VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, EN LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, REALIZADA EN EL LOBBY DEL SALÓN DE SESIONES DE LA INSTITUCIÓN
Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos.
Saludo con muchísimo afecto a nuestro Consejero Presidente, el doctor Lorenzo Córdova Vianello y, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida al señor Notario Armando Javier Prado Delgado, Presidente del Consejo Nacional del Notariado Mexicano.
También quiero saludar de manera especial, a nuestro amigo Alfonso Zermeño, Presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y a nuestro amigo Adolfo, también Secretario de la Comisión de Asuntos Electorales del notariado.
A Don Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto.
Compañeros de la Junta General Ejecutiva, señores representantes de los partidos, bienvenidas todas y bienvenidos todos, también a los señores notarios, medios de comunicación.
Han pasado a penas 10 días desde que concretamos un instrumento de colaboración similar al que hoy tenemos sobre la mesa con los notarios de la Ciudad de México.
Damos ahora un paso de gran alcance porque lo hacemos con el notariado a nivel nacional, se confirma así, nuevamente la sinergia virtuosa entre el notariado y las autoridades electorales.
Al igual que el INE, las notarías conviven día a día con asuntos que requieren certeza y este convenio permitirá verificar que los datos de credenciales para votar que exhiban ciudadanas y ciudadanos al momento de realizar trámites diversos ante el notariado coincidan con los registros del Instituto.
Se podrá, inclusive, informar el porcentaje de coincidencia de huellas dactilares con las que sean presentadas, pero siempre a través del INE y, en ningún caso, abriendo acceso directo a las bases de datos internas, ni proporcionando copia de esos datos confidenciales.
En otras palabras, estamos ante un instrumento binario donde el Instituto validará datos de las credenciales, vamos a confirmar que sean datos correctos, pero sin proporcionar la información contenida en éstas.
Esto lo haremos a través de un servicio web ágil y seguro, dispuesto para trámites sólo en territorio nacional y con acceso exclusivo para los señores notarios asociados a nivel nacional.
Cualquier trámite que sea parte de este protocolo de verificación está obligado a la protección de los datos personales, a proporcionar un aviso de privacidad, y a solicitar de forma expresa e indubitable el consentimiento de la persona para la verificación de sus datos.
Es un convenio que propone vigencia de cinco años con opción a ser refrendado.
El Consejo Nacional del Notariado Mexicano es una asociación civil que fue creada en 1955, pero el papel de las y los notarios tiene larga historia en el ámbito electoral; su intervención en procesos electorales ha dejado registro en el andamiaje jurídico comicial.
La Ley Electoral del 7 de enero de 1946 establecía en su artículo 7, que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral tenía como Secretario al notario público más antiguo de los autorizados para ejercer en la Ciudad de México, le decía yo a Alfonso que le hubiera tocado y le seguiría tocando en esta ocasión, y en caso de impedimento de éste, siendo calificado por la Comisión, fungía el que le siguiera en orden de antigüedad.
La Ley Electoral Federal del 4 de diciembre del 51 disponía, a su vez, que la Comisión Federal Electoral se integraba con un Secretario, cargo que correspondía al notario que designaba la Comisión de entre los notarios que tenían más de 10 años en el ejercicio.
La participación del Notariado Mexicano durante los comicios federales y locales es también habitual, por ejemplo, nos apoyan certificando actividades de los Consejos Locales y ahora este convenio suma a esa histórica relación un elemento adicional que es la verificación de trámites diversos.
Son tiempos de generar condiciones de apego a la certeza y a la legalidad, de dar un impulso al fortalecimiento de las instituciones, estamos en un contexto de nueva discusión pública de las normas y procedimientos de nuestra democracia.
Creo en la necesidad de actualizar las normas y de mantener principios básicos que dieron esencia a nuestro sistema electoral en los últimos 29 años. Creo en la necesidad de conservar principios esenciales de la democracia y que sea el diálogo y el consenso lo que caracterice el ajuste a las reglas del juego.
En esta inédita coyuntura, es fundamental que las voces se escuchen sin imposición, que las mayorías se expresen si avasallar a las minorías, sin confeccionar sacos a la medida del poder en turno.
Nuestro modelo de democracia ha logrado abrir caminos para una competencia real, son caminos que se abrieron por el justo reclamo de quienes entonces eran oposición.
En nuestra historia reciente se ha demostrado que esos caminos han estado abiertos y que ningún gobierno, de ningún signo partidario, debe caer en la tentación de tirar los puentes después de cruzarlos, de cerrar los caminos que con tanto reclamo de justicia se abrieron. Al contrario, es tarea de todos y todas fortalecer esos cauces democráticos, es saludable la deliberación, es saludable apostar por reformas electorales que actualicen y fortalezcan lo que tenemos, pero siempre que estas sean incluyentes, que no dinamiten lo que sí funcionan o nos devuelvan a la zona de desconfianza ya superadas, que no nos devuelvan a la inequidad o a escenarios con datos cargados al poder en turno.
No es posible organizar elecciones locales sin autoridades electorales locales, sean o no coordinadas a nivel central, todos los actores políticos saben que es técnicamente inviable, que todas las contiendas municipales se desahoguen con estructuras federales o que geografías de distritos locales puedan desaparecer o ir a la urna sin personal que las instalé, sin estructuras administrativas profesionales que garanticen la aplicación de candados legales para la confianza.
Sería un retroceso pasar de un esquema profesional en los distritos a uno de cada tres años que empezara de cero, o en los estados pasar de los árbitros electorales locales designados por un órgano autónomo que es el INE, a un modelo como el que se propone, en donde es falso que se ahorraría porque se desaparezcan los OPLES.
Con las propuestas a discusión se sustituyen burocracias por burocracias por otras burocracias, porque se mantendrían a consejeros electorales locales, pero ahora designados por el Congreso Federal y su bancada mayoritaria, es decir con un esquema de control político garantizado.
Sería también, un retroceso duplicar la base de datos de mayores de edad y crear un nueva aparato burocrático gubernamental paralelo al INE, para hacerse cargo de la cédula de identidad ciudadana aludida en una anacrónica Ley General de Población.
Una cédula de identidad que ya existe y que es en los hechos, la Credencial para Votar con Fotografía, tampoco debemos ignorar que las y los diputados de Representación Proporcional, sí son electos, se asignan para que los votos minoritaritos queden reflejados en el Congreso.
Todos los estudiosos de la democracia saben que, si el 40 por ciento o el 50 por ciento de la población vota por un partido, el resto de votantes no tendría voz si no existiría la Representación Proporcional.
Tenemos un diseño en donde el que gana no gana, ni pierde todo, ni para siempre, gana la proporción y mandato que definen las urnas y el que pierde existe y debe dar en su proporción una voz reconocida, por eso creo que no debemos eliminar la Representación Proporcional y cancelar la pluralidad que mandatan las urnas.
No debemos ignorar que ya existen los fenómenos de sobrerrepresentación y que se harían más agudos si desaparecemos los espacios favorables a las minorías.
Hay que cuidar las figuras de democracia participativa, es imposible hacer compatible a la austeridad con votaciones serias y verdaderamente representativas que definan consultas populares, si estas consultas son permanentes.
Un verdadero punto de inflexión para la austeridad está en el voto electrónico. Hay que explorara esa vía, tanto para consultas populares como para ejercicios de revocación de mandato que debieran ser solicitados y no oficiosos, sería difícil aplicar las bases constitucionales de neutralidad e imparcialidad de servidores públicos durante elecciones, si tenemos elecciones simultaneas con una campaña de gobernadores o del Presidente de la Republica pidiendo votar por su permanencia en el cargo.
También estoy convencido de que los artículos 41 y 134 de la Constitución deben respetarse, no puede haber publicidad personalizada de servidores públicos, ni utilizarse recursos públicos, incluidas televisoras del Estado para difundir propaganda que denigre a opositores y al mismo tiempo enaltezca a los gobernantes en turno.
No deben las televisoras públicas o privadas, cancelar unilateralmente de sus barras de programación los promocionales de los partidos políticos, estamos en un momento en el que todas y todos debemos apostar por mantener el modelo de democracia en sus elementos sustantivos, en lo que ha permitido alternancias, terrenos de competencia con cancha pareja y votos efectivos con listas de votantes verificadas y no controladas por el gobierno en turno.
Eso hay que defenderlo, no hay que romperlo, lo que tiene el INE es la base de datos más depurada, actualizada y confiable sobre personas mayores de edad en México. Con un corte a mayo tenemos 89. 3 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral y una Lista Nominal de 88.4 millones que tienen habilitada su credencial para ejercer el derecho a voto. El 52 por ciento son mujeres y el 48 por ciento son hombres.
Es el registro nacional de electores y al mismo tiempo es en los hechos el registro nacional ciudadano del Estado mexicano. No hay otra base con la solvencia que tiene ésta y debemos fortalecerla, no duplicarla ni retirarla de una institución autónoma e independiente para favorecer a los gobiernos que se encuentran en turno.
La Credencial para Votar con Fotografía es el instrumento que permite ejercer derechos políticos y es también el que garantiza el derecho a la identidad, porque desde 1990 que se creó el IFE se levantó un Padrón Electoral con base cero, con certeza y confianza de que no votarían los muertos o se rasurarían registros según lo decidieran los gobiernos.
Fue un ejercicio censal que desde entonces mantiene controles para depurar y actualizar la información de forma permanente y con la administración de un órgano autónomo.
Reitero que sería un error poner a competir dos credenciales y que sería gasto inútil construir, actualizar y depurar dos bases de datos ciudadanas distintas en manos del mismo Estado.
Si se optara porque fuera la misma base de datos, pero que ahora regresara su actualización y depuración como en 1988 a manos del gobierno federal, estaríamos generando un problema de confianza ya superado, porque las listas de quien puede y quien no puede votar nuevamente se irían a la órbita del poder en turno.
Hoy se demuestra, con este convenio, que es posible potenciar el uso de la base de datos en favor de la población y así lo hemos hecho con otras instancias, por ejemplo, para identificar a personar fallecidas.
Me parece que la historia electoral de México le debe mucho a las luchas que se han dado desde oposiciones, muchos años la izquierda, de forma destacada, ha exigido garantías de confianza y no se han aprobado reformas excluyentes o ajenas a esa exigencia.
Al consenso que reconoce a minorías desde 1989, estoy seguro de que podemos honrar nuestra propia memoria y lucha colectiva como una sociedad plural y diversa.
En hora buena por el convenio.
-o0o-