El pasado miércoles 28 de agosto, derivado de la invitación realizada por el INE, la Comisionada Flávia Piovesan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI+ en dicho órgano, visitó nuestro país para participar en el conversatorio “Práctica política y diversidad sexual: derechos y ciudadanía en las demandas del activismo LGBTI” realizado en el Museo Memoria y Tolerancia. Durante su intervención, la Dra. Piovesan resaltó la importancia de reconocer la obligación de las autoridades de garantizar los derechos de las personas LGBTI+, y en especial los derechos políticos.
Los derechos políticos, en palabras de la Relatora, son derechos humanos de empoderamiento que impactan la forma como los demás derechos son ejercidos. Hoy en día todavía existen barreras que impiden garantizar el ejercicio pleno de estos derechos para todos y todas, pues a pesar de que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, nos encontramos frente a una realidad diferente.
Las desigualdades que existen en nuestra sociedad no solo derivan de la distribución dispar de los bienes económicos, éstas, a su vez, son resultado de dinámicas que permiten actos de discriminación en contra de ciertos sectores de la población. Así, la orientación sexual y la expresión o identidad de género han sido pretextos para reducir, limitar o negar los derechos de las personas de la comunidad LGBTI+. En México, los efectos de los roles y estereotipos de género son alarmantes, basta observar los resultados de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo con este documento, 6 de cada 10 personas encuestadas se sintieron discriminadas al menos una vez en el último año, debido especialmente al aspecto físico y las expresiones de género. Sobresale además que, de acuerdo con la misma encuesta, el 47.8% ha tenido algún pensamiento suicida y 21.5% lo ha intentado alguna vez, siendo los hombres y mujeres trans, así como las personas con otra identidad de género, quienes presentaron los mayores índices de ideación suicida (73%, 58.4% y 71.8%, respectivamente), tales cifras dan cuenta de las consecuencias directas que genera en la vida de las personas la exposición a contextos de violencia y discriminación, en este contexto la Dra. Piovesan afirmaba: “no hay igualdad sin respeto a la diversidad”.
Frente a ello, las autoridades debemos generar leyes, modificar marcos jurídicos y adaptar los formatos que permitan desmantelar las prácticas discriminatorias en contra de la comunidad LGBTI+ y de esta forma impulsar los cambios culturales que permitan a todos y todas ejercer sus derechos. En el INE hemos buscado atender, desde nuestras competencias, la situación de la población trans, ya que continuamente ven vulnerados sus derechos al no encajar en los roles y estereotipos de género.
Algunas acciones emprendidas por la autoridad electoral son las facilidades para adecuar los datos de la credencial de elector de aquellas personas que han realizado la rectificación de los datos referentes al nombre y sexo en su acta de nacimiento; la expedición, a partir del próximo año, de un nuevo modelo de la credencial para votar en el cual la ciudadanía puede decidir si el dato del “sexo” es visible o no y el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. La mayor virtud de estas acciones radica, no sólo en garantizar el ejercicio del voto de las personas trans, sino en acercar a la ciudadanía a los temas relacionados con la igualdad y no discriminación, posibilitando un mayor diálogo y apertura, indispensables para la consolidación de la participación política de las personas del colectivo LGBTI+.
Coincidentemente, el mismo 28 de agosto el Congreso del estado de Oaxaca aprobó reformas a su legislación para reconocer el matrimonio igualitario y el derecho humano a la identidad de género. Este hecho es muestra del avance de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+ en nuestro país; lucha histórica que ha estado marcada por la fuerza y el compromiso para detener y rechazar la violencia, pero para ello ha sido indispensable la participación de todos y todas: las alianzas, puentes y estrategias que podamos construir en conjunto, entre sociedad civil y autoridades, son vitales para generar contextos de garantía y respeto en favor de todas las personas; para poder ser y desarrollarnos de forma autónoma, libre y plena, porque como afirma la Dr. Piovesan: “no hay otro derecho más esencial que el derecho a ser, con respeto, dignidad; sin hostilidad o dolor”.
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