El contexto es muy concreto, el INE no pidió detener la operación de los programas sociales, lo que hizo fue ordenar que cuando se entreguen no sea sugiriendo que los manda un gobernante benefactor. Eso fue lo que generó que el presidente de la república se molestara e insultara nuevamente al Instituto desde la conferencia de prensa oficial que difunde el poder ejecutivo, a nivel nacional, todas las mañanas.
El presidente puso en marcha la entrega de programas sociales diversos, que en rigor son apoyos económicos que su gobierno destina de forma directa a grupos vulnerables de la sociedad, a quienes previamente ha ido censando en campo a través de miles de trabajadores desplegados en todo el territorio, denominados “servidores de la nación”.
El 7 de febrero, Denise Maerker difundió un reportaje en donde se entrevistó a varios de esos trabajadores, quienes mostraron los esfuerzos que han hecho para llegar a zonas marginadas del Estado de Guerrero y ubicar ahí a posibles beneficiarios de los apoyos, en colonias donde –narraron ante las cámaras-, tuvieron problemas para censar personas por la presencia del crimen organizado. La preocupación periodística de la emisión era, en ese momento, dar cuenta de la dificultad para llegar a lugares donde los programas sociales son necesarios pero la delincuencia impide u obstaculiza que se apliquen.
La imagen de los servidores de la nación que participaron en aquellas entrevistas, los mostró uniformados con un chaleco que decía a un lado del pecho “censo para el bienestar” y al otro la leyenda “Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México 2018-2024”. En redes sociales había también muchas imágenes que confirmaban chalecos con el nombre del presidente y eso detonó una queja que presentó el Partido de la Revolución Democrática pidiendo que el INE interviniera, porque la constitución, en su artículo 134, prohíbe que los recursos públicos y particularmente los programas sociales se utilicen con parcialidad y promocionen de forma personalizada a gobernantes.
Con esa lógica que no inventó el INE, sino que proviene de un mandato constitucional, el 16 de agosto la Comisión de Quejas del propio INE ordenó al gobierno de la república que sus “servidores de la nación” no acudieran a censar con uniformes que aludan de forma personalizada al presidente, porque de continuar con esa práctica se estaría sugiriendo que él, como persona, es benefactor y quien entrega esos recursos que en realidad provienen del presupuesto público y que sin duda, de forma legítima, están hoy orientados institucionalmente para atender el bienestar de la población.
Pese a que en un primer momento la Secretaría del Bienestar negó que existieran chalecos con el nombre del presidente, las evidencias de lo contrario fueron contundentes y sin exageraciones ni estridencias, el INE concluyó que sí era necesario pedir que cuando se entregaran programas sociales o se presentaran en la población, eso no se hiciera a nombre del presidente, ni sugiriendo que los apoyos económicos son patrocinados por él, porque eso puede generar una violación constitucional y se aleja del uso imparcial de recursos públicos.
El propio presidente reconoció que acataría la medida de no utilizar su nombre en los uniformes de quienes acuden a censar y entregar programas sociales, pero al mismo tiempo se mostró molesto ante la solicitud de la autoridad y entonces reprochó que por qué solo al él, que en su opinión a las administraciones anteriores no les aplicaban la ley, que el INE había sido siempre “florero” de los gobiernos.
Es injusta e innecesaria esta sobrerreacción del mandatario que otra vez arremete contra un órgano autónomo, en este caso, su descalificación es porque el INE solicitó cumplir con una disposición constitucional que exige el uso imparcial de recursos públicos y prohíbe promoción personalizada ¿Avala el jefe del Estado que se use su nombre de forma personalizada para entregar apoyos económicos a grupos vulnerables? En su discurso dice que no, que está de acuerdo con retirar esa leyenda de los uniformes que usan los servidores de la nación, pero su enojo e insulto al INE parece reprochar el solo hecho de que se le haya pedido dejar de hacerlo.
Las medidas cautelares por uso parcial de recursos públicos no son algo nuevo o una decisión del INE para afectar al presidente en funciones o impedir que se cumplan sus plausibles convicciones en favor de grupos vulnerables. Es falso que en otras administraciones no se haya ordenado lo mismo. Durante el sexenio de Felipe Calderón se ordenó detener cadenas nacionales que promovían logros de gobierno cuando estaban por celebrarse comicios e incluso se declaró fundado un procedimiento sancionador por violación constitucional derivado de ese asunto. Igual está la restricción que ordenó el Instituto para que en el marco del apagón analógico el gobierno de Enrique Peña Nieto dejara de entregar televisores digitales con la leyenda “Mover a México”, que era un lema asociado al entonces presidente.
Los programas sociales no deben utilizarse de manera parcial ni presentarse como patrocinados por una persona o partido en lo individual, y una decisión que atiende esa restricción constitucional debería ser apoyada y no socavada con insultos desde la propia presidencia de la república. Sería muy grave que se asuma de manera dócil que el único antídoto para evitar la furia presidencial es la inacción, que lo único que podría evitar sus insultos a los órganos autónomos es que efectivamente, éstos se uniformaran con chalecos que tengan un florero bordado.
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RESUMEN
