VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS CANDIDATURAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019
Colegas, permítanme intervenir en este punto.
Y permítanme hacer una sola intervención para comentar el Dictamen y proyecto de resolución que nos ocupa en este punto del orden del día y también, como lo ha hecho el consejero Nacif, hacer alguna reflexión que aborde a los siguientes.
Todos ellos relacionados con las resoluciones y dictámenes sobre la fiscalización de las campañas a que fueron sometidos 830 contendientes en las seis entidades que celebraron elecciones locales el pasado 2 de junio.
Una vez más, en menos de 40 días, el Instituto Nacional Electoral da a conocer las cifras ciertas sobre el dinero invertido en las campañas electorales locales de 2019.
Con los dictámenes y proyectos de resolución que hoy se presentan a este Consejo General, la sociedad mexicana y, en particular, la población de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas podrán conocer cuánto dinero público y privado se utilizó en la competencia por los 148 cargos públicos disputados en estas elecciones, de qué fuentes provinieron esos recursos, hacia qué proveedores y para qué fines fue destinado cada peso ejercido por las candidatas y candidatos registrados.
Los dictámenes que están a nuestra consideración, demuestran que en cinco años el modelo de fiscalización se ha consolidado como una herramienta del sistema electoral mexicano para la equidad y la legalidad de la disputa de los poderes públicos en las urnas.
Con la elección de Gobernador de Baja California, realizada el pasado 2 de junio, todos los cargos de elección popular a nivel municipal, nivel local, nivel federal del país, todos, sin excepción, han sido elegidos, al menos en una ocasión, con las reglas derivadas de la reforma de 2014. Y esto implica que todos los cargos de elección popular en el país, han sido fiscalizados, en los últimos cinco años, por el Instituto Nacional Electoral con las reglas derivadas de la última reforma.
Reglas que colocan los estándares de fiscalización, en particular la obligación del reporte en tiempo real y de conjuntar, compilar estos ingresos y gastos, tanto los que tienen que ver con la dimensión ordinaria, como los de los ingresos y gastos para las campañas en el Sistema Integral de Fiscalización.
Es decir, con los dictámenes que estamos conociendo el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral comprueba, que a pesar del desafío técnico, logístico, informático que se le impuso con la reforma 2014, el mismo no solamente es posible, sino funcional con lo que, y lo digo sin medias tintas, en México se constata que se realiza la fiscalización a los recursos de los partidos políticos más exhaustiva y más puntual que se realiza, que se lleva a cabo en todo el mundo.
Entre los datos que se pueden extraer de los dictámenes y proyectos de resolución que nos presenta la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica respectiva, permítanme destacar los siguientes grades agregados.
Las y los contendientes de las seis entidades reportaron gastos por 503.5 millones de pesos, e ingresos por 508 millones.
El 91 por ciento de esos recursos corresponden al financiamiento público y únicamente el nueve por ciento a dinero proveniente de fuentes privadas.
Del total de candidatas y candidatos, únicamente 21 rebasaron los topes de gasto de campaña y en ellos, solamente uno, se encuentra en los supuestos que, eventualmente, eventualmente, podrían derivar, si así lo decide en términos de la determinancia del caso, en nulidad, por parte de los tribunales electorales.
Y aunque he sostenido reiteradamente que la fiscalización electoral no tiene fines punitivos, sino que es una manera mediante la cual nuestro sistema electoral busca contribuir a la rendición de cuentas y a la equidad en las contiendas, los partidos políticos siguen presentando conductas que, en ocasiones, se apartan del marco legal y que ameritan ser sancionadas por el Instituto Nacional Electoral.
En efecto, por la forma en que fueron ejercidos los recursos de las campañas de 2019, en los dictámenes que están a nuestra consideración, se propone que el Consejo General imponga sanciones por un total de 91.5 millones de pesos, monto que representa un poco más del 18 por ciento del dinero ejercido en las campañas.
Estas sanciones impactan a la totalidad de los partidos políticos, en diferentes porcentajes y por diferentes conductas, como se aprecia en los documentos que han sido circulados a este Consejo General.
Sin embargo, me parece importante señalar lo siguiente: del total de las sanciones, el 59 por ciento se origina del monitoreo que realiza el personal del INE en la vía pública para detectar propaganda colocada en espectaculares, bardas, mantas y otros conceptos, que no son reportados por los partidos ni los candidatos.
Es decir, la pinza de poder constatar a través del SIMEI, de nuestro Sistema de Monitoreo de Espectaculares, los gastos efectivamente vistos durante las campañas en el campo, están siendo, particularmente efectivos para poder determinar la veracidad de lo reportado por las y los candidatos.
Colegas del Consejo, más allá de externar mi respaldo a las resoluciones y dictámenes en materia de fiscalización presentados en la sesión de hoy, me importa subrayar que la radiografía financiera y contable del dinero invertido en la competencia electoral de 2019, es un mérito, sí del sistema nacional de elecciones, pero, sobre todo, del esfuerzo técnico y del modelo de riesgo instrumentado por esta institución.
En cinco años, como mencionaba, el modelo de fiscalización electoral surgido de la reforma 2014, ha contribuido a que los partidos políticos mejoren sus procedimientos contables y administrativos, ha facilitado a que se transparentes las fuentes y el destino del dinero invertido en la política, y si ello no fuera suficiente, ha generado un contexto de exigencia a quienes disputan los cargos públicos en las urnas.
También en retrospectiva, y es un punto que hay que subrayar, la vocación de rendir cuentas, de informar a la autoridad electoral, si bien con los detalles que los propios dictámenes señalan, hay que ponerla sobre la mesa; es decir, es un modelo que genera responsabilidades de la autoridad electoral, pero también contextos de exigencia cada vez más atendidos por los propios partidos políticos.
La suscripción de convenios de colaboración con las autoridades fiscales de nuestro país, como la Asociación Mexicana de Bancos, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, así como el amplio despliegue de operativos de campo que se llevan a cabo en la vía pública en el marco del sistema de verificación y monitoreo, permite afirmar que en las operaciones realizadas por los 830 candidatos que realizaron tareas de proselitismo en 2019, se cumplió con las disposiciones fiscales, se contribuyó a la bancarización del financiamiento de la política, y especialmente que, de los cruces de información con la Unidad de Inteligencia Financiera, no se desprende que en las campañas locales de 2019 se hayan utilizado recursos de procedencia ilícita.
Y esa conclusión, compañeros del Consejo General, me parece que es suficiente para decir dos cosas: la primera, que el modelo de fiscalización electoral funciona y funciona bien; y segunda, que la fiscalización del INE está sirviendo de herramienta para que, en las contiendas electorales, predominen el interés público y la disputa por el poder político en las urnas, se blinde de los intereses particulares o de grupo que están detrás del financiamiento privado ilícito y/o ilícito.
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