva a lo que sucedió en el 2017, y solamente fueron 16 días que me parece que es una, o sea, un tiempo prudente para realizar esta baja que solicitó la propia ciudadana, porque ella sí había sido militante al partido político, simplemente lo que después hizo renunciar a ese partido político y solicitar la baja del padrón de militantes.

Entonces, yo, en este caso del 2.2, yo votaría en contra, lo relacionado con la queja de Ariadne Song Anguas.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Favela.

Tiene la palabra la consejera Pamela San Martín.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.

Buenas tardes a todas y a todos.

En los términos que lo he hecho en otras ocasiones, yo no acompañaré los proyectos 2.1, 2.2 y 2.4 que tienen que ver con indebida afiliación, y haré algunas puntualizaciones sobre cada uno de estos, porque me parece que en cada uno de los proyectos hay temas que deben de generar particular preocupación.

Decía ahorita la consejera Favela, y me preocupa, que 16 días son un plazo razonable porque los hechos ocurrieron en 2017, cuando no estábamos bajo el amparo del acuerdo 33, eso es cierto, pero estábamos bajo el amparo, que también estamos hoy bajo el amparo de los lineamientos ARCO y los lineamientos ARCO lo que establecen es que los partidos tienen tres días, lo que pasa es que aquí cuando se aprobó el acuerdo 33, se le dio el regalazo a los partidos, no, tú originalmente tenías tres días, ahora te doy 10 para que no te presiones mucho porque tienes que estar cuidando tus padrones, entonces, para tomártelo con calma tienes 10 días, pero lo que sí tenían antes eran los lineamientos ARCO y que siguen vigentes al día de hoy.

Pero que para efectos de, digamos, materia de afiliación, el Consejo dio 10 días, eso es cierto, digamos para considerarlo como un plazo razonable en el acuerdo 33, pero si se le quiere dar una interpretación distinta, acorde a la norma que se tenía vigente en el 2017, eran los lineamientos ARCO y los lineamientos ARCO establecían que el partido, una vez que se le solicita dar de baja a un afiliado, tiene tres días para darlo de baja y precisamente esa es una de las preocupaciones que yo tengo con este procedimiento.

Y ahora, también me parece que hay un tema que se ha alegado mucho en esta mesa, que es que los ciudadanos no quieren que se sancione, lo único que quieren es que se le dé de baja, pues en el caso 2.1 es bien interesante porque tenemos en las quejas, expresamente señalado por un conjunto de ciudadanas y ciudadanos, que lo que quieren es que se imponga una sanción a uno de los partidos políticos, en este caso al Partido de la Revolución Democrática, pero me parece que esto permite evidenciar algo que se ha discutido mucho en esta mesa.

Hay un tema que es el derecho que tienen las ciudadanas y los ciudadanos a no estar incorporados a un padrón indebidamente, pero otro tema es el derecho que tienen también, de que haya una sanción por las conductas. Aquí en amparo del acuerdo 33, que siempre se aplica la atenuante que señala el 33, a pesar de que cuando conocimos el informe de avances del 33, lo que la Comisión de Prerrogativas advirtió, y trajo a este Consejo General, es que no estaba viendo un cumplimiento cabal por parte de los partidos, la Comisión de Prerrogativas identifica que no hay un cumplimiento cabal, sin embargo, a la hora de sancionar, decidimos que es tan bueno el cumplimiento que no habrá que aplicárseles sanción.

Me parece que eso no es congruente, y que, además, lo que está generando son incentivos perversos, y no es un tema de no atender el problema de fondo, pero me parece que sí vale la pena decir el número de ciudadanos a quienes se le impondrían la sanción el día de hoy al PRD, implicarían una sanción de aproximadamente 22 millones.

Cabe señalar que el acuerdo 33 se adoptó cuando se habían impuesto a la totalidad de los partidos 27 millones como sanción. Entonces, me parece que lo que estamos teniendo es una situación problemática, porque incluso en la sustanciación de estos proyectos al amparo del acuerdo 33, me parece que de pronto estamos obviando temas.

¿Qué tenemos en el caso del PRD, el 2.1? Resulta que impugnaron, presentaron la queja mil 207 personas, perfecto, resulta que las mil 207 que se quejaron de indebida afiliación, es decir, es un universito dentro del universo de afiliados; resulta que el PRD nos da las cedulas de afiliación, 112 casos son de la misma fecha, 12 de diciembre del 17.

Híjole, qué casualidad que 112 personas que acudieron el mismo día a afiliarse son 112 personas que vienen y se quejan en indebida afiliación.

Luego tenemos 201 personas que tienen la fecha de afiliación el 31 de mayo del 2019, 201 personas que se afiliaron el mismo día supuestamente, y que vinieron aquejarse todas juntas de una indebida afiliación.

Tenemos 101 casos que tienen como fecha el 30 de diciembre del 2017. A ver, en serio, si estas cifras no nos llevan a pensar el que haya esta sistematicidad, que de pronto pueden haber, digamos, mecanismos en los que se están elaborando cédulas que no necesariamente corresponden a la realidad, y además imponemos a las ciudadanas y a los ciudadanos la carga de que cumplan con el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias, para que cuando se vuelven a negar a que esa firma les corresponde, o esa cédula les corresponde, tienen que ser abogadas o abogados, o contar con la asesoría legal, para efecto de que continuemos investigando, incluso cuando tenemos esta situación, situación en la que tenemos 201 casos con la misma fecha, 112 casos con otra fecha, y 101 casos con otra fecha.

Me parece que esto sí tendría que llevarnos a una investigación distinta, y no a mantenernos en esta lógica del amparo, del acuerdo 33, porque precisamente lo que aquí tenemos es un elemento que pudiese llevar a una afectación a la propia investigación que se está llevando a cabo.

Y, por último, en el 2.4, hay una parte que me preocupa, y es que de pronto recibimos quejas y se hacen prevenciones para preguntarles si en serio quieren que se investigue, si su intención es que se inicie un procedimiento, o su intención no es que se inicie un procedimiento, me queda claro que las quejas derivan de los procedimientos de reclutamiento, de CAE’s y supervisores, pero presentaron un escrito en el que señalaron que presentaban una queja, y el procedimiento que dimos en la estrategia de capacitación precisamente implicaba el inicio de un procedimiento ordinario sancionador para que en caso de que haya una afiliación indebida por parte de los paridos, se sancione a los partidos, en caso de que no haya una afiliación indebida, demos de baja al capacitador existente electoral supervisor electoral.

Si aquí pide el capacitador o el supervisor que no se investigue, nunca sabremos si lo tenemos que dar de baja, va en contra del sentido mismo que hemos establecido en la estrategia de capacitación y asistencia electoral.

En cuanto al punto 2.3 que tiene que ver con otro tema completamente, ya decía la Consejera Zavala, se relaciona el punto 2.3 con una queja presentada contra el partido MORENA por el incumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales.

En este caso estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, en distintos procedimientos que ha conocido este Consejo General cuando se ha denunciado la infracción a la protección de datos personales, no he acompañado el monto de la multa que se impone.

Me parece que la multa que se propone de 14.25, si no estoy equivocada, es una sanción demasiado baja, incluso, en comparación con las distintas sanciones que tenemos en el Consejo General.

Por lo que yo me separaría del monto de la multa específicamente en el caso del 2.3 y pediría una votación diferenciada en este punto para ya no, el tres, para no tener que intervenir nuevamente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

¿Alguna otra intervención?

El consejero Ruiz.

Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruíz Saldaña: Gracias nuevamente, Presidente.

Solamente para hacer una única intervención respecto de los tres proyectos que señalé que votaré en contra.

Ya he sostenido en este consejo que no acompaño este criterio de una sola amonestación cuando vienen fundados, pero nos encontramos con más casos, de una u otra forma lo ha referido la consejera San Martín.

Preocupa que más allá del acuerdo 33/2019 en la vía de los hechos la unidad esté buscando formas que se traducen en mayor dificultad para lograr asuntos fundados, y ese es el caso precisamente de hacer las prevenciones. Una genuina prevención es cuando faltan elementos por parte del denunciante, pero aquí están aportando todo, están diciendo circunstancias de tiempo, sin embargo, le están haciendo prevención para ver si ya no contestan, entonces se actualiza el que sea un sobreseimiento.

Y por otra parte está permanentemente el caso de firmas que hay señalamientos claros de los denunciantes que desconocen esas firmas. Sin embargo, estamos siendo omisos respecto a seguir investigando esos hechos denunciados.

Entonces ahí hay tres razones que están presentes en estos tres proyectos de procedimientos ordinarios sancionadores que no me permite acompañarlos, tanto el criterio de sanción, como la práctica me parece innecesaria de estas prevenciones, como otros elementos.

Entonces por esas razones en su momento votaría en contra del 2.1, 2.2 y 2.4.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero.

La Consejera Dania Ravel tiene la palabra.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Presidente.

Quiero aprovechar esta ronda general para referirme a tres asuntos que abordan tópicos que ya hemos discutido ampliamente en este Consejo General, el 2.1 y el 2.2 que se refieren a afiliaciones indebidas y el 2.5 que se refiere a incumplimiento de obligaciones de transferencia.

Con relación al 2.1, que es un caso de afiliación indebida como había mencionado en su doble vertiente, tanto positiva como negativa, no comparto dos partes del proyecto.

La primera la que tiene que ver con la sanción que se impone al partido político, y la segunda por lo que hace a la falta de decisión de algunos casos en específico, en donde ciudadanos y ciudadanas han manifestado que no reconocen la firma que aparece en la cédula de afiliación al partido político.

Respecto a la sanción que se impone, no he compartido que bajo el amparo del acuerdo 33 se imponga siempre una sanción de amonestación pública a los partidos políticos cuando se acredite la infracción de que afiliaron indebidamente a ciudadanos y ciudadanas, o que dejaron de desafiliar a ciudadanos y ciudadanos, que así lo solicitaron expresamente.

Siguiendo los criterios de sanción que había adoptado este Consejo General, en este caso en específico se debería de imponer una sanción al partido político, un poco superior a 22 millones de pesos.

Sin embargo, bajo el amparo del acuerdo 33 y de que los partidos políticos se han sujetado a estos procedimientos de regularización extraordinario, pues, se cambia esta sanción económica por una sanción de una amonestación pública únicamente.

A mí me parece que no atiende a ningún criterio de proporcionalidad el quitar la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria a los partidos políticos.

Es cierto que nosotros establecimos en el acuerdo 33, que íbamos a valorar como una atenuante y además no era algo obligatorio, sino lago potestativo, el hecho de que los partidos políticos se sumaran a este procedimiento en caso de que resolviéramos quejas.

Sin embargo, creo que eso no implica que, en todos los casos, sin importar las circunstancias en los casos específicos o las agravantes que puedan existir, impongamos siempre, indefectiblemente, una amonestación pública.

Por eso yo estoy en contra del resolutivo sexto por lo que hace a este asunto.

También en ese mismo asunto hay el caso de, en principio eran 46 ciudadanos hasta el día de ayer, pero hace un momento nos llegó una fe de erratas con lo cual aumenta a 47 ciudadanos, que no reconocen la validez de las cédulas de afiliación.

Con relación a éstos, hay 12 casos, 13 casos perdón, en donde además no reconocen expresamente la firma que aparece en la cédula de afiliación.

De éstos hay siete en donde dicen, adicionalmente, que además de no reconocer la firma que aparece en la cédula de afiliación, presentan una copia de la credencial para votar para que sea del cotejo de las firmas y se corrobore que no son sus firmas.

El artículo 24 del Reglamento de Quejas dice que no basta con objetar las pruebas presentadas, sino que se deben proveer los elementos de prueba idóneos para rebatirlas.

Yo interpreto ese artículo como que se tienen que comprobar los dichos, no como una exigencia de formalidades para la presentación de pruebas que hagan esto similar a un juicio civil o mercantil.

Por lo tanto, a mí me parece que se tiene que atender la petición de estos ciudadanos y ciudadanas, para que se revise si, efectivamente, la firma que aparece en las cédulas de afiliación corresponde o no con la que aparece en las copias de las credenciales para votar que exhibieron para cotejo.

Por lo tanto, yo pediría en este caso específico, la escisión de las y los ciudadanos, María Mónica Hernández, Yaneth Adame Serrano, Esmeralda Rivera Ibarra, Noé Gutiérrez Martínez, Enrique Alejandro Salgado Reyna, Camal Bartolomé Alonso Cuaguich y el caso de Maximina Adriana Meza.

Entonces, votaría en contra, específicamente en este asunto, del resolutivo segundo.

Ahora, el punto 2.2 también se refiere a afiliaciones indebidas por los mismos argumentos que he manifestado en el punto 2.1, votaría en contra de la sanción que se pretende imponer al partido político y, por lo tanto, votaría en contra del resolutivo quinto.

Respecto al punto 2.5, que se refiere a incumplimientos de obligaciones de transparencia, ahí el partido político omitió publicar al catálogo de disposiciones y guía de archivo documental para el año 2017. El proyecto califica este incumplimiento como culposo, a pesar de que en las constancias del expediente se pueda advertir que el INAI determinó que ese incumplimiento a través de una resolución el 15 de agosto de 2018, y la notificó al partido político el 7 de septiembre siguiente; luego el 5 de octubre, el INAI le notificó al partido político el incumplimiento de la resolución; el 29 de octubre el INAI emitió un dictamen de incumplimiento de resolución y el 23 de noviembre el INAI emitió un acuerdo de incumplimiento de resolución y nos dio vista.

En todo este procedimiento el partido político estuvo diciendo que estaba en proceso de carga de la información, en pocas palabras, era consiente la obligación que tenía, no expreso ninguna cuestión por la cual, o circunstancia por la cual no pudiera cumplir la resolución del INAI; y por lo tanto, creo que me parece que la calificación de la infracción debería ser dolosa y no culposa. En ese sentido, en este caso en específico, yo votaría en contra del resolutivo segundo.

Es cuanto, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Ravel.

¿Alguna otra intervención en esta ronda, en lo general?

Bien.

Tiene la palabra el maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD.

 

Representante del PRD, Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.

Buenas tardes, consejeras, consejeros.

Solo para manifestar que en la presente resolución que estamos conociendo como proyecto, se está estableciendo como infundado, me parece que no es el espacio idóneo para valorar pruebas, lamento algunas aseveraciones de quienes han expresado que cotejar fotocopias podemos determinar la autenticidad y la veracidad de la voluntad de los ciudadanos que se han afiliado y que, en tal sentido, me parece que demerita la objetividad de una investigación de un procedimiento ordinario sancionador.

Además, estamos dentro de un acuerdo, el CG33, el cual se votó, no hubo ninguna parte que lo recurriera, está en firme y dentro de ese acuerdo CG33, el Partido de la Revolución Democrática fue el primer partido que solicitó celebrar un convenio con el Instituto Nacional Electoral, para usar la aplicación móvil, la APP, para poder tener datos auténticos y tener  datos biométricos y, desde luego, garantizar el buen uso del tratamiento de los datos personales, hecho que ha avanzado considerablemente.

Me da gusto informar que el PRD ha dado de baja a más de cinco mil 963 afiliados, esto en el transcurso de la depuración y actualización de nuestro padrón electoral interno, que se ha dado en lo general en lo largo de la historia de este partido, y que también hemos llegado a tener una actualización a través de esta nueva aplicación de datos personales con la aplicación del INE.

Hemos alcanzado en tres meses la meta de un millón 649 mil 222 afiliados, de los cuales estamos en proceso de depuración de un padrón histórico de cinco millones 254 mil 778 afiliados.

Esto, gracias a la colaboración de todo este Consejo General del INE, que tuvo a bien prever que el proceso de depuración y modernización de los padrones, de todos los partidos políticos, es un documento vigente, permanentemente en actualización, y más en momentos de transición y de cambios, hay una libertad autentica de los ciudadanos a poder decidir a qué partido político pertenece.

No comparto la visión de algunas consejeras de tratar de resolver un fenómeno político y social, que tiene que ver con un derecho individual del ciudadano de decidir en libertad a qué partido pertenece, se pueda resolver con multas millonarias.

Me parece que ésa no es la vía, la vía es la correcta, sigamos trabajando, cumpliendo con el acuerdo CG33, y que llegado el 1° de febrero de 2020 podamos hacer pública esta información, y vendrán los cruces y depuraciones con los nuevos partidos y agrupaciones políticas nacionales, como para llegar al mes de marzo, y cumplir con el 0.26 por ciento que la ley electoral nos obliga a todos los partidos, y podamos transitar a fortalecer un sistema de partidos, y no a regular con multas o afectar la autodeterminación de los partidos políticos.

Es cuanto.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante,

¿Alguna otra intervención?

Estamos en la ronda en lo general, es una única ronda.

Bien, si no hay más intervenciones, procedamos con la votación de los proyectos que no han sido reservados.

El único que está reservado para su discusión es el que, identificado en el orden del día con el número apartado 2.4.

Los demás, como se ha manifestado en la ronda en lo general, varios de los restantes serán objeto de una votación diferenciada.

Le pido al señor Secretario que tome la votación de todos los proyectos, y con excepción del 2.4, atendiendo a las particularidades señaladas por los consejeros, o pedidos por los consejeros para efectos de su votación.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Presidente.

Sobre los proyectos 2.6 y 2.7 no hubo ninguna intervención, ningún comentario.

Creo que en ese caso se podría, primero, proceder a votar esos dos, y porque en el resto, en el 2.1, como en el 2.2, hay comentarios en lo particular, tanto de la consejera Adriana Favela como de la consejera Ravel, aunque entiendo que el consejero José Roberto Ruiz Saldaña y la consejera Pamela irían en contra de todo el proyecto, como es el caso también del 2.5, en donde el consejero José Roberto Ruiz Saldaña iría en lo particular sobre la calificación de la sanción.

El 2.5.

Entonces, si les parece, primero sometería a su consideración señoras y señores consejeros electorales, los proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los puntos 2.6 y 2.7.

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.

Son aprobados por unanimidad, señor Consejero Presidente.

Ahora, iría en el orden en que aparecen en el orden del día, perdón la redundancia, empezando por el 2.1.

En las intervenciones de las consejeras Favela y Ravel, la consejera Favela hacía referencia a 40 casos, en el caso de la consejera Ravel hace referencia a menos casos.

Entonces ahí tendríamos que tener dos votaciones en lo particular por lo que hace al resolutivo segundo.

Pero además hay una objeción de la consejera Ravel por lo que hace al sexto, entonces les propondría tres votaciones en lo particular.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 2.1, tomando en consideración en esta votación en lo general la fe de erratas circuladas previamente.

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo, en lo general.

Es aprobado en lo general por nueve votos a favor, dos votos en contra.

Ahora someteré, tal vez primero los casos que propone la Consejera Ravel, que es un universo menor y después los casos que propone la Consejera Favela, para dar oportunidad así a las votaciones diferenciadas.

Señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración el resolutivo segundo en los términos en que viene en el proyecto.

Quienes estén a favor como viene en el proyecto sírvanse manifestarlo.

Quedaría como viene en el proyecto por siete votos a favor, cuatro votos en contra.

Ahora someto a su consideración en lo particular el resolutivo sexto como viene en el proyecto.

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, el resolutivo sexto.

Es aprobado por ocho votos a favor, tres votos en contra en lo particular.

Ahora procederíamos al proyecto identificado en el orden de día como el 2.2.

En este caso la consejera Ravel tiene objeción por lo hace al resolutivo quinto y los consejeros Ruiz Saldaña y Pamela irían en contra de todo el proyecto. No tengo ningún otro comentario.

Señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 2.2.

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general sírvanse manifestarlo.

Nueve.

¿En contra? Dos.

Ahora someto a su consideración de este mismo proyecto el resolutivo quinto como viene en el proyecto.

Quienes estén a favor en lo particular del resolutivo quinto como viene en el proyecto sírvanse manifestarlo, el quinto como viene en el proyecto.

Es aprobado el resolutivo quinto por ocho votos a favor, tres votos en contra.

Ahora someteré a su consideración.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Moción de la consejera Favela.

Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: Discúlpeme, Presidente.

Del 2.2 yo les había dicho que estaba en contra, es el resolutivo cuarto.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Perdone usted, tiene toda la razón, por lo que hace al caso de la ciudadana Ariadne Song Anguas, que el proyecto lo declara fundado, y usted propone que sea infundado.

Someteré entonces a la consideración en lo particular por lo que hace a este caso en el proyecto 2.2 de la ciudadana Ariadne Song Anguas, como viene en el proyecto que lo declara fundado.

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, como viene en el proyecto.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.

¿En contra? Cinco.

Es aprobado en lo particular por seis votos a favor, cinco votos en contra.

Ahora sí, pasaríamos al proyecto identificado en el orden del día como el 2.3.

En este caso, la consejera San Martín tiene objeción en lo particular por lo que hace a la multa. Sugiere se incremente la misma por los argumentos que ella ha expuesto, es la única anotación que tengo.

Entonces, someteré a su consideración, en lo general el proyecto, luego en lo particular por lo que hace al monto de la multa.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 2.3, tomando en consideración la fe de erratas que fue circulada previamente.

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse a manifestarlo, en lo general.

Es aprobado por unanimidad.

Ahora, someto a su consideración, en lo particular, por lo que se refiere al monto de la multa, como viene en el proyecto.

Quienes estén a favor de cómo viene en el proyecto, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables.

10.

¿En contra? Uno.

Es aprobado por 10 votos a favor y un voto en contra.

Ahora, procederíamos al caso del proyecto de resolución identificado en el orden del día como el punto 2.4.

El cuatro, porque en este caso el consejero José Roberto…

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Perdón, el cuatro está reservado para su discusión en lo particular.

­Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Entonces, procederíamos al cinco para después ir a la discusión en lo particular, por la reserva de la consejera Ravel, tiene usted razón.

En este caso, en el 2.5, la consejera Ravel tiene objeciones por lo que hace al resolutivo segundo, en lo que se refiere a la calificación de la conducta, que entendería que es la misma objeción que tiene el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, ¿sí?

Todo en contra del proyecto, okey.

Entonces, someteré a la consideración en lo particular, por lo que hace a la objeción de la consejera Ravel, que es en cuanto a la calificación de la conducta.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 2.5.

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse a manifestarlo, en lo general.

10.

¿En contra?, el 2.5.

Todo mundo iría en lo general a favor.

Es aprobado por unanimidad, en lo general.

No, es el 5.

Entonces, se aprueba por unanimidad en lo general el 2.5.

Y ahora, someto a su consideración, en lo particular, en el caso de este proyecto, el 2.5, el resolutivo segundo, como viene en el proyecto.

Quienes estén a favor de cómo viene en el proyecto, sírvanse a manifestarlo.

Nueve.

¿En contra? Dos.

Es aprobado en lo particular por nueve votos a favor y dos votos en contra, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario.

Ahora, corresponde el análisis y discusión y votación, en específico, del proyecto de resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 2.4.

Éste fue reservado en primera instancia por el consejero José Roberto Ruiz y también señaló su reserva la consejera Ravel.

Consejera Ravel.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias Presidente.

A ver, este caso también se refiere a una indebida afiliación en su vertiente positiva y negativa. Entonces, quiero aprovechar también para hacer una acotación a algo que se ha referido.

La verdad es que yo no escuché que nadie propusiéramos que aquí en Consejo General se hiciera la valoración de si corresponden o no las firmas que están en las cédulas de afiliación con las que están en las copias fotostáticas exhibidas por las y los ciudadanos para hacer un cotejo.

Lo que se propuso, en su momento, fue hacer una escisión de estos ciudadanos y de ciudadanas.

Dicho esto, este asunto también como lo decía, tiene que ver con una indebida afiliación de ciudadanos y de ciudadanas.

Como ya lo mencioné en la ronda en lo general, yo no comparto que se sancione a los partidos políticos cuando se acredita esta infracción tan solo con una amonestación pública bajo el amparo del Acuerdo 33.

Desde mi punto de vista, la posibilidad de valorar como atenuante el hecho de que esté sometidos a un procedimiento extraordinario de regularización de afiliaciones, implica a lo mejor, nada más, ponderar la posibilidad de que se baje la multa que ordinariamente se venía poniendo a los partidos políticos, pero no de que se elimine toda posibilidad de que exista una sanción económica y se pase siempre a una amonestación pública sin importar cuáles son las circunstancias en torno de cada caso concreto y si existen, incluso, agravantes.

Por eso motivo, como en los otros, porque me parece que esto no atiende a criterios de proporcionalidad voy a votar en contra del resolutivo cuarto, sin embargo, pedí la reserva de este asunto, porque hay un tema que ya ha referido también la consejera Pamela San Martín en la ronda en lo general que a mí me preocupa demasiado, que tiene que ver con los sobreseimientos que se pretenden hacer en este asunto.

Existe el caso de tres ciudadanas respecto de las cuales se propone por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral sobreseer las quejas, porque se considera que de manera específica no solicitaron que se sancionara al partido político.

Desde mi perspectiva hay muchas irregularidades en torno a estos sobreseimientos.

La primera tiene que ver con la manera como la Unidad se allegó de esta información, de esta manifestación voluntaria por parte de las ciudadanas, se les hizo una prevención.

La ley y el reglamento establece expresamente en qué casos se tiene que hacer prevenciones.

En todos los casos son para poder solventar las eficiencias de las quejas, para poder averiguar si efectivamente, se cumplen con los requisitos de procedibilidad de una queja y siempre y cuando esta ausencia de requisitos no sea de tal gravedad que implique tener la queja por no presentada.

En este caso, se hace una prevención sin ningún sustento jurídico y, por lo tanto, me parece totalmente ilegal para preguntarles a las personas, ¿si desean que se sancione a los partidos políticos ante la queja que vinieron y presentaron?

¿Qué dijeron las ciudadanas?

Dos de estas ciudadanas lo que dijeron fue, que no era de su particular interés que se investigara la conducta realizada por el partido político, ni siquiera dijeron expresamente, que no querían que se sancionara al partido político.

Pero, además, hubo una tercera ciudadana que no respondió estas prevenciones bastante inusuales y también en el caso de esta tercera ciudadana, se está interpretando que no quiere que se sancione al partido político.

Respecto a las tres ciudadanas, el partido político, además, no logró acreditar la debida afiliación, nunca mostró las cédulas de afiliación, por lo que más allá de la pretensión de la ciudadanas de que fueran desafiliadas del partido político, lo cierto es que subsiste una infracción, existe un incumplimiento a la norma que se debe sancionar, y además hay que recordar que los procedimientos sancionadores no tienen como única finalidad resarcir los derechos de las personas promoventes, sino también imponer una sanción a los partidos políticos que infringieron la norma.

En este caso, se comprobó una conducta ilegal, por lo tanto, me parece que se tiene que sancionar también a quien perpetuó esta conducta ilegal.

Tenemos la obligación de mantener la observancia de la norma, y reprimir las conductas contrarias al mandato legal; la pretensión punitiva, es decir, el derecho que tiene el sujeto a que el infractor sufra una pena, no recae en el ciudadano o la ciudadana, recae en el estado.

Las autoridades somos responsables por velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos, por evitar que sigan existiendo infracciones a las normas, por lo tanto, yo votaría en contra también, en este caso, del resolutivo primero.

Gracias, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.

¿Alguna intervención adicional?

Consejero José Roberto Ruiz, no sé si quiera agregar algo más.

¿Alguien más?

Bueno, señor Secretario procedamos a la votación.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Presidente.

En este caso, dada la intervención de la consejera Ravel, les propongo a ustedes una votación en lo general, excluyendo de la misma, por lo que hace al resolutivo primero los casos a los que hizo referencia la consejera Ravel, al igual que el resolutivo cuarto.

No sé si podríamos votarlo en una sola votación en lo particular los dos resolutivos.

No escuché ninguna objeción.

Podría ir, consejera Ravel, en una sola votación en lo particular los…

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Adelante.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 2.4.

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse a manifestarlo si son tan amables.

En lo general, nueve. En contra, dos.

Es aprobado en lo general por nueve votos a favor, dos votos en contra.

Ahora someto a su consideración en lo particular, por lo que se refiere al resolutivo primero en los casos a que hizo referencia la consejera Ravel, y el resolutivo cuarto.

Quienes estén a favor de cómo viene en el proyecto, sírvanse a manifestarlo, como viene en el proyecto, como viene.

Ocho. En contra, tres.

Se aprueba en lo particular por ocho votos a favor, tres votos en contra, señor Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Le ruego que realice las gestiones necesarias para publicar las resoluciones aprobadas con los apartados o identificados con los apartados 2.1, 2.2 y 2.4 en el Diario Oficial de la Federación, cuando éstas hayan causado estado.

Del mismo modo, le pido que informe el contenido de las resoluciones identificadas con el número apartado 2.2 y 2.4 a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.

Por favor, continúe con el siguiente punto.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de acuerdo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales, para el cuarto trimestre de 2019, correspondiente al periodo ordinario federal mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado.

El consejero Marco Antonio Baños tiene la palabra.

Consejero Electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez: De manera breve, Presidente, solamente para insistir, aunque entiendo que en el proceso de posibles reformas al Reglamento de Radio y Televisión está considerado este punto, que se tome en consideración que la asignación de estos tiempos que se realiza trimestralmente por parte del instituto a otras autoridades debe tener como precedente la solicitud específica de los tiempos.

A diferencia de lo que hicimos en junio de este mismo año en este proyecto de acuerdo sí se señala que están las peticiones específicas de las autoridades, de hecho, pediría que se agregaran como parte de los considerandos del acuerdo, en la inteligencia que habrá que revisar ahora que se modifique, insisto, el reglamento en este apartado, si es que así se propone al Consejo General y este consejo lo aprueba.

El alcance que pueden tener algunas peticiones, por ejemplo, algunas autoridades electorales de Aguascalientes presentaron una solicitud en noviembre del año pasado para efectos de todo este año. Eso está una poquita extraña esa forma de hacer las peticiones.

Sí diría eso.

Y en segundo lugar aun y cuando estamos haciendo un apartado de una franja de tiempo para las autoridades estatales, en rigor el reglamento nos obligaría a hacer la distribución específica de los tiempos por cada una de esas autoridades, y no lo estamos haciendo de esa manera.

Entonces solamente enfatizaría mi petición anterior de que este tema sea deliberado en su momento en el Comité de Radio y Televisión para las eventuales modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión, y particularmente para este acuerdo pediría que, dado que se señala expresamente en los considerandos del acuerdo que sí disponemos de las peticiones de las autoridades, pues entonces que se agreguen como parte de la motivación del propio acuerdo para efectos de su aprobación.

Eso es todo, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, consejero Baños.

¿Alguna intervención adicional?

Señor secretario, con estas consideraciones le pido que se someta a votación el proyecto de acuerdo que nos ocupa.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número tres, tomando en consideración las propuestas presentadas por el consejero Marco Antonio Baños.

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables.

Es aprobado por unanimidad, señor Presidente, y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al informe sobre el cumplimiento del plan de implementación 2019 de la ENCCÍVICA (enero – agosto) del presente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe mencionado.

El consejero Benito Nacif tiene la palabra.

Consejero Electoral del INE, Benito Nacif Hernández: Gracias, consejero Presidente, muy buenas tardes a todos.

Con la presentación de este informe la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica hace de conocimiento de este Consejo General las actividades que se desarrollaron en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 entre enero y agosto del año en curso.

Como ustedes recordarán, después del proceso electoral 2017-2018, se planteó la necesidad de revisar y hacer ajustes a la ENCCÍVICA, como se conoce la Estrategia de Educación Cívica, para responder a los retos de la democracia en México y en el mundo.

El diseño del Plan Anual de Implementación para 2019 fue el primer paso en este proceso, así por primera ocasión se establecieron 11 proyectos específicos para cada una de las líneas de acción de la estrategia.

En el documento que está a su consideración, se incluye una descripción detallada de cada una de las acciones realizadas en lo que va del año, así como una síntesis del avance del proyecto, que ubica claramente las actividades que ya concluyeron, las que están en proceso y las que se desarrollarán próximamente.

También se da cuenta de una serie de proyectos que se han venido desarrollando, con el propósito de atender nuevas demandas del entorno social, así como la interacción de la democracia con las redes sociales y la formación de ciudadanía digital.

En el documento también encontrarán desde el relato de actividades como talleres y charlas con personas adultas mayores, y su experiencia de participación política electoral y ciudadana, hasta el diseño de cátedras universitarias, cursos de ciudadanía digital, y de estudios sobre la calidad de la ciudadanía en México, específicamente el Informe País 2020.

Otro aspecto a considerar en este informe es la relevancia que se le da a las alianzas estratégicas. Todos los proyectos se llevan a cabo en coordinación con aliados nacionales o locales, por ejemplo, el Estudio País 2020 se realizará en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística Informática.

Pero en el ámbito local operan alianzas con más de 500 universidades, escuelas, gimnasios, organismos de la sociedad civil, e instituciones de gobierno estatales y municipales, por mencionar algunas.

En suma, este informe no solo da cuenta de las acciones realizadas en los primeros ocho meses del año, sino también de otras acciones que buscan responder a un nuevo contexto, entorno político y social, y cómo institucionalmente tratamos de potenciar sus alcances a través de la sinergia que deviene de las alianzas con otras instituciones.

Finalmente, el informe ofrece elementos para que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica continúe analizando los caminos, retos y proyectos que la Estrategia de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene de cara al próximo año.

Gracias, Consejero Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted, consejero Nacif.

¿Alguna intervención adicional sobre este punto?

Bien, damos por recibido el informe que nos ocupa y, le pido al Secretario que continúe con el siguiente asunto del orden del día.

­Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo al Informe previo de gestión del primer semestre de 2019, del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores consejeros y representantes está a su consideración el informe mencionado.

La consejera Claudia Zavala tiene la palabra.

Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Muchas gracias, Presidente.

Voy a tratar de ser muy breve en esta intervención, sobre todo porque ya en alguna ocasión anterior había hecho una intervención de este tipo y me parece que la importancia que tiene el informe que recibimos del Órgano Interno de Control, sobre todo el previo de gestión, es relevante para los trabajos de este propio Consejo General, pero también, porque está alineado a la rendición de cuentas que es, sin duda, uno de los elementos más importantes en el proceso de construcción de confianza de todas las instituciones públicas.

Para mí informar a la ciudadanía con la mayor transparencia y precisión sobre el destino y lo que se hace en cada una de las instituciones es sumamente relevante, pero también, exige una alta responsabilidad de quienes se encuentran en este sentido.

Y aquí me voy a referir muy claramente al informe que se nos está presentando donde he advertido también por los medios de comunicación, que se ha hecho referencia a algunas situaciones que se marcan aquí que, desde mi punto de vista, carecen de un sustento por el propio funcionamiento que debe tener un órgano de control.

El Informe de Gestión previo tiene que darnos cuenta al Consejo de cómo se están llevando a cabo las auditorías, pero no puede pronunciarse hasta la conclusión de las auditorías, de qué es los hallazgos que se encuentran y, justamente, es por eso, porque se genera una percepción, una percepción diferente de lo que es el estado de las cosas.

Quiero decirle a la ciudadanía, que todos los órganos de control tienen una etapa donde hacen observaciones y en esas observaciones se las presentan a las áreas y las áreas dentro de sus propios mecanismos y procedimientos dan respuesta a las observaciones, así funcionan las auditorías, pero es muy relevante que esas auditorías guarden el deber de secrecía hasta en tanto estén los Informes de Resultados.

Y eso no es el caso aquí, el caso es un Informe Previo en el que se están dando resultados anticipados.

Ya en 2017 había hecho esta observación a la propia Contraloría, en este momento también vuelvo a solicitar y, sobre todo, hoy que hay un movimiento mediático en el sentido de que, si en todo caso se quiere hacer esto porque tiene la autonomía técnica y de gestión, también se tiene que dar cuenta de cómo son las aclaraciones para que la ciudadanía pueda tener ese panorama general de cómo se da el proceso de auditoría.

Sin embargo, también hay ya criterios jurisprudenciales definidos de hasta dónde se tiene que tener la reserva de estos asuntos y esto es hasta los Informes de Resultados cuando ya se tiene cerrada toda la auditoría, no se puede dar a conocer antes, no es porque haya opacidad es que hay un procedimiento y nuestras propias leyes federales nos obligan a todos, incluso, al personal de la propia Contraloría a tener esa secrecía. Así está dispuesto en las leyes de transparencia, así está dispuesto en nuestra propia normativa, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Y yo pediría comedidamente que se haga el informe final que se pueda presentar de gestión, pues se haga justo ya en el de resultados, que es al final de todas las auditorías, que hasta en tanto nos vaya dando un informe de qué es lo que se va avanzando, pero no se tiene que dar, porque así dice la ley, que debe ser un informe es cuántas auditorías se abrieron alineadas a su programa de trabajo, cuántas observaciones se hicieron, pero que al final, al final, y ése sí, el informe final es el que nos tiene que presentar con toda la documentación una vez solventadas las aclaraciones.

Me parece que es necesario decir cómo leer esta parte de la información pública, sobre todo para no generar apreciaciones inexactas a la propia ciudadanía; nos ha hecho entrega el Secretario Ejecutivo, y así también ha sido de cómo están las condiciones, y en todo lo que yo veo de la nota es que muchas de las cosas que se hicieron observaciones ya fueron solventadas.

Ojalá podamos tener un diálogo abierto de cómo se hacen las cosas para poder informar a la ciudadanía con toda certeza y confianza del quehacer institucional, pero una vez que hayan sido concluidas estas propias auditorías, y no durante el proceso de auditoría.

Me parece que eso nos reflejaría a nosotros, y nos daría mayores elementos para poder tener la información correspondiente del ámbito administrativo.

Sería cuanto, Presidente.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Zavala.

¿Alguna otra?, estamos en un informe, reglamentariamente no proceden las preguntas y respuestas en este punto, pero, ¿sí quiere que lo anote?

Ah, okey.

Doy la palabra señor diputado Viedma, por favor.

Consejero del Poder Legislativo de MORENA, Alejandro Viedma Velázquez: Gracias.

Con su venia, Consejero Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos los consejeros, consejeras, representantes.

Hablar de transparencia y rendición de cuentas en nuestros días se ha convertido, y para bien, en una asignatura fundamental de la que ningún ente del estado debe escaparse ante el ejercicio de los recursos públicos que se le asignan anualmente.

En esta tesitura, el informe previo que hoy se presenta ante este Consejo General por parte del Órgano Interno de Control forma parte de este ejercicio fundamental, al que no debemos ignorar, y mucho menos debemos tomar a la ligera.

Esta disposición emanada de la ciudadanía implica reconocer las áreas de oportunidad que se tiene como institución del estado, y nos permite dar cuenta de las debilidades en las que debemos prestar toda nuestra atención y empeño para poder cumplir a cabalidad el mandato constitucional que se les ha encomendado.

Como lo mencioné ya hace algunos meses durante la toma de protesta de la actual Contralor, este órgano cumple con una de las tareas de más alto impacto para esta institución, pues revisa, fiscaliza, investiga y vigila los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del Instituto, con la finalidad de que se mejore la función electoral.

Es importante hacer hincapié que el informe previo que tenemos a consideración dice mucho respecto de los recursos destacando tanto partes positivas, como negativas, por ejemplo, es de reconocer a esta autoridad electoral su atención a las observaciones, acciones correctivas, acciones preventivas que se desahogaron con oportunidad, dado que su gran mayoría dentro de este informe aparecen como cumplidas en el primer semestre que se nos reporta.

También es destacable, y lo celebro de una manera muy especial, que el órgano interno de control haya logrado la meta de cero omisos en la presentación de declaración patrimonial y de intereses de todos los servidores públicos que ejercen la función electoral en esta institución.

Sin embargo, no hay que dejar de lado las áreas de oportunidad en las que este instituto tiene la responsabilidad y oportunidad de atender.

En primera instancia una de las áreas que más llama la atención por los resultados emitidos dentro de este informe es la relativa a la vinculación con los mexicanos residentes en el extranjero, puesto que no se están cumpliendo los objetivos y las metas de la credencialización de nuestros connacionales que se encuentran en otros países.

Dentro de informe se reporta que solamente el 0.5 por ciento de la población objetiva residente en el extranjero tiene su Credencial para Votar. En este sentido debemos reflexionar respecto de la oportunidad de emprender un cambio de ruta para el cumplimiento de las metas trazadas en este rubro.

Otra área donde debemos poner un énfasis especial es la relativa a la contratación de trabajadores eventuales, puesto que derivado de diversas auditorías el informe da cuenta de que se está contratando personal que duplica funciones que otros trabajadores ya están llevando a cabo, lo que implica que esos salarios erogados puedan ser empleados en otras áreas o para el mejoramiento de las condiciones laborales de quienes ya están brindando sus servicios a este instituto.

En una línea similar es importante que se dé cuenta de prácticas como la subcontratación en donde terceros realizan funciones que ya se encuentran asignadas en la estructura.

También es importante poner atención en la forma en que se ejercen los recursos dentro de los órganos desconcentrados, puesto que se da cuenta, por ejemplo, que en la junta local ejecutiva de Campeche no se han logrado justificar gastos relativos a papelería o gasolina para consejeros.

En una línea similar preocupan gastos en temas como arrendamiento de vehículos, tema que quizá es el que ha sido más retomado por los medios de comunicación entre ayer y hoy.

Cabe precisar que éste es solamente un informe previo correspondiente al primer semestre de este año y que su presentación permite a esta autoridad detectar y cumplir con sus obligaciones respecto de un correcto ejercicio del dinero público.

Por lo que hago votos a esta autoridad para que emprendan las acciones necesarias a fin de corregir aquellos rubros donde se tienen tareas pendientes.

Este informe, desde mi punto de vista, no pone en tela en juicio la función, la credibilidad y la certeza con que se desempeña este Instituto, pero sí nos invita a una reflexión crítica de lo que se hace al interior de esta autoridad y nos mandata a iniciar investigaciones correspondientes con autoridades competentes, para rendir cuentas claras a la ciudadanía en donde se haya que rendir cuentas.

Sin lugar a dudas, hay muchas cosas por hacer, se puede seguir construyendo una autoridad electoral más eficiente, más transparente y, desde luego, más austera.

Y, finalmente, hablando del tema de la secrecía, simplemente para comentar que este informe previo fue presentado a la Cámara de Diputados a principios de mes, incluso fue publicado en la gaceta parlamentaria el 5 de septiembre, es decir, era un informe desde hace un par de semanas, público.

Fue turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la propia Cámara, es decir, si bien hay un tema de secrecía que comprendo, ya había sido turnado previamente y había sido informado en la Cámara de Diputados.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, diputado.

Tiene la palabra la maestra Marcela Guerra, representante del PRI.

Representante del PRI, Marcela Guerra Castillo: Sí, muchas gracias en este punto, yo tengo una observación que tiene que ver con el estatuto orgánico que regula la autonomía técnica y de gestión constitucional del Órgano Interno de Control de este Instituto Nacional Electoral, nuestra autoridad.

Y a mí me parece que, en su artículo 8, y lo voy a citar textual, para que el contador público Jesús George Zamora tome nota de esto, porque me parece que el Órgano de Control está violando sus propias normas y eso me parece completamente inadecuado e inaceptable.

Entonces, cito:

Artículo 8: “…tomando en consideración que el Órgano Interno de Control tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a los principios rectores del servicio público aludidos, tampoco podrán contratarse para laborar en su estructura los servidores públicos de mando medio o superior que estén laborando, o hayan laborado en otras áreas del propio Instituto, hasta un año después de su separación del cargo o puesto respectivo; con la excepción, por supuesto, del nombramiento realizado por la Cámara de los Diputados…”.

Y aquí, bueno, pues tenemos la noticia de que tenemos a personas como Claudia Herrera, Ignacio Labra y Fernando Vergas, que laboran, que han sido contratados, incluso ya tienen un cargo, un cargo aquí en el Órgano Interno de Control.

Y yo sí quisiera que nos dieran una explicación porque este asunto, si bien estamos hablando de cumplimiento de la norma, estamos hablando de la transparencia, estamos hablando de la rendición de cuentas, estamos siendo, a profundizar, el mejorar las prácticas y que, además, el Órgano Interno pues está sujeto, no se auto determina así mismo con todo y que tenga autonomía de gestión, y cierta autonomía técnica, sino que existe la Auditoría Superior de la Federación que es el órgano máximo de fiscalización que se encarga, precisamente, también de auditar mediante cierto tipo de auditorías, no solo de oficio, sino también de desempeño, al propio Órgano Interno de este Instituto.

Sin ánimo de polemizar, solamente sí quisiera una explicación, porque debido a esto pues todas estas personas, que no dudo de capacidad, que no dudo en lo personal de sus alcances técnicos, políticos, están vinculadas a partidos políticos, por supuesto, no al nuestro, no al mío.

Entonces, en ese tenor, pues si se trata de equilibrar, de ser plurales, pues también pediríamos que, pues, no sé si estamos aquí vamos a derogar este artículo 8 y entonces, que se nos dé la oportunidad de presentarles perfiles para que también sean contratados.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Tiene la palabra el Secretario Ejecutivo.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, señor Presidente.

En atención a los comentarios del diputado Viedma, permítanme hacer algunas consideraciones iniciales, obviamente, advirtiendo dos cosas en principio.

Con toda la disposición desde las áreas ejecutivas de la institución, de proporcionar toda aquella información que se requiera para atender al máximo la transparencia con la que esta institución ejerce los recursos públicos que se le asigna para cumplir con sus tareas y aquí mi ratificación y es el segundo comentario inicial.

De que, el hecho de las auditorías tanto que práctica el Órgano Interno de Control como la misma Auditoría Superior de la Federación son hechos cotidianos en la institución que venimos realizando sistemáticamente y yo creo que para bien, porque nos advierten eventualmente de cuestiones que tenemos que ir subsanando, corriendo para hacer cada vez, no solamente eficaces como esta institución lo ha sido, sino cada vez más eficientes en la realización de nuestras tareas y yo creo que esto abona a la transparencia no solamente de esta institución sino en general de las instituciones del Estado mexicano y, me suscribo, sin duda, a este respecto como un ferviente creyente en las auditorías en la ejecución de las mismas.

Sin embargo, también quisiera advertir el carácter del informe que está a nuestra consideración.

Es una obligación del Órgano Interno de Control, informar semestralmente a este órgano colegiado y a la Cámara de Diputados, que tiene a bien la designación del titular del mismo, de sus actividades, y ese es el carácter, es un informe de lo que está haciendo que comprende del 1º de enero de este año al último día del mes de junio de este mismo año.

En el cual informa que están en curso varias auditorías. Eso quiere decir que todavía no están concluidas y que, incluso, el mismo Órgano Interno de Control abre un espacio para que las entidades que son auditadas puedan allegarle información al mismo Órgano Interno de Control para subsanar, en su caso, las observaciones que se nos están haciendo antes de que se cierre las auditorías y se concluyan estos.

No quiero de ninguna manera pronunciar palabras que correspondan al propio Órgano Interno de Control, pero quisiera leer textualmente lo que en la página 32 el informe señala sobre el carácter de ese documento, dice textualmente:

“Las observaciones reseñadas tienen un carácter preliminar y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta o comprobada y mucho menos, responsabilidad de servidor público”.

Esto indudablemente creo que el mismo, como lo señalo, el mismo informe en su página 32 lo indica, habla de que estamos en curso de una auditoría como sucede sistemáticamente en nuestro sistemas de auditorías tanto por el Órgano Interno de Control como de la Auditoría Superior de la Federación y habrá que esperar que la información que ya le hicimos llegar, en el periodo que el propio Órgano abrió para estos efectos pueda darse por satisfechas las observaciones y si no, con muchísimo gusto hacemos llegar información adicional cuando de lo que se trata es de la máxima transparencia.

Quisiera, ahora, referirme rápidamente a algunas de las observaciones puntuales.

Por lo que hace al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, hay muchas cifras sobre cuántos mexicanos hay en el extranjero, calculadas que van desde quienes opinan que son 35 millones de mexicanos en el extranjero, hay quien habla de 25, o la CONAPO, que es el dato que refiere el diputado, que habla de 11.5 millones de mexicanos residentes en el extranjero.

Cuando se elaboró el programa para credencialización, por cierto, producto de la Reforma Constitucional del 2014, que le dio atribución a esta institución de credencializar a mexicanas y mexicanos en el extranjero para maximizar sus derechos a elegir diferentes representantes a nivel federal, o bien, local.

Se le dio esta atribución al Instituto y conocimos y estudiamos todas estas cifras; y conocemos y estudiamos también muchos estudios que se han hecho al respecto del fenómeno, pero nunca nos propusimos como meta llegar en la primera instancia a los 11.5 millones. Nuestra meta fueron 500 mil ciudadanos y ciudadanas que residen en el extranjero, por una simple y sencilla razón.

En primer lugar, este es un acto voluntario del ciudadano, no es una obligación taxativa sobre la cual pudiera derivarse alguna otra conducta. Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie en el extranjero para que se credencialice y, después de esto, ejerza su derecho al voto.

Podemos hacer, como lo hemos hecho, campañas amplias para sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos, de manera tal que se credencialicen. Por cierto, ya rebasamos esa meta y tenemos más de un millón de ciudadanos y ciudadanas registrados en el Padrón Electoral para estos propósitos.

En el momento del periodo a que se hace referencia, la meta era de medio millón y la cubrimos.

Y seguimos trabajando en la dirección, justamente, de credencializar a un mayor número.

Pero, ¿por qué no lo hicimos así? Pues, si aún los recursos que se solicitaron para esa meta de medio millón, fue una cantidad importante, si hubiéramos solicitado para los 11.5, hubiera sido un recurso muchísimo mayor que en el plazo que se estaba considerando, era difícil derogarse y teníamos que probar las estrategias que pusimos en marcha para los resultados que ahora tenemos.

Quiero referirme, muy rápidamente al asunto de las asesorías.

Esto tiene que ver, y así se le comunica al Órgano Interno de Control varias consideraciones.

En primer lugar, por las atribuciones que tenemos, en ocasiones tenemos que atender, tareas en plazos muy cortos y en volúmenes muy grandes, que con el personal con el que cuenta la Institución sería materialmente posible atenderlo.

Quiero, para no hablar en abstracto, poner un ejemplo en lo particular, la estrategia de capacitación que aprueba, por cierto, este órgano colegiado, generalmente, a finales previo a un año electoral, y en enero y febrero estamos contratando ya a Supervisores y Capacitadores que tienen que contar con todos los materiales que se utilizan en el proceso de capacitación de quienes van a ser eventualmente funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.

Ese trabajo tiene que hacerse en plazos muy cortos y en volúmenes muy grandes, y son plazos, generalmente, de dos a tres meses.

Si yo contratara, como institución, a toda la persona involucrada en esas tareas, los contrataría en la plantilla del Instituto por 12 meses, cuando realmente los utilizo para tres.

Si contamos con personal que puede hacerlo, pero no para atender en esos plazos y en ese volumen esas tareas.

Creo que en beneficio y en honor al 134 Constitucional ésta es una política mejor que el ampliar innecesariamente la plantilla de la institución.

Pongo este ejemplo y podría poner muchos otros ejemplos en donde esta institución ha seguido esa tarea.

Por lo que hace a vehículos y ya se me agota el tiempo, toda la información se le hizo llegar al Órgano Interno de Control, no falta ningún vehículo en los resguardos de la institución.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Tiene la palabra el consejero Enrique Andrade.

Consejero Electoral del INE, Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos.

Bueno, igual creo que éste es un ejercicio que vemos cotidianamente en el Consejo General cada seis meses, por lo menos, para conocer cuál es el informe de resultados de la gestión que hace el titular del Órgano Interno de Control, actualmente estamos conociendo el del primer semestre de 2019.

Yo tengo una interpretación jurídica a lo mejor parecida a la de la Consejera Zavala, que viendo los artículos que le dan fundamento a estos informes, pareciera ser el 490-1-R, que en realidad los informes sí deben de contener los resultados de las auditorías, incluso, el informe previo.

Igualmente, en el reglamento interior el 82-1-L señala que lo que se debería de conocer en estos informes son los resultados de la gestión o de las auditorías, y no las observaciones que se están haciendo de auditorías que están en curso. Ahí creo que es una forma a lo mejor de leer incompleto este artículo o concretamente esta fracción.

Pero sí, de acuerdo a lo que yo interpreto, lo que este Consejo General debería de conocer son los resultados justamente de esas auditorías para tomar las medidas adecuadas tanto consejeros, que no sabemos, digamos, todo el funcionamiento de las áreas ejecutivas, como por supuesto los representantes de los partidos políticos y los representantes del Poder Legislativo.

Por eso creo que se dice que son los resultados los que se dan a conocer también a la Cámara de Diputados para que, en su caso, la Cámara tome las medidas correspondientes.

Creo que, por eso, desde mi punto de vista, las auditorías que están en trámite o de observaciones se están haciendo y que se están desahogando las aclaraciones por parte de las áreas, no debiera de ser un contenido del informe que nos ocupa en esta ocasión.

Desde luego creo que es una buena práctica principalmente el conocer los resultados de la gestión, los resultados de las auditorías, pero incluso, en la página 32 del informe, como ya dijo el Secretario Ejecutivo, sí está muy claro de las auditorías que están en curso que de ninguna forma se puede asumir que esto implica alguna responsabilidad, al contrario se están desahogando las aclaraciones correspondientes por parte de las áreas ejecutivas para que en su momento se determine si hay o no responsabilidad.

Creo que este párrafo de la página 32 sí sería muy conveniente que se diera a conocer, incluso, en los medios de comunicación, porque pareciera ser que las auditorías que están en curso ya arrojan alguna responsabilidad. Y esto, desde luego, no ayuda al crédito de la institución o al prestigio del funcionamiento del Instituto Nacional Electoral.

Creo que por eso habrá que esperar en todo caso cuáles sean los resultados.

Un ejemplo muy concreto del daño que se pudiera hacer a algunos de los procesos que lleva este Instituto es, justamente el que se ha comentado de la auditoría que está en curso sobre la credencialización de los mexicanos en el extranjero, desde luego serán las áreas ejecutivas las que tendrán que hacer las aclaraciones correspondientes, pero el señalar que el público objetivo de la primera credencialización en el 2016 eran los 35 millones de mexicanos, de los cuales están incluyendo, nacidos en México, que aparentemente son poco más de 11.5 millones que están en Estados Unidos, más los hijos y descendientes de segunda y tercera generación, es decir, prácticamente toda la población de origen mexicano, muchos de ellos ya ciudadanos americanos, que se estarían considerando en estos 35 millones.

Sí es un dato que tuvimos como antecedente, hay un estudio del Pew Hispanic Center que se toma como referencia cuando inició este programa, que menciona una población de origen mexicano, probablemente de 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, incluso antes de iniciar este proyecto de credencialización mandamos a hacer una encuesta al CIDE, que nos dijo que probablemente en el primer año tendríamos una demanda de cerca de cuatro millones de credenciales.

Esta encuesta la hicimos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y justamente cuando dimos a conocer este dato, la propia Secretaría decía: “no, bueno, pues se va a desbordar la demanda, va a ser muy difícil para nosotros”, ¿por qué? Porque las credenciales, como sabemos, en el extranjero se tramitan y se hace la cita para tramitarlas en los consulados de México en Estados Unidos.

Yo no creo que por eso esté ubicado como público objetivo los 35 millones, que hubiera sido muy difícil para la Secretaría de Relaciones Exteriores, atender una demanda de 35 millones en su caso. Lo que nos dijeron justamente fue que se haga mediante citas, que sea una demanda programada y que, bueno, sea atendida de acuerdo a lo que los ciudadanos están requiriendo.

Tenemos ahorita poco más de 1.3 millones de trámites de credenciales y entregadas ya cerca de un millón a ciudadanos, lo que yo creo que se va a aclarar en su momento y seguramente el resultado será distinto a lo que estamos viendo ahorita.

Pero lo que sí me sorprende es que, de alguna forma, se trate de desacreditar un programa que hace el Instituto junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias a un convenio que celebramos en el 2017, para credencializar a los mexicanos en el exterior y que además ha sido un programa pues calificado también como exitoso por dicha Secretaría, a la que, por cierto, normalmente acostumbramos agradecer el trabajo que se hace en acompañamiento del Instituto.

Entonces, sí creo que por una observación que está en curso, señalarla como una situación ya concluida, pues nada más desacredita al programa y seguramente pues no va a estimular que los mexicanos sigan tramitando este documento.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Andrade.

¿Alguna otra intervención?

Con gusto, tiene la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón, representante del PAN.

Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Gracias, señor Presidente.

Yo me iría un poquito más lejos en lo leído en el párrafo segundo de la página 32 del informe, que hizo el Secretario Ejecutivo de este Consejo, porque yo creo que da más luces leerlo de manera textual e integral.

Dice: “…a continuación, se relacionan las auditorías ejecutadas durante el primer semestre de 2019, misma que a la fecha del informe se encuentran en periodo de seguimiento y análisis de esta información…”.

Es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas para solventar las observaciones correspondientes. No habla de ningún tipo de definitividad, habla, precisamente, lo que decía el diputado Alejandro, de esa área de oportunidad que otorga los propios plazos y la propia ley para solventar las observaciones dictadas por el órgano auditor o por los propios auditores externos que realizan este tipo de trabajo.

Por lo que es importante y pertinente destacar, que las observaciones reseñadas tienen un carácter “preliminar”, son palabras muy claras: “preliminar” y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta. Esto es lo que pone el Órgano Interno de Control en su informe, que es destacable el tomarlo con cada una de sus líneas, y de ninguna manera significa una irregularidad manifiesta o comprobada, y mucho menos responsabilidad de algún servidor público, cuyos resultados definitivos se harán del conocimiento en el Informe Anual de Gestión.

Estamos hablando que ésta es la división periódica que maneja el propio Órgano de Control en sus informes que tiene que rendir conforme lo mandata la ley y éste es el primer semestre y falta un semestre más para que se pueda concluir con estos trabajos y verificar, si en estos seis meses o en el tiempo que se establece se hayan solventado cada una de las observaciones.

Yo digo, no, tenemos que hacer escándalo del tema, me parece que es muy claro: cualquier institución o cualquier órgano del Estado mexicano que tiene que ser auditado entra en este periodo y se mencionan muchas cosas que son dignas de aumentar la información, de corroborar la información, de documentarle de una mejor manera, pero eso no quiere decir que haya una irregularidad.

Creo que eso sirve también, para aclarar en los medios de comunicación, que en pasados días establecieron encabezados ahí bastante notables, que no es así y que hoy esta información se puede aclarar y que ojalá los mismos espacios que ocuparon para poner esta información del Instituto Nacional Electoral, sean ocupados también para que se hagan este tipo de aclaraciones.

Y ya lo demás, bueno, fue tocado, nosotros en Acción Nacional seguiremos dándole continuidad a este trabajo y sí quiero aclarar un tema con respecto de lo que mencionaba la representante del Partido Revolucionario Institucional con respecto de la contratación de una persona que sirvió a la representación de Acción Nacional en este Instituto Nacional Electoral en los pasados cinco años.

La decisión fue de carácter personal, totalmente personal y profesional, me parece que es la persona que tiene un perfil profesional importante y, bueno, fue considerada e invitada a participar en este Órgano y lo que tengo entendido, porque yo en ese momento también pregunté lo mismo que dijo la representante del PRI, que si no contravenía o no había un conflicto de intereses por haber servido a una representación de un partido político y de ahí pasar a la parte institucional, al Instituto Nacional Electoral.

Lo que se me dijo en ese momento fue, que solamente estaba sujeto a mandos altos y las personas que están contratadas en las representaciones, en todas nuestras representaciones están contratadas por honorarios y no tienen ninguna de las prestaciones que tiene un empleado regular del Instituto Nacional Electoral.

No fue ni una gestión, ni fue una negociación con Acción Nacional, fue una decisión de índole profesional y personal del compañero Ignacio Labra Delgadillo.

Es cuanto, señor Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.

¿Alguna otra intervención?

Es informe, entonces, hay una sola ronda, y no hay preguntas.

¿Alguna otra intervención?

El consejero Jaime Rivera.

Consejero Electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez: Gracias.

Buenas tardes.

Gracias, Consejero Presidente.

Este informe que hoy conocemos por parte del Órgano Interno de Control, porque así lo establece la LGIPE, también el Reglamento Interior, conforme a éste, el informe es presentado a este Consejo por conducto del Consejero Presidente.

El informe previo, pero ya bastante extenso, contiene una descripción de una variedad de actividades realizadas por el Órgano Interno de Control durante el primer semestre de 2019; reseña alguno de los resultados de sustanciación de procedimientos administrativos, señala diversas actividades, algunas de orden, de carácter preventivo, que permiten identificar riesgos, y que se podrían evitar atendiendo algunas observaciones.

Todo esto está dentro de las facultades del Órgano Interno de Control, y dentro de lo que debe de contener un informe previo. Sin embargo, también se encuentran en este informe reseñadas algunas observaciones preliminares o resultados, así declarados expresamente como preliminares, sobre diversos aspectos, actividades, de información que son responsabilidad de diversas áreas ejecutivas, sobre manejo de inventarios, uso, aplicación del ejercicio del presupuesto asignado, etcétera.

Un informe de actividades previo, como el que se presenta, no debe, debe referir tales actividades, y acaso los resultados de auditorías concluidas, pero no presentar observaciones preliminares que se prestan, como hemos visto, a juicios anticipados.

Veamos así si bien se aclara sobre tales observaciones preliminares, ese carácter, y del cual no se deriva ningún juicio, ni ningún señalamiento de irregularidad, y mucho menos de responsabilidades, lo cierto es que, su difusión, la inclusión en el informe, y por lo tanto, su difusión, cuando no están concluidos sí se prestan a una interpretación, como ya hemos visto en esta misma Sala, ya hubo, y hay quienes han hablado de corregir irregularidades, irregularidades que no se han probado.

Entonces, no hay nada qué corregir, ni nada por el estilo.

Dentro de este caso quiero mencionar un ejemplo, un ejemplo muy llamativo, pero que no es el único. Cuando se señala, cito textualmente que, “no se encontraron 320 vehículos en la base de datos del inventario”, ¿qué quiere decir esto? Primero, se corta la oración ya tenemos la nota, la nota periodística que fácilmente se presta al escándalo, no se encontraron 320 vehículos, en el mismo renglón dice en los inventarios.

Pero, aun así, ¿qué significa que no se hayan encontrado? ¿Significa acaso que están desaparecidos? No, no significa que no se hayan encontrado físicamente vehículos que deberían estar o que estén extraviados, se trata simplemente que no se encontraron en algunos registros de inventarios.

Hay que decir que una parte de tales vehículos están dados de baja, y por eso no están en los inventarios de activos, pero inclusive, precisando que se trata de que no se hallaron registros en inventarios de determinados bienes; también cabe preguntarse si no se hallaron los registros dónde los auditores esperaban encontrarlos y, por lo tanto, la pregunta es si hicieron una búsqueda exhaustiva en todos los sistemas.

Esto no se aclara aquí ni tendría por qué aclararse, es materia de otro asunto, y en todo caso sería la materia, las conclusiones de un informe final cuando hayan concluido las auditorías correspondientes.

Por supuesto que estas preguntas se pueden y se deberían solventar, se deberían aclarar en la etapa de solventación de observaciones y acaso posibles omisiones.

Hay que decir que en una etapa de investigación, incluso, de solventación de observaciones no se pueden difundir datos, datos o resultados preliminares de sustanciación, porque durante el desarrollo de los procedimientos existe información que debe ser reservada para no entorpecer la propia investigación, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de esta materia de cuidar la información sensible que pudiera causar un perjuicio al prestigio de las personas involucradas o un perjuicio a la institución entera.

Es así que las probables o presuntas anomalías, omisiones o irregularidades que se mencionan como preliminares en el presente informe carecen de definitividad y de certeza, y deberían difundirse entonces hasta la conclusión respectiva.

No está de más hacer un llamado y a todos, a todas las autoridades que tienen acceso a información de este tipo a actuar con la discreción debida recordando que en todo momento se deben respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia.

Es todo, Consejero Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Rivera.

¿Alguna otra intervención?

Si no hay más intervenciones, permítanme hacer uso de la palabra.

En primer lugar, quiero agradecer la presentación de este informe al Titular de nuestro Órgano Interno de Control, no solamente estamos hablando de un ejercicio de cumplimiento de disposiciones legales, sino, además, de una práctica muy positiva que abona al principio de transparencia y al principio de rendición de cuentas.

La transparencia, estoy convencido que no solamente se limita a poner a disposición del público la información que es pública, sino también, implica una dimensión pro activa, que es la de generar esta información.

Agradezco también la oportunidad porque esta presentación de este informe ha servido en esta mesa para poner, de manera pública, énfasis en algunos puntos que me parece que la lectura, en primera instancia de este documento, tal vez no tan cuidadosa como debería de haber sido, provocó una serie de desinformaciones, con lo que se contraviene a la lógica de transparencia que está detrás de la presentación del informe.

La transparencia significa, no solamente, como decía, poner a disposición información pública, sino también, cumplir con la obligación de informar que tenemos todas las autoridades. Y desde ese punto de vista, creo que esta es una oportunidad para contribuir a informar mejor de cara al público, lo que el informe del Titular de nuestro Órgano Interno de Control, ha planteado.

Porque cumplir con la obligación de transparencia significa, como decía, informar, pero evidentemente significa informar bien, informar de manera completa; no informar de manera parcial porque eso es lo que redunda en una práctica contraria a la lógica de transparencia que es, justamente, generar desinformación.

Así que esto es una oportunidad para poder aclarar algunos temas que han sido objeto de atención pública, pero, sobre todo, poner énfasis en lo que tal vez, en un futuro, debería ser el punto de partida de este tipo de informes, que es justamente el párrafo al que se ha aludido aquí de manera reiterada, el artículo 32, perdón, de la página 32, y que sea señalado tanto por el Secretario Ejecutivo como por el Representante del PAN.

Es que, si no se lee eso, todo el informe se malinterpreta, y es lo que ha ocurrido.

Yo estoy convencido, pues, de que estos informes son pertinentes, no solamente, repito, porque es cumplimiento de una obligación legal del Titular de nuestro Órgano Interno de Control, sino también redunda en una mejor práctica en términos de transparencia.

Sí quisiera señalar que, y agradecer, la existencia de puentes de comunicación y de entendimiento que han sido tendidos en los meses previos, desde la llegada del Titular de nuestro Órgano Interno de Control, y por eso me permito enfatizar que, detrás de este informe, evidentemente, no hay una intencionalidad o algún tipo de sesgo en la presentación de la información.

Pero precisamente, en virtud de lo anterior, me parece que, como siempre ocurre en el servicio público, la presentación de este primer informe parcial, semestral, a cargo de nuestro titular del OIC, también nos deja a todos, y así hay que enfrentar el servicio público, con una serie de elecciones aprendidas.

Y creo que justamente, a partir de lo que ha ocurrido en esta ocasión, en el futuro la información que se presente, los informes que se realicen creo que tienen que hacer énfasis, precisamente, en esta lógica de informar bien para que no se genere la confusión que en días pasados se ha presentado y que ha llevado a algunos medios, incluso, a presentar información distorsionada como si no hubiera vehículos o si las metas de la credencialización hubieran sido equivocadas o incumplidas, cuando estamos hablando como se ha insistido aquí, de procedimientos que están en curso, de señalamientos que están en espera de ser atendidos y están lejos de generar, en consecuencia conclusiones.

Si me permite, con muchísimo respeto, hasta en la intervención del propio diputado Viedma, que celebro no sólo por el tono sino, además, por las conclusiones que yo acompaño, así es como se tienen que enfrentarse y asumirse la relación entre un órgano y su ente auditor, su Órgano Interno de Control, en algún momento señaló en su intervención, es que la auditoría concluye y creo que eso es, justamente, “la auditoría concluye”, un par de ocasiones lo utilizó y eso es, justamente, lo que tenemos que tener cuidado al momento de hacer la lectura de este documento y tal vez en un futuro la redacción debería evitar ese tipo de mal interpretaciones que pueden llevar a conclusiones incorrectas como, por ejemplo, que ha determinaciones por parte del órgano de control cuando todavía están apenas en un proceso dialectico como el que se señalaba en el que hay preguntas, hay planteamientos que tienen que ser atendidos y aquí han sido atendidos.

Y, en efecto, no falta ningún vehículo, todos sabemos dónde están, el problema es un problema de en qué sistemas están reportados, porque muchos de ellos están desincorporándose porque son chatarra, otros ni siquiera son vehículos.

Entonces, yo creo que esto es una lección para la autoridad electoral para generar esa, maximizar ese principio de transparencia de informar bien.

Sí quiero señalar un punto.

Siempre serán bienvenidas para esta autoridad electoral no solamente los comentarios, señalamientos, sino recomendaciones del Órgano Interno de Control.

Yo estoy convencido de que la construcción de mejores prácticas en la gestión administrativa es y debe ser producto de una interacción, dialéctica entre los distintos órganos y así ha ocurrido.

Muchos de los señalamientos de nuestro Órgano Interno de Control se han traducido en mejores prácticas, en mejores licitaciones, en ahorros para el Estado mexicano que al final del día ese un principio constitucional que nos orienta a todos y así seguirá siendo.

Quisiera señalar un punto adicional a propósito de lo señalado por el diputado Viedma que, sin me permite nuestro Titular del Órgano Interno de Control, fue producto de una interlocución.

Como ustedes saben, digamos, la presentación de este informe al Consejo ocurre a través de la Presidencia del Consejo General y, en efecto, el 30 de agosto recibí el oficio del señor Contralor para presentar este informe al Consejo y de mutuo acuerdo, para dar un espacio suficiente, sobre a todos los consejeros, pero a los miembros del Consejo para que pudiera analizarse el contenido del mismo, pactamos que pudiera subirse en la sesión del Consejo el día de hoy.

El punto es que había una copia en el informe que se me mandó a la Cámara de Diputados para dar cumplimiento al punto de ley, de generar esa información y se publicó antes.

A ver, vuelvo al punto, en una lógica de construir consensos hacia adelante: éste es un tema que hemos platicado el licenciado George y un servidor, para procurar que éste sea un espacio en donde de cara a la presentación pública pueda evitarse, digámoslo así, interpretaciones sesgadas, cuando no incorrectas, que en nada ayudan a cumplir el principio de transparencia y rendición de cuentas con el que estoy convencido, todos quienes integramos esta autoría electoral, incluido el personal del Órgano Interno de Control, por supuesto, estamos comprometidos.

Si no hay alguna otra intervención, damos por recibido este informe, y le pido al Secretario que continúe con el siguiente punto.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día es el relativo al Proyecto de acuerdo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los plazos de presentación y, en su caso, aprobación de dictámenes consolidados, expresados en los diversos INE/CG104/2019 e INE/CG366/19, para la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2018, así como de los observadores electorales locales correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario 2019, en el estado de Puebla.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores consejeros y representantes, están a su consideración los proyectos de acuerdo mencionados.

Los, en singular, el proyecto de acuerdo mencionado.

Si no hay intervenciones, le pido al Secretario que tome la votación correspondiente.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General…

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: ¿Intervención?

Con mucho gusto.

Perdón Secretario, antes de tomar la votación, el licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón:  Gracias, Consejero Presidente.

Brevemente, estamos muy de acuerdo con esta ampliación de los plazos, y nos permitimos asir una sugerencia, ven ustedes que se propone el miércoles 30 de octubre para discutir aquí, aprobar por parte de este Consejo, suponiendo que tenga que presentarse alguna impugnación, se atraviesa el día 1° y 2 de noviembre.

Considero conveniente que, en lugar del 30 de octubre, fuera el 6 de noviembre, es más tiempo para la autoridad, para los partidos, y pensando en la posible impugnación que se fuera a formular, pues no se atravesaría, se atravesaran dos días inhábiles.

Por su atención, gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante.

Tiene la palabra el diputado Silvano Garay, representante del Partido del Trabajo.

-(Ulloa) Gracias, señor Presidente.

Creo que la propuesta de mi compañero es buena, son días totalmente, ahora sí que muertos, entonces no va a haber ninguna actividad, y apoyamos la propuesta.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Creo que se refería, perdón diputado, a días festivos, porque mientras ésta sigue siendo una República laica de acuerdo con el artículo 40, entonces entiendo, quiero entender que a eso se refería cuando hacía alusión a días muertos.

Pero, bueno, estoy haciendo tiempo con esta moción para poder consensuar y poder, eventualmente, incorporar este planteamiento del licenciado Castro Rendón al proyecto.

El consejero Benito Nacif.

Consejero Electoral del INE, Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero Presidente.

No consiste la propuesta solamente en modificar una fecha, para modificar esa fecha, que es la fecha ultimísima, que es el día en que tiene que llegar al Consejo General tenemos que revisar todo lo que sucede antes. Y ese es un trabajo que no podemos aquí hacer sobre la mesa y mover todo el calendario.

En todo caso si existe consenso entre los integrantes del Consejo General respecto a irnos una semana más adelante para traer al Consejo General los dictámenes del ejercicio ordinario. Entonces lo que convendría hacer es no votar este acuerdo, sino trasladarlo a la siguiente sesión del Consejo General, que entiendo que está convocada para el 30 de septiembre, y traer ya aquí al consejo una propuesta que incorpore un calendario revisado para poder atender esta inquietud que plantea Movimiento Ciudadano.

Creo que sería la mejor forma de hacerlo, nos daría tiempo de revisar todo el calendario con detenimiento y traer una propuesta donde se armonicen todas las fechas, no solamente se modifique la fecha final.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.

La consejera Pamela San Martín.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.

Y debo señalar una disculpa con el consejero Nacif porque yo estaba de acuerdo con la propuesta que él estaba formulando en un primer momento, pero me acaba de mostrar algo el titular de la Unidad de Fiscalización. Y es que según el calendario la primera fecha que implica, digamos, que está contenida en el mismo es el 27 de septiembre que es cuando se circula a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, y la próxima sesión de consejo es el 30 de septiembre. Por lo que no habría cuándo conociera el Consejo General esta modificación.

Lo que tal vez se podría hacer, y esto lo pongo a consideración, es decretar un receso de 10 minutos para poder verificar estos plazos o alguna cuestión que nos permitiera corregirlo u ordenarle a la Comisión de Fiscalización, señalar que se traerá al consejo en una fecha específica y ordenarle a la Comisión de Fiscalización que apruebe las fechas intermedias que permiten el cumplimiento a la ley; estoy pensando en voz alta para permitir atender una preocupación que me parece válida.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera.

Una moción del consejero Nacif.

Consejero Electoral del INE, Benito Nacif Hernández: A la consejera San Martín.

Dado que ya hay una fecha que caería dentro de plazo previamente aprobado en el acuerdo anterior, que es lo que nos está señalando la consejera San Martín, quizás la propuesta que yo considero que es más fácil y apegada al acuerdo que se propone y que se consigue el propósito es aprobar la fecha y delegarle expresamente a la Comisión de Fiscalización la modificación de los plazos previos para que se circule entre los integrantes de la Comisión y de ahí corran los plazos para después circular a los integrantes del Consejo General, que son esencialmente esos dos plazos importantes que hay que armonizar.

¿Estaría usted de acuerdo, consejera San Martín?

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Consejera San Martín.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Por supuesto que sí.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Okey.

¿Alguna intervención adicional?

Bien, Secretario, con las modificaciones que se han mencionado, le ruego que someta a votación el proyecto de acuerdo.

­Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 6, tomando en consideración la propuesta presentada por el consejero Nacif en su última intervención.

Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.

Es aprobado por unanimidad, y tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose, de conformidad con los argumentos expuestos, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, y continúe con el siguiente asunto del orden el día.

­Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente asunto es el relativo a los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Regionales Guadalajara, Monterrey y Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización, mismo que se compone de siete apartados.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Señoras y señores consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar para su discusión, en lo particular, algún apartado del presente punto del orden del día o, en su caso, abrir una ronda a discusión en lo general.

La consejera San Martín.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Sí, el 7.1, por favor.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: ¿Alguien más?

Bien, señor Secretario, tome la votación correspondiente a los proyectos de acuerdo identificados con el orden del día con los apartados, con el número de apartado 7.2 al 7.-7.

­Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como aquellos que van del 7.2 al 7.7.

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables.

Son aprobados por unanimidad, señor Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Pasamos ahora al análisis, discusión y votación en lo específico, del proyecto de acuerdo identificado en el orden del día con el número de apartado 7.1, mismo que fue reservado por la consejera San Martín y le cedo a ella el uso de la voz.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.

Éste es un acatamiento que deriva de una decisión que tomó el Consejo General en torno a un procedimiento de queja, iniciado contra el Partido Verde y uno de sus candidatos a una presidencia municipal en el estado de Veracruz.

¿Cuáles eran los motivos del procedimiento como tal? Un tema de una pinta de bardas, una presunta aportación de ente prohibido respecto de unas bancas, unas bancas que tenían el nombre del candidato dentro de, digamos, en la propia banca; y la realización de trabajos con una maquinaria de construcción.

Al investigar este procedimiento, se realizaron diversas diligencias por parte de la Unidad de Fiscalización.

Por lo que hace a, digamos, ahorita el tema de la pinta de bardas, no es tema del acatamiento, pero por lo que hace a la maquinaria de construcción, al uso de la maquinaria de construcción, se llevaron a cabo un conjunto de cuestionarios para, digamos, verificar si se habían llevado a cabo esos trabajos o no, y se llegó a la conclusión que sí se habían llevado a cabo esos trabajos.

Y, por lo que hace a las bancas, el candidato en un primer momento, bueno, en la sustanciación del procedimiento, lo que nos dijo es que no era una aportación, que era una donación suya porque había gestionado porque las que se donaras las bancas, porque alguien de la comunidad le había dicho que necesitaban las bancas y entonces, el candidato había gestionado las bancas.

Claro, con el detalle que las bancas tienen su nombre, pero, digamos, éste fue el dicho del candidato y dice que él acudió con un amigo suyo que, casualmente era gerente de una empresa y éste dijo que le apoyaría en la medida de sus posibilidades.

Ahora, la Sala nos revoca señalándonos, por lo que hace a la maquinaría de construcción, que no podemos utilizar por distintas razones los cuestionarios realizados porque no se señalaron las ciudadanas y los ciudadanos con quienes acudimos no señalaron la razón de su dicho y porque hay algunos elementos que, sin duda, nos llevarían a más allá de si se comparte el que no debían de tomarse en cuenta los cuestionarios, sin duda, nos llevaran a fortalecer la forma como llevamos a cabo los cuestionarios en casos como éste.

Y por lo que hace al gerente, digamos a la aportación de ente prohibido de estas bancas, la Sala nos dijo que no tomamos en cuenta que él había dicho, que el candidato nos había dicho que él había realizado la gestión, es decir, que él lo había donado a partir de una gestión que él mismo hizo y entonces, nos pidió que nos analizáramos esto y el grado de responsabilidad que esto puede tener aparejado.

Cabe señalar que, precisamente, porque el que aportó las bancas era gerente de una empresa mercantil, que entre su objeto tiene el hacer bancas, fue por lo que llegamos a la conclusión que era una aportación de ente prohibido en un primer momento.

Ahora, lo que el proyecto, la Sala nos dice que no fuimos exhaustivos en nuestro análisis y nos ordena, bueno, revoca y ordena que se vuelva a analizar sin tomar en cuenta los cuestionarios por lo que hace a la maquinaria. Hasta ahí todo bien.

Qué es lo que pasa y aquí hay, digamos, yo no acompaño el sentido del proyecto, porque hay una interpretación distinta de lo que, la mía es una interpretación distinta a la que sostiene la Unidad.

Para la Unidad, como la Sala no dijo expresamente que podíamos hacer diligencias adicionales, no podemos hacer diligencias adicionales. Entonces, con las diligencias que tenemos del expediente a pesar de que tampoco nos dijo la Sala que tenía que ser con esas, es decir, la Sala solamente señaló que se revocaba y se tenía que analizar, y nos dijo que no habíamos sido exhaustivos.

Me parece que, el declarar “infundado”, porque con los elementos que tenemos en el expediente que la Sala nos permita analizar, porque aquí el problema es que la Sala nos quita la posibilidad de analizar algunos de los elementos, no hay elementos suficientes para declarar “fundado”.

En primer lugar, no comparto la conclusión de esto en relación específicamente con las bancas, porque, me parece que tenemos los mismos elementos que teníamos al resolver la primera vez aquí en el Consejo para declararlo “fundado”, es decir, el candidato señala que hizo una gestión con una persona física, que es gerente de una empresa que se dedica a hacer bancas y que aportó la bancas, pues, me parece que está clara la aportación de “ente prohibido” y esto no cambia por el hecho de que el candidato nos haya dicho que realizó una gestión, analizando que él nos dijo realizó una gestión.

Pero, además, creo que sí podríamos cumplir con otra parte que nos dice la Sala, que tiene que ver con ser exhaustivos, porque cuando la Sala ha querido que nuestra falta de exhaustividad se convierte en que ya no se puede investigar, ha revocado liso y llano, nos lo hizo en el caso del fideicomiso, nos lo hizo en el caso de Soy Verde.

Digamos, en esos casos que no ha querido que investiguemos y con los elementos ha considerado que no hay elementos, textualmente nos lo ha dicho y nos ha limitado la facultad de investigar, creo que no es correcto cuando tomo esas decisiones, pero en esta ocasión no tomó esa decisión, por lo que me parece que lo que correspondía era, de entrada, no podemos preguntar a los ciudadanos si ellos vieron que se realizaron las actividades con los materiales de construcción, pues sí, le podíamos preguntar a la empresa que se dedica a la construcción.

No podemos tomar, tenemos que valorar si el gerente, digamos, la calidad de gerente del gerente generaría una aportación de ente prohibido, pues me parece que hay diligencias, hay zonas que se tendrían que realizar.

En este sentido, yo no acompañaría el proyecto como se presenta, y me parece que tendríamos que devolverlo a la Unidad precisamente para que se hagan las diligencias, y a partir de estas se pueda llevar nuevamente a un proyecto que pueda ser traído ante este Consejo General.

Ya veremos más adelante en un punto que veremos en el punto 9 del orden del día un caso en el que la propia Sala nos dijo: “te revoco para que no sea la DPP quien no te resuelva, sino que sea el Consejo General”, y a juicio de la DPP había diligencias adicionales que realizar, a pesar de que la Sala nos dio 72 horas, y lo único que nos dijo fue “no puede resolver la DPP o el Secretario Ejecutivo tiene que resolver el Consejo”.

Y al considerar que había diligencias adicionales para una mejor comprensión del asunto, lo que hicimos fue realizar las diligencias adicionales, avisar a la Sala que no podíamos resolver en 72 horas porque estábamos realizando diligencias adicionales, y estamos trayendo ahora una respuesta al Consejo General.

Me parece que en mayoría de razón cuando estamos hablando de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y la transparencia que tiene que venir asociada a ésta, sería indispensable la realización de estas diligencias adicionales, por lo que yo no acompañaría el proyecto y propondría la devolución del mismo para que se puedan realizar éstas.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

Consejero Nacif.

Consejero Electoral del INE, Benito Nacif Hernández: Muchas gracias, Consejero Presidente.

Bueno, yo entiendo el punto de vista de la consejera San Martín, la sentencia en sus efectos se delimita decirnos que emitamos una resolución en la que realice una correcta valoración de las pruebas, y funde y motive las consideraciones por las cuales se determine el sentido del fallo.

No nos mandata hacer diligencias, aunque en el texto de la sentencia dice que debió haber realizado requerimientos.

Entonces, estamos ante una disyuntiva, que es declarar fundado el procedimiento por no haber reportado el gasto, lo que implicaría, perdón, la aportación, lo que implicaría una multa por el 150 por ciento del monto involucrado, o hacer una investigación, continuar la investigación, para determinar si esa aportación no reportada fue una aportación de alguien que tenía actividad empresarial y, por lo tanto, no podía hacer la aportación, lo cual llevaría a una sanción del 200 por ciento.

El monto involucrado, en este caso, ya lo tiene estimado la Unidad Técnica de Fiscalización, y asciende a 6 mil pesos. Entonces, creo que tomando en consideración todos los elementos que se desprenden de la sentencia del caso específico, me parece que el curso de acción que nos propone la Unidad Técnica para el acatamiento que es declarar fundado y acatar siguiendo siempre la lógica del acatamiento estricto a lo mandatado en la parte resolutiva de la sentencia.

Yo considero que lo apropiado es declarar fundado en los términos en los que establece, nos propone la Unidad Técnica de Fiscalización acatar esta sentencia.

Y por esa razón yo concuerdo con lo que nos está proponiendo la Unidad Técnica de Fiscalización, no desde luego sino también tener en cuenta que hay otra interpretación posible de la sentencia, tal como lo sugiere la consejera San Martín, pero tomando en cuenta todos los elementos específicos del caso creo que lo conveniente y lo pertinente es acatar en los términos que nos propone la Unidad Técnica de Fiscalización, Consejero Presidente.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted, consejero Nacif.

Si no hay más intervenciones procedamos, señor Secretario, con la votación, por favor.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Presidente.

Dada la propuesta de la consejera San Martín, creo que lo que procede es primero someter a la consideración si el proyecto se devuelve, y en caso de que no tuviera la mayoría requerida procedería a votar el proyecto en sus términos.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si el proyecto de acuerdo de este consejo, identificado en el orden del día como el punto 7.1 es devuelto para mayores consideraciones, según la propuesta de la consejera San Martín.

Quienes estén a favor de devolverlo sírvanse manifestarlo si son tan amables.

Uno.

¿En contra? 10.

Por lo tanto, el resultado de la votación procederé a someter a su consideración el proyecto en comento.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 7.1.

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables.

Es aprobado por 10 votos a favor y un voto en contra, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Continúe con el siguiente punto, por favor.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día es el relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos del partido político nacional, denominado Movimiento Ciudadano.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Colegas, está a su consideración el proyecto de resolución mencionado.

Si no hay intervenciones, le pido al señor Secretario que tome la votación correspondiente.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos del partido político nacional, denominado Movimiento Ciudadano.

Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo si son tan amables.

Es aprobado por unanimidad, señor Consejero Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.

Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación.

Continúe con el siguiente punto, por favor.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto de la orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-106/2019.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.

Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de acuerdo.

Tiene la palabra la consejera Dania Ravel.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Presidente.

Este asunto, como se puede advertir de la denominación del mismo, es un acatamiento que nos ordena la Sala Superior.

La Sala Superior en el JDC-106/2019, nos ordenó que con apoyo en las áreas técnicas correspondientes, emitiéramos la contestación que conforme a derecho estime pertinente, únicamente respecto de los registros solicitados, tomando en consideración los elementos aportados por los hoy inconformes, garantizando en todo momento el derecho de audiencia y defensa, para lo cual deberá apoyarse en los procedimientos ya previstos, y hecho lo anterior, informe de ello a esta Sala Superior dentro de las 24 horas siguientes a que esto ocurra.

Es evidente que, aunque la Sala Superior no nos hubiera ordenado que garantizáramos el derecho de defensa y audiencia, tendríamos que hacerlo para cumplir con algo esencial del debido proceso.

Sin embargo, destaco que la Sala Superior hizo énfasis en eso.

El problema a dilucidar en este asunto es determinar la validez de una sesión extraordinaria que llevó a cabo el CEN de MORENA. Saber si se cumplieron con las formalidades estatutarias para la convocatoria y, sobre todo, para la existencia de quórum en esa sesión, y a partir de eso determinar si son válidos los acuerdos que se asumieron en esa reunión.

De la documentación que obra en el expediente, se puede advertir que, a lo largo del proyecto existen cuatro integraciones: una que tenía que ver con la que se le dijo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el 15 de mayo, otra que nos hizo saber la Secretaria General; una más que hicieron saber los siete promoventes de este asunto; y, por último, a la que arribó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con corte al 16 de agosto, y que notificó a la Secretaria General el 23 de agosto.

En la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la que vimos este asunto, manifesté mi preocupación porque me parecía que no se había dado vista con todos los documentos que obran en el expediente a los promoventes de este asunto.

Se acordó ese día, que se iba a hacer la revisión de que, efectivamente, como lo manifestaba el área, se hubiera dado vista con todo a los promoventes, y al final después de hacer esta revisión, se advierte que no se le dio vista con tres documentos específicos.

El primero es una comunicación de la Secretaria General, de fecha 9 de julio, sobre la integración del CEN de MORENA.

El segundo es una comunicación de la Secretaria General del 6 de agosto en donde está justificando por qué hace del conocimiento la integración del 9 de julio.

Y, por último, la determinación a la que arriba la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuando le notifica a la Secretaria General el 23 de agosto, cuál es la integración que se puede comprobar del CEN con corte al 16 de agosto.

Toda vez que no se dio vista con estos documentos a los promoventes de este asunto, yo votaría en contra de la propuesta que se nos presenta, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

¿Alguna otra intervención?

Sí, hay una pregunta que desea hacer el consejero Ruiz, consejera.

Por favor.

Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruíz Saldaña: Gracias, Presidente.

Gracias, consejera.

En efecto, se trató esta temática que plantea ahorita la consejera; sí me sorprende que se haya sostenido que se había dado vista de todo a las partes y ponga ahí ejemplos que no.

La pregunta, consejera, ¿es si más bien estaría usted coincidiendo conmigo que debiera de regresarse ese asunto para que se terminen esas vistas o notificaciones a las partes para que conozcan cada una lo que aportaron, se concluya y se vuelva a traer este asunto a Consejo ¿

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, la Consejera Ravel.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Presidente.

Yo estaría de acuerdo con esa propuesta para que podamos cumplir cabalmente con lo que nos ordenó la Sala Superior y estemos observando el derecho de audiencia, de defensa de las partes promoventes.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

¿Alguna otra intervención?

Bien, si no hay más intervenciones.

La consejera Favela.

Consejera Electoral del INE, Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias, Presidente.

Bueno, sí, efectivamente, en la celebración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la consejera Dania Ravel planteó esta misma inquietud que ahora vuelve a poner sobre la mesa y, efectivamente, del área del dijeron que ya habían dado vista a todos los implicados con la información relativa.

Posteriormente, el área de Prerrogativas mandó una nota aclarando que no había sucedido eso, pero ahorita el titular de área dice que sí se dio la vista el 11 de septiembre.

Bueno, con independencia de todas estas circunstancias, yo creo que aquí lo importante es que, lo que nos ordena la Sala Superior es que nos fijemos en la litis del asunto, que es ver lo ocurrido el 15 de mayo de 2019, al interior del partido político MORENA.

Si la celebración de la reunión que se llevó a cabo y los acuerdos tomados en ellos tienen validez o no la tienen. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención.

Si lo hacemos así, entonces no habría ningún tipo de razón para revolver el asunto para investigar estas circunstancias y esa sería como mi propuesta.

De hecho, aquí en este asunto se hace una relación de lo que sucedió en la sesión del 15 de mayo, como se va haciendo una serie de impugnaciones hasta llegar, precisamente, a la resolución que emitió la propia Sala Superior.

Y en este caso el proyecto lo que nos dice es que se estima que resultan improcedentes los registros solicitados toda vez que no se cumplieron los requisitos establecidos en el propio estatuto de MORENA, pero en relación con la celebración de la asamblea o reunión celebrada el 15 de mayo de este año y por eso se llega a esta conclusión.

Entonces, ¿por qué? Porque se analiza la convocatoria, se analiza lo sucedido en esa reunión, el quórum de las personas que estuvieron presentes y se llega, precisamente, a percibir que no se cumplieron con ciertos lineamientos que están previstos en el propio estatuto de MORENA.

Entonces, yo por eso creo que, desde mi punto de vista, no hay razón para devolver el asunto, pero es una simple propuesta. Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

¿Alguien más?

La consejera Claudia Zavala.

Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Presidente.

Yo coincido con lo que ha señalado la consejera Adriana Favela, el tema que tenemos es, la Sala nos regresó el asunto porque en su sentencia lo que dijo es que la Dirección no era el órgano facultado para determinar si la sesión realizada el 15 de mayo, o el 14 de mayo, era, se había cumplido las formalidades, y a partir de ahí ése es, la pretensión es que se registre a ciertas personas como integrantes o representantes del partido político.

Lo que se está haciendo aquí es el análisis de si procede o no registrar en esa reunión del Comité Ejecutivo, convocada por una minoría, y lo que se está diciendo es que en esa sesión no se reunieron las formalidades establecidas en la normativa estatutaria.

No es un tema de litigio, el litigio se planteará en otra parte, aquí es un tema de definir si en la reunión celebrada por el CEN de MORENA en esa fecha se cumplieron las normas estatutarias, y lo que se está viendo es que no, que no se cumplió con un quórum, y de ahí que el Consejo General, porque así nos los ordeno la Sala, aunque en nuestra normativa sí tiene las facultades la Dirección, este Consejo General determina que resulta improcedente la solicitud de registro formulada, porque no se cumplieron las formalidades.

Entonces, yo no veo necesidad de que se vaya a, se dé vista, quizás podríamos hacer del conocimiento a todos los implicados esta resolución, para los efectos conducentes, si es que quieren plantear sus litigios, ya sea hacia el órgano interno, hacia los tribunales, pero en este caso, me parece que la propuesta está formulada en ese sentido.

En nada cambiaría que se les notificara a otras partes, aquí los antecedentes son muy amplios, porque eso fue surgiendo, pero si esto se hubiera resuelto el 9 de mayo, en mayo como fue cuando lo dictó la Dirección Ejecutiva, nada de esto habríamos tenido, y habríamos llegado exactamente a la misma conclusión.

Es válida o no es válida esa reunión del CEN, y pues está llegando a esta conclusión, de ahí que yo considere innecesario que se dé; sí es cierto que lo comentamos en la Comisión, y si se dio vista, qué bien, pero para mí no cambaría el sentido del voto.

Sería cuanto, Presidente.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

¿Alguien más?

Bien, si no hay más intervenciones, creo que corresponde votar el proyecto de acuerdo.

Sí, primero la devolución que ha sido sugerida por la consejera, bueno, por el consejero José Roberto Ruiz, y la consejera Ravel se ha sumado, y después el proyecto.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Muy bien.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto 9 es de vuelto para mayores consideraciones, tal y como fue propuesto.

Quienes estén a favor de devolverlo, sírvanse a manifestarlo si son tan amables.

Tres, En contra, ocho.

Por lo tanto, procedo, entonces, a someter a la consideración de ustedes el proyecto.

Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 9.

Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse a manifestarlo si son tan amables.

Para aprobarlo, ¿consejero Nacif, también?, ocho. En contra, tres.

Es aprobado por ocho votos a favor, tres en votos en contra, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario, le ruego que informe el contenido del acuerdo recién aprobado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.

Le pido también que continúe con el siguiente punto del orden del día.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los lineamientos para la auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero del Instituto Nacional Electoral la propuesta de la Junta General Ejecutiva.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.

Colegas, está a su consideración el punto.

Tiene la palabra el consejero Enrique Andrade.

Consejero Electoral del INE, Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.

Estos lineamientos para la auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero que hoy presenta la Junta General Ejecutiva y que fueron del conocimiento de la Comisión de Vinculación con los mexicanos residentes en el extranjero, representan la continuación de los trabajos de este consejo que iniciaron con la aprobación del acuerdo 243/2019, que establece las características generales que debe cumplir el sistema de voto electrónico para tener la posibilidad de un sufragio a distancia por esta vía como lo considera la ley y que es como se ha dicho un pendiente de la reforma electoral de 2014.

En efecto, el artículo 329 en primer lugar señala que el voto electrónico solamente podrá realizarse conforme a los lineamientos que emite el INE en términos de la propia ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a las y los mexicanos residentes en el extranjero para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares.

En este sentido para contar con esta opción de voto electrónico por internet más sencillo para la comunidad migrante y más asequible para la autoridad electoral, el artículo 343 de la ley establece que el sistema de voto por medios electrónicos que, en su caso, apruebe el Consejo General deberá ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación, darle la oportunidad al votante de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión, evitar la coacción del voto, garantizar que el ciudadano residente en el extranjero que vote sea el que tiene derecho a hacerlo y que no puede emitir más de un voto, así como contar con un programa de resultados en tiempo real, público y confiable.

Por su parte el artículo décimo tercero transitorio de la ley establece que previo a la operación del voto electrónico por internet se debe hacer pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del voto electrónico, para lo cual deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional que deberá acreditar certeza absoluta y seguridad comprobada a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

Para atender esta disposición que señala la ley la cual tiene como propósito que se cuente con una comprobación pública que otorgue la mayor certeza y confianza a los usuarios del sistema, como lo son los ciudadanos mexicanos en el exterior, los partidos políticos, candidatos e instituciones y autoridades electorales al interior del país. Los lineamientos tienen por objeto definir los aspectos metodológicos para la realización de la auditoría respectiva, los criterios para la selección de los entes auditores y la emisión y publicidad del dictamen.

Es precisamente a través de este último que se hará constar si el sistema cumple con las pruebas de calidad y cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para su operación.

Es relevante señalar que para la construcción y elaboración de los lineamientos en mención se tuvieron diversas reuniones de trabajo con las oficinas de las y los consejeros electorales, con las representaciones de los partidos políticos, lo que permitió solventar dudas e inquietudes e enriquecer el documento.

En estos diálogos participó la UNICOM, la DERFE, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Dirección Jurídica, lo que derivó en tener un documento más sólido.

Vale la pena mencionar que en los lineamientos se considera para el efecto de orientar el criterio de contratación de los entes auditores, una interpretación respecto a dos términos que el legislador omitió precisar, y que se refieren a los vocablos empresas y de prestigio internacional.

Para el caso de empresa, se interpreta en el sentido de considerarlas, desde un concepto económico jurídico, como todo ente cuya actividad corresponde a la producción de bienes o prestación de servicios, sin que la ley les exija una finalidad lucrativa.

En este sentido, haciendo una lectura integral de la propia ley y con base en la experiencia de este Instituto y de la que existe en el ámbito internacional, la interpretación que se propone permitirá la participación de instituciones públicas y privadas, así como de empresas mercantiles, de prestigio internacional, entendiendo este término en el sentido de que cuenten con renombre, buen crédito y con elementos que permitan constatar que su reputación ha sido reconocida no solo en el país, sino en otros países; que su solo nombre conlleve un reconocimiento social.

Tengo entendido que en la Junta General Ejecutiva celebrada el día de ayer, se realizaron aportaciones y precisiones por parte del Órgano Interno de Control, que han sido plasmadas en un engrose aprobado por la Junta en su sesión de ayer, que permiten robustecer la interpretación mencionada.

Los lineamientos para la auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet, los cuales representan una maximización de derechos, guardan una especial relevancia porque a través de los avances tecnológicos nuestros migrantes pueden tener la opción de votar de una forma más asequible desde el lugar desde donde se encuentren, además del ahorro que ello significaría para la autoridad electoral en el mediano y largo plazo.

Lo más importante será generar la confianza en el sistema, creer en los dictámenes y para ello también será necesario el acompañamiento y la voluntad de los actores políticos y sociales que puedan en todo momento verificar la seguridad y confianza en el sistema, y conocer a detalle los dictámenes que se emitan.

De acuerdo a diversas encuestas realizadas después de la experiencia de votación desde el extranjero, desde 2012, la votación por vía electrónica es la que prefieren los ciudadanos migrantes en Estados Unidos.

Asimismo, en el intercambio que he mantenido con representantes de la comunidad mexicana en el exterior, han manifestado su simpatía con un eventual sistema de votación por Internet, celebran la posibilidad de esta modalidad de sufragio y reconocen el esfuerzo de este Instituto y de los partidos políticos por caminar en esa dirección.

Lo que sigue será darles con la confianza de que el sistema que tendrá el INE será seguro, auditable y confiable.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Andrade.

¿Alguna otra intervención?

Con gusto, la maestra Guerra, representante del PRI, tiene la palabra.

Representante del PRI, Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero Presidente, compañeras y compañeros.

Bueno, en este tema de los lineamientos para la auditoría al Sistema de Voto Electrónico, primeramente, el Partido Revolucionario Institucional apoya y acompaña estos lineamientos.

Primero, bueno, porque el voto en el extranjero ha evolucionado porque actualmente que se hace por voto postal y se está analizando en este momento, bueno, la viabilidad de hacer posible el voto por la vía electrónica, utilizando los avances tecnológicos, es decir, los TIC.

Y en ese orden de ideas, para que el sistema del voto por Internet sea la realidad, la ley electoral determina que se deberá realizar conforme a los lineamientos que emita el Instituto, en este caso éstos; y se deberán asegurar la certidumbre, la seguridad comprobada a todos los electores que residan en el extranjero, para el efectivo ejercicio y derecho de su voto.

Asimismo, el sistema del voto por Internet deberá de contar con un dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional, al cual se refería el consejero Enrique, y que abone a la certeza y seguridad del ejercicio del derecho del voto de los connacionales en el extranjero.

Los dictámenes deberán de garantizar que solo los ciudadanos residentes en el extranjero, que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la ley sean los que puedan votar y que no puedan emitir más de un solo voto, como debe de ser, y así como su libertad, secrecía y cómputo sea eficaz.

Por otra parte, la determinación de los entes auditores es de suma importancia, pues al contar con empresas de prestigio internacional incluyendo para la selección de estas mismas, instituciones privadas y académicas, que dotarán de certeza y calidad de los trabajos que se encomiendan.

Por ello, y tomando en cuenta los principios de certeza, de calidad en el sistema de voto electrónico por internet acompañamos en todos sus términos este dictamen.

Es cuanto.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, maestra Guerra.

¿Alguien más desea intervenir?

Con gusto, el maestro Víctor Hugo Sondón, representante del PAN tiene la palabra.

Representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra: Gracias, Presidente.

Para Acción Nacional nos parece sumamente importante el tema que se pone a consideración, pues, debemos de contextualizar las consideraciones que el proyecto plantea, pues, primero permítanme señalar como antecede de este acuerdo de la lista emitida por la World University Rankings, la Universidad Autónoma de México, se situó en el lugar 103 de las 700 mejores universidades para el 2020 a nivel mundial y pasó del sitio 114 al 103. Lo que nos dice que, próximamente estaremos dentro de las 100 mejores universidades del mundo, convirtiéndola en la institución de Latinoamérica con mejor prestigio entre la comunidad académica internacional y, desde luego, ahí encontramos a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Por ello considero sumamente importante señalar, que coincidimos con lo señalado en el acuerdo que el día de hoy se somete a la consideración de este Consejo General, en el sentido de que la votación electrónica por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero representa la transición hacia a la actualización de los procesos electorales mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones, con lo que sin duda se evitará los ya conocidos obstáculos económicos y operativos que tiene que enfrentar las y los ciudadanos residentes en el extranjero, pues, el envío de información de manera pronta y expedita se traduce en un mecanismo novedoso y de fácil acceso.

Sin duda, la implementación de este instrumento de acceso al ejercicio del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, como es la implementación del voto electrónico por internet para los mexicanos residentes en el extranjero implica un proceso complejo, pero también obligatorio de acuerdo a nuestra normatividad electoral tal y como lo señala el conocido transitorio, décimo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ello, debemos entender que tanto la designación legal como el reclamo social es el contar con un sistema de voto electrónico confiable y de ahí la obligación de someter a ese sistema a un análisis de evaluación y, por supuesto, cualquier prueba necesaria que brinde seguridad y eficacia.

Por lo anterior, dicha obligación nos sitúa en la posición para que, incluso, instituciones de nombre y de prestigio internacional como las ya señaladas, puedan tener acceso a la realización de los dictámenes y estudios correspondientes logrando así un fortalecimiento de las instituciones en nuestro país.

Ayudemos a fortalecer las instituciones de prestigio que tiene México y no fomentemos su debilitamiento con el simple hecho de expresar dudas infundadas.

Es cuanto, señor Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, señor representante.

El consejero Marco Antonio Baños.

Consejero Electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.

Bueno, en principio para expresar mi apoyo al proyecto de acuerdo que implica, en su caso, la aprobación de lineamientos que nos van a permitir desahogar un tema que ha concitado una enorme discusión desde su inclusión en la legislación y que tiene que ver con la posibilidad de que se diseñe un Sistema de Voto por Internet para los mexicanos que residen fuera del país.

Es un hecho que México necesita avanzar en esta materia y también en lo que tiene que ver con el voto electrónico, dentro de nuestro territorio. Pero aquí, concretamente, con relación a este tema, la legislación incluyó, como ya se ha expresado una especie de auditoría a ese sistema que tienen que realizar dos empresas de reconocido prestigio para que nos digan si el sistema funciona o no funciona, es una redacción un poquito rara de la ley, porque la ley lo que establece el rigor es un mandato para el Instituto Nacional Electoral, para que al momento de definir la forma de recabar los votos de los mexicanos en el extranjero, se opte por este sistema tradicional de carácter postal o bien se opte por un mecanismo de esta naturaleza.

Nada más, que la parte que tiene que ver con el montaje del Sistema de Voto por Internet, sí nos lleva a esta situación de las auditorías y justo el consejero Enrique Andrade, pues en su carácter de Presidente de la Comisión, ha trabajado con mucha intensidad en coordinación con las áreas ejecutivas y con la Secretaría Ejecutiva de la institución para poder explorar todas las posibilidades y traer este proyecto de acuerdo, que ha sido discutido ampliamente con todos los consejeros electorales.

Yo en lo particular estoy absolutamente conforme con una parte que incluye el acuerdo y que tiene que ver con la interpretación que se hace para ampliar el concepto de empresas de reconocido prestigio en el ámbito internacional, porque ahí el legislador no se pronunció con claridad, si tenían que ser consideradas en ese concepto, instituciones de carácter académico.

México, como lo ha mencionado, el presentante del Partido Acción Nacional, pues tiene en la UNAM, pero también en otras instituciones académicas, exponentes muy importantes de este tipo de actividades, y aquí el detalle es que exista esa posibilidad de que se haga la auditoría para el buen funcionamiento de este sistema, y creo que la redacción de la ley nos llevaba en ciertas complicaciones, así que me parece que es correcto que se establezca con claridad esta interpretación que nos dice que son empresas de prestigio internacional, las organizaciones públicas o privadas y/o instituciones académicas públicas o privadas, ambas nacionales o internacionales, esta parte creo que ayudará para que de ser el caso, si alguien de los partidos va al Tribunal, aquí no nos agobiarían con la impugnación, al revés, nos harían un favor, pues entonces obviamente habría la posibilidad de que jurisdiccionalmente exista un pronunciamiento del Tribunal para poder tener firmes estos lineamientos.

Yo en lo personal, he impulsado la idea de que en vez de hacer una interpretación favorable a empresas de carácter internacional, lo pudiéramos hacer con instituciones académicas mexicanas que pudieran tener este reconocimiento internacional, y además la capacidad técnica para realizar el tema, pero me parece que la forma en que se está resolviendo el tema es adecuada, solamente y esto en una consulta previa durante el desarrollo de esta sesión, con el Presidente de la Comisión me permitiría hacer una propuesta para que al final de los lineamientos se pudiera establecer o se pudiera agregar uno más que pudiera señalar que el Instituto Nacional Electoral preferentemente podría optar entre colocar a una institución académica y una empresa de reconocido prestigio en el ámbito internacional, es decir, que pudiera ser una institución académica si es que dentro de las instituciones que postulen para participar en este procedimiento existe alguna que reúna los requisitos establecidos en los lineamientos, pues que pudiéramos con una institución académica y con una empresa de reconocimiento internacional.

Entonces propondría que prácticamente al final de los lineamientos se pudiera explorar la posibilidad de colocar esta situación y que quedara con mayor claridad que se podría optar por una integración así con una institución académica y una empresa, insisto, en ambos casos de reconocido prestigio en el ámbito internacional.

Ahora me parece que también el hecho de que avancemos hacia la posibilidad del voto por internet de los mexicanos en el extranjero nos va a dar la posibilidad de incrementar la participación ciudadana.

Pero hay un hecho que debe mencionarse con claridad, a propósito de lo que discutíamos en el punto cinco, que no  hay en rigor un censo ni hay un dato estadístico exacto del número de personas mexicanas que se encuentran en el extranjero, ese dato ha sido proporcionado por diversas vías al instituto, pero evidentemente son aproximaciones, hay datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no hay un censo único que nos diga con claridad cuántas son las personas que están en estas condiciones.

Pero de cualquier manera me da la impresión de que podríamos llegar por la vía del establecimiento para las elecciones del 24 en este caso a un sistema que nos permita recabar una participación ciudadana mucho mayor de los mexicanos que radican fuera de nuestro país.

Así que yo en lo particular agradezco la propuesta de la presidencia de la Comisión Temporal que estudia estos temas, lo mismo que de la Junta General Ejecutiva que lo ha discutido y es quien formalmente lo está presentando a la consideración del Consejo General.

Creo que también la Dirección Jurídica en lo particular, la Dirección del Registro y la Dirección de Asuntos de Informática de la institución merecen un reconocimiento por el trabajo que se ha venido realizando en esta materia.

Por lo demás completamente a favor del proyecto de acuerdo.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Baños.

El consejero José Roberto Ruiz.

Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruíz Saldaña: Gracias, Presidente.

El presente proyecto de acuerdo no debe pasar desapercibido, preocupa que este Consejo General conozca una propuesta de la Junta General Ejecutiva en la cual se insiste en una interpretación sumamente forzada para entender por empresas de prestigio internacional también a instituciones académicas.

Preocupa que esa Junta General Ejecutiva interprete el artículo décimo tercero transitorio de la LGIPE, cuando no requiere ser interpretado.

Preocupa que este Consejo General al incluir a instituciones académicas como posibles auditores reoriente quiénes pueden participar en la prestación de servicios al instituto.

Preocupa que un fin legítimo y una necesidad como contar con un sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero tenga tanto empecinamiento por incluir entre sus auditores a instituciones académicas.

Se ha dicho que ello persigue un fin mayor plenamente justificable, como lograr que las auditorías no cuesten más que el sistema a auditar. No nos equivoquemos, si las y los legisladores dispusieron que al menos dos empresas de prestigio internacional dictaminen el sistema fue por el grado de importancia que asignaron a esa función.

El proyecto de acuerdo es nítido, se lee en la página 13, en la pretensión de orientar hacia una institución académica mexicana, al menos uno de los dictámenes de auditoría del sistema.

Cito: “…en el país existen instituciones académicas que cuentan con la capacidad de ofrecer un servicio especializado, consistente en la realización de una auditoría y emitir un dictamen, las cuales gozan de prestigio internacional. Además, son instituciones que se relacionan con los mercados e industrias, y destacan por contar con profesionales reconocidos…”.

Fin de la cita.

La definición que ofrecen sobre empresas de prestigio internacional la abrieron tanto que ahora todo cabe, se les pasó tanto la mano que hasta el concepto de iglesia cabe en esa definición.

Las universidades tienen como función la enseñanza, la investigación y la promoción de la cultura, no perseguir fines comerciales o de lucro.

Y si bien es cierto, se vinculan con las empresas y el gobierno para generar fuentes de ingreso, eso no las hace empresas, ni los neoliberales se atrevieron a tanto.

Jamás hubieran imaginado los fundadores de las universidades de Bolonia, de Berlín o París, que esos proyectos de engrandecimiento y de formación del espíritu humano fueran a ser llamados el día de hoy empresas, no solo por razones jurídicas, también porque no comparto ese empobrecimiento del concepto de instituciones académicas a universidad, es que me separaré de este proyecto de acuerdo en lo que se refiere a esta interpretación y a los lineamientos 2, 37 y 39.

Es cuanto.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.

El maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD, tiene la palabra.

Representante del PRD, Camerino Eleazar Márquez Madrid: Gracias, Consejero Presidente.

Solo para, también, manifestar, como representante del PRD, la importancia de estos lineamientos y acompañar la preocupación y el cumplimiento que hace el Instituto Nacional Electoral, justamente al artículo 343 que establece en el numeral 3, que el Instituto debe emitir los lineamientos tendientes a regular el uso del voto electrónico.

Éste es un mandato del legislador desde el 2014, tengo entendido, que se procesó toda la reforma electoral. A mí me parece que no está sujeto a interpretación, sin embargo, será importante conocer cómo lo determine y lo valore la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tendrá la última palabra en términos de interpretarlo y de validar lo que el legislador mandató a este órgano electoral, que es muy concreto. Se establece que el Consejo General determinará las formas que los ciudadanos puedan, desde el extranjero, emitir su voto a través de la tecnología de la información.

Y yo no veo el sesgo que otros consejeros pretenden hoy interpretar.

El conocimiento es universal y lo generan las universidades, sean públicas o privadas, sean del sesgo, de la preferencia filosófica, o ideológica, o del momento histórico en que se viva, pero es una obligación avanzar, evolucionar y usar las tecnologías de la información y el Internet, que justo es para hacer más eficiente el uso de los recursos financieros, económicos y humanos, no veo una interpretación de avanzada ni progresista a quienes se opongan a que las universidades públicas de este país, de las que gratamente hemos egresado millones de mexicanos, porque hemos tenido la oportunidad de acceder a ellas, y que hoy un Gobierno Federal tiene importantes programas de carácter social, para hacer realidad el derecho a la educación como un derecho universal.

Y a mí me parece muy lamentable, que en esta herradura de la democracia se pretenda descalificar a las instituciones de mayor prestigio de este país, y no solo desprestigiarlas, pareciera que darles un calificativo de empresas es peyorativo.

Yo quiero reconocer el Ranking QS de América Latina 2019, donde reconoce a la Universidad Nacional Autónoma de México en el lugar cuatro, reconoce al Tecnológico de Monterrey en el lugar 6, y reconoce al Instituto Politécnico Nacional en el lugar 23.

Y pueden ellos generar un sistema simple que puede tener un costo quizás no mayor a los 2 o 3 millones de pesos, pero lo que hay que encontrar es quién audite ese sistema, y cualquiera que tenga los elementos del conocimiento y las tecnologías de la información, puede, justamente, certificar, y si tienen este prestigio internacional, aquí lo que tratamos es de evitar contratar empresas privadas del extranjero que costarían grandes cantidades de millones de dólares, y que este Instituto Nacional Electoral no tiene el presupuesto para cumplir con el mandato de los legisladores.

Y a mí sí me preocupa que los mexicanos que radican en el extranjero, que son 11 millones tan solo en Estados Unidos, sí los reconocemos y los llamamos héroes solo porque hay un récord de envío de remesas, solo porque es el sustento de la economía de este país, después de los ingresos petroleros. Entonces, por qué esa incongruencia de darles reconocimiento a que lo que genera producto de su esfuerzo y de su trabajo, en condiciones muy adversas pero que están ayudando al desarrollo de este país.

Por qué regatearles el derecho a votar, y por qué no analizarlo, también a ser votados en ciertas circunstancias.

Entonces, total apoyo del Partido de la Revolución Democrática a hacer el avance del estudio y de estos lineamientos, que no es una ocurrencia, me parece que ya se había tardado el Instituto, y que ojalá hay que avanzar, evolucionar hacia donde el desarrollo científico y tecnológico nos lo indica, y que ojalá, al corto plazo, lo contemos, incluso, no solo para recibir el voto de los mexicanos en el extranjero, sino también para implementarlo en los votos que puedan solicitar los partidos políticos para renovar sus órganos de dirección y representación a través del voto electrónico que saldría económicamente muy útil para quienes así lo decidiéramos utilizar.

Es cuanto. Muchas gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor representante.

Tiene la palabra la consejera Pamela San Martín.

No, ya la había pedido la consejera San Martín, la tengo anotada, pero no sé si la había pedido también la consejera Ravel.

Ok.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas gracias, Consejero Presidente.

Empiezo por decir que, por supuesto que estoy de acuerdo en que se traigan estos lineamientos al Consejo General, que vayamos avanzando en lo que fue un transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales desde su emisión, es decir, desde mayo del 2014, del 23 de mayo del 2014 y que este Consejo General puede ir avanzando en esa dirección para poder, digamos, ir avanzando en el desarrollo de todos los mecanismos, las herramientas necesarias, los programas necesarios para poder lograr aquello que la propia ley ordenó, es decir, que las mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero puedan, eventualmente, emitir su voto por la vía electrónica y, sin embargo, y estando completamente de acuerdo con este, que traigan al Consejo General este acuerdo para que vayamos avanzando, me parece que lo que es relevante no es qué posición ideológica tenemos en torno a si es bueno o es malo, que las universidades auditen o no un programa, ideológicamente me parece que no hay una discusión, creo que ideológicamente todos podemos estar de acuerdo.

A ver, desde el Instituto sería muy complicado decir, el que una universidad que audite sistemas es una mala decisión, la UNAM nos audita el PREP, el Poli nos audita un conjunto de sistemas, precisamente, después del 15, evidentemente, hay una confianza desde esta institución a que instituciones académicas puedan llevar a cabo la auditoría de sistemas que se desarrollen.

El problema no son las convicciones, el problema no es la confianza, el problema es lo que dice la ley.

¿Y qué dice el transitorio textualmente?

Dice:

“El voto de los mexicanos que en el extranjero por vía electrónica se realizará hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del voto en dicha modalidad. Para tal efecto, y esto es lo relevante, dice para tal efecto, deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional”.

No es una valoración personal o una convicción la que lleva a cuestionar si las universidades son empresas, es que el problema es que la ley es muy clara y dice que son las empresas no las instituciones académicas, no cualquier otro tipo de institución, son las empresas.

¿Cuándo se utiliza el término “empresa” en la LGIPE?

Dos veces.

En toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hay dos referencias al término “empresa”; uno, porque son personas prohibidas para aportar.

En el caso específico de los candidatos independientes, en el caso de los partidos políticos, el COFIPE hablaba de empresas mercantiles, ahora se hable de personas morales, pero en candidatos independientes expresamente dice, “empresas mercantiles”.

La otra referencia que tenemos al concepto de “empresas” está en este transitorio, que cuando los legisladores escribieron “empresas” dos veces en la LGIPE; en una ocasión pensaron en que se referían a una cosa y en otra ocasión pensaron que se refería a otra, me parece que tiene que haber una congruencia en la ley y si empresa significa algo a lo largo de la ley y en todas las interpretaciones que se han dado en materia de fiscalización, tenemos que ser congruentes con esa interpretación.

Y no tiene que ver con una convicción de que no lo pudieran llevar a cabo, a mí me parece que es una mala decisión del legislador incluir lo que incluyó en el transitorio.

Yo no entiendo por qué una empresa tiene que realizar una auditoría que podría realizar una institución pública, el problema es que yo no soy legisladora ni nadie de este Consejo General somos legisladores, a nosotros no nos corresponde legislar, bueno, de este lado de los que vamos a votar, de aquel lado sí hay varios que son legisladores.

Pero en este consejo los que tenemos derecho a voto no somos legisladores, somos una autoridad administrativa y tenemos la obligación de aplicar la ley, y la ley es muy claro, a mí me parece que no hay ningún ámbito de interpretación respecto a lo que signifique el concepto empresa, claro, podemos buscar ampliarlo de todas las formas posibles, obviando lo que dice la LGIPE, obviando la otra ocasión en la que se utiliza el término empresa, obviando que cuando se amplió el término empresa a persona física con actividad empresarial siempre se tomó en consideración la connotación mercantil que tenían las personas físicas que tuvieran actividades empresariales, obviando que en este sentido el Código Fiscal de la Federación define lo que son las actividades empresariales y también define lo que son las empresas, las empresas son las personas físicas o morales que realicen actividades que se refiere a este artículo, ¿cuáles son esas actividades? Las comerciales que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no estén comprendidas en las fracciones siguientes: Industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas.

Y el código de comercio dice que se reputan en derecho comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria las sociedades constituidas a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

Me parece que eso es lo que son las empresas, que yo coincido en que hace mucho sentido el que ampliemos la oferta y quiénes puedan auditar a un mayor número de competidores, me hace todo el sentido del mundo.

Yo coincido y me hace todo el sentido del mundo que una universidad pudiera hacer la auditoría, todo el sentido del mundo, insisto, nos hacen un conjunto de auditorías las universidades de este país y han generado toda la confianza en esa actividad.

El problema es que eso no dice la ley y los legisladores cuando aprobaron el transitorio de la LGIPE, sí, pusieron una carrera de obstáculos para que pudiera realizarse el voto electrónico, lo abrieron, pero pusieron todas las condiciones posibles para hacerlo bien difícil aplicar, porque no solamente piden el desarrollo, no solamente piden la auditoría por dos empresas de prestigio internacional, además piden que esto esté terminado antes del inicio del proceso electoral en el que va ser aplicado, sin tomar en cuenta la más mínima noción de que no hay ningún sistema que se utilice en un proceso electoral, que se concluya antes de inicio del proceso electoral, bueno, el SIF, pero no se concluye antes del inicio del proceso electoral, se concluye antes del inicio de las precampañas y se va modificando para poder tener las adecuaciones antes del inicio de las campañas

A lo que voy es el transitorio es una carrera de obstáculos, pareciera que tienen pocas ganas o tuvieron pocas ganas los legisladores de que se aplicara un sistema como estos. Y estamos ante esa condición.

Yo entiendo la lógica que está detrás de la propuesta que se trae a este Consejo General, sin embargo, yo no la puedo acompañar porque sí me parece que es muy clara, la ley es muy clara, el transitorio en cuanto a quién tiene que realizar la auditoría, reitero eh, no lo comparto, no comparto que una universidad no pudiera hacer la auditoría y no comparto que ésta pudiera tener un prestigio menor al de una empresa, incluso me parece que puede tener un prestigio mayor, pero lo que la ley establece es otra cosa y me parece que en aplicación al principio de legalidad, estamos obligados a cumplir con lo que nos ordena la ley, y por lo tanto yo me separaré del acuerdo en lo que tiene que ver con esta interpretación que se hace del concepto empresa.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera.

Tiene la palabra la consejera Dania Ravel.

Consejera Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Presidente.

El artículo 13 transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el voto de los mexicanos en el extranjero por vía electrónica se realizará hasta en tanto el INE haga pública la comprobación del sistema a utilizar para la emisión del voto en dicha modalidad, para tal efecto deberá contar con el dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional.

Los lineamientos que se nos presentan, hacen una interpretación bastante novedosa de lo que se tiene que entender como empresa que conlleva a incluir en este concepto a las instituciones académicas públicas y privadas, eso me hizo preguntarme cuándo se tiene que hacer la interpretación de una norma.

Si bien, todas las normas son susceptibles de interpretación para conocer su significado, sentido y alcance, lo cierto es que hay normas muy claras, cuya interpretación se agota con el sentido gramatical de la misma o la interpretación gramatical, incluso hay varios autores que sostienen que la interpretación gramatical no implica una interpretación en sí, sino más bien es el entendimiento de la norma.

En el caso que nos ocupa la interpretación se agota desde mi punto de vista con el sentido gramatical porque es muy claro lo que dice el artículo 13 transitorio. Ahora, aunque no puedo negar que permitir la participación de instituciones académicas públicas y privadas de un prestigio innegable, como puede ser el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, el ITAM, el Tec de Monterrey u otras, solamente por mencionar algunas, me parece que, si bien es cierto, esto puede aportar un elemento invaluable en un tipo de procesos como éste, como es la confianza, creo que tenemos una literalidad de la ley a la cual nos tenemos que apegar.

Me pesa apartarme de un mandato legal que para mí difícilmente da cabida a la interpretación. A mayor abundamiento, aunque el proyecto hace un esfuerzo considerable para darle sustento jurídico a esta interpretación, a mí me parece que existen, un consenso entre las personas que interpretan las normas e incluso las propias legislaciones de lo que se tiene que entender como empresa.

Por ejemplo, creo que tanto las autoridades jurisdiccionales como académicas han concluido casi de forma unánime, que para que se le pueda considerar a una persona física o moral con actividad empresarial, tiene que tener su actividad un fin de lucro. En la tesis de un tribunal colegiado de circuito, en materia laboral, de rubro, Universidad Autónoma de Nuevo León, no es una empresa y por lo mismo no le es aplicable la obligación impuesta a los patrones en el artículo 136 de la Ley Federal de Trabajo, se sostiene con mucha claridad por qué una universidad pública no puede ser una empresa, dice:

“…El artículo 136 de la Ley Federal de Trabajo, establece la obligación de toda empresa de proporcionar habitación a sus trabajadores, aportando al fondo nacional de la vivienda el cinco por ciento sobre sus salarios”.

Sin embargo, esa obligación no se puede imponer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y aquí viene lo más relevante, porque no se trata de una empresa, en virtud de que, de acuerdo con su ley orgánica, tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, con el objeto no de la obtención de un lucro para que pudiera considerarse como una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, sino como una institución con fines de preservar y difundir la cultura superior, cuyo patrimonio se conforma con legados, donaciones y subsidios de los gobiernos federal, estatal o municipal.

La Ley Orgánica de la UNAM es muy similar a lo que dice la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

También la legislación realmente está reforzando esta interpretación de empresa, como aquellas que tienen actividades o un fin de lucro.

El artículo 16 del Código Fiscal establece qué casos se considera una persona moral como empresa, y no hay cabida en estos casos que se enuncian en el Código Fiscal para las actividades que se realizan en una institución académica.

El artículo 123 constitucional, cuando establece que, es derecho de los trabajadores formar parte de las utilidades de una empresa, me parece que deja ver con mucha claridad que la interpretación del constituyente es que una empresa forzosamente está buscando ganancias, y éstas se tienen que repartir entre sus trabajadores.

La finalidad que busca una institución académica, aun y cuando sea privada, no es ésa.

Desde mi punto de vista, las empresas sí tienen por objeto la ganancia monetaria, mientras las universidades tanto públicas como privadas, se dedican a la búsqueda del conocimiento, la educación y la cultura.

Incluir, además, a instituciones académicas hace que pongamos algunos requisitos para los entes auditores ad hoc para poder determinar que una universidad tiene solidez y reconocimiento internacional, pero que no nos aportan mayor cosa para tener un ente auditor para este proceso.

Por ejemplo, se habla de que tienen que estar dentro del ranking de las mejores universidades, ¿qué es lo que se valora para estar en este ranking? Pues, por ejemplo, la percepción académica sobre las mejores universidades, la opinión que tienen los empleadores sobre los profesionistas egresados de las universidades, la proporción entre el número de maestros y estudiantes, cuántos maestros cuentan con doctorados, las publicaciones científicas por académico, entre otras cosas.

Creo que el hecho de que haya universidades que cumplan con estos estándares, realmente no abona en nada para poder determinar que van a ser unos buenos entes auditores para este proceso.

Es por es emotivo que yo me voy a separar de todas las soluciones que se hacen en los lineamientos, vinculados con la interpretación de empresa, en donde se incluyen a las instituciones académicas, tanto públicas como privadas, específicamente sería el lineamiento 2, fracción III, incisos g) y h); el lineamiento 3, fracción II; el lineamiento 37, fracción I y fracción II, inciso d); y, desde luego, también la propuesta de adición que ha hecho el consejero Baños.

Gracias, Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Ravel.

Tiene la palabra el consejero Rivera.

Consejero Electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez: Gracias.

Tengo la impresión de que esta discusión se ha apartado un poco del objeto sustancial, porque estamos aprobando o discutiendo unos lineamientos para darle un reforzamiento a toda la seguridad y la certeza, además de la facilidad que debe tener la oportunidad de los mexicanos en el exterior para votar también por Internet.

Ése es el punto, eso es lo esencial, y, casi toda la argumentación se ha centrado en el concepto de empresa, igualando ésta con lucro y con algunas otras características, incluso de obligaciones fiscales o laborales, que yo creo que no vendrían al caso, no porque no sean importantes en sí mismas, sino porque para el objeto que estamos discutiendo no parecen ser las más pertinentes.

Quiero decir que, quizás un poco paradójicamente, estoy de acuerdo con buena parte de la argumentación que dio la consejera Pamela, es decir, hay muy buenas razones para que el legislador no debiera haber excluido a instituciones académicas que tienen una capacidad probada, en muchos campos de la ciencia y la tecnología, y que podrían hacer esto.

Discrepamos un poco en la conclusión, pero, a ver, creo que sería bueno centrar el tema de debate, y aquí deberíamos preguntarnos, es cierto que en la ley dice textualmente “dos empresas”, y es cierto que la definición más estricta de empresa es lo que han señalado mis compañeras consejeras, también el consejero José Roberto Ruiz, sobre actividades comerciales con fines de lucro, pero hay otras acepciones de empresa como organización, organización capaz de proveer o brindar un servicio, y por cierto, venderlo también, cobrar por él.

De ahí que, por ejemplo, existan también las empresas públicas con una larga tradición en México, y cuyo fin, incluso definido constitucional o legalmente, no suele ser el lucro, y son empresas, son empresas públicas, de tal manera que no hay una sola, un solo o una sola definición susceptible de aplicarse. Sin embargo, aun así, no creo que lo esencial debería ser si queremos que sea una empresa con fines de lucro o no, la que audite un Sistema de Voto por Internet desde el exterior.

Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la pregunta que debió de hacerse el legislador?, ¿cuál suponemos que se hizo?, el legislador se preguntó si la auditoría la debería hacer una organización privada con fines de lucro, o una organización especializada en tecnología informática capaz de hacer las auditorías.

Esa es la pregunta, que yo quiero suponer, que se hizo el legislador en su momento, claro, yo no soy el legislador ni estuve allí, y no lo podría firmar, pero creo que es razonable preguntarse eso, cuál, y ahí sí vale la pena, como en la expresión clásica del espíritu de la ley, es decir, qué fin persigue esa disposición, ese enunciado, qué fin persigue garantizar que el sistema de voto por electrónico sea, aparte de muy accesible para los potenciales usuarios, que sea muy seguro, que dé certeza a toda prueba de la autenticidad del voto.

Por lo tanto, la pregunta debería ser, ¿tiene la capacidad o no de auditar un sistema como éste? Si restringimos para estos fines el concepto de empresa a fines de lucro, de verdad llegaríamos a una conclusión un poco rara, que el legislador cuando está maximizando los derechos ciudadanos al voto pone una restricción para beneficiar exclusivamente y solamente a empresas con fines de lucro, a organizaciones o entidades con fines de lucro.

Sospecho que no fue ese el propósito de legislador, por eso me atrevo a invocar el espíritu de la ley reconociendo que literalmente hay una interpretación muy clara.

Por otra parte, el que una institución académica pueda realizar actividades que venda y de la cual obtiene alguna utilidad no la denigra en absoluto, no la denigra, digo, al menos que tengamos una concepción medieval de las universidades en las que solamente se estudiaba teología o un poco de filosofía griega cuando la redescubrieron. No es el caso obviamente.

El INE ha sido cliente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que ya por dos décadas nos ha brindado y vendido el líquido indeleble para garantizar un elemento más de certeza del voto.

Yo creo que lo que deberíamos aspirar es a que esta licitación tenga la apertura máxima para no restringir eventualmente u orientar hacia el posible resultado a algunas empresas.

Deberíamos entonces privilegiar y es que eso guiara nuestro criterio a que nos dé a que el ente auditor tenga la máxima capacidad para que inyecte la máxima confianza y garantice la máxima certeza para el voto desde el exterior.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero Rivera.

¿Alguna otra intervención?

El consejero Murayama.

Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama Rendón: Yo tiendo a coincidir con el consejero Rivera en que quizá no deberíamos de perder el foco principal del propósito de traer estos lineamientos, que es justamente poder hacer realidad la única disposición de la reforma de 2014 que no es una práctica ya, y es precisamente la posibilidad de que los connacionales voten a través de internet, a través del voto electrónico sin necesidad de acudir al voto postal o a la otra modalidad, que es la presencial y que dadas las condiciones políticas del país donde vive la mayor cantidad de mexicanos residentes en el exterior, difícil además la situación en la que la mayoría o una buena parte de nuestros compatriotas pueden ser objeto de persecución por su situación legal allá.

Así que hemos convenido en que conviene explorar la vía para que en los próximos procesos electorales se pueda sufragar a través de la modalidad electrónica.

Ese es el propósito principal y hay que hacerlo con tiempo, porque en efecto el artículo transitorio pone una serie de exigencias, tanto de procedimientos como de plazos que nos llevarían a que, si nosotros no activamos esto, pues justamente ahora por la vía de los hechos estaríamos posponiendo la posibilidad de un voto más económico a través de Internet, desde el exterior.

Ahora bien, como nosotros estamos convencidos de que no es del todo precisa la formulación del transitorio que puede prestarse a distintas interpretaciones, se ponen unas a efecto de que el Tribunal pueda eventualmente pronunciarse, ojalá que así sea, como decía el consejero Baños.

Nosotros no estamos queriéndole dar la vuelta a que hay un asunto de interpretación, ahora, podríamos habernos ido por la interpretación más restrictiva y cerrar la puerta a la participación de instituciones académicas públicas que serían a las que estuviésemos excluyendo.

Y yo comparto el proyecto que se nos propone porque primero habría que reinventar el lenguaje y las normas internacionales para concluir que empresa siempre es sinónimo de empresa mercantil o con fines de lucro, es más, si la legislación dice: empresa mercantil, es para precisar que de ésas se trata, y esto viene en la ley, venía desde el COFIPE cuando todavía se permitía la aportación de personas morales, y entonces, se decía empresas mercantiles no, para precisar que esas tenían restricciones para aportar a las campañas y a los partidos.

Ahora, eso quiere decir que en el mundo solo existan empresas mercantiles, pues no, la historia económica y normativa nos demuestra que hay miles de empresas públicas, que no tienen fines de lucro, Comisión Federal de Electricidad, empresa de prestigio mundial, se dice en su propia publicidad, PEMEX es una empresa, el Metro es una empresa, LICONSA, DICONSA son empresas públicas, la diferencia de las empresas públicas es que llevan al mercado bienes y servicios de manera complementaria a las empresas mercantiles y que no tienen fines de lucro, y que complementan.

Pero el hecho de que existan empresas mercantiles no presupone que no puedan existir empresas sin fines de lucro, para decirlo en términos de lógica, la empresa hace referencia al género y en las especies pues tenemos distintas empresas mercantiles, incluso en el lenguaje universitario de las universidades públicas, se habla de empresa cultural, es decir, un proyecto de largo aliento que no tiene que ver con el mercado ni con el lucro, y eso nunca ha incomodado a quien está acostumbrado a la vida universitaria pública.

Entonces, pretender que hoy una organización académica; y, por cierto, aquí nada de violación al laicismo, eso lo hacen otros, ¿no?; que una organización académica per se no puede ser empresa, pues nos llevaría a negar, incluso, el tratado de libre comercio, signado por México desde hace un cuarto de siglo, en donde está regulado el comercio de los servicios de la educación superior, y si algo se comercia es que se vende, y si se vende es que es mercancía, por definición.

Y también está regulado en la Organización Mundial de Comercio, a la cual pertenecemos nosotros.

Entonces, no se trata de cosas ajenas a nuestro marco jurídico, estamos ampliando la posibilidad de incorporar, sería muy difícil que alguien demostrara que el Tecnológico de Monterrey no es una empresa, bueno, es empresa, pero si tomamos la definición que se nos presenta, la más restrictiva, el Tec. podría entrar, el Politécnico no. A mí no me parece injusto.

Entonces, como se presta a interpretación, estamos poniendo sobre la mesa una interpretación amplia, en ningún sentido laxa, para que eventualmente el Tribunal se pronuncie y nosotros saber si se puede pedir una auditoría hecha por científicos que trabajen en universidades públicas, y no solo por ingenieros que trabajen en empresas con fines de lucro.

Sí, eso queremos saber, ojalá el Tribunal se pronuncie si media un recurso contra la decisión.

Gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero.

Consejero, el diputado Viedma desea hacerle una pregunta, ¿la acepta?

Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama Rendón: Claro que sí.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Diputado, por favor.

Consejero del Poder Legislativo de MORENA, Alejandro Viedma Velázquez: Gracias, consejero.

Quisiera preguntarle, desde su punto de vista y de conformidad con su exposición, si pudiera especificarme un poquito más cuáles pudieran ser las consecuencias de no incluir dentro del concepto de empresas, a las universidades y, ser un poquito rígidos en la interpretación del transitorio.

O sea, ¿qué pasaría si solamente fueran empresas excluyendo universidades, para la implementación o para el tema de las auditorias?

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Para responder, el consejero Murayama.

Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama Rendón: Estar sujeto a criterios estrictamente de mercado y favorecer a entes con fines de lucro. Y me parece que eso no es adecuado con el artículo 134 constitucional que nos rige.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero.

¿Alguna otra intervención?

La consejera Zavala.

Consejera Electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias, Presidente.

En este tema yo quiero señalar que partí de la base de una interpretación estricta de la que significaba empresa, y a partir de los cuestionamientos que escuché de mis compañeros, me di a la tarea en investigar, a qué se quería referir el legislador con “empresas de prestigio internacional”.

Lo primero que encontré es que en la exposición de motivos pues nos decía nada, pero sí encontré un fin muy claro, un fin claro es que sea auditable el sistema para que dé las garantías, de la secrecía del voto, de las seguridades informáticas. Eso fue lo único que encontré en todo el trabajo legislativo.

El segundo paso fue, bueno, cómo se ha definido en el derecho “empresa”, tan claro que ninguna de mis colegas lo pudo definir, porque las leyes lo que definen es: actividades de comercio, actividades mercantiles, actos de comercio, actividades empresariales, actividades mercantiles. Entonces, para mi sorpresa también dije, pues las leyes no me dan un campo; la laboral tiene diversos sentidos, porque el enfoque son los derechos laborales.

El siguiente paso fue encontrar, bueno, ¿qué es lo que queremos resguardar?

Se quiere resguardar que sea auditable, que alguien experto.

¡Ah! Bueno, pues alguien experto vamos a ver en las empresas lo experto.

Y a partir de ahí empecé a generar diversas preguntas a través de la información de la que me pude allegar y llegué a la conclusión que, efectivamente, el término “empresa” no es claro en el derecho mexicano y el término “empresa” tiene que ver con un concepto económico jurídico, depende de cómo lo queramos ver.

Pero también está relacionado estrictamente con esas actividades empresariales, con esos actos de comercio también vincula la prestación de servicios y ahí fue donde también reparé y, bueno, vamos a ver quiénes prestan servicios y en qué condiciones prestan los servicios.

Los servicios de las universidades, de verdad me lleve la grata sorpresa porque tienen entes tan, tan específicamente calificados para, incluso, certificados internacionalmente con los estándares internacionales para auditoría de sistemas informáticos que empecé a generar el concepto, dije: claro, si no está definido una empresa sino a partir de los actos y dentro de los actos entra la prestación de servicios es lógico lo que creo que, el consejero Ciro y el consejero Jaime, al no ser abogados tienen un sentido común del derecho que a veces los abogados tenemos un cuadro muy marcado.

Entonces, sí, yo creo que sí se vale, esto nos ha nutrido porque tanto la posición de la consejera Pamela, que es la primera vez que escucho sus argumentos, no los había escuchado, había dicho que lo iba a estudiar y ahora ya los escucho.

El consejero José Roberto que en algún momento coincidimos, que yo dije voy a estudiar el tema, me parece que es un buen momento de replantear, creo y aquí no estamos ateniendo: no hay claridades, lo único que sí, cuando yo escuché otra vez la intervención la consejera Dania, en el sentido de que es claro. No, no es cierto, no es claro, tan no es claro que habemos posiciones diferentes y que empezamos a construir los argumentos.

Entonces, lo que sí tengo claro es que el legislador lo que quiere es una auditoría que dé certeza. Eso lo encontré muy definido en el trabajo legislativo.

A partir de esos fines para eso es la interpretación también, cuando tenemos duda, la duda se genera a partir de las diferentes visiones; cuando tenemos duda empezamos a darle sentido al lenguaje común utilizado por el legislador.

Incluso, le pregunté a algunos legisladores atendiendo, a ver, cuál es el espíritu del legislador y la verdad, es que nadie sabía por qué habían puesto “empresas”, pero lo pusieron.

Entonces me parece que la propuesta, incluso, se podría complementar con muchos de los argumentos que dio el consejero Ciro, pero lo dijo tan lógico desde el punto de vista económico que complementa muy bien lo jurídico.

Lo cierto es, ¿qué pretende este Consejo General? Dar las garantías que quería el legislador respecto de este trabajo, y mientras más entes, auditores, certificados con esa experiencia, ya tuvimos en México una experiencia, y fueron las universidades las que auditaron porque ahí no decía empresa, han sido modelos que arropan.

¿Quién tendrá la razón? Dependerá, no sé si se vaya a impugnar, si se impugna creo que esta discusión y este trabajo ha sido muy nutrido desde los argumentos expuestos por quienes no comparten esta forma y este sentido que se le está dando, hasta como se está concretando en el acto jurídico.

Así que los argumentos están dados, yo estoy plenamente convencida y me parece que partir desde la posición contraria me ayudó también a convencerme de manera clara de lo que voy a votar y, sobre todo, a entender que el término empresa no es claro en México, no está definido, está definido como organizaciones, personas físicas, personas morales, pero a partir de los actos de comercio, empresariales, de diferentes actos que no cabría más que señalar que estos entes organizados que dan bienes y prestan servicios caben dentro del concepto empresa.

Y la siguiente parte es qué tomar en cuenta para dar el prestigio internacional, y me parece que da cuenta el propio acuerdo de que si lo vemos como corporativo existen ciertos niveles de exigencia que habrá que tomarse en cuenta. Y si lo vemos como universidades existen ciertos parámetros internacionales que habrá que tomar en cuenta para el momento de cómo comprobar ese prestigio nacional, y por eso se abre esta gama de requisitos que se presentan en los lineamientos.

Creo yo que hay muchos argumentos, pero que al final me parece que estamos resguardando el fin último del legislador que es que el modelo, el sistema electrónico que se vaya a poner en funcionamiento para la recepción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero cumpla con las seguridades y a través de eso que sea auditable 100 por ciento para las garantías que se exige en la ley.

Si se impugnará o no tendrá el Tribunal un muy buen trabajo, pero por lo menos los argumentos ya están expuestos de un lado y del otro y que valdría la pena que se recuperaran también en votos para poderlos agregar todo y que el colegiado dé cuenta de proceso de razonamiento que tuvimos para llegar a la conclusión que se adoptó.

Sería cuanto, Presidente, muchas gracias.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejera Zavala.

¿Alguien más desea intervenir en primera ronda?

Permítanme intervenir en primera ronda, lo primero que quisiera hacer es, retomando la sugerencia del Consejero Rivera, poner el énfasis en la importancia del fondo del acuerdo que estamos conociendo, porque estamos dando un paso consistente en la materialización de un tema que es el verdadero tema de fondo, que implica el ejercicio de derechos fundamentales, la maximización del ejercicio de derechos fundamentales, ya lo mencionaba en su intervención de arranque el consejero Andrade, esto es una demanda y un planteamiento que no solamente se ha planteado por parte de la comunidad, sino que además es el fruto de la experiencia.

Del mismo modo, en el que el fruto de la experiencia, un fruto de la experiencia fue la venturosa decisión del Congreso de la Unión del Órgano Reformador de la Constitución de plasmar en la ley la posibilidad de credencializar en el extranjero. Es decir, todo el tema del voto en el extranjero, además de las demandas históricas en este sentido, se han traducido en un ejercicio, digámoslo así, de ensayo y mejora paulatina, y hoy estamos avanzando consistentemente en la posibilidad de que se ejerza el voto electrónico por lo menos por el momento, porque es el margen que permite la ley para quienes viven fuera del país, los mexicanos que viven fuera del país de manera venturosa.

Creo que ése es el fondo, y creo que estos lineamientos avanzan consistentemente en la posibilidad de llegar al 2021, con una maximización de derechos de las y los ciudadanos de ocho estados que en 2021 permiten la votación desde el extranjero y que nos van a permitir por cierto, hacer este natural ejercicio de paulatina instrumentación y de mejora de cara a las elecciones desde el 2024, cuando las elecciones de senador y de presidente implicarán la posibilidad de ejercer el derecho del voto desde el extranjero de esta manera.

Creo que eso es del fondo.

Ahora, permítanme y eso hay que celebrarlo, es una buena noticia que el Instituto Nacional Electoral esté tomando esta medida justo a tiempo para poder llegar a 2021, habrá otro tema que será objeto de una discusión con el legislador que implica pues el que no se nos cercenen los fondos en un futuro para poder concretar esto que no es otra cosa, sino un ejercicio de derechos, de la potenciación del ejercicio de derechos.

Déjame ir al tema que ha sido objeto sin embargo de la discusión y quisiera también aquí poner el énfasis. El gran punto que implica este acuerdo es el de la auditoría, el sentido profundo del artículo transitorio 13, es el de la auditoría y la discusión en todo caso, tiene que ver con quién es el responsable de hacerla.

Y creo que aquí se ha abundado suficientemente y se da muestra, pues en los problemas de interpretación que tiene el concepto de empresa, pero déjenme hacer un poco de memoria, decía la consejera San Martín que solamente hay dos veces en donde se habla de empresa, sí, nada más que en una vez se habla como se decía, con un calificativo, empresa de carácter mercantil, en el otro lado nada más se dice empresas de prestigio internacional, lo cual habla de que el legislador, si somos congruentes con la interpretación de la ley, hace una diferencia y no es lo mismo empresa, en un caso, porque se dice de carácter mercantil, que empresa en el otro caso, en donde no se dice nada.

Creo que no sería en mucho sentido tampoco entrar aquí en la discusión respecto de que, si las empresas solamente son con fines de lucro, porque eso como se ha demostrado pues es una falacia, hay empresas como CONASUPO en su momento que se llamaba compañía, empresa, que no tenía una finalidad de lucro y por cierto es amplia la literatura, sobre todo en el viejo continente, a propósito de que cómo las empresas que se dedican esencialmente al sector terciario, es decir, la prestación de servicios públicas, prácticamente todas, pero, incluso privadas son empresas que no tienen un carácter de lucro, es decir, no buscan el reparto de utilidades entre sus miembros, porque es lo que define el carácter de lucro o no, así que no entro a ese tema.

Yo creo, y reivindico aquí el derecho fundamental de toda persona de preocuparse, y yo me preocuparía que hubiera, por una interpretación letrista y restrictiva, que se impidiera a que quienes han sido los aliados fundamentales en la auditoría de los sistemas informáticos del INE se les impidiera participar.

En México, el PREP, lo audita la UNAM y me preocuparía que no lo auditara la UNAM; el SIIRFE lo audita la UNAM; el conteo rápido, el sistema de cómputos, el sistema de información de la jornada electoral, y el sistema de representantes lo audita el Instituto Politécnico Nacional, y me preocuparía que no lo hicieran, entre otras cosas, porque la participación de una empresa de carácter público, de carácter cultural como una universidad, le inyecta, me da la impresión, certidumbre, que es uno de los principios rectores de la función electoral, a los mecanismos de auditoría.

Y sí diría una cosa, en poco en la exageración, con mucho respeto y hasta para ponerle jocosidad a la discusión, no se preocupe consejero Ruiz, no estamos pretendiendo que una iglesia audite los sistemas, si lo que queremos son auditorías no bendiciones, queremos que la ciencia audite, no que la fe nos audite un sistema fundamental, y lo digo con mucho respeto y más en un plan de aligerar la tensión, en temas tan estridentes en ocasiones.

Lo que quiero decir, nada más para ponerlo al revés, es que hay muchas universidades que son empresas, las universidades norteamericanas, como Harvard, por ejemplo, maneja sus recursos a través de una compañía que cotiza en bolsa, Harvard Managemente Company Incorporated, es decir, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es darle sentido a la intención del legislador, que yo creo que lo que ocurrió es que tomó, porque nadie puede decir lo contrario porque no hay ningún, como decía la consejera Zavala, ningún elemento que nos lleve a decir exactamente lo que el legislador quiso poner cuando puso empresa en ese transitorio, aquí estamos interpretando de un lado y del otro, el punto es cómo queremos interpretar.

Yo creo que el legislador retomó lo que había sido una práctica de esta institución desde hace mucho tiempo, y que les ha dado certeza a los procesos electorales, es decir, que las universidades auditen los sistemas, y por eso no califica el concepto empresa en ese sentido, y donde no califica el legislador creo que nosotros no debemos, restrictivamente, creo que nosotros no tenemos que hacer una calificación restrictiva.

Y terminaría diciendo que, finalmente, retomando algo que dijo, pues ya se fue el contralor, algo que dijo en la Junta General Ejecutiva el titular del Órgano Interno de Control, que celebraba la interpretación que la Comisión y que el proyecto estaba haciendo, porque el incorporar a las universidades, en esta posibilidad, ampliaba el espectro de potenciales competidores en una licitación, que surgirá de estos lineamientos para el beneficio del Estado Mexicano.

Y con estas aleccionadoras palabras del titular de nuestro Órgano Interno de Control, termino mi intervención.

En segunda ronda, si hay alguien más en primera ronda.

En segunda ronda tiene la palabra el consejero Enrique Andrade.

Consejero Electoral del INE, Enrique Andrade González: Gracias, Consejero Presidente.

Creo que ya hay poco más que agregar después de lo que se ha dicho, primero agradecer la solidaridad y apoyo de los partidos políticos para con el proyecto, que yo creo que eso es muy interesante, serán aliados en su momento para poder respaldar al Sistema de Voto Electrónico por Internet, que es finalmente lo que se busca y, desde luego, pues estar pendientes de que estas auditorías se hagan bien, se hagan de manera transparente y se hagan de manera profesional.

Dese luego, nada más para ahondar un poco en la discusión, nos hubiera gustado que el legislador en el 2014 no hubiera puesto empresas o hubiera puesto empresas de carácter mercantil, para realmente acotar la interpretación y dejarla pues solamente para empresas de carácter mercantil, pero no lo hizo así.

Y contrario a eso, a mí, de verdad lo que más me convenció fue la lectura del artículo 401, que decía el Consejero Presidente, el consejero Murayama y la consejera Pamela San Martín, justamente se refiere a la prohibición de que hagan aportaciones a empresas mercantiles a los candidatos independientes.

Pero en ese inciso dice: “empresas mercantiles”. Entonces, sí nos dejó una pista el legislador para entender lo que dice el transitorio, el 13º transitorio, desde un punto de vista estrictamente jurídico, y es que en el transitorio nada más dice: “empresas de prestigio internacional”-.

Hubiera puesto empresas de carácter mercantil de prestigio internacional, hubiera puesto, pero no lo hizo.

Entonces, sí dejó abierta la interpretación.

¿Qué es lo que discutíamos los consejeros cuando empezamos a definir este proyecto? Lo más importante es que también dice el transitorio que estos dictámenes es para darle confianza al usuario, ¿y quién va a ser el usuario? Los ciudadanos mexicanos que están radicando en el extranjero.

¿Qué le va a decir a un ciudadano mexicano una empresa trasnacional que hizo el dictamen?, cuando sabemos que a lo mejor puede salir una nota de escándalo en algún país, cuando sabemos que pudo haber tenido problemas en el desarrollo de cierta tecnología, etcétera, lejos de ayudar, la verdad es que eso perjudicaría mucho y es común que las empresas estén metidas en este tipo de escándalos por la misma lucha que hay del comercio internacional.

Entonces, lo que quisimos es que la confianza al ciudadano se la diera justamente una institución de carácter académico que tuviera prestigio internacional. Prácticamente así lo estamos señalando, que nos gustaría, pero obviamente pues eso dependerá de la convocatoria, en un momento dado quién participe, cuál sea la mejor oferta para el Instituto, etcétera.

Si al final son empresas mercantiles de prestigio internacional, bueno, eso se definirá ya en el proceso de licitación.

Pero lo que nosotros damos la apertura es para que participen en ese proceso instituciones académicas, públicas o privadas, que estén ranqueadas de una manera importante a nivel internacional, para que justamente tengan este prestigio que le va a dar confianza al mexicano que está en Estados Unidos.

No es nada más que nos dé confianza a nosotros ahorita en esta mesa, esto creo que va mucho más allá de esto, por eso sí agradezco la visión de largo plazo y de alta mira que se tiene al pensar realmente en quién va a ser el usuario de estos sistemas, si es el mexicano que está viviendo en el extranjero y para darle confianza para mí se vería mucho más fácil porque así lo dicen las encuestas correspondientes respecto a la confianza que hay en las instituciones, que las universidades, desde luego, tienen más confianza que una empresa privada para cualquier ciudadano, así está en las encuestas.

Entonces, por eso es que nos inclinamos por esta interpretación, si se impugna y la Sala Superior decide lo contrario con firma, pues sería interesante saber cómo lo va a hacer.

Respecto a la propuesta del consejero Marco Antonio Baños, se comentó en la comisión respectiva cuando se vieron estos lineamientos, en un principio había algunas dudas de incluir, como él decía, alguna situación al final que dijera se procurará que fuera una institución académica y una empresa de carácter mercantil.

Se consultó con las áreas, las áreas dicen finalmente que no tendrían problema para la licitación.

Yo estaría de acuerdo con la propuesta.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero Andrade.

Tiene la palabra la maestra Marcela Guerra.

Representante del PRI, Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Consejero Presidente.

A mí se me hace que no hay que confundirse, o sea las empresas y las universidades cobran por la prestación de un servicio, en este caso generar un software para una auditoría y que sea de la mejor calidad con eficacia y con eficiencia.

El MIT, usted mismo lo citó, MIT no, pero citó Harvard, el propio Tecnológico de Monterrey, la UNAM, cobran por un servicio establecido porque tienen una unidad de investigación que desarrolla software, y eso no se hace gratis ni se hace tampoco con el presupuesto solamente de la nación, sino hace se verdaderamente para tener, pues para prestar un servicio y lo prestan, pero también lo cobran, que es el caso de Microsoft, de Softec, de Apple y de otras instancias, Samsung, etcétera.

Yo creo que aquí el meollo del asunto, Presidente, es la licitación, la licitación que sea amplia y que compitan los que quieran competir y que tengan condiciones y que desarrollen el software más idóneo, a mejor precio, más por menos dinero. Y ese es el que verdaderamente debe de ganar, y se acabó, no importa si es una empresa, porque si dice que es internacional, no importa si es una empresa de origen coreano, si es una empresa americana, si es una empresa mexicana, que sería lo ideal; simple y sencillamente es lo óptimo para establecer un objetivo.

Es cuanto.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señora representante.

El consejero Baños.

Consejero Electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez: Gracias, Consejero Presidente.

Muy breve, creo que no debemos de olvidar que nosotros como institución nos hemos apoyado permanentemente para muchas actividades de carácter institucional en las instituciones académicas, no solamente en el tema de la confianza y credibilidad, sino también en las garantías técnicas que se requiere para el funcionamiento de los sistemas, usted lo mencionó, ,Presidente, señalaba el tema del PREP que corre a cargo de una institución académica una auditoría para el funcionamiento de un sistema que atiende como propósito ni más ni menos que informar los resultados preliminares, y aun cuando la legislación en el 305 lo define como un sistema de información así preliminar, lo cierto es que requiere una enorme certeza en cuanto al manejo de los resultados que se presentan en ese sistema.

Las instituciones académicas producen ciencia al final de cuentas y alimentan evidentemente al mercado con personas especializadas en muchos temas, por qué no podrían auditar, claro que cobran, a lo mejor cobran hasta más que algunas empresas privadas, pero finalmente son instituciones académicas que tienen la suficiente experiencia y que tienen el personal y tienen la metodología y tiene una serie de cosas que pueden servir mucho a este propósito.

Yo tengo mucha confianza dado que he sido de los impulsores más convencidos en el asunto de la participación de una institución académica que podamos sacar esta interpretación avante en alguna interpretación jurisdiccional.

También creo que es un poquito inexacto, lo voy a decir con respeto, que digamos que el concepto se abrió de tal manera que cabe todo. Yo no creo que, y aquí lo decía Lorenzo Córdova de alguna manera, pero pues yo no creo que el arquidiócesis de algún lugar pues disponga de un grupo de técnicos que nos pueden ayudar a esto, no caben todos, tampoco la sociedad de brujos de Catemaco entraría aquí, por ejemplo, ¿no?, ésa menos mi queridísimo consejero Roberto Ruiz Saldaña, no, mucho menos, pero evidentemente creo que es un concepto que se está sí alineando con una interpretación un poquito más amplia y que sí nos daría la posibilidad de que tengamos una participación de una institución académica que le dé, como decía el consejero Andrade mayor confianza en este caso de los ciudadanos, a un dictamen que es fundamental para hacer posible una ampliación de derechos que tiene que ver con el voto de los migrantes, de las personas que residen fuera del país.

Entonces, a eso creo que nos tenemos que atener y creo que vale la pena explorar esta posibilidad, y ahí está la historia, las instituciones académicas nos han ayudado muchísimo en detalles tan importantes como por ejemplo cuando intentamos la construcción de SIF con una empresa internacional, pues simplemente tuvimos que mirar hacia una institución académica porque no pudo la empresa cumplir los términos de un contrato establecido.

Sí hemos tenido también la colaboración de algunas empresa muy destacadas que nos hayan ayudado en otras cosas, señaladamente pues todo el desarrollo del sistema de monitoreo de los spots de los partidos, pero las instituciones académicas nos han ayudado hasta en las cosas más inverosímiles, hay que recordar la discusión por ejemplo con el tamaño de los, o más bien con la superficie de los logos de los partidos en la boleta, donde fue necesario que por ejemplo la UAM pudiera hacer un dictamen técnico para decir si la expresión MORENA tenía la misma superficie que el águila abierta del Movimiento Ciudadano.

Entonces, ese tipo de cosas las hemos resuelto ahí, la tinta indeleble pues la resolvió también una institución académica y así, ahora se acaba el tiempo, pero sería muy largo referir los ejemplos.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, consejero.

¿Alguna otra intervención?

Consejero José Roberto Ruiz.

Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruíz Saldaña: Gracias, Presidente.

Ahora sí que, por alusiones, pues habrá que leerle al consejero Baños, también, con todo respeto, pues lo que proponen de definición, “son las organizaciones públicas o privadas”, ahí ya van ampliando, “coma”, “y/o”, van ampliando, e “instituciones académicas públicas o privadas”, van ampliando, “ambas nacionales o internacionales”, y de un prestigio internacional que cuenten con capacidad para ofrecer un servicio especializado y a, pues están hablando de, pues sí, especializado. Con esa definición es una asociación, es una organización y hay más ejemplos, pero más allá de lo jocoso que quieren convertir, porque reconoce usted Presidente que está presionado, que está en tensión, así dijo y que eso le sirve para sacar la atención, para mí el ejemplo fue, bueno, ahí está la versión estenográfica Presidente.

Para mí sí es relevante el que cuidemos a la institución, se los digo de verdad, porque ustedes mismo mencionó Presidente, cuáles instituciones académicas se ha llevado pues las mayores de las veces estos servicios de auditoría, hay más instituciones en el país, y por lo que pusieron aquí en este proyecto de acuerdo, con el tema de rankings cerraron bastante a cuáles pueden ser esas instituciones de nuestro país, es que ahí está el problema.

Dentro de las mejores está el Politécnico y la UNAM, que siempre ha venido ganando estas auditorías. No voy a cuestionar, es un hecho objetivo, desde que se constituyó esta institución INE, no sé IFE qué tanto, pero ahí hay una preponderancia de participación de esas instituciones y con este proyecto de acuerdo de nuevo van a tener posibilidades en una lectura jurídica, si ustedes quieren que no me daba para incluir instituciones académicas.

¿Por qué? Porque creo que sí era relevante la interpretación dentro del ámbito electoral.

Ya sé que le gusta reírse cuando uno participa, Presidente, pero, por favor, más respeto.

La interpretación que se necesita hacer era dentro del ámbito electoral y creo que, aunque no pusieron adjetivo o apellido en el transitorio a empresas, como sí está cuando se refiere a temas de fiscalización, creo que es desproporcionado irse a otros ámbitos fuera de lo electoral para haber acudido a un término de empresa.

Yo creo que el décimo tercero está inscrito en el ámbito electoral y tenía que haberse acudido a la noción más inmediata que está contenida de “empresa”.

Entonces, sé que quieren que se impugne este asunto. No sé qué vaya a pasar, sí he puesto elementos de preocupación que reivindico, porque con lo que se dispone aquí sí pienso, lo digo tal cual lo dije en la primera intervención, al ampliarse el universo de posibles entes auditores, pues, se están creando posibilidades para que participan más, lo reconoce el propio proyecto. Eso sí es para mí motivo de preocupación jurídica y yo por eso he decidido votar en contra.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muy bien, gracias, consejero.

¿Alguien más desea intervenir?

Bien, procedamos con la votación, pues. Gracias.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: En particular les propongo una votación sobre el concepto de “empresa” que está referido en el proyecto para esa someterlo a consideración en lo particular.

Entiendo que sobre eso ha versado todo el intercambio de opiniones en este punto y la propuesta del consejero Baños creo que podría ir en la votación en lo…

¡Ah! No, no es cierto.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Hay una moción del consejero Ruiz.

Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruíz Saldaña: Sí, gracias, Presidente.

Es que mencioné el lineamiento 39 que tenía un aparto que no tiene que ver con la noción de empresa, que es darle la atribución al Secretario Ejecutivo que pueda interpretar esos lineamientos.

Yo pienso que debía ser la comisión, por eso es que me aparto del lineamiento 39.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, sométase también a votación particular.

Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Sí, y también la propuesta del consejero Baños, que se indicara que preferentemente fuera una institución académica y una institución privada hay objeciones de parte de la consejera Ravel y lo someteré también a la consideración en lo particular.

Entonces, tendríamos tres votaciones en lo particular aparte de la general.

Nada más para claridad:

Uno, sobre el concepto de empresa.

Segundo sobre la atribución que el proyecto se le dará a la Secretaría para hacer esa interpretación y que el consejero Ruiz Saldaña propone que sea la comisión; y la propuesta que había hecho el consejero Baños, en el sentido de que se indique que preferentemente sea una empresa y una institución académica, que también tendrían objeciones.

Entonces, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 10.

Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.

Es aprobado por unanimidad en lo general.

Ahora, procederé a someter a su consideración las propuestas en lo particular.

Primero, sobre el concepto de empresa, tal y como es definido en el proyecto que está a su consideración.

Quienes estén a favor, concepto de empresa…

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: La consejera San Martín tiene una moción.

Consejera Electoral del INE, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Solo es el concepto empresa con las implicaciones que tiene en el proyecto.

­Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina: Sí, con todas las implicaciones correspondientes en el proyecto.

Quienes estén a favor de cómo viene en el proyecto, sírvanse a manifestarlo.

Ocho.

¿En contra? Tres.

Es aprobado por ocho votos a favor, tres en contra.

Ahora, por lo que hace a la propuesta del consejero Baños, en el sentido de que se indique que preferentemente sea una empresa privada y una universidad, o una institución de educación superior para utilizar el término genérico.

Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo si son tan amables.

Tres, cuatro.

¿En contra? Cinco, a ver, perdón.

A favor otra vez, si son tan amables.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.

A favor.

Fueron levantando las manos, si son tan amables, los que estén a favor de la propuesta del consejero Baños, de que se indique en el proyecto que preferentemente sea contratada una empresa privada y una institución de educación superior para hacer la auditoría a que se hace referencia, sírvanse a manifestarlo, a favor de esa propuesta, a favor.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

¿En contra? Seis.

No procede por seis votos en contra.

Finalmente, someto a su consideración como viene primero en el proyecto, en el proyecto se le dan a la Secretaría Ejecutiva facultades de interpretación en la materia, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña indica o propone que mejor sea la comisión correspondiente.

Quienes estén a favor de cómo viene en el proyecto, sírvanse a manifestarlo.

Ocho.

¿En contra? Tres.

Es aprobado por ocho votos a favor, tres votos en contra, señor Presidente.

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario.

Sírvanse a proceder a lo conducente para la publicación del acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.

Señoras y señores consejeros y representantes, se agotaron los asuntos del orden del día, por lo que se levanta la sesión.

Muy buenas tardes a todas y todos.

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