VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA “BALANCE DEL SISTEMA NACIONAL DE ELECCIONES” QUE IMPARTIÓ EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, DURANTE LA CLAUSURA DEL XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN TIEMPOS DE CAMBIO, REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TABASCO
Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, yo agradezco profundamente la gentileza de nuestra presidenta, de nuestra sociedad, de Angélica, no sólo la gentil presentación que acabe de hacer, sino además la invitación para poder participar en este trigésimo Congreso de estudios de nuestra sociedad.
Saludo y además me da mucho gusto encontrar aquí no solamente muchas caras de colegas de la función electoral, sino de muchas colegas que, desde la trinchera de la academia, hemos acompañado el proceso de cambio político.
Para mí es un verdadero honor estar aquí esta tarde con ustedes. Quiero también saludar a quienes participan en un evento que se realizó en el marco de este trigésimo congreso; de la quinta semana de la democracia y particularmente saludar a los expresidentes tanto de la SOMEE, como del Consejo General, Leonardo un gusto y un honor que estés por acá. Un gusto de veras estar con ustedes.
Perdí de vista a los demás presidentes que sé que vienen de una reunión fundamental aquí, pero también los saludo con muchísimo afecto. Sí, pero Jaime creo que ya se regresó, porque alguien tenía que cuidar el Consejo General.
Entonces, estamos en una suerte de relevos viniendo al Congreso de la SOMEE, si anda Jaime por acá, bueno también lo saludo.
Yo quiero dedicar este espacio a hacer una breve recapitulación del estado, no digo de salud, pero sí del estado en el que se encuentra el sistema electoral mexicano y sobre todo, reivindicar que el mismo, ante ustedes, un poco me apena porque ustedes han sido los que han acompañado en el marco de la sociedad, en el ámbito de nuestras respectivas instancias académicas y/o públicas, el análisis y el diagnóstico de la evolución del propio sistema electoral, pero creo que vale la pena en los tiempos que corren reivindicar que lo que hoy que tenemos, el sistema que hoy tenemos y que es motivo, no solamente de reconocimiento, sino también de punto de referencia a nivel internacional.
No es el resultado de un evento fortuito, de una mera casualidad, de una circunstancia eventual, sino es el producto de una larga, paulatina, pausada y compleja evolución, en la que la sociedad mexicana y su sistema político se han venido sometiendo a lo largo de cuatro décadas.
Y esto lo digo porque hay quienes pretenden construir narrativas de ocasión, narrativas de temporal, que buscan o que plantean que el primero de julio de 2018, México arribó a la democracia, que la etapa democrática de nuestro país comenzó el primero de julio del año pasado y ojalá el primero de julio del año pasado haya comenzado una nueva etapa política del país y que se haga cargo de los grandes problemas nacionales.
La historia nos dirá si esto es así. Ojalá, lo deseo verdaderamente pensando en los grandes problemas nacionales que aquejan a la sociedad mexicana.
Pero me parece que esto ha sido una lectura incorrecta de lo que ocurre el primero de julio. El primero de julio de 2018, lo que vivimos es una consecuencia, una causa natural de un largo proceso de construcción democrática que permitió y ha permitido que la voluntad ciudadana expresada en las urnas, de manera libre, sea respetada y cumpla como debe ocurrir en las democracias, su rol de renovación de ser el mecanismo de renovación pacífica del poder.
Es decir, el primero de julio, tal vez, es el arranque de algo nuevo, ojalá, pero desde el punto de vista del sistema electoral de la construcción de nuestra democracia, no es otra cosa sino una consecuencia y es gracias a todo lo que se hizo antes del primero de julio, las y los ciudadanos como había venido ocurriendo.
Por cierto, como quiero compartir con ustedes, con algunos datos, en los tiempos pasados refrendó la posibilidad de expresarse libremente.
Me apena un poco, así que intentaré dar frente a tantos estudiosos de las cuestiones electorales pretender hacer una reconstrucción del proceso de cambio político.
Creo que, sin una pretensión de originalidad, creo que lo que podemos, en fin.
El proceso de nuestra transición y no pretendo hacer una reconstrucción de las ocho grandes reformas electorales que de manera sedimental fueron construyendo poco a poco el andamiaje legal e institucional que hoy nos tiene en donde estamos, que define el sistema electoral mexicano en nuestros días.
Pero sí permítanme digamos tratar de hacer en una especia de ejercicio de síntesis, conjuntar a partir de cuales fueron los propósitos y necesidades toda esta evolución que desde la reforma desde 1977 se ha venido articulando hasta llegar a la reforma de 2014, en grandes bloques o propósitos y si se quiere necesidades que nuestro proceso democrático nos fue imponiendo.
Como ustedes saben las primeras reformas tuvieron múltiples propósitos, pero esencialmente se centraron en una especie de ejes o prioridades fundamentales
El cambio de un régimen autoritario como el que se fue gestando en los años posteriores a la Revolución y a lo largo del siglo XX demandaban revertir en una primera instancia ese carácter excluyente, vertical que había caracterizado al régimen de la revolución.
Una primera necesidad y las primeras reformas se avocaron esencialmente en su núcleo duro a este propósito tenía que ver con la apertura, la inclusión y la representación del pluralismo político que esta apertura llevaba aparejado.
En pocas palabras, después de 25 años de una exclusión de una cerrazón absoluta del sistema de partidos políticos que desde la primera mitad de los años 50 hasta 1979 implicó que ninguna fuerza política nueva se incorporara la arena de la competencia electoral, que ninguna fuerza política tuviera su registro como partido político, la prioridad en aquel momento pasaba inevitablemente por abrir el propio sistema de partidos, por abrirlo a una lógica incluyente y permitir que esta inclusión pudiera tener una traducción en la representación política.
No me detengo a señalar los mecanismos que nos permitieron concretar estos dos objetivos, simple y sencillamente permítanme refrendar no solamente como una posición de principio, sino además como una reivindicación del origen de la historia que hoy nos permite estar en donde estamos, que uno de esos mecanismos fue la representación proporcional.
Un mecanismo que, por cierto, hoy está siendo cuestionado. Un mecanismo que hoy está planteándose una revisión, obviamente en una lógica de reducción de la representación proporcional.
Una lógica inspirada por ese descrédito dolosamente promovió desde las propias instancias del poder, desde los propios medios de comunicación, en contra de los dos pilares fundamentales de todo sistema democrático: partidos políticos y parlamentos.
En todo caso, por cierto, no se trata de una postura nueva, ni tampoco la reducción a la mitad del financiamiento público.
Hace poco platicaba con una de las impulsoras en el Congreso de la Unión de estos planteamientos que ha planteado esa iniciativa de reducir el financiamiento público que ha acompañado públicamente reducir la representación proporcional.
Una destacada integrante de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados y le hacía notar la curiosa coincidencia que exactamente las mismas propuestas habían sido planteadas hace 10 años y hace 3 años después.
La propuesta de reducir el financiamiento a la mitad, el financiamiento público a la mitad y la propuesta de reducir legisladores de Representación Proporcional en su momento fue planteada por el presidente del PAN, César Nava, y por el Presidente de la República, Felipe Calderón.
Y después, fueron planteadas en los mismos términos por Enrique Ochoa, presidente del Partido Revolucionario Institucional, hace unos tres años y ahora está siendo planteada.
Hay una extraña coincidencia, pero no lo dejo, los estudiosos son ustedes, yo solamente apunto provocadoramente la extraña coincidencia de que, el partido en el poder en las últimas tres renovaciones ha siempre planteado lo mismo.
Alguien decía que, tal vez, pasa por una premisa, es decir, que quien está en el poder piensa que no se va a ir nunca y siempre piensa desde la lógica del poder.
Pero bueno, aquí no voy a evocar a Rolls ni al velo de ignorancia, ni mucho menos, sino, simple y sencillamente me voy a contestar en este pie de páginas, señalar esta, extraña pero curiosa coincidencia.
En un segundo momento, el proceso de cambio político, digamos, tuvo que hacer énfasis en un nuevo tipo de necesidades, y fundamentalmente estas necesidades pasaban después de la crisis provocada por la polémica elección, por decirlo lo menos, de 1988, y de las elecciones conducidas por la CFE y por su titular, el licenciado Manuel Bartlett. Por supuesto, me estoy refiriendo no a la Comisión Federal de Electricidad, cuyo titular es el licenciado Manuel Bartlett, sino, de la Comisión Federal Electoral, cuyo titular era Manuel Bartlett, ¿no?
Después, digamos, de ese momento crítico, una nueva necesidad se planteó como eje fundamental de la agenda de la transición. Y se trató de construir un conjunto de reglas, de procedimientos y de instituciones que pudieran permitirle darle credibilidad a las elecciones.
Las reformas electorales de la primera mitad de los años 90, todas con distintos matices, todas con distintos énfasis tuvieron, en todo caso, el mismo propósito, que era construir las condiciones para, como se decía, entonces, que el voto contara y que se contaran bien los votos.
En un tercer momento, una gran tercera etapa de nuestro proceso de transición, tiene que ver con la construcción de una serie de medidas que permitieran condiciones de equidad en la competencia electoral.
Declarada, el declarado reconocimiento por parte del candidato ganador en las elecciones de 1994, en el momento de la toma de posesión, el Presidente Ernesto Zedillo, el 1° de diciembre de 1994, reconoció con todas las letras que venía de una elección limpia y transparente, pero inequitativa.
En efecto, los primeros resultados del primer ejercicio de fiscalización de que se tenga memoria, a cargo del Instituto Federal Electoral revelaron que las elecciones de 1994, el partido ganador había erogado ocho de cada 10 pesos gastados durante la contienda Presidencial, y hablaban de una nueva frontera, en términos de los desafíos de la evolución democrática del país que tenía que ver justamente con la construcción de un piso mínimo de condiciones de igualdad para la competencia electoral.
Y hago énfasis en el piso mínimo, porque con la equidad en las condiciones de la competencia tiene que ver con la existencia de ese piso mínimo, con el paso del tiempo la sobre interpretación de las autoridades electorales, de las administrativas, pero sobre todo las jurisdiccionales, parecería haber colocado el tema de la equidad no como un piso, sino como un techo; es decir, como una meta por alcanzar, lo cual, por cierto, coloca al problema de la equidad, digámoslo así, como algo prácticamente equivalente a condiciones de igualdad, cuando la equidad, tal como fue concebida en la reforma de 1996, en primera instancia, tenía que ver, repito, con esas condiciones de partida mínimamente garantizadoras de una competencia mínimamente, insisto, equilibrada, y que tenían que ver, repito, con la existencia de un piso equilibrado y no con un techo equilibrado, lo del techo es otra historia.
En esta misma lógica, se circunscriben los cambios vertebrales de la reforma de 2007 que ponen el énfasis en la construcción de un nuevo, pertinente, valioso, reservable, sistema de comunicación política, todavía hoy vigente, espero por mucho tiempo más.
Esta tercera gran etapa, repito, se trató digamos, de manera acumulativa, a las otras grandes necesidades atendidas por las reformas previas, y modificadas, perfeccionadas con las reformas que siguieron, generar esta base de equidad en la contienda, en la competencia electoral.
Finalmente, la última etapa, la cuarta etapa en la génesis de transición a la democracia en nuestro país me parece que puede identificarse y que se concreta con la reforma de 2014, en la construcción de una serie de premisas, de condiciones que permitan homogenizar y sistematizar este sistema electoral a nivel nacional.
Es decir, la construcción de un sistema nacional electoral derivado de la reforma de 2014 me parece que concreta esa pretensión de homogenización de los procedimientos, de los criterios, de las reglas, de la estandarización de las reglas con la cual se realizaban o se venían realizando las elecciones tanto federales como de las elecciones locales.
En esa lógica seguramente hay quien pretenderá que una quinta etapa de la evolución democrática atienda al propósito de abaratar los costos de las elecciones, por lo menos esa es una de las pretensiones que se han puesto sobre la mesa en estos tiempos.
Lo que sí es cierto, es que con estos cuatro ejes fundamentales que pueden, digámoslo así, ordenar o sistematizar cuáles fueron los propósitos sobre los cuales o en busca de los cuales, a lo largo de cuatro décadas se fueron articulando la secuencia de reformas electorales, en buena medida puede sintetizar, digamos así, el proceso de cambio democratizador en nuestro país.
Lo que venga, eventualmente será otra cosa y ojalá sea para robustecer el sistema, pero no necesariamente, digámoslo así, forma parte ya, digamos, del proceso democratizador.
Y es que, finalmente, lo que hemos logrado concretar a lo largo de estos cuatro grandes etapas o cumplimiento de necesidades a las que he hecho referencia, es un sistema electoral suficientemente robusto y capaz de procesar y de volver viables diseños normativos profundamente complejos.
Yo aquí tengo que reconocer públicamente que, en alguna sesión privada, cuando Leonardo, siendo Presidente del Instituto Federal Electoral, apostando por la construcción de un sistema de monitoreo integral, muchos decíamos, “híjole, pero esa es una locura y va a ser muy complicado de administrar, mejor hagan algo muestral”. Aquí reconozco que me había equivocado y hoy soy un defensor de aquel planteamiento.
Hoy, gracias a eso, el Estado mexicano, no sé por qué a través del órgano electoral, pero bueno, a través del órgano electoral, bueno sí sé por qué, porque nadie quiere hacerse cargo de ponerle el cascabel al gato, el que ya se lo puso es la autoridad electoral y así seguirá siendo, lamentablemente.
Cuando he hablado con el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, le he dicho oye, pero ahora que ya existes, ¿no es más sensato que tú te hagas cargo del sistema de monitoreo a nivel nacional?”, de inmediato me dijo “no, es que yo no tengo instalaciones en todo el país como ustedes tienen para poder tener las antenas y los sistemas de monitoreo.
-No importa, te las cedo en comodato y yo te presto el espacio de las (inaudible)”-
-No, no, muchas gracias, es que ustedes ya pagaron los platos rotos de monitorear a los medios de comunicación, pues para qué los pagamos ahora nosotros. –
Entiendo la lógica de solidaridad que, bueno, pero bueno, el caso es que lo hacemos nosotros y seguimos haciéndolo y debemos seguirlo haciendo.
Lo que quiero señalar es que, procesos como la instrumentación del sistema de monitoreo, derivado del nuevo modelo de comunicación política en primera instancia o la instrumentación práctica de un complejísimo sistema nacional de elecciones no han sido tareas sencillas, pero a la luz de la experiencia, han sido tareas que se han cumplido eficazmente y a pesar de la complejidad intrínseca de esas reformas, hoy podemos decir, a cabal título, que esas reformas han podido instrumentalizarse y son funcionales.
Luego es complicado la relación entre el INE y los OPLE, ya lo sé, los OPLE van a decir que el INE es muy difícil, en el INE decimos que los OPLE son muy difíciles, pero miren después de cinco años de historia, creo que podemos hablar de una historia felizmente concluida hasta el momento y que tiene, digamos, mucho aliento para seguir hacia adelante.
Lo que quiero decir, en síntesis, es que el sistema electoral ha vuelto mucho más complejo su administración e instrumentación, pero es viable, tan es viable que los resultados de los últimos procesos electorales, en los que me quiero detener de alguna manera, hablan de un sistema robusto que, sin duda, como cualquier sistema electoral en el mundo, es perfectible, pero que, es un ancla de estabilidad suficiente para poder procesar, digámoslo así la complejidad de nuestra vida política y de nuestro pluralismo político en paz y no constituirse en un elemento de inestabilidad económica.
Por cierto, más a pie de página: no nos vayamos a equivocar en nombre de la sacrosanta austeridad y acabemos generando un remedio que sea peor que la enfermedad que se busca combatir.
Por cierto, no veo enfermedad, pero del buen propósito, que también coincido se busca combatir. Y que aquí, aprovecho esta nota al pie para confesar una anécdota que me parece muy ilustrativa, al menos para mí lo fue.
Unos meses después de que se instituye el Instituto Nacional Electoral y que se integra el Consejo del mismo, recibí una llamada del entonces Gobernador del Banco de México, el doctor Carstens, pidiéndome ver, pidiendo vernos, pidiendo reunirnos, a partir de entonces, por cierto, como ha ocurrido de manera reiterada, esa ancla de estabilidad política que es el INE y el ancla de estabilidad económica que es el Banco de México, hemos mantenido una relación permanente.
Pero me dijo en la primera reunión el doctor Carstens intrigado, me preguntaba intrigado muchas de las características del nuevo sistema electoral y, sobre todo, del para entonces ya iniciado proceso electoral de 2015, que fue la primera apuesta, la primera prueba de fuego del nuevo modelo derivado de la reforma del 14.
Y me preguntaba, oye, pero en la casilla única cómo funciona, y me preguntaba, oye, pero cómo van a hacer ahora con el financiamiento local, y cómo van a hacer ahora con el novedoso mecanismo de fiscalización.
Y me preguntaba, y me preguntaba, y me preguntaba, hasta que yo en cierto punto le dije, doctor Carstens yo sabía de usted como un, digamos, y su fama trasciende como un prestigiado economista, no sabía que tuviera tanto interés de formar parte de la sociedad mexicana de estudios electorales, y que estuviera tan preocupado de los asuntos electorales.
La respuesta del doctor Carstens fue: no me interesan los asuntos electorales, me preocupa la economía.
Y es que piensen ustedes lo que significa un país el día después de una elección mal lograda, en términos de estabilidad política, de paz pública y de estabilidad económica, así que cuidemos las elecciones, cuidemos el sistema electoral y estaremos cuidando también la austeridad, es decir, el buen andar de las finanzas públicas.
Dicho eso, la complejidad me parece y aquí perdónenme, no hablaré de los OPLE, para eso están los OPLE y han hablado ya; voy a hablar del INE. En 23 años de existencia el Instituto Federal Electoral estuvo involucrado en 18 procesos electorales ordinarios.
Estoy hablando aquí, estoy contabilizando las elecciones sexenales como elecciones en donde se realizan tres procesos electorales, los de diputados, los de senadores y la elección presidencial.
Si así lo hacemos tendremos que hablar de 18 elecciones ordinarias más tres elecciones, por cierto, extraordinarias, que en distintos momentos se llevaron a cabo. En 1991 la primera, en 1994 dos elecciones de diputados extraordinarias, y en 2003 otras elecciones extraordinarias. Y alguien me dice Aguascalientes, sí, es cierto, pero eso fue ya en la segunda etapa.
Bueno, a partir del 2015 en estricto sentido, recuerden que la reforma de 2014 aplicó en términos de la actuación o de la participación del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales locales hasta 2015.
Bueno, a partir de 2015 y hasta la fecha el Instituto Nacional Electoral ha estado involucrado en la organización de 198 elecciones. Las cuatro elecciones federales de 2015 y 2018 y, además, 194 elecciones locales de distinta índole.
Estoy excluyendo aquí la lamentablemente alta cantidad de proceso electorales de procesos electorales extraordinarios en las que las autoridades electorales hemos estado involucrados.
Y, sin embargo, el sistema es viable. Este es el desglose, por cierto, de las elecciones en que de 2015 al 2019 ha tenido el propio, o ha participado el propio Instituto Nacional Electoral. Y la mejor manera de justificar, de sostener la pertinencia y la viabilidad del sistema nacional electoral hoy vigente es el grado de alternancias que desde 2015 hasta 2019 se han presentado en el país.
Me parece que el número de alternancias, el fenómeno de alternancia no ha sido suficientemente estudiado cuando, por cierto, constituye uno de los elementos de salud más evidentes del sistema electoral que hoy tenemos.
Del 2015 al 2018, es decir, en las elecciones que se han realizado bajo el marco legal del sistema nacional de elecciones hemos presenciado el nivel de alternancias por la vía electoral, es decir, por la vía democrática, más importante de la historia del país.
Y no me refiero solamente a las alternancias en el plano federal. El índice de alternancia a nivel nacional, si tomamos en cuenta los cambios de ganador de una elección a otra en el ámbito municipal, en el ámbito de diputaciones locales, en el ámbito de gubernaturas, en el ámbito de diputaciones federales, en el ámbito de senadurías, y súmenle la alternancia que en este periodo también ocurrió, la tercera en las últimas, la tercera, por cierto, en las elecciones presidenciales desde que el Instituto Federal Electoral es autónomo.
Es decir, de las de 2000 a la fecha en cuatro elecciones presidenciales ha habido tres alternancias, decía hemos vivido un índice de alternancia que en promedio se ubica en un 60 por ciento.
Dicho en otras palabras, la posibilidad hoy de que un partido político que gana una elección gane la ronda electoral siguiente en las misma circunscripción, demarcación o municipio es de apenas un 40 por ciento.
En el ámbito de las diputaciones del legislativo federal, como pueden ver, digamos, en el caso de las diputaciones se incluyen las elecciones 2015 y 2018; en el ámbito del Senado se incluyen las elecciones del 2018 comparadas con las elecciones de 2015, es amplio y evidente.
Si nosotros vamos al plano de las elecciones de gubernaturas, de gobernador, encontraremos que, de 36 elecciones, aquí estoy incluyendo las elecciones extraordinarias, las dos elecciones extraordinarias que se han realizado; la de Colima y la de Puebla, de las 36 elecciones de gobernador en 23 casos ha habido un cambio de ganador, con un índice de alternancia del orden del 64 por ciento.
Y como pueden ver en el cuadro de la derecha, no hay un partido político que pueda ser considerado como el beneficiario, o al menos el beneficiario único, de este fenómeno de alternancia.
Partidos políticos que habían estado en el poder que fueron echados por la vía de los votos del mismo regresaron en muchas ocasiones al poder. En otros lados éste es el periodo en el que por primera vez ha ocurrido alternancias en la historia democrática de esas entidades federativas.
Pero el dato duro es que la alternancia está instalada como una característica del sistema político mexicano. Y quien no pretenda o no quiera verlo simplemente está siendo omiso frente a la lectura de una realidad que elección tras elección se nos refleja con los resultados electorales.
Quien piense que estamos viviendo tiempos de una hegemonía nunca antes vista, nunca antes desde que las elecciones son democráticas, un partido tenía una presencia en el legislativo federal tan consistente como la que hoy tenemos.
Por cierto, conquistada con los votos y también con una serie de interpretaciones legales de dudosa constitucionalidad. Remito ahí al artículo de Ciro Murayama, en Nexos, de julio pasado, en donde demuestra cómo hay una violación hoy en día en la integración de la Cámara de Diputados porque se está vulnerando el principio constitucional de que en ningún caso un partido político puede tener más del 8 por ciento de diputados en proporción de la Cámara respecto de su porcentaje de votos.
Pero ese es un asunto que el propio Pablo Gómez en el Consejo General en 2015 ha evidenciado como un problema producto del modelo de coaliciones existente en el marco normativo del país. Cuando Pablo Gómez denunció en el Consejo General la existencia de “diputados sandía”, verdes por fuera, rojos por dentro.
Diputados del PRI que eran postulados en la coalición como diputados adscribibles, si triunfaban, a las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista, y que una vez instalada la legislatura dejaban este partido y se pasaban al PRI, en una especie de versión “juanitas” de, digámoslo así, la constitución de bancadas parlamentarias.
Bueno, hoy Pablo Gómez que denunció en 2015 eso es un diputado, no sabría cómo llamarlo, pero es un diputado que fue elegido bajo las siglas del PT y hoy está en el grupo parlamentario de MORENA. Tal como Zoé Robledo, hoy diputado con licencia fue elegido bajo las siglas del PES, y luego pasó a la banca de MORENA.
Lo cual, por cierto, habla de que hay cosas más importantes que habría que revisar en una futura reforma electoral, que no estar pensando nada más en si desaparecemos órganos o si inventamos medidas para abaratar el voto.
Por cierto, de nueva cuenta y de manera provocatoria, el INE, ya puso sobre la mesa una manera de ir avanzando hacia procesos electorales, igualmente ciertos como los que tenemos, y más baratos, con la introducción de la urna electrónica.
Pero bueno, en fin, eso, cuando lo plantee en la Cámara de Diputados, alguien, algún diputado, me dijo “no, pero estás loco, ¿cómo, cómo urna electrónica? ¿No tomas en cuenta que vas a vulnerar la lógica de la certeza?” lo cual le dije, ¿verdad diputado que la certeza es importante, aunque cueste?
Pero bueno, no sé cuál sea el propósito de la reforma, por lo menos, lo declarado es que las elecciones son muy caras y sin duda tenemos que ver cómo las abaratamos en el futuro, sin poner en riesgo, evidentemente, la certeza que hemos logrado.
El índice de alternancia, vuelvo a repetirlo, se refleja en el ámbito también, de los cargos locales, diputaciones y ayuntamientos.
Quisiera hacer un señalamiento sobre este punto, alguien me puede decir, con justa razón, la independencia y la alternancia son solamente uno de los múltiples indicadores del estado de salud de un sistema democrático, a lo que contestaría, absolutamente de acuerdo.
Es más, ni siquiera es el más confiable, porque en todo caso, lo que hace democrático a un sistema político, no es que haya o no alternancias, lo que hace democrático a un sistema político, como lo enseño tiempo atrás, Miguel Angelo Bovero es que, ese sistema por las reglas, por la institucionalidad y por las condiciones de competencia, permita decir que existan condiciones reales para que eventualmente ocurra la alternancia.
Si la alternancia ocurre o no, pues es una cuestión que depende del voto de los electores y si la alternancia ocurre o no ocurre habiendo condiciones, eso no le resta calidad democrática a ese sistema político.
Es cierto y sin embargo habiendo habido alternancia, pues la prueba de que esas condiciones estaban dadas, pues está constatada.
Dicho lo cual, nada más allí como refilón, el tema de la alternancia también nos puede servir, pero a lo mejor esto es objeto porque, digamos, tal vez, (inaudible) al arranque del Congreso y no al término del Congreso, ya tendremos el trigésimo tercer congreso de la sociedad, en donde, a lo mejor, esto es un elemento que vale la pena ir estudiando.
Y es que, la afirmación de la compra y la coacción del voto como uno de los elementos característicos de sistema político mexicano, que, por cierto, dicho sea de paso, no creo que haya un sistema político, en el mundo, que no esté expuesto en mayor o menor medida, a fenómenos como el clientelismo o el uso político de beneficios públicos, ínsito, en menor o mayor medida, y eso también es compra y coacción del voto.
Hay varios análisis que documentan el uso político de algún tipo de beneficio de servicios públicos, hasta en Finlandia, que es el país con el índice democrático más grande del mundo y del uso clientelar de los recursos públicos, es lamentablemente pareciera ser algo que en mayor o menor medida es inherente al gasto público.
La única manera en la que no haya un gasto, digamos con algún tipo de intencionalidad política, es de quien gobierna no sea político, pero como eso no existe, en la realidad, digamos, al menos en esta realidad, pues creo que la discusión resultó ociosa.
Pero lo que quiero decir es que si es cierto, como algunos han sostenido, que en México, por las condiciones de pobreza que son ominosas por las condiciones de igualdad que son inaceptables, por las condiciones de corrupción e impunidad, que nos colocan, digamos, en el tope del medallero de todas las menciones de corrupción en el mundo, si las elecciones las definiera el dinero o la compra y la coacción del voto, entonces que alguien me explique ¿por qué tuvimos el índice de alternancia que estamos teniendo en los últimos cinco años, porque como ha sido documentado, el principal riesgo del financiamiento ilegal de la política no proviene de fuentes criminales, sino viene del desvió de recursos públicos.
Y si esto es así, entonces que me expliquen si esto fuera realmente determinante, yo no estoy diciendo que no haya, no voy a decir que no hay fenómenos de compra y coacción del voto, lo que pasa es que, tampoco me atrevo a decir cuáles son las dimensiones y hay estudios que se han hecho que son estudios en los que, pienso en un libro reciente de dos colegas, María Amparo Cazar y Luis Carlos Ugalde, en el que tienen un pequeño error de cálculo, insisto, aceptando que puede existir este fenómeno, es más que este fenómeno existe.
Bajo sus mediciones, todos los votos, todos los votos fueron comprados y yo no sé el de ustedes, pero el mío no.
Así que, me deslindo de esas mediciones, pero si este índice de alternancia es el que es, creo que vale la pena, lo dejo ahí como provocación, hacer un correlato respecto de lo que tiene que ver, insisto, con las denuncias de compra y coacción de voto, porque si los electores fueran meros autómatas que obedecen a quien los compra, este índice de alternancia, no tendría una explicación lógica.
A lo mejor, este índice de alternancia obedece a que México, no sé si todos, pero una enorme mayoría, de las y los ciudadanos votan en ejercicio de su autonomía individual.
Esto es lo que viene; el próximo año, tenemos solamente dos elecciones en puerta y en 2021 ya sé que esta es la cantaleta de cada elección federal, vamos a enfrentarnos a la elección más grande de la historia, y va a seguir siendo así, mientras la pirámide poblacional siga siendo la que es.
En 2018 enfrentamos la elección más grande de nuestra historia, sí, hasta ese momento, en 2021, vamos a enfrentar la elección más grande de nuestra historia, entre otras cosas porque la estimación, al día de hoy, del Instituto Nacional Electoral de crecimiento del padrón electoral, proyecta que, para 2021 tendremos un padrón del orden de 96 millones de electores, yo necesitaba un nominal poco menor, pero que, respecto de las elecciones del 2018 implica un crecimiento de casi seis millones de potenciales electores.
Y a partir de ahí, todo lo demás, cae en cascada, el número de casillas a instalar; el número de ciudadanos que tendremos que insacular y visitar; bueno que sortear y visitar, lo dice la ley: el número de ciudadanos que tendremos que capacitar como funcionarios de casilla; el número de ciudadanos que surgirán como funcionarios de casilla.
En consecuencia, por el número de casillas, el número de representantes de partidos políticos que actuarán como testigos en las mismas; el número, además, de elecciones que se llevarán a cabo, porque en 2021 todos los estados tendrán al menos una elección local que estará realizándose de manera concurrente en la federal.
En efecto, como pueden ver en cuadro de abajo, a las elecciones de diputados federales, se sumarán quince, repito, quince, no catorce elecciones de gubernatura.
Estoy hablando de Baja California, por si no me entendieron, porque si Baja California no se realiza en el 2021 estaremos frente una grave alteración, ahí si estaremos hablando de un retroceso, en el proceso de consolidación democrática, quince, pues, elecciones de gobernador, veintinueve estados en donde se renovarán los congresos y 30 estados en los que se renovarán los ayuntamientos.
Este cuadro que está, por supuesto a su disposición es la gráfica, digámoslo así, y por elecciones de las 32 elecciones locales que se reconvergerán con la elección federal.
En este contexto, sin embargo, de manera inédita con un sistema electoral saludable, con un sistema electoral que ha propiciado, por lo menos dos ciclos electorales, 2018 y 2019 sin ningún tipo de controversia relevante, o de cuestionamiento relevante a los procesos electorales, se plantea o se ha planteado la necesidad de una nueva reforma electoral, que, por su calado, por sus dimensiones, por sus pretensiones, a pleno título, podría calificarse, de aprobarse, de la novena gran reforma electoral desde la de 77, en nuestro proceso de génesis política, en clave democrática.
Una reforma, por cierto, aquí, atiendo a la petición que gentilmente me ha hecho la presidenta de Morena, que me ha hecho el senador Monreal, que me ha hecho el senador Mario Delgado que no hable de la iniciativa de Morena, porque no es una iniciativa de Morena, así que atento a estas peticiones, aquí, lo digo con todas las letras, no voy a hablar de la iniciativa de Morena, voy a hablar de la iniciativa de un diputado de Morena, que ha sido objeto de una serie de discusiones públicas en los tiempos recientes.
Cuáles son los grandes ejes de estas iniciativas, hay más de 110 iniciativas de reforma electoral, que han sido planteadas en el año legislativo, que termina en el primer año legislativo de esta legislatura, algunas, realmente marginales, como que para abaratar los costos de la elección, se reduzca el Consejo General del INE, de 11 a siete consejeros, incluso se plantea que en abril, cuando salen cuatro colegas del Consejo General, ya no se nombre a los nuevos consejeros, si nos quedamos siete va a haber más chamba pero bueno, pues, será lo que diga el Legislador.
Pero que han planteado esencialmente, las siguientes coordenadas: la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales, porque se dice duplican el trabajo, se duplica el trabajo con el Instituto Nacional Electoral; la creación, esto implicaría evidentemente la refundación del INE y la creación de Consejos Locales –consejeras, ahí les hablan ¿no? –
Perdón, nuestras colegas consejeras del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral que, ahora serían órganos permanentes, se plantea, pero nombrados desde la Cámara de Diputados, no desde el Consejo General del INE.
No sé, la autonomía, no sé en qué abona esto en la economía, dado que esta es la premisa. Y claro que hay una vulneración a la autonomía. Reducción del 50 por ciento del financiamiento público, igual que en el pasado, disminución o eliminación de legisladores de Representación Proporcional. Por cierto, yo no sé si el problema es el tamaño del Congreso y lo dejó aquí de manera provocatoria.
¿Por qué no vamos pensando en un Congreso más pequeño? Pero que en donde la cuota proporcional, o sea total, o sea mayoritaria. Quieren 400 diputados nada más, pues vámonos a un Congreso con 200 diputados de Mayoría Relativa y 200 de Representación Proporcional, es más, ya que estamos encarrerados ¿Por qué no nos vamos a un Congreso con proporcionalidad pura como el alemán?
O 100, yo soy un defensor del sistema de Representación Proporcional, así que bueno, yo me aventaría el paso al 100. Es más, andando en esas, pero no quiero aquí abrir una polémica innecesaria, de una vez pasaría al sistema parlamentario, pero ésa es otra historia.
Lo que quiero decir es que, pues si el tema es el costo y no una intencionalidad política de sobrerrepresentar a las mayorías, pues nadie estaría en contra de tener 200 y 200, digo yo, o quién sabe.
Se ha llegado a plantear que, para el Instituto Nacional Electoral, para cumplir aquél viejo anhelo de tener una cédula de identidad, pues deje de estar a cargo del Instituto Nacional Electoral y se trasfiera la base de datos a la Secretaría de Gobernación o al RENAPO, como lo mandata la Ley de Población, pero pues no sé. Podríamos hacer un ejercicio; miren, el problema es que nosotros estamos impedidos, con las reglas actuales el INE no puede entregar los datos a nadie, salvo mandamiento judicial mediante.
Se puede cambiar la Constitución o le pueden dar al INE 90 millones de autorizaciones individuales para que el INE ceda los datos, de ustedes, que están bajo resguardo del Instituto a otra instancia. O podemos someterlo a votación a ver quién quiere, pero mejor no caigamos en ejercicios que no tendrían, por lo menos no sé si representatividad.
Revocación de mandato y aligerar, digamos, el tema de las consultas populares como grandes ejes de esta propuesta de cambio electoral.
Dato de hecho, esto provocó que la discusión pública, en el contexto de los así llamados foros o parlamento abierto, que han sido promovidos por la Cámara de Diputados, en el que, por cierto, muchos colegas de los Organismos Públicos Locales han participado, los partidos de oposición plantearon un pliego en donde, digamos, sostuvieron siete grandes irreductibles que contrastan, por cierto, con las propuestas fundamentales, quiero aclarar, la lámina anterior sintetizaba algunas de las propuestas, no todas las propuestas, repito, que se han puesto sobre la mesa como iniciativas de reforma en materia electoral.
Los siete grandes temas sobre los que la oposición hizo un statement político, público, son los que los datos del Padrón deben quedar bajo custodia del INE, no a la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales; no a la vulneración de la autonomía de las autoridades electorales; no a la reducción drástica del financiamiento público; no a la realización de consultas populares en cualquier momento; no a la revocación de mandato del Presidente de la República en cualquier momento y sin restricciones y no a la eliminación de la Representación Proporcional.
No juzgo estos puntos, son los que la oposición ha puesto sobre la mesa y pues una serie de condiciones que llevaron al senador Monreal a decir que no hay una urgencia de una reforma electoral y al propio Presidente de la República, en una conferencia mañanera.
¿Qué es lo que plantea el INE o cómo se ha estado planteado el INE públicamente respecto de una potencial reforma electoral? Insisto, hoy sobre la mesa de la reforma no se ha planteado ninguna premisa adicional, al de volver más baratas las elecciones; es decir, la única razón de ser, o la única pregunta, el único propósito que se ha planteado respecto a cuál es la necesidad de una reforma electoral en este momento, ha sido que sean más baratas.
Yo no he escuchado ningún alegato, detrás de las iniciativas, por lo menos formalmente planteadas, de volver más eficiente el sistema, de aligerar restricciones, de simplificar procedimientos; es decir, el gran paradigma hoy parecería ser, así como en su momento, como decía, fue la inclusión y la representación de la pluralidad, que existieran condiciones para el ejercicio del voto libre.
Y cierto, que existieran condiciones de equidad en la competencia electoral o bien que se sistematizaran los procedimientos, reglas y criterios con los que se hacen las elecciones en el país. Hoy, el nuevo paradigma parecería ser que las elecciones sólo, al menos hasta donde yo alcanzo a ver o he escuchado, sólo que las elecciones cuesten más baratas.
Frente a este posicionamiento, qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral: bienvenida la austeridad. De hecho, el Instituto Nacional Electoral ha sido paradigma en muchos sentidos de criterios y principios de austeridad. No me hagan hablar de la devolución del edificio, porque también me van a obligar a hablar del dinero del edificio, porque me van a obligar a hablar de los costos de rentas que hoy tenemos que pagar, pero bueno, pero de una serie de medidas que incluso han sido paradigmáticas en este sentido.
Nadie está en contra de la austeridad y nadie está en contra, mucho menos, de que la mayor disponibilidad de recursos públicos, puedan estar al servicio de la atención de las grandes prioridades nacionales.
Segundo, claro que existe viabilidad y pertinencia, incluso me atrevería a decir de una reforma electoral, siempre y cuando haya cuatro temas en los que no haya ni un milímetro de retroceso, porque son las cuatro grandes conquistas que llevaron a la sociedad mexicana, a partir de una serie de luchas empujadas desde la academia, desde la sociedad civil, desde el ámbito de la política, a construir el Sistema Electoral que hoy tenemos y que constituyen las columnas vertebrales del mismo.
Primero, la autonomía de las autoridades electorales; segundo, los mecanismos y procedimientos que dan certeza a los proceso electorales en nuestro país; tercero, las reglas y condiciones que permiten equidad en las condiciones de la competencia y, cuarto, que no se afecten los mecanismos y los cauces institucionales que permiten que la representación del pluralismo que hoy existe en el país y que está cada vez más vigente, pueda traducirse en los espacios de decisión política y de representación.
Y si alguien duda del pluralismo, solamente déjenme recordarles que las elecciones del 2 de junio pasado, el partido mayoritario, a través de elecciones, que han tenido el mayor grado de respaldo, o que tuvo el mayor grado de respaldo en las seis entidades en donde hubo, en conjunto, en donde hubo elecciones, obtuvo un millón 900 mil votos y la fuerza política que le siguió; es decir, Morena, y la fuerza política que le siguió, el Partido Acción Nacional, tuvo un millón 700 mil votos.
Es decir, claro que hay un partido mayoritario, claro que hubo un partido que franca y abiertamente ganó las dos posiciones más relevantes en disputa: la gubernatura de Puebla, a partir de la elección extraordinaria, y la gubernatura de Baja California, por dos años, que fue el otro cargo Ejecutivo que estuvo en disputa.
Nadie puede cuestionar ese hecho, pero tampoco se puede cuestionar que éste no es un país monocolor, como algunos eventualmente pretenden ver. No tiene nada que ver el país de hoy con el país de hace 30 años y dos meses; es decir, el país antes de las primeras elecciones de alternancia de gobernador en Baja California, en 1989.
No tiene nada que ver este país con aquél, por lo tanto, no demos un solo paso atrás, porque esto implicaría una regresión en clave democrática, a través de una reforma electoral que altere estos cuatro que son los pilares que han sido el producto de una construcción colectiva y que hoy tiene que ser objeto de una defensa colectiva, al menos de quienes creemos en las virtudes de la transición, del tránsito democrático.
Tercero, sin duda que las leyes que rigen el Sistema Electoral hoy en día, son perfeccionables, claro que hay ámbitos de mejora. Es más, creo que las propias autoridades electorales tenemos que hacer, en una vocación autocrítica, un balance de cómo hemos instrumentado y traducido, en términos de acuerdos, lineamientos y reglamentos, las directrices constitucionales y legales de la reforma 2014.
Y creo que hay mucho trabajo por hacer y lo digo así, pero además es un consenso en la propia mesa de consejeros, creo que con el Reglamento de Elecciones se nos pasó la mano a los Consejeros del INE, creo que hubo una razón de ser.
Las elecciones de 2015, en donde el propio Instituto Nacional Electoral fue, por primera vez, de mano de los Organismos Públicos Locales, a elecciones concurrentes, a elecciones conjuntas, partió de una premisa, el INE hace lo que le toca y ustedes hacen lo que le toca, luego nos dimos cuenta que no todos hicieron lo que les tocaba, y evidentemente tuvimos que tener una lógica, de mucho mayor presencia, de mucha mayor intervención, para poder -normativa-, para poder, por un lado, generar esa homogenización y estandarización de criterios y procedimientos, y por el otro lado blindar a los Organismos Públicos Locales en una serie de actuaciones que franca y abiertamente vulneraban su autonomía.
Para decirlo sin medias tintas, ahí están los acuerdos de atracción o de asunción que el Consejo General del INE ha venido tomando en los últimos cinco años, hay casos en los que ahí, esos acuerdos, lo revelan, hay casos en los que tuvimos que intervenir en el ámbito local, asumiendo las funciones de los OPLE, incluso en el nombramiento de sus directivos, porque sus directivos no acordaban con los miembros del Consejo General o con su presidencia, sino en la Secretaria de Gobierno correspondiente. Y estoy hablando de después de 2014, no estoy hablando de antes.
Y eso ocurrió en varias ocasiones, ha habido una serie de decisiones como la de algún estado vecino, en donde el Instituto Nacional Electoral tuvo que intervenir frente a una clara subordinación del órgano Electoral frente al poder político local.
Eso nos llevó en algún momento, pero creo que, aquí la lógica del péndulo puede explicar lo que ocurrió, a que a 2016 fuéramos a elecciones con un nuevo Reglamento de Elecciones, en donde hubieron una serie de directrices y normatividad vinculante para los órganos locales para cumplir ese propósito de estandarización.
Luego nos dimos cuenta de que, a lo mejor, una lógica más de colaboración o como, no me dejaran mentir los colegas consejeros de los OPLE, nuestra delegada, partimos de la premisa de encontrar un punto medio, y creo que ahí el péndulo tiene que encontrar ese punto medio, en donde los OPLE se asumieran como parte de un sistema, y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral nos asumiéramos como parte de un sistema.
En donde no había cabida para vocaciones soberanistas, en donde desde el ámbito local, los órganos electorales se asumían como defensores de la soberanía estatal frente a la intromisión centralista y abusiva del centro, o sea del INE, y por otro lado nuestros funcionarios, nuestras estructuras desconcentradas no asumieran una función supremacista como háganse un lado que les vamos a enseñar cómo se hace la chamba.
Las elecciones de 2018 son elecciones paradigmáticas, no solamente, insisto, porque son elecciones en donde se enfrentaron, exitosamente y hoy constituyen un paradigma a nivel mundial, una serie de temáticas como el combate a la desinformación, hoy en el mundo se habla de dos grandes paradigmas, de dos grandes modelos, de enfrentar el tema de la desinformación y de las noticias falsas, el modelo francés que es un modelo punitivo y que criminaliza la desinformación y la creación, difusión-dispersión de noticias falsas y el modelo mexicano que es un modelo que se aboca a combatir la desinformación con información.
El tema de la paridad, que ha llevado a ONU Mujeres hablar ya del caso México, de la paridad como un punto de referencia paradigmático a nivel internacional y que no basta con, o que no implica, que demuestra que es insuficiente poner el principio de paridad en la Constitución y ya, la cantidad de acciones afirmativas que han tenido que tomarse por parte de los órganos electorales, para que esa paridad en las candidaturas se traduzca como ocurre hoy en una efectiva paridad en la representación, habla de la necesidad, digámoslo así, de la pertinencia de la serie de decisiones que caracterizaron el caso mexicano.
El modelo de fiscalización que es un modelo que no tiene parangón en el mundo y la capacidad de las autoridades electorales mexicanas para enfrentar elecciones y construir elecciones en contextos de complejidad, para llamarlo eufemísticamente de alguna manera.
Cuando los órganos europeos se plantearon en una lógica de asistencia electoral, promover la democratización de los países de la Primavera Árabe, del norte de África, empezaron a ver cuál podría ser el órgano electoral que podría ayudar a esas misiones de asistencia electoral promovida desde el PNUD y desde el Consejo de Europa y pronto se dieron cuenta pues que, la Comisión Electoral Británica, bueno están por irse de Europa, pero bueno la Comisión Electoral Austriaca, no era tal vez el mejor órgano para organizar elecciones en Túnez, en dónde además de problemas de inseguridad y de construcción democrática, de precaria institucionalidad tienen un enorme problema de violencia incluso en términos religiosos, pues acabo siendo el INE. Por cierto, el mismo órgano, el INE, que hoy es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia electoral.
Vuelvo a insistir las elecciones del 2018 son exitosas, que pueden mejorarse sin lugar a dudas, ya anotaba que hay una parte del trabajo que nosotros mismos tenemos que hacer como autoridades electorales, apuntaba el reglamento de fiscalización como uno de los muchos temas, el Reglamento de Elecciones perdón, sobre los que hay que trabajar en una lógica de simplificar en la medida de lo posible y volver mucho más funcional el sistema.
Pero claro que podría avanzarse en una reforma, siempre y cuando el propósito fuera eficientar el modelo que hoy tenemos, un modelo sumamente complejo, que algunos colegas, como Ciro Murayama, han definido como un sistema barroco, no sin razón, leyes que tenga el propósito de maximizar los derechos de las y los ciudadanos y en buena medida esto, puede seguir la ruta ya visitada, ya explorada en reformas electorales previas de traducir a ley muchos de los criterios que el Instituto Nacional Electoral ha venido tomando o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha venido tomando y además es una oportunidad para enmendarnos la plana en lo que nos hemos equivocado, porque ambos órganos nos hemos equivocado en esta lógica de sobrerregulación.
No puede ser, déjenme ponerles un ejemplo, es ridículo que en un país en donde hay cuatro candidatos presidenciales, haya 44 modos validos de votar.
Digo si hay cuatro candidatos presidenciales lo sensato es que haya cuatro modos validos de votar. Hay es que hay que maximizar el derecho de los ciudadanos, pues maximizamos el derecho de los ciudadanos minimizando la posibilidad de equivocarse; que, si votas por Margarita, pero que ya no está, pero si puedes vitar por el otro, entonces ese voto es válido, tan sencillo que era, no marques dos veces la misma boleta porque se anula el voto.
Queremos maximizar derechos, avancemos en esa ruta. Bueno nos fuimos nosotros, órganos electorales por otra ruta, hoy el legislador tiene, tendría eventualmente la oportunidad de poder, insisto, traducir a ley muchos criterios que son absolutamente pertinentes como, por ejemplo, la postulación de candidaturas indígenas, que es una construcción de acción afirmativa, en una venturosa simbiosis, hay que decirlo, entre decisiones del INE y del Tribunal electoral pero que no están en la ley.
Mañana cambian de integrantes del Tribunal Electoral y de integrantes del Consejo General y puede cambiar ese criterio. Porque es una acción afirmativa tomada por las autoridades electorales que hoy tenemos la responsabilidad del cargo, es decir, y por supuesto un dato fundamental, que en la reforma electoral nunca se pierda de vista que, dentro de las decisiones en un contexto democrático, que requiere si bien no normativamente, si conceptual y políticamente, el consenso de todas las fuerzas políticas.
Si es cierto, en democracia la mayoría decide. Pero si en la determinación de las reglas del juego nos quedamos con una decisión meramente mayoritaria, mañana podemos abrir la puerta a un problema que ya tuvimos y que venturosamente superamos, que es el del consenso en las reglas del juego.
Dice Norberto Bobbio y creo que dice con razón que de todas las reglas que existen en la democracia, las reglas del juego democrático, son las únicas que requieren una aprobación o bien unánime o bien con un amplísimo consenso de los jugadores que se van a someter a esas reglas del juego, porque si no las propias reglas, van a ser la causa, como ya pasó en el pasado, de que en el futuro eventualmente, quien piedra acuse a las reglas como las causantes de un juego precario enclave democrática. Así que yo diría no nos equivoquemos.
Termino diciendo una cosa, y si no hay reforma electoral, si no hay reforma electoral y quiero ser enfático en este punto, no pasa nada.
Podemos las autoridades electorales, ir a las complejísimas elecciones de 2021 con las reglas hoy vigentes, que son reglas probadas, conocidas, que tenemos, vuelvo a insistir la obligación de eventualmente simplificar en nuestro ámbito de competencia, pero que, además, y es lo más importante, han servido para recrear la pluralidad política de nuestro país en paz y permitir, como lo decía o lo planteaba Karl Popper como el elemento distintivo de la democracia, que las y los ciudadanos puedan cambiar o ratificar a sus gobernantes en paz, sin derramamientos de sangre, y esa es una conquista que coloca al sistema electoral mexicano como un punto de referencia a nivel internacional
Muchísimas gracias.
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