VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), BENITO NACIF HERNÁNDEZ, EN LA MESA DE ANÁLISIS: “FINANCIAMIENTO PÚBLICO, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS”, DE LOS FOROS DE LA REFORMA DEL ESTADO Y ELECTORAL, REALIZADOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Quiero empezar, desde luego, agradeciendo a la Cámara de Diputados y al Grupo de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado, por la invitación a participar en este foro sobre la Reforma del Estado y Electoral, y en particular en esta mesa dedicada al “Financiamiento público, prerrogativas y fiscalización”.
En especial, quisiera, también, agradecer al diputado Sergio Gutiérrez Luna que ha sido el coordinador de este foro, por la invitación.
En estos ocho minutos quisiera también aprovechar el tiempo para compartir con ustedes algunas reflexiones que se desprenden de la experiencia del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la puesta en práctica del modelo de fiscalización que se plasmó en la Constitución y en la ley con la reforma político electoral del 2014.
El modelo de fiscalización introdujo tres nuevas vertientes, tres nuevos ejes: uno, el que una sola autoridad nacional debe fiscalizar a los partidos políticos, a los candidatos independientes, tanto en el ámbito federal como el estatal y el municipal, con los mismos estándares, con estándares homogéneos de reporte financiero y contable.
Un segundo eje, fue una fiscalización de los recursos empleados en las campañas expedita, que entregara resultados de forma oportuna a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral para que estos resultados se tomaran en cuenta durante la calificación de las elecciones.
Y la aplicación de las nuevas disposiciones que contemplaban la nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña o por el uso de recursos ilícitos.
Y un tercer eje, un sistema de reporte de ingresos y gastos en línea para que partidos y candidatos rindieran cuenta de los recursos empleados en sus actividades, durante el ejercicio de los mismos y no hasta el final, como era el modelo anterior y en plazos mucho más largos.
Este modelo de fiscalización ha sido implantado de forma exitosa y hoy en día opera con normalidad.
Hoy existen regla de reporte de recursos que son homogéneos en todo el país, independiente del estado, de si son elecciones municipales, locales, en general o elecciones federales y se realiza la fiscalización con esos criterios para todos los casos.
Los dictámenes se entregan, los aprueba el Consejo General después de seguir el procedimiento establecido en la ley y se ponen a disposición de los tribunales electorales competentes para que se valoren durante la calificación de la elección.
Esto ha implicado, como lo dijo hace un momento Rodrigo Sánchez Gracia, una enorme carga de trabajo para la Unidad Técnica de Fiscalización y para el Consejo, porque particularmente las elecciones concurrentes son miles de campañas las que se tienen que dictaminar y resolver las quejas relacionadas con ellas.
Y, finalmente, se ha logrado ya establecer una cultura del reporte en línea y en tiempo real de las operaciones, tanto de los partidos políticos, como los candidatos independientes.
Sin embargo, la experiencia acumulada a lo largo de estos cinco años muestra que hay, desde luego, áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para fortalecer el sistema de financiamiento a los partidos políticos, así como la fiscalización a las reglas que rigen las finanzas de partidos políticos y de las campañas, con el fin de evitar el flujo ilícito de recursos a campañas o a partidos políticos, y de preservar las condiciones de equidad de las contiendas.
Estas áreas de oportunidad yo las plantearía como avenidas o como líneas de acción que debemos analizar y estudiar para hacer propuestas específicas y aprovecharlas.
Una de ellas tiene que ver con hacer que el INE y la Unidad Técnica de Fiscalización se desentienda de tareas secundarias, con el fin de que se concentre plenamente en las tareas principales.
Es decir, se puede, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene por mandato legal diferentes tareas como, por ejemplo, fiscalizar Asociaciones Políticas Nacionales, que no reciben recursos públicos, o a observadores electorales, que creo que se podrían obviar, o hacerlas alguien más, o incluso no hacerse y que eso aliviaría recursos, tiempo, a la Unidad.
Una segunda es, agilizar el proceso de intercambio de información con instituciones financieras, particularmente los bancos, para poder completar investigaciones dentro de los plazos de ley. A menudo, los bancos, retardan la entrega de esta información y hacen que casos grandes, como, por ejemplo, uno reciente de Asismex haya sido revocado por la Sala Superior, porque había caducado el periodo para que la Unidad completara la investigación.
Regulaciones más estrictas en operaciones en efectivo, que permitan seguir el rastro del dinero que sale o entra de cuentas bancarias relacionadas con el posible financiamiento ilícito de las campañas. A menudo el efectivo, es como un callejón sin salida, donde ya no es posible, después, seguir el rastro si no se toman medidas para saber quiénes hicieron los retiros o quiénes hicieron los depósitos.
Regulaciones más estrictas de empresas fantasmas o empresas fachadas, que a menudo son utilizados en esquemas de triangulación ilícita de recursos que van a dar a las campañas como en diferentes casos, hemos encontrado estas empresas, luego son utilizadas para que recursos públicos a través de diferentes de esquemas de triangulación vayan a dar a partidos políticos o ya directamente incluso a las campañas.
Y finalmente creo que no podemos terminar de armar y recuperar la confianza en el sistema de fiscalización, sin que la fiscalización trascienda el mero ámbito administrativo y se generen las condiciones para que haya consecuencias para las personas involucradas en esquemas de financiamiento ilícito de partidos y campañas electorales.
Está pendiente la tipificación de delitos relacionados con el financiamiento ilícito de campañas electorales particularmente, la figura de la corrupción electoral como el quid pro quo, entre donaciones, por un lado y beneficios para quienes hacen aportaciones a campañas y con esto concluyó, muchas gracias por su atención.
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