VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA MESA DE ANÁLISIS: REFORMA DE ÓRGANOS ELECTORALES, EN EL MARCO DE LOS FOROS DE LA REFORMA DEL ESTADO Y ELECTORAL, REALIZADO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Muchísimas gracias diputado Gutiérrez.
De nueva cuenta, mil gracias por la invitación a este foro de parlamento, este ejercicio de parlamento abierto.
Saludo a todos, buenos días.
En el marco de este foro, no está mal recordar, a 80 años del exilio español, la sabia advertencia de José Ortega y Gasset, cuando señala que, cito: «la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire». Fin de la cita.
Partamos de una premisa que, por evidente, a veces parece que se ignora: el sistema electoral mexicano funciona, y funciona bastante bien. Si no fuera así, no habría sido posible la tercera alternancia en la presidencia ni el inédito grado de cambios de ganador que el país ha experimentado en los últimos cinco años, precisamente desde que ha venido operando el sistema nacional de elecciones derivado de la reforma de 2014.
Y no es que la alternancia defina a la democracia. Todos sabemos que la democracia implica la existencia de condiciones reales que posibiliten que cualquier partido pueda ganar o perder; si la alternancia ocurre o no, es porque así lo deciden los electores con su voto.
Pero el dato es que estas condiciones existen en nuestro país. Sólo así se explica que, en alrededor del 60 por ciento de las elecciones realizadas desde 2014, a nivel municipal, estatal y federal, hayan habido alternancias y todos, repito, todos los partidos se han beneficiado de ese hecho. Para muestra un botón: en 35 elecciones de gobernador entre 2015 y 2019 ha habido 23 alternancias, es decir, dos terceras partes del total.
Además, en los procesos de 2018 y 2019 se redujeron al mínimo los conflictos postelectorales, y ha habido una aceptación casi unánime de los resultados. Esas elecciones, particularmente las del año pasado, son hoy un punto de referencia y de reconocimiento a nivel internacional, tanto por la capacidad de realizar comicios en situaciones complejas y de inseguridad, por las decisiones que garantizaron la paridad de género en la representación política, por el exitoso combate a la desinformación basado no en la censura o la criminalización de las noticias falsas, sino en la información proactiva y pedagógica de las autoridades electorales, así como por el modelo de fiscalización, el más exhaustivo a nivel mundial.
No se trata de ser autocomplacientes o de carecer de autocrítica, pero hoy la mejora del sistema electoral –siempre posible y sin duda deseable–, representa el menor de los problemas que enfrenta el país. Volvamos la vista atrás, a 1989, y quizá la única asignatura en la que hemos avanzado consistentemente es la de contar con elecciones libres, equitativas y confiables. No ocurre lo mismo con los problemas de desigualdad, pobreza, inseguridad, corrupción e impunidad entre otros ominosos pendientes.
En ese contexto, hoy se discute una posible reforma electoral a partir de un paradigma: la austeridad. Se dice que el sistema es costoso y, por lo tanto, deben abaratarse las elecciones. ¿Cómo? Entre otras cosas, según las iniciativas que están sobre la mesa: desapareciendo los OPLE, fusionando áreas del INE, reduciendo o incluso desapareciendo el Consejo General del INE, recortando a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos y disminuyendo el tamaño de las Cámaras del Congreso, a través de la eliminación de la representación o disminución de la proporcional.
Propuestas que vale la pena analizar a fondo, tanto por sus efectos como por su viabilidad y por los ahorros que realmente podrían generar.
No todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida; pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hacen mal, poner contra las cuerdas a nuestro sistema democrático. Y me refiero a tres aspectos en concreto: la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político al que hemos avanzado tras décadas de lucha democrática, principalmente desde la izquierda, hoy en el gobierno.
Si se aprobara, por ejemplo, la iniciativa que plantea desaparecer los OPLE y sustituirlos por consejos locales del INE nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo se generarían problemas operativos, sino que habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral, a partir de una cooptación política de las autoridades electorales.
En términos exclusivamente económicos, pueden desaparecer los OPLE, pero eso implica que, si se quiere que el INE lo organice todo, debe transformarse o refundarse, ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitando más recursos.
Tal como hoy está diseñado el INE no puede organizar simultáneamente, lo digo con todas las letras, así como estamos, no puede el INE organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y, además, las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021.
Si el INE pudo organizar las elecciones de Colima y de Puebla fue por su carácter extraordinario y porque toda su estructura se volcó a hacer esos comicios sin la concurrencia con elecciones federales.
Por otro lado, pensar que las juntas y consejos locales y distritales del INE pueden hacerse cargo enteramente de las elecciones federales, estatales y municipales no toma en cuenta el pequeño detalle de la geografía electoral que hoy está vigente de 300 distritos federales que no corresponden territorialmente con los 576 consejos distritales locales ni con los mil 903 consejos municipales. *
Por lo que hace a la propuesta de desaparecer o reducir la representación proporcional, digamos que es políticamente indeseable, e históricamente contradictorio. Eliminar o disminuir dicho mecanismo mina el carácter incluyente de nuestro sistema político y restringe el espacio que tienen, que deben tener en democracia las minorías, para participar en la toma de las decisiones.
La representación proporcional es una conquista de los reclamos democráticos para garantizar el pluralismo. No hay que olvidar que hay que ser demócratas cuando se es oposición, pero más aún cuando se es gobierno. Más bien debería pensarse en cómo se incrementa la cuota proporcional o, de plano, avanzar hacia el ideal democrático de la plena proporcionalidad.
Si lo que se quiere es reducir costos, propongo finalmente un par de medidas, muchas más puede haber, que pueden tener el mismo beneficio sin afectar a la democracia.
El haber aumentado el financiamiento público local a los partidos políticos en 2014 implicó que hoy, además de los recursos federales, se eroguen 4 mil 500 millones de pesos con cargo a las finanzas estatales.
Si se modificara la Ley General de Partidos Políticos y se dispusiera que se multiplicará el padrón de cada estado por el 30 por ciento, y no el 65 por ciento como ocurre, de una UMA, se estarían reduciendo en el plano local 2 mil 500, casi, 2 mil 500 millones de pesos al año.
Por otro lado, el voto en urna electrónica, como ocurre en Brasil y en la India, nos ahorraría recursos en trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, PREP, que es un sistema electrónico que goza de la confianza de todos los actores, y conteos rápidos, así como en cómputos distritales y recuentos, sólo en las elecciones federales serían ahorros de alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, por no hablar de los múltiples ámbitos en que dichas urnas podrían ser utilizadas. Elecciones sindicales hoy mandatadas por la Les Electoral, perdón, por la Ley Laboral; elecciones internas de los partidos políticos, etcétera.
En suma, sólo estas dos medidas, sin generar una inmanejable concentración de atribuciones, ni dañar la autonomía de las autoridades electorales, sin minar el pluralismo y sin desandar el camino democrático, por sí solas, si lo que se busca son ahorros, tendríamos economías por casi 7 mil millones de pesos.
Termino diciendo que, confío que los resultados de estos foros privilegien la funcionalidad del sistema electoral, cuyos resultados han sido clave para la paz pública, la estabilidad financiera del país y el reconocimiento internacional de la democracia mexicana.
Cuidemos todos la obra democrática, que es el resultado de una lucha colectiva de más de cuatro décadas.
Muchas gracias.
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*No todos los Distritos electorales locales (685) implican instalar consejos distritales locales (576) y no en todos los municipios del país (más de 2,400) se instalan consejos municipales, sólo en 1,903.