Las elecciones locales del 2 de junio pasado demostraron una vez más que el sistema electoral funciona y funciona bien pues permite que, a partir de una contienda política equitativa, las y los ciudadanos se expresen en libertad en las urnas y con suficientes garantías de que su voto se cuenta bien y cuenta efectivamente. Por quinto año consecutivo, la colaboración entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales permitió que se instalaran miles de casillas, que los ciudadanos participaran como funcionarios de las mismas, que los votos se contaran puntualmente y que, desde el domingo en la noche, hubiera información suficiente para darle certeza a la ciudadanía sobre el resultado de los comicios. Nuevamente, se han garantizado condiciones de imparcialidad para la competencia democrática en cada entidad.
La colaboración establecida con las instituciones de seguridad federales y locales garantizó que el 2 de junio los votantes salieran tranquilamente de sus casas para ir a las 23 mil 405 casillas que se instalaron (sólo 1 dejó de instalarse y que la inseguridad que se vive en algunas zonas de las seis entidades que tuvieron comicios no impidiera la recreación de la democracia.
Los resultados demostraron que, en materia electoral, no hay determinismos. Luego de los resultados de 2018, no pocos hablaron del fin del sistema de partidos. Incluso se dijo que los partidos políticos se debían transformar o refundarse si querían sobrevivir; que la oposición había desaparecido y que estábamos frente al surgimiento de una nueva fuerza política hegemónica. Sin embargo, la historia de una democracia se escribe elección tras elección y no de una vez y para siempre. En 2019 el partido en el gobierno tuvo muchos triunfos (algunos contundentes) pero también sufrió derrotas. Ningún partido ganó todo, y ninguna fuerza política lo perdió todo. Al final, de eso se trata la democracia: que la diversidad política de una sociedad se exprese libremente en las urnas y que la misma se refleje en los órganos de representación política.
Treinta años de impulsar y fortalecer el pluralismo explican que en las elecciones de 2019 se haya experimentado de todo: la alternancia en las dos gubematuras disputadas, ambas pasaron del PAN a Morena y sus aliados. En Baja California, Morena y su coalición arrasaron: ganaron las 17 curules locales y los cinco ayuntamientos disputados. En Tamaulipas, en cambio, de 22 diputaciones el PAN ganó 21 y la restante la obtuvo Morena. En Aguascalientes, de 11 ayuntamientos, el PAN obtuvo el triunfo en 5; el PVEM 2, y el PRI, PRD, PT y Morena, un ayuntamiento cada uno de esos partidos. En Durango la coalición PAN-PRD obtuvo 16 ayuntamientos de 39 disputados; el PRI 16; el PAN (en solitario) y Morena ganaron 2 cada uno, y el PT, Movimiento Ciudadano y el Partido Duranguense, un ayuntamiento cada uno. En Quintana Roo, de 15 diputados locales en disputa, 11 fueron para la coalición Morena-PT-PVEM; 3 para la coalición PANPRD-PES y uno para el PRI. Finalmente, en Puebla de 5 ayuntamientos disputados, el PRI obtuvo 4 y la coalición Morena-PTPES uno.
Estos datos confirman la vigencia del pluralismo y que en una democracia no existen determinismos. Cada elección tiene sus propios resortes y motivaciones políticas. Quien gana en una contienda, por amplio que sea el margen, no implica que tenga garantizado el triunfo en la siguiente votación. Dicho de otra manera, la recreación cotidiana del pluralismo modifica el mapa político del país en cada elección. Y esto es una buena noticia para nuestra democracia, ya que son las y los votantes, y sólo ellos, quienes determinan la forma en que se ratifican o redistribuyen los poderes públicos, porque, como lo sabemos, en un sistema democrático el poder es transitorio.
La discusión sobre una eventual reforma al sistema electoral tiene que tener como punto de partida el reconocimiento del buen funcionamiento de las instituciones y reglas construidas durante las últimas décadas. Sin duda hay ajustes a las reglas que resultan pertinentes, pero queda claro que no tenemos necesidad de refúndar lo que hemos construido y que esencialmente funciona bien.
Además, el debate sobre una posible modificación de las reglas del juego democrático debe ser amplio, serio e incluyente. En efecto, una reforma electoral debe tener como premisa básica el consenso incluyente de todos los actores políticos. Una reforma no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse. Se trata, ni más ni menos, de la definición de las reglas para la disputa del poder y que ésta nunca vuelva a ser, como lo era apenas hace unas décadas, un problema para México. El autor es Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.
RESUMEN
