El 01 de julio de 2018 México vivió un proceso electoral histórico, dentro de una jornada en la que se disputaron más de 3,400 cargos de elección popular y con una participación electoral superior al 60 por primera vez un candidato de izquierda gana la elección presidencial: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición PT-MORENA-PES, obtiene el 53.19% de los votos, más del doble de su más cercano competidor; la coalición encabezada por López Obrador obtuvo mayoría de votos en 31 de 32 entidades, sólo en Guanajuato obtuvo más votos Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición PAN-PRD-PMC. Tras la asunción total de la elección extraordinaria de Puebla hace apenas unos meses, y en el marco de la discusión de una posible reforma electoral, resulta pertinente un balance sobre algunos de los aprendizajes de la misma, y analizar si esa decisión constituye el preámbulo de la eventual desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPL).
A pesar de que, a contrapelo de muchas voces que consideran impensable transitar hacia una autoridad electoral única, yo estoy a favor de una modificación al andamiaje institucional que hiciera posible esa reforma, no fue esa la lógica que guió mi postura para acompañar la decisión de asumir la totalidad de las funciones inherentes a la organización de la elección de Puebla. Me parece que ambas discusiones son relevantes, pero que precisamente a fin de lograr que con las mismas se fortalezca el sistema electoral mexicano, se tendrían que separar.
Me explico. Uno de los propósitos de la reforma electoral de 2014 fue homologar las condiciones de competencia electoral y garantizar la imparcialidad en la organización de los comicios en todas las entidades del país. Así, además de dotar al Instituto Nacional Electoral (INE) de facultades para desarrollar en coordinación con los OPL las principales etapas de la organización de los procesos electorales locales, en la Constitución se establecieron un conjunto de atribuciones extraordinarias que le permitieran, como órgano rector del sistema nacional de elecciones, entre otras, asumir una parte, o incluso, la totalidad de las actividades para organizar una elección local.
Si bien, desde 2014, y ante diversos cuestionamientos a los OPL de una y otra entidad, en muchas ocasiones los partidos políticos habían solicitado al INE que asumiera la organización de las elecciones locales o al menos algunas de las actividades a cargo de los OPL, fue el proceso electoral de 2019 en Puebla, el que por el contexto político y social que se vivía en la entidad puso en marcha que fuera el INE y no el OPL, quien condujera de principio a fin la organización de los comicios locales.
De esta forma, no se trató de una decisión que se adelantara a una discusión sobre la centralización de todos los procesos electorales del país, sino el ejercicio de una atribución extraordinaria adoptada precisamente en el marco del modelo electoral híbrido que hoy está vigente.
Contexto de la elección.
El contexto político y social generado por el lamentable fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo el 24 de diciembre de 2018, el clima de tensión política que se vivía en dicha entidad tras una jornada electoral marcada por hechos inadmisibles de violencia y un largo conflicto postelectoral, así como la necesidad de generar confianza y certeza en una población polarizada por todos estos hechos, llevaron al Consejo General del INE a tomar la decisión de asumir en su totalidad la organización de la elección de la gubernatura de Puebla.
El reto no era fácil, pues se trataba de organizar con los más altos estándares de calidad que han dado prestigio al INE, todas las etapas de un proceso electoral ordinario que en un periodo normal implica nueve meses, en apenas un cuatrimestre, es decir, 120 días. Lo anterior, auguraba un desafío en cuanto al acortado tiempo para llevar a cabo la totalidad de las actividades propias de una elección. Sin embargo, contábamos con insumos únicos: tanto con un personal profesional y administrativo capacitado y con amplia experiencia, como con Consejeras y Consejeros Locales y Distritales; todos ellos, una garantía para el desarrollo de las mismas.
Así, de entrada, convocar a las y los poblanos a las urnas y a participar en la organización de la elección, se antojaba difícil: estaban frente a su tercera elección en apenas cuatro años, y la última, la de 2018, registró actos de violencia el día de la jornada electoral que, si bien no fueron generalizados a la totalidad de la entidad, sí generaron incertidumbre al tratarse de situaciones sin precedente en la capital del estado en plena jornada electoral. El Consejo Local del INE dio cuenta de los mismos en un informe: en la capital poblana al menos en 86 casillas se registraron actos violentos, grupos armados llegaron a las urnas o entraron a los inmuebles donde se contaban las boletas para agredir físicamente a los funcionarios, detonaron armas de fuego dentro y fuera de las sedes, destruyeron equipo o intimidaron a ciudadanos. De ese tamaño fueron los inaceptables hechos ocurridos apenas el 1 de julio del año pasado.
Contar con casillas y funcionarios para recibir los votos
En este contexto, el primer reto consistía en garantizar los domicilios para la instalación de las casillas ya que, tras los hechos de violencia referidos, se corría el riesgo de no contar con los permisos de los propietarios para ubicar las casillas en sus domicilios. La respuesta de la ciudadanía y de las autoridades estudiantiles fue ejemplar en esta materia, contando desde un inicio con los apoyos necesarios para garantizar que la elección se llevara a cabo el 2 junio sin ningún inconveniente.
A la par, como parte fundamental de la ciudadanización de los procesos electorales en el modelo que nos hemos dado, la autoridad electoral debía poner en marcha el proceso de visita, notificación y capacitación de las y los poblanos designados para fungir como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral.
Para dimensionar esta labor, los CAE y SE salieron a campo, durante 44 días con el objetivo de visitar entre el 2 de marzo y el 14 de abril, a las más de 600 mil poblanas y poblanos seleccionados aleatoriamente a partir de la letra del alfabeto y el mes de nacimiento previamente sorteados, todo lo anterior con el propósito de que todos estos procedimientos garantizaran que fueran las vecinas y vecinos poblanos, quienes recibieran los votos y los contaran la noche de la Jornada Electoral, con todas las garantías para dar certeza sobre los resultados electorales.
La respuesta de las y los poblanos al llamado a participar como funcionarías y funcionarios fue muy positiva, lo que se tradujo en que se pudo contar con más 53 mil ciudadanos capacitados para recibir y contar los votos. Así, las más de 7,600 casillas instaladas a lo largo y ancho del estado de Puebla operaron en tiempo y forma, a pesar de los altos problemas de inseguridad que se viven en buena parte del territorio poblano. Sin su participación, simplemente no habría podido haber comicios.
Sin embargo, estas cifras contrastan de forma dramática con el porcentaje de participación, que sin duda fue negativo: apenas el 33.4% de las poblanas y los poblanos acudieron a las urnas a votar. Porcentaje muy contrastante respecto de las cifras de 11 meses atrás en la elección concurrente del 2018 (67.6 Lo anterior, nos debe llevar a hacer una reflexión sobre cómo debe trabajar el Instituto para promover el ejercicio del voto en las elecciones locales, pues el fenómeno del abstencionismo no solo estuvo presente en Puebla, hubo casos como los de Quintana Roo en los que la participación ciudadana apenas rebasó el 20%.
La difusión de resultados preliminares y definitivos de la elección
La experiencia en las últimas dos décadas respecto de la difusión de los resultados electorales desde el mismo día de la jornada electoral ha dado su justo valor a la existencia de sistemas de información como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido.
El hecho de que hasta el miércoles próximo de la elección se conozcan resultados oficiales, hacen imprescindibles mecanismos que brinden certeza y comunicación efectiva, para dar a conocer resultados el mismo día de la jornada electoral. Para el caso de la extraordinaria de este año en Puebla, era fundamental combatir desinformación y brindar datos confiables, por lo que, a diferencia del año anterior, para esta elección tanto el PREP como el Conteo Rápido fueron planificados y operados por el INE, y auditados por comités técnicos de expertos de probada calidad.
Lo anterior, se reflejó en la certeza y rapidez con la que operó el Conteo Rápido, que apenas pasadas dos horas de haber cerrado las casillas fue dado a conocer por el presidente del Consejo Local del INE en Puebla. Asimismo, para las 11:00 de la noche, el PREP ya registraba un avance de más de 80% de las actas contabilizadas. La certeza generada por estos mecanismos de información fue clara al compararse los resultados del ejercicio estadístico realizado en el Conteo Rápido, frente al PREP y los propios cómputos distritales (que constituyen los resultados definitivos de la elección):
Respecto de los Cómputos Distritales, resulta significativo que en este proceso electoral se volvió a confirmar que, a pesar de la apertura de casi una tercera parte de los paquetes electorales, los resultados no variaron, lo que evidencia que en las casillas, los ciudadanos cuentan bien los votos de sus vecinos.
Conclusiones
Frente a estos y otros resultados que podrían derivar de un análisis más detallado de la elección poblana, y luego de cinco años de la reforma constitucional de 2014 que creó al INE, sus resultados se deben poner en su justa dimensión.
La homologación de los procesos electorales locales y federales, ha sido una labor que ha implicado intensos trabajos y aprendizajes para toda la estructura institucional del INE. El nuevo modelo institucional en la organización de elecciones ha supuesto complejos escenarios de coordinación y vinculación con los diversos actores involucrados.
En este sentido, vale recordar que la reforma de 2014, fue producto del consenso entre las distintas fuerzas políticas bajo un objetivo común: construir un modelo que permitiera acotar los márgenes de discrecionalidad en las elecciones locales, mediante la centralización de diversos procesos que constituyen pilares de la organización de elecciones certeras, así como el establecimiento de un sistema de coordinación entre el INE y los OPL que coadyuvara a la homologación de los estándares alcanzados para elecciones federales, en los comicios locales.
Sin duda las virtudes y debilidades de este modelo pueden y deben discutirse. Sin embargo, el diálogo debe partir de la premisa de que no podemos dar ni un paso atrás en los avances democráticos de los últimos 25 años. Por ello, previo a definir un cambio de modelo, los análisis deben ser bastos, y enfocados a lo que realmente se quiere para el futuro electoral en México, para fortalecer el sistema electoral y los derechos de las y los ciudadanos que debemos garantizar. No basta con querer reducir el costo de las elecciones, en eso considero que todos estamos de acuerdo, se trata también de poner por delante la certeza de los procedimientos, la garantía de los derechos y sin duda, la autonomía efectiva de las autoridades electorales.
RESUMEN
