Jaime Bonilla sabía la regla: quien ganara la elección gobernaría por dos años. Él y los partidos que lo postularon así compitieron. El 2 de junio, democráticamente, 425 mil votos lo hicieron gobernador, con un mandato hasta 2021. A algunos les pareció demasiado corto el periodo y lo impugnaron, incluido Bonilla, pero el Tribunal Electoral decidió, antes de la elección, que la duración de dos años es constitucional y que los ciudadanos irían a las urnas a votar por un gobernador por ese tiempo. Es relevante que el Tribunal haya fallado previo al día de la elección ya que, en democracia, las reglas se ponen antes que los votos y nunca al revés.
El golpe fue abierto: el 8 de julio, con una iniciativa del diputado de Morena, Víctor Morán, el congreso local aprobó, con 21 de 25 votos (mayoritariamente de la oposición), la ampliación del mandato de dos a cinco años. La adición de tres años, a cuenta de esa reforma, desprecia el voto ciudadano y atropella a la democracia; si Bonilla gobernara Baja California hasta 2024 sería un golpe a la Constitución y al Estado de derecho.
La brevedad del cargo no es una medida impuesta como castigo a un partido o candidato, es parte de una reforma democrática. Desde 2014 se estableció en la constitución local el periodo por el que gobernaría el ganador de las elecciones de 2019. Pero no solo en Baja California; ese año se aprobó una reforma electoral que llamó a varios estados a acortar periodos de gobierno, empalmando elecciones locales y federales. Lo hizo Veracruz, y Yunes Linares fue gobernador dos años. Puebla también, y Gali Fayad gobernó con un mandato igualmente corto.
Que las elecciones coincidan ahorra recursos públicos porque funcionan economías de escala (el costo por elección se reduce). Más importante: facilita a la ciudadanía el ejercicio de su derecho al voto.
La soberanía emana del pueblo, y la forma en la que se actualiza este principio es con elecciones donde el sufragio es efectivo. La efectividad del sufragio consiste en que los ciudadanos sepan por quién están votando y por cuánto tiempo están eligiendo a su gobierno. Si cambia alguno de estos elementos después de que la ciudadanía haya sufragado, entonces se le está, en efecto, imposibilitando ser soberano al pueblo. En términos legales es una violación al principio de no retroactividad; pero no hay que ser expertos para entender que cambiar el periodo de una gubernatura a toro pasado es un golpe al Estado de derecho y una burla al derecho de las ciudadanas y los ciudadanos.
La democracia requiere que todos sus actores acepten los resultados de reglas acordadas previamente aun cuando éstos no les favorezcan. Se trata de perdedores aceptando que, si las elecciones fueron limpias, perdieron la elección. Se trata de ganadores que recogen lo ganado y no buscan extender su victoria por medios que van más allá de los votos. Con su evidente fuerza electoral a nivel local y federal, Morena debería entender cómo ser un ganador democrático y le debiera bastar saberse ganador de elecciones por las buenas. No hace falta ser, además, ganador por las malas, cambiando las reglas. Esto sólo daña al de por sí endeble Estado de derecho.
La ampliación de mandato es ahora un reto que debería echar a andar los contrapesos democráticos. Confío en que la Suprema Corte, el Congreso de la Unión, la sociedad civil, el periodismo, la academia, cumplirán su función y servirán como barrera de contención ante este exceso.
El llamado con que Madero cimbró la historia en 1910, «sufragio efectivo, no reelección» tiene ecos en Baja California en el presente. Si ayer era la reelección, hoy es la ampliación la que amenaza con quitar la efectividad al sufragio de los ciudadanos. Esto es un golpe al Estado de derecho y un atropello soez a la democracia.
RESUMEN
